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Introducción
La globalización,
como fenómeno socio político, ha conmovido la
idea de Estado Nación, a tal punto que hasta se habla
de la desaparición de las fronteras y de un
auge cada vez mayor de las uniones internacionales. Esa pretensión
del liberalismo ya ha comenzado a tener lugar en la transformación
de las instituciones (por ejemplo, la Unión Europea).
La unificación
del signo monetario imperante en esas transformaciones, la
hegemonía de la legislación aplicable, de las
unidades de medida utilizadas por los países miembros,
los órganos políticos, ejecutivos y judiciales
comunes, etc. no son precisamente una cuestión novedosa.
Pero se ha olvidado a la gran protagonista institucional del
futuro: la Ciudad. Porque no se han propuesto nuevos modelos
de ciudad, o peor aún, porque los modelos propuestos
no se aplican.
Es cierto
que las fronteras nacionales -siempre invisibles- contribuyen
a hacernos creer en los cambios producidos. Pero las ciudades,
como unidades físicas que albergan a casi el 80% de
la población mundial, claman por una consideración
seria y profunda. Cuando viajamos en avión sentimos
el impacto de su presencia al despegar o aterrizar. Ellas
están ahí, bajo nuestra vista. Se nos presentan
con toda la imponencia de su tamaño extendido sobre
el horizonte. Nos hacen admirar sus puentes, la altura y belleza
de sus edificios, el largo de sus avenidas, la multiplicidad
de los vehículos que circulan por sus autopistas y
finalmente, nos llevan a pensar en los millones de personas
que las habitan, en sus sueños y esperanzas.
Para el
caso de la República Argentina, el 87,5% de las personas
vive en centros urbanos. Como añadidura, sufrimos en
las ciudades el deterioro constante de la oferta de servicios
públicos, no se protege nuestra vida ni nuestros bienes
y la ciudad ha perdido su sentido comunitario. Casi la única
comunidad organizada es la delictiva. Porque la administración
de las ciudades no es suficiente, tampoco eficaz ni eficiente.
Responde a rutinas de arrastre, no a exigencias actuales.
A veces, se cree desde el gobierno que la información
pública se resume en la publicación de los balances
y estados contables. La comunidad no está interesada
en las relaciones contables. En cambio, sí que le preocupan
las ofertas de la ciudad a sus necesidades.
No pretende
que las empresas ferroviarias tengan superávit. Si
quiere que los trenes sean limpios, cómodos, seguros
y puntuales. No pretende que los pavimentos sean los más
baratos del mundo. Si quiere que sean sólidos, amplios,
señalizados y mantenidos. No pretende que la telefonía
sea barata. Sí que esté siempre disponible,
segura y atendida.
No pretende
que los juicios a los criminales sean modelo de técnica
jurídica. Quiere que los violadores y asesinos estén
fuera de las calles. No pretende que la arquitectura sea tan
bella como la de Praga. Quiere que no ofendan su vista los
carteles, la basura, los perros callejeros y algunas construcciones.
Quiere poder pedirle a su ciudad. Hablar con ella.
Contarle sus problemas. Se ha quebrado hoy la relación
vecino - municipalidad. Tampoco ésta ostenta la organización
y financiación que demanda el hoy.
Las municipalidades
no tienen financiación estructurada. La Constitución
Nacional, las provinciales y las leyes orgánicas de
las municipalidades no prevén un esquema organizativo
que asegure un sistema de financiación acorde con las
funciones que realizan. Según dijera el Dr. Rafael
Bielsa, allá por los años ´50 del siglo pasado,
son "las instituciones mendigas" de nuestro sistema
de gobierno. Hay un exceso de funciones transferidas
desde las Provincias y aún desde la Nación misma
(como el del control de precios, hecho reciente), sin el necesario
sostén de estructura financiera que absorba los costos
consiguientes.
Mientras
siga este desorden de asignar los fondos desde la Nación
a las Provincias y desde éstas hacia los municipios,
estas dos últimas organizaciones del sistema jurídico
político seguirán buscando los medios a través
de transgresiones (servicios que se cobran y no se prestan)
o del déficit consuetudinario al que nos tenían
acostumbrados hasta la sanción de la Ley de Responsabilidad
Fiscal. Mientras se siga centralizando cada vez más
el poder hacia el Gobierno Federal, menor será la posibilidad
de desarrollo de las regiones y de los centros urbanos, salvo
la Capital Federal, que está fuera de la cuestión.
