N. de la
R.: Este artículo de Artemio Abba continúa la serie de informes trimestrales, iniciada en los números
67,
70
y 73,
que café
de las ciudades publica en relación a los
avances y/o retrocesos de la institucionalidad y gestión
de la Región Metropolitana
de Buenos Aires.
La Estrategia del Caracol,
excelente película del colombiano Sergio Cabrera, muestra
en 1993 de una manera muy clara la realidad de las
familias pobres de América Latina que buscan un lugar para
vivir en las grandes ciudades del post Estado de Bienestar.
El empleo precario o desempleo absoluto, la imposibilidad
de acceso a la tierra, el retiro parcial o total del Estado
en la formación de un submercado
social de vivienda y de la provisión de infraestructura,
obliga a los sectores sociales empobrecidos a incrementar,
en las tres últimas décadas, estrategias
alternativas de acceso al “techo”.
La
película de Sergio Cabrera se inspira en una noticia
que había leído en un periódico colombiano
sobre un desahucio paradójico y atípico. La
burocracia de la justicia colombiana tardó tanto
tiempo en efectuar el desalojo de La Casa Uribe que cuando
al juez llegó descubrió que la casa ya no
existía. (Fuente: vivalavideoevolucion.com)
La
propuesta de Cabrera, enraizada en el realismo mágico, muestra a un grupo de
familias ocupantes de La
Casa Uribe, en Bogotá, que intentan resistir
al desalojo impulsado por intereses inmobiliarios, escudados
en el objetivo de que el inmueble sea declarado de Interés
Cultural del Casco Histórico de Bogotá. Según el relato
del “culebrero”, personaje que
en la película desarrolla los sucesos a un grupo de periodistas,
los habitantes del predio (con la ayuda de la Virgen, que se presenta espontáneamente en la habitación
de Doña Trinidad) desmontan el inmueble en secreto, ladrillo
por ladrillo, y lo implantan en otro lugar llevándose la
casa a cuestas como el caracol.
Los
inquilinos burlan la orden de desalojo gracias al desparpajo
e ingenio de Romero, un hábil abogado. Defendiendo
el edificio contra jueces y policías, planean una
original estrategia ideada y dirigida por Don Jacinto, un
viejo anarquista español. Mientras Romero gana tiempo
con argucias legales, el señor Jacinto lidera la
estrategia del caracol: llevar la casa a cuesta. (Fuente:
vivalavideoevolucion.com)
Lamentablemente,
el “realismo mágico” que parece inspirar las declaraciones
de los actores institucionales involucrados en la polémica
interjurisdiccional suscitada
alrededor de las Villas 31 y 31 bis, en el núcleo de la RMBA, no ha permitido avanzar
en la fijación de lineamientos comunes para enfrentar un
problema de tal magnitud. La “emergencia
habitacional”, como ha dado en llamarse a un
problema que se arrastra, con altos y bajos, desde hace
más de tres décadas, explotó
de golpe en la ciudad al quedar en el foco de la lucha
política.
Pero
“el desafío está en
volver a la
Ciudad del período 40-70 o en profundizar
los procesos de los últimos años”, dice Rodolfo Macera,
que encabeza el Proyecto Inclusión Urbana desde la
FADU/UBA, en una de las áreas con los peores
índices de precariedad del hábitat metropolitano (MACERA,
R., 2008). Alude al concepto de vivienda inserta en la ciudad, como una configuración de servicios
que deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales:
albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de
relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad
física. Y por otro lado, expresa que los servicios habitacionales
no dependen solamente de cada unidad física sino también
de las demás unidades y de
todo el conjunto de actividades urbanas en su disposición
espacial (YUJNOVSKY, O., 1984).
Una
emergencia habitacional “crónica”
La
oferta del mercado habitacional formal ha mostrado en las
últimas décadas su incapacidad para cubrir la demanda de
sectores de bajos y medio-bajos recursos. La menor incidencia
del Estado en el sector y falta de crédito derivan en el
incremento de la
franja de población en situación de riesgo habitacional.
En el caso de las grandes ciudades, la fuerte centralidad
que implica la accesibilidad a la mayor diversidad ocupacional,
como también al mayor volumen y diversidad de beneficios
sociales otorgados por el Estado, genera una sobre-demanda de espacios residenciales conformada por población bajo la línea de pobreza
e indigencia, expulsada por asentamientos con baja capacidad
de retención.
