|
Fue muy
grato participar del encuentro convocado por café
de las ciudades
el pasado 22 de marzo. Tal como se comentó en
la Tertulia (alguien de la mesa propuso esa feliz denominación)
la reunión real, cara a cara, no hizo más que
confirmar la calidad y calidez del espacio virtual. De las
exposiciones
de Eduardo Reese, Claudio Daniele y Alfredo Garay y
la posterior ronda de preguntas y comentarios me quedaron
algunas conclusiones que quisiera compartir. Me centraré,
para ajustarme a un formato de comentario, en una sensación
a mi gusto dominante de coincidencias entre los expositores
y una reflexión a partir de ello.
1.
Respecto de las coincidencias de los disertantes, enumeraré
las que a mi juicio mas se destacan y son convergentes hacia
una visión superadora:
- el aprendizaje
de los que estamos trabajando en la gestión de temas
urbano-territoriales sobre la necesidad de hacer coexistir
la visión normativa (que busca generar reglas para
el desarrollo territorial que sean exhaustivas espacial y
temporalmente) con la visión casuística
(intervenciones acotadas espacial y temporalmente y evaluación
del impacto ambiental de las intervenciones - EIA).
- esta
visión también es superadora de la falsa
oposición entre el plan y el proyecto que, durante
los últimos 20 años, dividió las aguas
en nuestro ámbito (y que en alguna época escondió
la negación del planeamiento como herramienta de gestión
urbano-territorial)
- el planeamiento
visto como una herramienta capaz de comprender e incorporar
los fenómenos urbano-territoriales específicos
de cada asentamiento humano, que permita la formulación
de políticas que atiendan las particulares problemáticas
y vocaciones locales.
- se propugnó
el aumento del peso del ingrediente "procedimental"
como ligazón entre normas y casuística, plan
y proyecto, que permita abordar con mas éxito la problemática
de las áreas con procesos de fuerte transición.
- finalmente,
la propuesta de incorporar la Cuestión Ambiental
en el Ciclo del Emprendimiento en las diferentes escalas
de actuación, sumando a la hoy vigente Evaluación
del Impacto Ambiental (Ley 123, EIA) la Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE, "un proceso formal
y sistemático de incorporación de las consideraciones
ambientales en la formulación y ejecución de
políticas, planes y programas propios de la gestión
pública en el marco del desarrollo sustentable",
según Daniele), permitiendo la integración de
la dimensión ambiental en el proceso mismo del planeamiento
y creando un marco referencial para la aplicación de
la EIA.
Estos
puntos, en mi opinión, ofrecen un marco interesante
para la discusión planteada alrededor de la temática
de la convocatoria: el conflicto suscitado por el fuerte desarrollo
inmobiliario concentrado en determinados barrios de la ciudad
de Buenos Aires, aunque uno de los expositores advirtió
de como "el efecto TN" (en alusión al canal
de noticias que lleva ese nombre) los había multiplicado
en el resto del país. En este sentido, el énfasis
en "lo procedimental" planteado por Eduardo Reese
(quien afirmó que un código de planeamiento
urbano debe ser un código de procedimientos) fue
medular entre este cuerpo de ideas que apunta a una mayor
heterodoxia y pragmatismo en la utilización de herramientas
de gestión urbano-territorial.
Propuesta
regional del Plan Director de Buenos Aies (1958/61)
2.
Terminada la reseña paso a una breve reflexión
sobre las potencialidades y restricciones de desarrollar esta
línea de pensamiento.
En primer
término, creo que se debería tener en cuenta
que todo aumento del peso de lo procedimental puede hacerse
en el marco de un sólido contexto institucional,
con amplia participación de los actores involucrados
en las materias y escalas correspondientes, y claras reglas
del juego en las que interactúan. De no ser así,
puede derivarse en caminos perversos, como el aprovechamiento
unilateral de estos procedimientos por parte de los actores
mas conocedores y con mayor cuota de poder, que se originen
conflictos de dificultosa resolución, o la judicialización,
la mayoría de las veces inconducente, de los mismos.