No es
tampoco el objetivo de este trabajo un intento más
para el logro de la tan mentada autonomía municipal.
De ninguna manera. Esa autonomía, concebida bajo formas
propias del siglo XIX, no es garantía de ningún
cambio. La transformación necesaria debe incursionar
más hondamente sobre el problema. Veamos sino la correspondencia
entre la competencia jurisdiccional que mandan las constituciones
federal y provincial, y los recursos con que financiar los
servicios u obras derivados de ella en la Provincia de Buenos
Aires:
Tabla de correspondencias y recursos
Notas:
"Corresponde a": significa que le compete como función
propia según la Constitución Provincial.
"Participación" y luego "Compartida":
significa que la Provincia, por ley de descentralización
tributaria, le asigna una parte de lo que la Municipalidad
recauda del Impuesto Inmobiliario Rural de la Provincia y
también por el total del Impuesto a la Patente Automotor
Provincial que, por vehículos muy viejos, la Provincia
les cede el total de lo que la Municipalidad recaude por ese
concepto.
"-": significa que la Municipalidad no cuenta con
un tributo específico para poder cubrir el costo del
servicio u obra respectivo.
Como puede
apreciarse en el esquema precedente, hay una marcada falta
de financiación para las actividades comprendidas
en Servicios a la Comunidad y Construcción y mantenimiento
de Obras, mientras que por otra parte se resalta el traslado
de funciones desde la Provincia hacia el Municipio, sin que
las mismas tengan el debido respaldo del recurso con que financiar
su prestación. Inclusive en materia de Servicios Públicos,
vemos que aquellos de Servicios de Hospitales y Salas y Control
de Obras Eléctricas, Control de Obras Telefónicas
y Control de Obras de Televisión, tampoco cuentan con
el recurso respectivo, aunque todas ellas se desarrollen dentro
del ejido urbano, propio de la competencia de las municipalidades.
Respecto
a Construcción y Mantenimiento de Obras, el desplazamiento
de funciones provinciales hacia las municipalidades ha sido
más que significativo. Así tenemos aquellas
de Viviendas, Hospitales, Salas de primeros auxilios, Escuelas,
Teatros estatales, Estadios deportivos, Estaciones ferroviarias,
Estaciones automotores, Parques industriales, Cocheras para
estacionamiento, Cloacas, Gas natural, Agua potable, Arbolado
público y Zoológicos.
Espacio
Todo ente
público debe existir en un territorio dado, dentro
del cual tenga atribuciones para decidir (jurisdicción)
sobre las materias propias de su quehacer (competencia). El
territorio en relación a la cuestión municipal
siempre ha sido sindicado como el correspondiente al área
urbana. No es que la figura jurídico política
del Estado haya nacido desde la perspectiva inicial del municipio,
ya que todos los tratadistas de la institución municipal
afirman lo contrario, sino que la materia sobre la cual la
municipalidad debe tener competencia es la urbana, puesto
que ella es gobierno local.
El Municipio
nace urbano, por eso es una institución política,
administrativa y territorial propia de los vecinos de un conglomerado
urbano. Es un ente surgido por necesidad sociológica
del grupo humano que habita ese centro urbano y que precisa
organizarse jurídica y económicamente para satisfacer
sus necesidades colectivas. Por eso, el concepto de Partido,
vigente en la Provincia de Buenos Aires, no es representativo
de esa definición, y menos aún del pensamiento
de sus ciudadanos.
En el
Municipio - Partido no hay relación de vecindad, salvo
en la cabecera, que generalmente privilegia a sus habitantes
sobre el resto de los centros urbanos que componen el Partido.
En el Municipio Partido reina el vacío para los centros
urbanos del interior del mismo y se genera injusticia en la
distribución de los recursos, que como es natural,
atienden preferentemente las necesidades del núcleo
urbano o "cabecera"de Partido. Por ello es que,
independientemente de los casos públicos y notorios
donde localidades del interior de un partido desean convertirse
en municipalidades, no es demasiado aventurado pensar que
en todos los partidos deben existir cuestiones semejantes.
En otras provincias, en cambio (Santa Fe, Mendoza, Córdoba,
por ejemplo), el territorio provincial se ha divido en departamentos
o distritos que encierran zonas territoriales comunes a todos
los servicios provinciales (educación, catastro, recaudación,
vialidad, salud, obras públicas, agua potable, etc.).