En secreto, los vecinos desmontan el inmueble y lo implantan
en otro lugar. Los habitantes de La Casa Uribe exhiben la
amplia variedad de discursos y culturas que conviven en
Latinoamérica. (Fuente: vivalavideoevolucion.com)
El
continuo flujo de nuevos habitantes, que en general se incorporan
al mercado de trabajo informal con un débil límite con los
casos de trata de personas (talleres clandestinos, distintas
formas de prostitución, etc.), se
instala como puede en el exiguo suelo y espacio
construido existente en la
ciudad. Las modalidades adoptadas pasan
de los clásicos patrones de suburbanización
(hoy limitados por la Ley provincial 8912 y el incremento
del costo de un transporte publico degradado) a la post-moderna
(o post Estado Benefactor) instalación
en espacios vacantes o sub-usados/desprotegidos
(tierras fiscales desafectadas,
tierras ribereñas con riesgo hídrico o edificios públicos
y privados desocupados)
valorizados según niveles de centralidad/accesibilidad.
Las
leyes de la economía
espacial hacen que en relación a la centralidad (o accesibilidad)
algunas localizaciones se densifican con semejante intensidad
al entorno edilicio formal (leyes del mercado que le dicen),
pero sin el cumplimiento de las normativas de seguridad
edilicia. Esta expansión “anómica” e “irregular” de los espacios residenciales de la
pobreza urbana tiene un impacto, que depende de la dimensión
y concentración, sobre el tejido regular circundante. Estos
espacios residenciales sub-estándar crecen
sin el soporte infraestructural necesario, originando
áreas de degradación urbana con elevados factores de vulnerabilidad
socio-territorial.
Los
componentes causales de esta problemática, así como las
consecuencias en las condiciones de vida de la población,
superan la capacidad de respuesta de las jurisdicciones
locales. Constituyen la expansión de un segmento de la demanda
habitacional insolvente, no asistido por el mercado formal,
que se localiza donde la ecuación centralidad + facilidad de ocupación resulta
más conveniente, lo que generalmente
coincide con espacios interjurisdiccionales
(o baja transparencia dominial) que agregan complejidad
al abordaje del problema.
“Un
grupo de cien personas no se puede llevar una casa en un
mes, ni en tres meses ni en un año, y todavía
menos con una grúa. La película hace que esto
parezca posible” (Sergio Cabrera).
En
la Región Metropolitana
de Buenos Aires, el crecimiento de asentamientos irregulares
constituye un fenómeno específico, desde el abordaje de
soluciones, por su carácter interjurisdiccional. El crecimiento de los niveles de exclusión
social, combinado con las nuevas
demandas vinculadas con la centralidad globalizada,
contribuye a un nuevo rol de sectores de fuerte marginalidad.
La ocupación irregular del suelo y el medio construido generan
discontinuidades que constituyen focos de conflicto.
La
villa 31 y 31 bis en Retiro, donde según María Cristina
Cravino “se juega hoy el destino de las políticas urbanas en la Argentina” (CORTI,
M., 2009), centralizó las noticias de los diarios nacionales
de mayor tiraje por convertirse en objeto de un
ríspido conflicto interjurisdiccional,
entre la Nación, dueña de las
tierras donde hoy crece raudamente el asentamiento, y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que
tiene la potestad de fijar las normas edilicias y constructivas
(Editorial Clarín
10/10, Editorial La
Nación 21/11, Editorial Clarín
27/11 y Editorial La Nación 18/12). Lamentablemente el tema, irresuelto,
se situó en el foco de la discusión política entre ambas
jurisdicciones y no alcanzó el lugar de la búsqueda
de soluciones consensuadas (Clarín 1/11).
La
situación hizo eclosión debido a los cortes en la
Autopista Illia,
que interrumpieron la fundamental conexión entre la Zona Norte
del AMBA y la todavía Área Central de comando de la metrópolis
globalizada. La propuesta que elaboró el Instituto de la Espacialidad
Humana de la
FADU/UBA (plan Barrio 31 Retiro-UBACyT
A401) abrió un camino
al abordaje urbano del problema y deja una luz al final
del túnel para el acuerdo entre las partes, que incluye
a los actores sociales involucrados (La Nación, 24/11).