Con la
finalidad de aclarar la relación entre nivel de institucionalidad
y las dificultades de gestión, me referiré a
tres casos testigo, unidos no solo por la resonancia periodística
sino (tal como sucede en la película Babel, en la que
se interconectan historias muy distantes) relacionados
por una línea conductora de causalidad. Solo como hipótesis
a ser verificada, pareciera que a partir del conflicto de
Fray
Bentos - Gualeguaychú
se trata de prolijar la política ambiental puertas
adentro, retomando un tema paradigmático como el Matanza
- Riachuelo,
y que la emergencia de organizaciones locales haciéndose
cargo de problemáticas urbano-territoriales dio espacio
a el cuestionamiento de algunas ONG de las consecuencias ambientales
del boom edilicio.
En el
caso del conflicto Fray Bentos-Gualeguaychú, con evidentes
carencias institucionales (falta de operatividad de la Comisión
Administradora del Río Uruguay -CARU-, vacío
legislativo sobre manejo de recursos naturales compartidos
al interior del MERCOSUR, falta casi absoluta de consideración
de las problemáticas urbanas transfronterizas y demora
en ser asumida por los distintos estamentos del Estado de
roles en la cuestión), se ha llegado a una situación
de conflicto permanente, ahora judicializado en el
más alto nivel internacional, que aleja cada vez mas
la posibilidad de alcanzar una solución compartida
en los niveles que corresponden para una problemática
de tipo ambiental-territorial. Solo la intervención
"facilitadora" del representante del Rey de España
ha abierto una posibilidad de negociación que flexibilice
la actual tendencia de distanciamiento.
En el
caso del Matanza - Riachuelo, en el que existe una larga experiencia
de promesas y desencantos, ha persistido una carencia básica
de institucionalidad metropolitana que no puede ser suplida
por la creación de una Autoridad de la Cuenca. En este
caso, también se ha derivado en la judicialización
del conflicto, aunque con una mayor pertinencia espacial y
agilidad operativa. Sin embargo, persisten limitaciones en
los procedimientos en el cual el Poder Judicial le toma
examen individual a los actores institucionales involucrados
(Nación, Provincia de Buenos Aires y Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires) y en su última resolución
dispone la constitución de un Comité de Expertos
de la UBA que evalúe las propuestas presentadas. Parece
un camino de gestión demasiado complejo para ser operativo.
En el
tercer ejemplo citado, y el que origina la convocatoria, el
panorama no es más simple:
- El Plan
Director para la Ciudad de Buenos Aires de 1958 sigue formalmente
vigente y es la fuente del Código de Planeamiento Urbano,
pero coexiste hace 10 años con un Plan
Urbano Ambiental
que, si bien no tiene vigencia legal, y es cuestionado
por muchas de las ONGs mas activas, se ha transformado
(a través de los postulados de la Ley 71, de creación
del Consejo del Plan Urbano Ambiental, y de los documentos
realizados por este) en guía para la formulación
de políticas estructurales para la ciudad.
- Esta
vigente, con sucesivas reformas, el Código
de Planeamiento Urbano de 1977
que, si bien es considerado inadecuado, necesitaría
para su modificación la previa aprobación del
PUA.
- Esta
vigente la Ley 123, de Evaluación de Impacto Ambiental,
con las debilidades expuestas por Daniele(asimetrías
en la ponderación de los aspectos ambientales frente
a los económicos y de diseño de proyecto, restricciones
a la disponibilidad de información adecuada, limitaciones
para la incorporación de medidas de mitigación
o buenas prácticas por parte del proyecto, presiones
de diferentes tipo frente a la falsa dicotomía de "conservación
vs. desarrollo", etc.), y con total falta de integración
con el marco legal y normativo del planeamiento antes
citado.
Protesta
vecinal en Caballito. Fuente: Clarín
Pese a tales insuficiencias institucionales, puede decirse
que la respuesta al problema de las
torres de Caballito,
tal como fue bautizado por los medios, ha sido muy superior
a lo esperado y deja muchas enseñanzas para el futuro.
Que en
90 días se haya efectuado un diagnóstico de
la situación por parte del Gobierno de la Ciudad, monitoreado
por los actores involucrados (las organizaciones barriales,
las empresas constructoras e inmobiliarias), y se hayan fijado
algunos "procedimientos" especiales en estos "barrios
en transición" (que se verá en el futuro
hasta que punto son operativos) pareció un resultado
impensado al inicio del conflicto.