Todo ello contribuye a una armonización de la acción
del Estado local.
Estos
departamentos o distritos concentran la jurisdicción
y competencia provincial en el interior de esas provincias,
mientras que los gobiernos locales corresponden a cada centro
urbano (aldea, pueblo o ciudad) conforme a una categorización
según su importancia relativa. Estos sistemas permiten
obtener "zonas" provinciales comunes a la gestión
del gobierno provincial respectivo, uniformando criterios
de prestación de servicios y racionalizando la
utilización de los recursos disponibles. Por otro lado,
permiten una autonomía municipal más cercana
a la definición de "gobierno local", puesto
que dentro de los ejidos urbanos respectivos, las municipalidades,
comunas y comisiones municipales atienden la resolución
de las necesidades ciudadanas.
El sistema
de partidos de la Provincia de Buenos Aires, nacido en oportunidad
de la "Conquista del Desierto", permitió
en el siglo XIX obtener y mantener los territorios dominados
por los aborígenes y avanzar en la colonización
de las tierras librándolas a la explotación
agroganadera. La implantación de un fuerte (cabecera),
donde se concentraba la autoridad militar, policial, y de
gobierno y justicia, fue necesaria para ese cometido, pero
hoy resulta anacrónica e inconveniente para
el desarrollo periférico pleno.
La Provincia
de Buenos Aires (exceptuando el Gran Buenos Aires y el Gran
La Plata) tiene 207 localidades con más de 1000 habitantes
y sólo 134 tienen gobierno propio o Municipalidad asignada,
mientras que el resto, o sea las otras 73, no lo poseen. El
Gran Buenos Aires y el Gran La Plata cuentan con 101 ciudades,
de las que sólo 22 tienen gobierno propio, lo que importa
reconocer a 79 sin representatividad gubernativa, y un total
general de la Provincia de 152 localidades para las cuales
el protagonismo propio no es ni siquiera una autarquía.
Es de destacar que las "delegaciones municipales"
no cuentan con un presupuesto propio, sino que deben estar
a lo que sobre ellas resuelva el poder central (Intendente).
Recuérdese que las cabeceras de partido, que gozan
de la presencia de un gobierno municipal, sólo llegan
a 134. Además, y como agravante, la Provincia de Buenos
Aires representa el mayor fenómeno de concentración
urbana del país. Veamos sino cifras del llamado Conurbano
Bonaerense y el Gran La Plata:
- El
Partido de La Matanza, con más de 1.500.000 habitantes,
supera en voto directo a 16 provincias argentinas.
- Hay
centros urbanos mayores de 50.000 habitantes y no tienen
gobierno propio (Barrio de Los Hornos de La Plata, por ejemplo).
- En
cambio, hay Municipios con sólo 2.000 habitantes
(como es el caso de General Lavalle).
Decía
el Dr. Salvador Dana Montaño, clásico municipalista
santafesino: "Para que exista autonomía municipal
o independencia comunal, no basta proclamarla más o
menos enfáticamente. Hay que establecer en la misma
Constitución, y no dejar librada su suerte a la ley,
las garantías de la triple autonomía política,
administrativa y financiera" ("Constitución
Federal Argentina", 1941.BCN. PO.1438).
Eso es
lo que debería tenerse en cuenta para establecer una
armónica vinculación entre la Provincia de Buenos
Aires y los municipios. La funcionalidad del gobierno estará
dada por una correcta y suficiente distribución de
las funciones que corresponden por jurisdicción y competencia
a cada uno de los niveles del gobierno: federal, provincial
y municipal.
Esa cuidadosa
distribución y asignación de funciones al Estado
Federal, las Provincias y las Municipalidades, traerá
seguro una mejor orientación en lo que hace a la distribución
del PBI total de la Nación, sobre la base de considerar
que el sistema fiscal impositivo debe ser consecuencia
del efectivo ejercicio de cada una de las funciones de gobierno.
Quien las ejecute deberá contar con el recurso originario
para costearlas.
Claro
está que no podemos dejar de ocultar el fenómeno
actual de traslado de la capacidad fiscal desde las provincias
hacia el Estado Federal. Hoy este último recauda el
86,14 % del PBI total.