Aumentó
más del 30% la población en villas porteñas. Un informe
de la
Defensoría de la ciudad de Buenos Aires
estimó en 150.000 el total de la población a mediados de
2007. Hoy, ese número oscilaría entre 195.000 y 235.000,
según las cifras de diferentes fuentes (Texto y foto: La
Nación, 5-10-08).
Un
camino opuesto eligió la iniciativa Inclusión
Urbana en una de
las áreas más castigadas por la pobreza estructural del
conurbano, la Cuenca de los Arroyos San
Francisco y Las Piedras (una de las 3 grandes cuencas de
la RMBA), en la que viven 600 mil
personas en situación de exclusión social. Un caso prototípico
de interjurisdiccionalidad: “toca las localidades de Solano, Monte Chingolo,
Bernal Oeste, Florencio Varela, parte de Berazategui
y Almirante Brown” (MACERA,
R., 2008).
El
camino fue una convocatoria a las organizaciones sociales
de base y la formulación de un plan de acción que enfrente
las cuestiones del asentamiento en relación a la ciudad,
con la que mantiene una relación contradictoria de integración-exclusión.
El empleo, las cuencas hídricas, la conectividad, las centralidades
del área, etc., son parte de la
Agenda abordada con alrededor de 300 organizaciones
sociales de la zona.
A
partir de los acuerdos alcanzados, buscaron el camino de
constituirse en motores de la instalación de políticas públicas
metropolitanas, por la vía de la convalidación por parte
de los organismos gubernamentales con competencias en el
área: del Ejecutivo y el Legislativo Provincial, del Ministerio
de Planificación Federal y de Desarrollo Social de la
Nación, Municipios involucrados, etc. Entre
las iniciativas incluidas cabe destacar las de alcance metropolitano,
tales como la recuperación
de infraestructuras de conectividad regional como el
Ferrocarril Avellaneda-La Plata y el Camino General Belgrano,
así como el saneamiento de la Cuenca.
La
construcción de institucionalidad desde abajo
Como
ya se adelantara en el anterior análisis trimestral, se
aprobó la
Ordenanza sobre Antenas
de Telefonía Celular en el Municipio de Quilmes
en medio de movilizaciones sobre los casos puntuales del
proyecto de antena en el Club Villa Elsa y el de la
calle Unamuno
y Fierro (Perspectiva Sur, 10-10,
29-10). “Vale recordar
que en 2000, durante la gestión de Fernando Geronés,
Quilmes tuvo su primera norma
para regular las telecomunicaciones por celulares, que en
se momento comenzaban a extenderse. Cuatro años más tarde,
durante la administración de Sergio Villordo,
la ley fue reemplazada por una mucho más permisiva, que
franqueó la posibilidad de que, por ejemplo, las antenas
pudieran llegar a instalarse en los patios de las escuelas,
como ocurrió en Bernal” (Perspectiva
Sur, 29-10).
Mientras
se completaba el proceso de promulgación de la
nueva Ordenanza, que regula la instalación
de la Antenas en el territorio
del Municipio de Quilmes y se
propone se extienda a todos los Municipios del COMCOSUR
(Perspectiva Sur, 17-10), hacia principios de noviembre
se firmó un convenio entre la Federación Argentina
de Municipios (FAM) y las empresas de Telefonía Celular
que, en un análisis muy preliminar, no
parece consensuado con los avances en la materia en la
RMBA. El acuerdo apunta a “garantizar” el desarrollo de la
instalación de las estructuras
de antenas de comunicaciones móviles para todos los distritos
del país, estableciendo un Código de Buenas Prácticas del
Despliegue de Redes de Comunicaciones Móviles, un modelo
de Ordenanza y la recomendación de “evitar tasas
abusivas” (24CON,
3-11).
“Esto
perjudica totalmente el medio ambiente. Carmen Maidana,
otra vecina, observó que ya no hay pájaros. Antes venían
cardenales, colibríes, todo tipo de ave. Era hermoso. Pero
desapareció todo, se me está secando el palo borracho, los
pinos” (Fuente e imagen y texto: Diario Perspectiva
Sur, 22-10).
