N. de la
R.: Este artículo de Artemio Abba continúa la serie de informes trimestrales, iniciada en los números
67,
70
y 73, que
café
de las ciudades publica en relación a los
avances y/o retrocesos de la institucionalidad y gestión de la Región Metropolitana
de Buenos Aires.
La Estrategia del Caracol,
excelente película del colombiano Sergio Cabrera, muestra en 1993
de una manera muy clara la realidad de las
familias pobres de América Latina que buscan un lugar para vivir
en las grandes ciudades del post Estado de Bienestar. El empleo
precario o desempleo absoluto, la imposibilidad de acceso a la
tierra, el retiro parcial o total del Estado en la formación de
un submercado social de vivienda y de
la provisión de infraestructura, obliga a los sectores sociales
empobrecidos a incrementar, en las tres últimas décadas, estrategias
alternativas de acceso al “techo”.
La
película de Sergio Cabrera se inspira en una noticia que
había leído en un periódico colombiano sobre
un desahucio paradójico y atípico. La burocracia
de la justicia colombiana tardó tanto tiempo en efectuar
el desalojo de La Casa Uribe que cuando al juez llegó descubrió
que la casa ya no existía. (Fuente: vivalavideoevolucion.com)
La
propuesta de Cabrera, enraizada en el realismo mágico, muestra a un grupo de
familias ocupantes de La
Casa Uribe, en Bogotá, que intentan resistir
al desalojo impulsado por intereses inmobiliarios, escudados
en el objetivo de que el inmueble sea declarado de Interés Cultural
del Casco Histórico de Bogotá. Según el relato del “culebrero”,
personaje que en la película desarrolla los sucesos a un grupo
de periodistas, los habitantes del predio (con la ayuda de la Virgen, que se presenta espontáneamente en la habitación
de Doña Trinidad) desmontan el inmueble en secreto, ladrillo por
ladrillo, y lo implantan en otro lugar llevándose la casa a cuestas
como el caracol.
Los
inquilinos burlan la orden de desalojo gracias al desparpajo e
ingenio de Romero, un hábil abogado. Defendiendo el edificio
contra jueces y policías, planean una original estrategia
ideada y dirigida por Don Jacinto, un viejo anarquista español.
Mientras Romero gana tiempo con argucias legales, el señor
Jacinto lidera la estrategia del caracol: llevar la casa a cuesta.
(Fuente: vivalavideoevolucion.com)
Lamentablemente,
el “realismo mágico” que parece inspirar las declaraciones de
los actores institucionales involucrados en la polémica interjurisdiccional
suscitada alrededor de las Villas 31 y 31 bis, en el núcleo de
la RMBA, no ha permitido avanzar
en la fijación de lineamientos comunes para enfrentar un problema
de tal magnitud. La “emergencia
habitacional”, como ha dado en llamarse a un problema
que se arrastra, con altos y bajos, desde hace más de tres décadas,
explotó de golpe en
la ciudad al quedar en el foco de la lucha política.
Pero
“el desafío está en volver
a la Ciudad
del período 40-70 o en profundizar los procesos de los últimos
años”, dice Rodolfo Macera, que encabeza el Proyecto Inclusión
Urbana desde la
FADU/UBA, en una de las áreas con los peores
índices de precariedad del hábitat metropolitano (MACERA, R.,
2008). Alude al concepto de vivienda inserta en la ciudad, como una configuración de servicios
que deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales:
albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación,
seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física. Y por
otro lado, expresa que los servicios habitacionales no dependen
solamente de cada unidad física sino también de las demás unidades
y de todo el conjunto de
actividades urbanas en su disposición espacial (YUJNOVSKY,
O., 1984).
Una
emergencia habitacional “crónica”
La
oferta del mercado habitacional formal ha mostrado en las últimas
décadas su incapacidad para cubrir la demanda de sectores de bajos
y medio-bajos recursos. La menor incidencia del Estado en el sector
y falta de crédito derivan en el incremento
de la franja de población en situación de riesgo habitacional.