Las Regiones
Pero la
idea de constituir entes institucionales municipales en todos
los centros urbanos habrá de chocar principalmente
contra dos obstáculos primarios:
a) La
dispersión de recursos y esfuerzos, frente a
una posible "desintegración" o "atomización"de
los intereses municipales.
b) La
posible carencia de financiación propia que
adolecerán ciertos centros urbanos escasos de recursos
propios y que hoy disfrutan de la distribución de recursos
originados en otros puntos del Partido.
Pero a
ello debemos oponer el principio de que si bien se divide
para conocer y resolver, se integra para comprender y hacer.
Es decir, que la determinación de regiones nunca habrá
de ser un obstáculo para el ejercicio de las funciones
de gobierno, sino antes bien un recurso positivo para atender
las necesidades colectivas.
Región:
"Area territorial caracterizada por elementos que
le confieren cierta homogeneidad Caracteres: Geográficos:
Fronteras naturales; Económicos: Recursos naturales,
trabajo, industria, población, comunicaciones, transporte,
energía; Sociales: Ideas, creencias. sentimientos,
costumbres; Jurisdicción: Leyes, decretos, ordenanzas"
(Horacio Rosatti. "Tratado de Derecho Municipal"
Ed.Edison Culzoni.1999; Alfredo Poviña. "Tratado
de Sociología. Buenos Aires. Ed.Astrea.1977).
La Provincia
de Buenos Aires no ha establecido regiones comunes sobre las
cuales tanto el gobierno provincial como municipal (en mancomún
entre los municipios de la zona o región) pudieran
ejercer funciones de cooperación, cada uno dentro de
sus respectivas jurisdicciones y competencias, claro está.
En cambio, impera una organización no sistematizada,
que consagra zonas en regiones diferentes -pero comprendidas
a veces en un mismo partido- para las funciones de Justicia,
Salud. Educación, Obras Públicas, Vialidad,
Recaudación, Catastro, Previsión Social, Servicios
Públicos, etc. Han predominado las zonas que las distintas
unidades organizativas delinearon para sí, sin tener
en cuenta a las demás áreas de competencia del
gobierno provincial que, en suma, es uno solo.
Además,
estas zonas son abstractas, no se compadecen con las reales
características físicas de la región
y constituyen una falsa división geográfica.
Esta diversidad de divisiones geográficas impide cualquier
planificación global que comprenda distintas competencias,
aunque las mismas recaigan parcialmente sobre un mismo territorio
geográfico, ya que parte de él no estará
comprendido en la jurisdicción predeterminada legalmente.
Tampoco es posible organizar programas operativos unificados
que comprendan más de una función de gobierno,
ya que se encontraría con las mismas limitaciones de
jurisdicción geográfica y dependencia jerárquica
de las respectivas delegaciones del interior.
La planificación
y programación operativa de las funciones que son comunes
a una región se segmentan dentro de divisiones jurisdiccionales
y de competencia pertenecientes a dos o más partidos,
dificultando la acción y dispersando recursos financieros
y capacidad instalada.
Los "mapas"
de zona han predominado sobre los "mapas" regionales,
de manera tal que han desalentado la producción y hasta
la participación de los ciudadanos, al punto que hasta
han generado un fenómeno de desplazamiento de la población
hacia la cabecera del Partido, con el consiguiente debilitamiento
de la periferia en beneficio de la ciudad cabecera. Mucho
se ha hablado sobre el caso, pero lo cierto es que nada se
ha hecho en concreto. Ni siquiera un estudio de situación
que manifieste al menos los inconvenientes actuales y mida
su costo operativo.
Se impone
entonces una zonificación uniforme de la Provincia
de Buenos Aires, que ordenada en departamentos, partidos o
distritos, como quiera llamárselos, concentre en cada
zona el total de las funciones del gobierno provincial. Ello
redundará para la integración propia del quehacer
provincial y también para el de las municipalidades,
que tendrán así referentes directos y físicamente
cercanos para exponer sus necesidades y propuestas.
La Constitución
Alemana habla de regiones y de los Consejos Regionales de
Planeamiento y Finanzas. Estos últimos están
insertos institucionalmente en el "Bundestag" o
Parlamento Federal a través de sus representantes,
y presentes siempre en cualquier normativa que regule el poder
político y/o el poder fiscal de los Municipios.
En Argentina,
el centralismo conspira contra el desarrollo local y regional.