La
situación de inseguridad que golpea en forma crónica la
sociedad, con una incidencia mayor en las grandes ciudades,
fue nuevamente destacada por los medios y actores políticos
que visualizaban como necesaria la baja
de la edad de imputabilidad (InfoRegión,
13-11). Se registraron en ese contexto algunas tomas de
posición que parecieron contradictorias con las políticas
de inclusión social (y fundamentalmente de los niños y jóvenes)
que se están intentando implementar (La
Nación, 8-11).
En
ese contexto, pareció muy positiva la reunión de los responsables
de las Carteras de Desarrollo Social de la Provincia y la Ciudad, Daniel Arroyo y María
Eugenia Vidal, para
definir políticas conjuntas para la niñez
(ADNciudad
y AgenciaNOVA,
8-10). También instituciones no gubernamentales se pronunciaron
en favor de políticas activas del Estado para corregir la
deuda social, sobre todos con los estratos jóvenes de la
sociedad, cuya situación de exclusión se viene agravando
a pesar de las mejoras de tipo macroeconómicas registradas
en el país (Perspectiva
Sur y Clarín,
17-11).
Medio
Ambiente
Pocos
signos de formación de Institucionalidad Metropolitana (IM)
en materia de Medio Ambiente se registraron en el período
analizado. En el último trimestre se destacaron dos temas
por su repercusión en los medios: la entrada en vigencia
de la Ley de la Provincia que exige a los comercios la entrega de bolsas
biodegradables (InfoBAN,
La
Nación y 168Horas,
14-10) y la aprobación en la Legislatura Provincial del Proyecto de Ley Antitabaco
(InfoBAN, 23-10). Si bien
es positivo el avance en ambos temas, en ningún caso se
explicitó una búsqueda de manejo metropolitano de cuestiones
que forman parte de la agenda común.
Constituye
una excepción positiva la solicitud de la
Fundación Ciudad (ADNciudad,
15-10) al Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para que presente
un Proyecto sobre la prohibición del difundido uso las bolsas
de polietileno entregadas por los establecimientos comerciales.
Resulta oportuno, dado que son casi los mismos actores involucrados y que
ya acordaron con Scioli en el
territorio de la Provincia, los que deberían
contribuir con la entrega de bolsas biodegradables dentro
de los límites de la
Ciudad.
Es
alentador que la Comisión de Investigaciones
Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), en colaboración
con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS), se haya puesto a trabajar en el desarrollo de las
alternativas más
viables de materiales (papel, cartón, cuero o tela,
o algún tipo de plástico bio-degradable)
que reemplace a las contaminantes bolsas de nylon (La
Nación, 16-10). En ese sentido
también es importante mencionar que Walt
Mart entregará a partir de mayo
del 2009 bolsas oxi-biodegradables en sus establecimientos, anticipándose
a la plena vigencia de la
Ley de la
Provincia como
lo expone en su página Web.
Respecto
de la Ley Antitabaco provincial,
que generó polémica sobre el porcentaje de espacio libre
de humo y pedidos de veto parcial al gobierno de Scioli
(el proyecto original preveía un 100 % y la ley aprobada
por la Legislatura Provincial
dispone un 30 % libre para fumadores en bares y restaurantes
y un 100 % en bingos y casinos). No se trabajó en esto conjuntamente
entre las jurisdicciones involucradas (o al menos no se
dio a conocer) para evaluar la normativa en forma conjunta,
ya vigente en la
Ciudad, con el fin de aprovechar
la experiencia adquirida (InfoBAN,
23-10).
Profesores
y alumnos de la Maestría en Gestión
Ambiental del 3iA -Instituto de Investigación e Ingeniería
Ambiental de la
UNSAM-, realizaron la campaña de muestreo
en dieciocho estaciones de monitoreo. (Epígrafe de Clarín,
1-11, Foto: Clarín cita como fuente a Iván Mantero-UNSAM)
Respecto
del Riachuelo se mostraron públicamente escasos resultados.