En el caso de las grandes ciudades, la fuerte centralidad que
implica la accesibilidad a la mayor diversidad ocupacional, como
también al mayor volumen y diversidad de beneficios sociales otorgados
por el Estado, genera una sobre-demanda de espacios residenciales conformada por población bajo la línea de pobreza
e indigencia, expulsada por asentamientos con baja capacidad de
retención.
En secreto, los vecinos desmontan el inmueble y lo implantan en
otro lugar. Los habitantes de La Casa Uribe exhiben la amplia
variedad de discursos y culturas que conviven en Latinoamérica.
(Fuente: vivalavideoevolucion.com)
El
continuo flujo de nuevos habitantes, que en general se incorporan
al mercado de trabajo informal con un débil límite con los casos
de trata de personas (talleres clandestinos, distintas formas
de prostitución, etc.), se
instala como puede en el exiguo suelo y espacio
construido existente en la
ciudad. Las modalidades adoptadas pasan de los
clásicos patrones de suburbanización
(hoy limitados por la Ley provincial 8912 y el incremento
del costo de un transporte publico degradado) a la post-moderna
(o post Estado Benefactor) instalación
en espacios vacantes o sub-usados/desprotegidos
(tierras fiscales desafectadas, tierras
ribereñas con riesgo hídrico o edificios públicos y privados
desocupados) valorizados según niveles de centralidad/accesibilidad.
Las
leyes de la economía espacial
hacen que en relación a la centralidad (o accesibilidad) algunas
localizaciones se densifican con semejante intensidad al entorno
edilicio formal (leyes del mercado que le dicen), pero sin el
cumplimiento de las normativas de seguridad edilicia. Esta expansión
“anómica” e “irregular” de los espacios residenciales de la
pobreza urbana tiene un impacto, que depende de la dimensión y
concentración, sobre el tejido regular circundante. Estos espacios
residenciales sub-estándar crecen
sin el soporte infraestructural necesario, originando áreas
de degradación urbana con elevados factores de vulnerabilidad
socio-territorial.
Los
componentes causales de esta problemática, así como las consecuencias
en las condiciones de vida de la población, superan la capacidad
de respuesta de las jurisdicciones locales. Constituyen la expansión
de un segmento de la demanda habitacional insolvente, no asistido
por el mercado formal, que se localiza donde la ecuación centralidad + facilidad de ocupación resulta
más conveniente, lo que generalmente
coincide con espacios interjurisdiccionales
(o baja transparencia dominial) que agregan complejidad al
abordaje del problema.
“Un
grupo de cien personas no se puede llevar una casa en un mes,
ni en tres meses ni en un año, y todavía menos con
una grúa. La película hace que esto parezca posible”
(Sergio Cabrera).
En
la Región Metropolitana
de Buenos Aires, el crecimiento de asentamientos irregulares constituye
un fenómeno específico, desde el abordaje de soluciones, por su
carácter interjurisdiccional. El crecimiento de los niveles de exclusión
social, combinado con las nuevas
demandas vinculadas con la centralidad globalizada, contribuye
a un nuevo rol de sectores de fuerte marginalidad. La ocupación
irregular del suelo y el medio construido generan discontinuidades
que constituyen focos de conflicto.
La
villa 31 y 31 bis en Retiro, donde según María Cristina Cravino
“se juega hoy el destino de las políticas urbanas en la Argentina” (CORTI,
M., 2009), centralizó las noticias de los diarios nacionales de
mayor tiraje por convertirse en objeto de un
ríspido conflicto interjurisdiccional,
entre la Nación, dueña de las
tierras donde hoy crece raudamente el asentamiento, y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que
tiene la potestad de fijar las normas edilicias y constructivas
(Editorial Clarín
10/10, Editorial La
Nación 21/11, Editorial Clarín 27/11
y Editorial La Nación 18/12). Lamentablemente el tema, irresuelto,
se situó en el foco de la discusión política entre ambas jurisdicciones
y no alcanzó el lugar de la búsqueda
de soluciones consensuadas (Clarín 1/11).