Desde las capitales no se hace, ni se deja hacer. Sabemos
que la descentralización impone: democracia, federalismo
y autonomía, mientras que la centralización
conlleva ineludiblemente autocracia, unitarismo y delegación.
El mentado desarrollo de las regiones, si bien deberá
contar con el apoyo fundamental del Estado Central (Nación
y provincias), no es menos cierto que deberá nacer
de planes gestados desde cada una de ellas. No es que cada
región deba elaborar sus proyecciones sólo por
sí y sin tener en cuenta el plan general de gobierno
de la Provincia sino que, basándose en este último,
formulen el correspondiente a sus necesidades. Ello, debatido
en el seno de los Consejos Regionales de Planeamiento, llevaría
a proyectos concretos que elevados a la Legislatura Provincial
se resolverían en el seno de una Comisión Parlamentaria
de Asuntos Municipales, donde los municipios tengan participación
activa.
El poder
local, si bien deberá circunscribirse a su ámbito
natural y particular marcado por la legislación que
establezca la jurisdicción y competencia territorial,
debe sin embargo estar explícitamente instrumentado
en la legislación y administración del Estado
Provincial. Así habrán de proponérselo
tanto la Constitución de la Provincia como sus leyes
fundamentales, en aras a una verdadera descentralización
política y administrativa. De lo contrario, se estaría
continuando la política de desconcentración
operativa, sin resolver plenamente la cuestión en todos
sus aspectos: políticos, legislativos, administrativos
y financieros. Es preciso que la nueva legislación
contemple una zonificación regional, atendiendo a las
características socio económicas imperantes
en las distintas áreas y a las necesidades diferentes
de las mismas. Ello contribuirá a la mejor atención
de los servicios públicos de las comunidades y a un
mayor aprovechamiento de los medios disponibles para costearlos.
El filósofo
francés Olivier Mongin, Director de la revista Cultural
Esprit, Doctor en Filosofía y editor de la colección
en la editorial Seuil, de Francia, considera que la posesión
del espacio ciudadano ha dado lugar a una confrontación
comparable en su esencia con la de la lucha de clases.
Entrevistado por Matilde Sánchez, según la publicación
del diario Clarín,
del pasado 9 de septiembre, el referido estudioso señala
textualmente: "Asistimos a una gran reconfiguración
territorial, es decir de propiedad sobre el espacio, a partir
de la globalización. Esto afecta de manera directa
a la política y al Estado: en otras palabras como recomponer
el territorio en términos nacionales. Diría,
grosso modo, que la lucha por el espacio urbano ha reemplazado
a la lucha de clases".
Asimismo,
sostiene que la ciudad debe reinstituirse. Que sus componentes
deben tender a volver a encontrar el sentido comunitario que
impone la condición humana. Así, al preguntarle
la periodista Matilde Sánchez: "En uno de sus
libros, usted valora el concepto de renovación urbana
del estudioso Bernardo Secchi", el contesta: "Sí,
ese urbanista nos llama la atención sobre los lugares
catastróficos de la morfología urbana, donde
el ideal espacial de una parte de la ciudad entra en franco
conflicto con el de otro sector, o bien se pierde en una periferia
sin orden. Sostiene que no hay que pensar a partir del centro
de la ciudad –ya que siempre buscará protegerse-, sino
a partir de los márgenes. Por otra parte, el centro
también tiene sus márgenes. Es preciso reinstituir
la relación entre las partes en conflicto".
Estado
Esta reconfiguración
territorial y de dominio sobre el espacio urbano, acentuada
con el advenimiento de la globalización mundial, conmueve
la institución del Estado, a punto de desplazar aquél
viejo esquema que pretendía asignar los problemas generales
a la Nación, los regionales a las provincias y los
locales a los municipios. Hoy en día tal elemental
división no es posible. Los Estados Nacionales
han sido absorbidos por la globalización mundial, aún
cuando subsistan como tales de la forma tradicional, pero
no en los hechos. Mientras, las Provincias han perdido casi
totalmente su carácter de Estado Autónomo, para
convertirse en descentralizaciones geográficas del
Estado Nacional. A tal punto que en la Argentina actual es
el Estado Federal quien recauda el 86% del PBI total. También
el que impone una rígida y por otra parte bienvenida
disciplina financiera a los Tesoros provinciales y municipales,
a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917.
Pero ello no obstante, no vigoriza la institución de
la ciudad y su gobierno.