No obstante, el tema se mantiene vigente públicamente, sobre
todo, en virtud de la intervención periódica de la
Justicia que sigue “auditando” el cumplimiento
de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia,
mientras los medios registran denuncias de nuevas ocupaciones ilegales de sus márgenes (Clarín,
28-11). Si bien el rol de la Justicia es muy importante,
debería haber sido solo el disparador
de un proceso de planificación interjurisdiccional
de la Cuenca
y un plan de acciones conjunto (168Horas,
8-10 y Noticias
Urbanas 11-11 y 9-12) que tomara la iniciativa
con actuaciones concretas de significación. Es de esperar
que el nuevo responsable de la cartera de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, a partir del
4/12/08, le imprima una nueva dinámica a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR).
Se
registró otra intervención positiva de la Justicia al intimar a los
Municipios la Cuenca Las Piedras-San
Francisco a regularizar el sistema de recolección de residuos
y desperdicios en la zona aledaña para mejorar el medio
ambiente (24CON,
28-11). Por otra parte la Universidad Nacional de San Martín revela en este
período, a partir de mediciones realizadas, que los residuos tóxicos arrojados al Arroyo Medrano
por empresas textiles y metalúrgicas de la zona norte del
conurbano bonaerense están afectando seriamente al río (Clarín,
1-11).
Residuos
Mientras
continua el proceso de discusión, después de una muy agitada
Audiencia Pública (Noticias
Urbanas, 1-10-08), alrededor de los puntos más
controvertidos (separación en origen, reciclaje, instalación
de contenedores, pago por tonelada o zona limpia, etc.),
el Gobierno de la Ciudad toma decisiones oscilantes (Clarín,
15-12, y Editorial de Clarín, 18-12). Se retoma la política
de instalación de contenedores, que hace un año había interrumpido, y se lanza la Campaña Juego
Limpio (La
Nación, 13-11), fuertemente
criticada por la oposición (Noticias Urbanas y ADNciudad,
10 y 13-11). Ambas iniciativas son lanzadas sin ser acompañadas
por la separación en origen, ya que el Gobierno de la
Ciudad ha manifestado descreer de la adhesión
de los vecinos. Sin embargo dos encuestas realizadas (difundidas
por Greenpeace y la Universidad de Palermo)
demostrarían que los
vecinos opinan lo contrario y se recoge la demanda de
los mismos sobre la necesidad de campañas educativas (Noticias
Urbanas, 4-10 y Clarín,
9-12). También tuvo difusión la experiencia “Zero
Wasted”, desarrollada en California, que logró una importante
participación de los vecinos en la separación en origen
merced a una decidida y prolongada instalación comunicacional
(Clarín, 30-11).
Greenpeace frente a la
Legislatura. La organización ambientalista
internacional Greenpeace continúa con sus protestas por el proyecto del
Poder Ejecutivo porteño de licitación para la recolección
de la basura porteña (ADNciudad,
14-10).
En
ese contexto, el Gobierno de la Ciudad difundió el costo que implicaba para los vecinos de
la ciudad la incorporación de los recicladores
al proceso de tratamiento de los RSU, no
registrándose reacciones negativas de la sociedad (Clarín
y La
Nación, 27-11). Se registró
simultáneamente la presentación de proyectos alternativos
al Proyecto oficial de Ley de Recolección de RSU del Gobierno
de la Ciudad por parte de legisladores
opositores (E. Epstein y P. Failde),
que intentan “perfeccionar el contrato vigente” y crear
un “sistema de recolección diferenciada”, reiterando que
el proyecto del Ejecutivo, en tratamiento, vulnera la
Ley 1854 (Basura Cero).
En
la Provincia se plantea una política supuestamente
más integral con el programa “Generación 3R”, ya mencionado
en el trimestre anterior, o acuerdos con el sector privado
para la reducción de los envases (InfoBAN,
27-11) pero en la práctica, mientras esta política es asumida
por algunos Municipios como San Fernando, con amplia participación
de los vecinos (168Horas,
13-11), en otros se
están renovando apresuradamente contratos de recolección
(InfoRegión,
27 y 31-12), en algunos casos en medio de polémicas locales,
sin incorporar los nuevos lineamientos (24CON,
11-12, InfoRegión, 15-12). Desde otro abordaje, la defensa de los
recursos naturales, el Foro Regional en Defensa del Río
de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente reclamó,
en la
Audiencia Pública realizada en la Ciudad de Buenos, terminar
con el sistema CEAMSE para el tratamiento de los Residuos
Sólidos Urbanos (Perspectiva
Sur, 7-10).