Se podría
arriesgar la hipótesis de que el desarrollo institucional
al interior de la ciudad de Buenos Aires es mayor de lo que
suponía y avala la postura de incremento de lo
procedimental en la gestión urbana. Se han constituido
múltiples organizaciones de alcance barrial que se
han sumado a las existentes ONGs de mayor experiencia de alcance
urbano; la justicia ha incorporado una jurisprudencia específica
en relación a cuestiones de tipo urbano-ambiental;
las organizaciones empresariales debieron amoldarse a esta
nueva realidad socio-territorial; las empresas prestadoras
de servicios debieron hacer pública la información
sobre el estado de las prestaciones en las áreas cuestionadas
y los órganos del Gobierno de la Ciudad involucrados
trataron de articular el proceso a fin de alcanzar resultados
en tiempo y forma.
Aun con
sus insuficiencias, lo actuado deja enseñanzas
porque sienta jurisprudencia con "procedimientos ad-hoc"
que son muy prometedores a la hora de fijar procedimientos
generales en el futuro. Existen otros aspectos que sin duda
tienen interés, pero esto ya es tema para otro comentario:
cambios en el cuadro institucional de la gestión urbano-territorial,
con la incorporación de las autoridades en las Comunas,
y delimitación de las jurisdicciones en materia urbano-territorial
que facilite la cooperación entre niveles de gobierno
y evite futuros conflictos.
APA
El
autor es Arquitecto y Planificador Urbano, a cargo actualmente
de la Codirección del "Proyecto Estructura Socio-Territorial
del Area Metropolitana de Buenos Aires", Centro de Investigación
Hábitat y Municipio (CIHaM), FADU/UBA.
De
su autoría, ver también en café
de las ciudades:
Número
51 I Política de las ciudades y Ambiente
Micro
Espacios Supranacionales en conflicto I El
caso Fray Bentos - Gualeguaychú I
Número 50 I Política de las ciudades (II)
Gestión
de los espacios subnacionales metropolitanos I
Nuevos ámbitos socio-territoriales huérfanos
de institucionalidad.
Número
48 I Planes de las ciudades
Formar
institucionalidad metropolitana en Buenos Aires
I Propuesta de gestión para el AMBA.
Acceder
al audio de las intervenciones en la Mesa Debate:
(recomendamos
el uso de auriculares para una mejor escucha)
Eduardo
Reese
Claudio
Daniele
Alfredo
Garay
Debate
Ver
el texto disparador de la Mesa Debate en la nota:
Número
43 I Planes de las ciudades
¿Evaluar
impactos o planificar la ciudad? I Apuntes
para una normativa urbana (I). I Mario L. Tercco
Sobre
"las torres en Caballito", ver en este número
y en el anterior la nota Las
políticas urbanísticas en su laberinto (I)
y (II),
de Daniela Szajnberg y Christian Cordara.
Sobre
la cuenca Matanza – Riachuelo, ver también en café
de las ciudades:
Número
32 I Recorridos
El
Riachuelo recobrado I La ilusionada navegación
de una utopía urbana. I Marcelo Corti
Número
3 I Ambiente
La
cuenca del Riachuelo I Consensos para la acción
en el sector más postergado de Buenos Aires. I Marcelo
Corti
Sobre
el Código de Planeamiento Urbano y, en general, sobre
políticas urbanísticas en Buenos Aires, ver
también en café
de las ciudades:
Número
47 I Planes de las ciudades
Cómo
cambiar de una vez por todas el ya agotado (y además
confuso) Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires
I Apuntes para una normativa urbana (III). I Mario L.
Tercco
Número
46 I Política de las ciudades (I)
El
Planeamiento Urbano y las Comunas I Los caminos
de la descentralización en Buenos Aires. I Hernán
Cesar Petrelli
Número
21 I Planes de las ciudades
El
Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires I Origen
y situación actual. I Rubén Gazzoli
(continuar
la búsqueda en
café
de las ciudades)
|