Precisamente
y en la misma entrevista señala Mongin: "Las
mutaciones de las periferias, la degradación de los
barrios céntricos y el auge de las torres cerradas,
son estrategias de demarcación y de una aguda falta
de solidaridad entre sectores sociales. Y el Estado como proveedor
de seguridad genera la pregunta de como redefinir las funciones
del Estado Nacional cuando la vida se ha fragilizado. (…)
Estamos ante el fin de la ciudad como utopía, esa concepción
urbanística que tiene su raíz en la polis griega
y en Tomás Moro. Con la globalización, nos vemos
proyectados a lo que Francoise Chaoy llama con crudeza la
"apres-ville" (o post ciudad). De acuerdo
con esta visión, nos adentramos en una era post-urbana,
dado que ninguna ciudad puede ya integrar ni contener tal
cantidad de flujos tecnológicos globabilizados".
Es decir
que aquella ciudad concebida como centro de residencia y desarrollo
de la vida laboral, familiar y cultural del individuo ha sufrido
un constante deterioro de identidad. Al respecto Mongin
agrega: "Por cierto, en Europa estábamos acostumbrados
a ver la ciudad como el espacio en el que se desarrolla la
vida cultural, social y política que hace posible la
integración cívica. Hoy la ciudad a veces sólo
ofrece segregación; es muy arduo integrarse al ideal
urbano -lo que implica nuevas formas de vida cotidiana-. El
nuevo perdedor social es un perdedor definitivo. Pierre Bourdieu
destacó esta situación en su antología:
La miseria del mundo".
Es entonces
que tenemos todos la obligación de contribuir a que
se cree otra clase de ciudad para la vida actual. Porque nadie
sabe aún a ciencia cierta que ocurrirá con
la decadencia de los barrios cerrados y los countries.
¿Acaso ocurrirá lo mismo que ha pasado con las torres
de departamentos de viejos edificios del siglo pasado? ¿Se
convertirán en aguantaderos de marginales sociales?
¿Cuántos Warnes (edificio para departamentos de residencia
familiar con ubicación en la Ciudad de Buenos Aires
y cuya estructura a medio hacer fue abandonada luego a la
usurpación de personas que carecían de vivienda;
finalmente fue desalojado y destruido por razones de seguridad
pública mediante implosión deliberada) nuevos
tendremos en el futuro? La misma incógnita desvela
a Mongin: "En la actualidad estamos enfrentados, por
una parte, a las sprawling cities, o metrópolis
que se derraman en el territorio, a la manera de la Ciudad
de México; y por el otro al surgimiento de las ciudades
globales, desvinculadas de su entorno y conectadas a otras
en red, según ha analizado Saskia
Sassen. Por último, quedan ciudades-museo,
pese al crecimiento de las periferias, donde la conservación
de un centro sigue siendo una clave de su economía.
Es el caso de París y Londres. Esta reconfiguración
despierta inquietud. ¿Asistiremos indefensos al ocaso irremediable
de los valores urbanos?¿La fragmentación y el desajuste
caótico se impondrá? Lo que le decía
antes, vamos a lamentar la desaparición de la polis
griega, la ciudad del Renacimiento, las urbes industriales
del siglo XIX".
Se impone
en consecuencia una reinvención de la ciudad,
mejor dicho del concepto urbano, puesto que el tradicional
está en crisis. No es entonces que cuestiones tales
como la autonomía local llevada a la Constitución
Nacional y las constituciones provinciales resultan la solución
al accionar de los gobiernos locales municipales. La cuestión
merece llegar a mayor profundidad, cual es la redefinición
del Estado Local y su configuración política,
administrativa y económica. Allí sí la
Constitución Federal, reglamentado que fuera el artículo
correspondiente, debería establecer las funciones
federales, provinciales y municipales y los recursos con que
costearlas.
También
allí, en la misma Constitución, deberá
reglamentarse el régimen de coparticipación
de recursos, determinando que recursos pertenecen en exclusividad
a cada uno de los tres componentes (Nación, Provincias
y Municipios) y que otros deben prorratearse conforme a las
realidades de las prestaciones de los servicios o realización
de las obras. Asimismo, será preciso que la Carta Magna
establezca la representatividad y participación legislativa
de las provincias y los municipios en las decisiones que sobre
la materia recursos decida el Congreso Nacional.