Transporte
Un
proceso interesante, en el espacio de la comunicación social,
se visualizó en la cuestión del Transporte. Después de la
situación de colapso registrada en el período anterior,
cuyo “clímax” fue la quema de vagones del Ferrocarril Sarmiento,
se suscitó un lapso de reflexión colectiva sobre causas y posibles
soluciones a los problemas del sector. Se sucedieron tomas
de posición, repaso de alternativas y lanzamiento de propuestas
de acciones inmediatas y de mediano y largo plazo, contextualizadas
en una nota, ya comentada en esta sección, en la que expertos
en el tema sitúan la problemática desde una visión integral
de la cuestión metropolitana y el escenario de colapso generalizado
en 30 años de no tomarse las medidas adecuadas (La
Nación, 15-11).
Un
mes después de que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio
Macri, reconociera públicamente
que la ampliación prometida de la red de subterráneos no
será posible en su gestión, esta semana llamó a licitación
para avanzar con la construcción de un tranvía urbano que,
estiman, costaría seis veces menos que el subte (Texto e
imagen: Perfil,
19-10) .
Fue
interesante el recorrido que propuso el diario La Nación,
en una serie de notas, por diferentes ciudades y respuestas
a la cuestión del transporte en grandes ciudades (Curitiba,
Londres, Hong Kong, Portland,
Singapur y Toronto y Estocolmo) así como la apertura de
un espacio para la opinión de los lectores de dicho medio
(La Nación, 11-10). Finalmente Javier Navia, uno de los columnistas especializados en temas de la
ciudad de La Nación, resume la serie de notas diciendo en
primer lugar que “no hay solución que excluya como factor
decisivo un transporte público eficiente, integrado y capaz
de trasladar a millones de personas en forma veloz y en
condiciones decentes”, y, “la segunda conclusión es que
cualquier medida debe ser tomada como una duradera política de Estado.
Ciudades como Singapur o Curitiba llevan décadas desarrollando
sus respectivas soluciones para el tránsito”, La
Nación, 31-10).
En
ese contexto el Gobierno de la Ciudad intenta, mediante el
aumento de peajes y de los parquímetros, una especie de
“impuesto a la congestión”, estilo Londres, o estacionamientos
“disuasivos” (Noticias
Urbanas, 27-11), pero sin la oferta de alternativas de transporte
público que pueden permitir el alcance de logros significativos
(Clarín,
4-10, La Nación, 18-10 y ADNciudad,
6-11). También, y ante la falta de coordinación interjurisdiccional
para obtener recursos que permitan mantener las metas de
extensión del subte y recuperar la red de ferrocarriles
urbanos (Clarín y Perfil,
2-10 y 19-10), se lanzan propuestas en la
Ciudad y la
Provincia de modos alternativos (carriles
exclusivos, red urbana de tranvías, buses articulados, bus
“bala”, etc.) que aumenten la oferta de transporte público
masivo (24CON, 29-10, Noticias Urbanas, 12-11) y desde Nación
se anuncia, otra vez, el soterramiento del Sarmiento (24CON
y Clarín, 23-12 y ADNciudad, 24-12).
El
intendente Pereyra y el gobernador Scioli acordaron, en su pasado viaje a Colombia, retomar el
proyecto Transur, un moderno sistema
de transporte con un extenso recorrido desde Avellaneda
hasta La Plata (Texto e imagen: 24CON,
29-10).
A
esa etapa de reflexión metropolitana contribuyó la convocatoria
del Encuentro de Planificación Estratégica en Gobiernos
Locales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que
se realizara con el objetivo de compartir y difundir experiencias.
Al finalizar la primera jornada, las autoridades presentes
(lamentablemente sin alcanzar una significativa representatividad)
firmaron el Acta Acuerdo Fundacional de la Red de Planificación Estratégica
de Gobiernos Locales del AMBA “RedAMBA”,
compromiso para trabajar en conjunto y considerar como de
interés prioritario la elaboración
de estrategias comunes en cuanto a Gestión Urbano-ambiental;
Desarrollo Económico; Infraestructura y Transporte y Políticas
Sociales (InfoRegión,
6-12).