Mongin
alude a las soluciones doctrinarias intentadas por los investigadores
y nos dice: "Cada ciudad debe encontrar las soluciones
particulares. El italiano Alberto Magnaghi lanzó la
idea de proyecto local. El coordina desde hace más
de una década un "proyecto de preservación
dinámica del patrimonio" en el valle del Po, en
una región próspera en términos económicos
pero degradada por la concentración industrial. Lo
interesante es que su concepto de patrimonio no se restringe
a los monumentos e iglesias, sino que incluye el acervo de
tradiciones agrícolas y el artesanado de los pueblos,
sus recursos hidráulicos, etc. Supone una forma singular
de resolver problemas en el territorio concreto sin interrumpir
los intercambios globales. En respuesta a los flujos que orquesta
la globalización "por lo alto", que privilegian
el llano, su Proyecto privilegia las colinas y las costas,
proponer una "civilización por lo bajo".
Se trata de recrear un sistema de relaciones complejas entre
el ambiente y las comunidades que lo habitan. En ese territorio
local, donde la lucha de clases es reemplazadas por las luchas
por los lugares, Insurgent City, tal el nombre de su utopía,
pone a competir los lugares entre sí. No se trata de
una ciudad líquida y aleatoria., una ciudad-isla lista
a desaparecer con el primer ventarrón de la historia,
sino que consiste en relacionar ciudades vecinas, autónomas
en el plano administrativo. Desde la perspectiva de Magnaghi,
el territorio se convierte en una obra de arte colectivo.
Pero a la vez, el territorio siempre tiene relación
con el afuera: es preciso atender la exigencia de movilidad
y a la energía de los flujos mercantiles".
Conclusión
Lo expuesto
anteriormente nos obliga a repensar la institución
de la ciudad, pero no ya sobre la base de los conceptos
clásicos de la polis griega o de los romanos. Tampoco
es ya el burgo de la Edad Media, ni las ciudades de la Revolución
Industrial. Es, sin embargo, y nada menos que el sitio donde
reside casi toda la humanidad y donde se presentan todos los
problemas de seguridad, salud, educación, justicia,
cultura y cuanto factor exista para la determinación
de la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, no es que
el sistema de gobierno municipal haya de resolverlo.
Tampoco
una mejor coparticipación impositiva hacia los gobiernos
locales o la institucionalización de la autonomía
municipal. Ni siquiera la planificación urbana por
sí misma y aislada será el factor de garantía
de su transformación. La ciudad habrá de ser
obra de una nueva política, de una nueva regulación
para su crecimiento constante, de una continua labor de planeamiento
estratégico que reúna todos factores que inciden
en el nacimiento, evolución y control de la ciudad.
Verdaderas estrategias de contenido interdisciplinario, puesto
que la experiencia urbana siempre pone al individuo en
relación con los demás.
JAR
El
autor es Contador Público, ex docente universitario,
investigador de la administración financiera municipal.
Ver
en café
de las ciudades sus notas:
Número
14 I Política de las ciudades
Stadtluft
macht frei ("el aire de la ciudad libera")
I Reforma del estado: la ciudad y el municipio.
Número
20 I Política de las ciudades
Rosario:
autonomía y financiación, ¿mito o realidad?
I El gigantismo urbano, la descentralización
socio-política y económica, las regiones, la
financiación de las ciudades, los principios de solidaridad
y asistencia fiscal.
Número
23 I Política de las ciudades:
Rosario:
autonomía y financiación, ¿mito o realidad?
(II) I El gigantismo urbano, la descentralización
socio-política y económica, las regiones, la
financiación de las ciudades, los principios de solidaridad
y asistencia fiscal.
De
Saskia Sassen, ver en café
de las ciudades las notas:
Número
10 I Tendencias
Saskia
Sassen: una visita guiada a la Ciudad Global I
Dispersión, centralidad, nuevos movimientos políticos,
culturas alternativas, y una pregunta: ¿de quien es la ciudad?
Entrevista digital.
Número
10 I Tendencias
La
densidad y sus arquitecturas I ¿La necesitamos?
Y en tal caso, ¿la única manera es construir en altura?
I Saskia Sassen.
Número
36 I Política de las ciudades (I)
Ciudadanía,
democracia informal y disputas territoriales I
Saskia Sassen y la presencia de lo local en lo global. I Federico
Lisica
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