Conclusiones
La Estrategia del Caracol, que se inscribe en una visión nómada, preurbana
(y que Archigram, en la utopía
tecnológica de la vivienda enchufable,
inserta a lo urbano), no es apropiada cuando se trata de
la incorporación de importantes
flujos de inmigrantes en el espacio segregado de la
gran ciudad latinoamericana. Como sostiene Fernando Carrión,”La
penuria de la vivienda tiene estas dos caras de la misma
moneda: la producción de viviendas sin ciudad genera ciudadanos
sin ciudad, lo cual deviene en que el derecho a la vivienda
es también derecho a la ciudad y que la nueva vivienda genera
un nuevo urbanismo” (CARRIÓN; F., 2009).
Esta
perspectiva fue desarrollada por Oscar Yujnovsky
(YUJNOVSKY, O., 1984) que pone de relieve la importancia de la accesibilidad a los
servicios, al trabajo, a los establecimientos educativos,
de salud, de abastecimiento, a otras unidades habitacionales
y su relación con las distancias geográficas y los servicios
de transporte y la calidad de los servicios habitacionales,
lo cual se relaciona con las condiciones del medio ambiente
urbano. El autor citado habla servicios
habitacionales, “no se trata de la simple agregación
de servicios que producen atomísticamente
las unidades físicas, sino que el conjunto de servicios
incorpora las interrelaciones sistémicas de la configuración
espacial urbana” (YUJNOVSKY, O., 1984). En el caso del área
de los Arroyos San Francisco y las Piedras esto es puesto
en evidencia al diagnosticar que “estas urbanizaciones están
descalzadas de la estructura de movilidad metropolitana”
(MACERA, R., 2008).
El
Proyecto Inclusión Urbana, que dirige Rodolfo Macera, aplica
un modelo que recupera
esa visión integrada del hábitat y construye desde el
territorio y los actores sociales e institucionales locales
incorporando, de manera apropiada, la dimensión interjurisdiccional
metropolitana. Por oposición, cuando, como en la
Villa 31 y 31 bis, se privilegia la operación
política que sobreactúa las diferencias interjurisdiccionales,
el resultado es maximizar las contradicciones internas que
deterioran la ya débil semitrama socio-territorial (ALEXANDER, C., 1977), e imposibilitan
construir un proyecto superador.
De
la consideración de la cuestión habitacional surge una confirmación:
la viabilidad de
la construcción de institucionalidad metropolitana desde
las unidades socioterritoriales
locales, como se había verificado en la temática de
las Antenas de Telefonía Celular, que a partir de las movilizaciones
de los Autoconvocados de barrios
afectados, lograron que en el Municipio de Quilmes
se aprobara una nueva normativa que contempla el “principio
precautorio”, sostenido por ellos, y que se considere su
adopción por parte de los Municipios del Comcosur.
Sin embargo la firma del Convenio entre la Federación Argentina de Municipios (FAM) y las empresas
de Telefonía Celular, que
apunta a “garantizar” el avance de la instalación
de las estructuras de antenas de comunicaciones móviles
para todos los distritos del país y “evitar tasas abusivas”,
no parece apuntar en la misma dirección.
En
materia de Salud y Desarrollo Social ya se ha consignado
la voluntad expresada por los responsables de Ciudad y Provincia
de trabajar, con formato de bajo
perfil, en forma
conjunta pero no se han registrado avances concretos en
el período. El contexto mediático no fue propicio por el
alto perfil que
adquirió la discusión alrededor de cuestiones como la mortalidad
infantil y la imputabilidad de menores para morigerar la
inseguridad, que pasó rápidamente del terreno técnico al
político, quitándoles capacidad de negociación a los actores
institucionales involucrados.
Un
saldo positivo dejó el debate público registrado en el Sector
Transporte: la situación de colapso, evidenciada por la
quema de los vagones del Sarmiento y que ocupó el foco del
anterior comentario de esta columna, fue seguida por un
período de reflexión apoyado en una madura contribución de los medios gráficos.
El marco planteado, desde un abordaje metropolitano, permitió
una apropiada evaluación de las múltiples actuaciones inmediatas
lanzadas en el período, sobre todo por el Gobierno de la
Ciudad, y de las propuestas de mediano
y largo plazo desplegadas por Nación, Ciudad, Provincia
y Municipios.
Las
cuestiones ambientales estuvieron presentes en los medios,
destacándose la vigencia de la Ley Provincial de
Bolsas Biodegradables y el La
Ley Antitabaco sancionada por la Legislatura Provincial.
Si bien en ambos casos lo logrado constituye
un avance a nivel de la
Provincia, desde el análisis de las buenas
prácticas metropolitanas se evidenció la baja voluntad de cooperación interparlamentaria
interjurisdiccional.
Queda
para un tratamiento específico, por su historia pionera
dentro de la consideración de la interjurisdiccionalidad,
la cuestión de los Residuos Sólidos Urbanos, que sigue mostrando
la dificultad para materializar lo acordado en su momento
por los gobiernos de Ciudad y Provincia. En la
Ciudad se observan las vacilaciones para
implementar una política de estado, Basura 0 (que tiene calidad legislativa) y
en la
Provincia no se avanzó con la necesidad
del CEAMSE de determinar nuevas áreas de disposición de
residuos y plantas de transferencia, y la discusión se planteó
a nivel de los Municipios por la renovación de los contratos
de recolección o la implementación de políticas de separación
y reciclaje de los residuos, al igual que en la
Ciudad.
Comienza
un año electoral, que ya viene
condicionando la gestión desde fines del 2008,
pero que debería ser visto como
una oportunidad en materia de formación de institucionalidad
metropolitana. A partir de la toma de posición y propuestas
sobre temas de la Agenda Metropolitana,
se podría profundizar el debate y la búsqueda de coincidencias
que permitan fijar metas y compromisos de corto, mediano
y largo plazo de los Partidos y Candidatos, en los que la
sociedad metropolitana se sienta representada y pueda ejercer
un control de su
cumplimiento.
APA
El
autor es Arquitecto y Planificador Urbano, a cargo actualmente
de la Codirección del
“Proyecto Estructura Socio-Territorial del Area
Metropolitana de Buenos Aires”, Centro de Investigación
Hábitat y Municipio (CIHaM),
FADU/UBA
Ver
los informes trimestrales anteriores, de la serie de Artemio
Abba que café
de las ciudades
publica en relación a los avances y/o retrocesos
de la institucionalidad y gestión de la Región Metropolitana
de Buenos Aires:
Número
73 I Política de las ciudades
Entre
Matrix y Bailando por un Sueño I 300
días en la institucionalidad metropolitana I Artemio Pedro
Abba
Número
70 I Política de las ciudades (II)
200
días de gestión en la Gran Buenos Aires
I Solo fragmentos perdidos de Metrópolis I Por Artemio Pedro
Abba
Número
67 I Política de las Ciudades
100
días de (no) institucionalidad metropolitana en Buenos Aires
I “Sin lugar para los débiles” I Artemio Pedro Abba
De
Artemio Abba, ver también entre
otras notas en café de las ciudades:
Número
65 I Política de las ciudades (II)
De
incumplimientos (“promesas del este”) I
Los códigos del diálogo metropolitano o los discursos pour le gallery I Artemio Pedro Abba
Número
64 I Política de las ciudades (II)
Buscando
“la brújula dorada” en el AMBA I Apuntes
apresurados sobre el paisaje metropolitano post-electoral
en Buenos Aires I Artemio Pedro Abba
Sobre
la emergencia habitacional en Buenos Aires y su región metropolitana,
ver también Terquedad
de la Emergencia, en este número de
café
de las ciudades.
Bibliografía
ALEXANDER,
Christopher, (1977), “Ensayo sobre la síntesis de la forma”,
Publicado por Ediciones Infinito.
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Marcelo, (2009), El
estigma de vivir en la villa, Los mil barrios (in)formales
de Buenos Aires, en dos libros recientes y un seminario,
café
de las ciudades, año 8 - Número 75 - Enero
2009.
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Rodolfo, entrevista, (2008), “El desafío está en volver
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de la Redacción de LA NACION, 31-10-08.
YUJNOVSKY,
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Argentino – 1955/1981”, Cap. I:
Aspectos teóricos de la vivienda, Grupo Editor Latinoamericano,
Buenos Aires.
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