La
situación hizo eclosión debido a los cortes en la
Autopista Illia, que
interrumpieron la fundamental conexión entre la Zona Norte
del AMBA y la todavía Área Central de comando de la metrópolis
globalizada. La propuesta que elaboró el Instituto de la Espacialidad
Humana de la
FADU/UBA (plan Barrio 31 Retiro-UBACyT
A401) abrió un camino al
abordaje urbano del problema y deja una luz al final del túnel
para el acuerdo entre las partes, que incluye a los actores sociales
involucrados (La Nación, 24/11).
Aumentó
más del 30% la población en villas porteñas. Un informe de la
Defensoría de la ciudad de Buenos Aires estimó
en 150.000 el total de la población a mediados de 2007. Hoy, ese
número oscilaría entre 195.000 y 235.000, según las cifras de
diferentes fuentes (Texto y foto: La
Nación, 5-10-08).
Un
camino opuesto eligió la iniciativa Inclusión
Urbana en una de
las áreas más castigadas por la pobreza estructural del conurbano,
la Cuenca de los Arroyos San
Francisco y Las Piedras (una de las 3 grandes cuencas de la RMBA), en la que viven 600 mil
personas en situación de exclusión social. Un caso prototípico
de interjurisdiccionalidad: “toca las localidades de Solano, Monte Chingolo,
Bernal Oeste, Florencio Varela, parte de Berazategui
y Almirante Brown” (MACERA, R.,
2008).
El
camino fue una convocatoria a las organizaciones sociales de base
y la formulación de un plan de acción que enfrente las cuestiones
del asentamiento en relación a la ciudad, con la que mantiene
una relación contradictoria de integración-exclusión.
El empleo, las cuencas hídricas, la conectividad, las centralidades
del área, etc., son parte de la
Agenda abordada con alrededor de 300 organizaciones
sociales de la zona.
A
partir de los acuerdos alcanzados, buscaron el camino de constituirse
en motores de la instalación de políticas públicas metropolitanas,
por la vía de la convalidación por parte de los organismos gubernamentales
con competencias en el área: del Ejecutivo y el Legislativo Provincial,
del Ministerio de Planificación Federal y de Desarrollo Social
de la Nación,
Municipios involucrados, etc. Entre las iniciativas incluidas
cabe destacar las de alcance metropolitano, tales como la recuperación
de infraestructuras de conectividad regional como el Ferrocarril
Avellaneda-La Plata y el Camino General Belgrano, así como el
saneamiento de la Cuenca.
La
construcción de institucionalidad desde abajo
Como
ya se adelantara en el anterior análisis trimestral, se aprobó
la Ordenanza
sobre Antenas de Telefonía
Celular en el Municipio de Quilmes
en medio de movilizaciones sobre los casos puntuales del proyecto
de antena en el Club Villa Elsa y el de la
calle Unamuno y Fierro
(Perspectiva Sur, 10-10, 29-10). “Vale
recordar que en 2000, durante la gestión de Fernando Geronés,
Quilmes tuvo su primera norma para regular
las telecomunicaciones por celulares, que en se momento comenzaban
a extenderse. Cuatro años más tarde, durante la administración
de Sergio Villordo, la ley fue reemplazada
por una mucho más permisiva, que franqueó la posibilidad de que,
por ejemplo, las antenas pudieran llegar a instalarse en los patios
de las escuelas, como ocurrió en Bernal” (Perspectiva
Sur, 29-10).
Mientras
se completaba el proceso de promulgación de la
nueva Ordenanza, que regula la instalación de
la Antenas en el territorio
del Municipio de Quilmes y se propone
se extienda a todos los Municipios del COMCOSUR (Perspectiva Sur,
17-10), hacia principios de noviembre se firmó un convenio entre
la Federación Argentina
de Municipios (FAM) y las empresas de Telefonía Celular que, en
un análisis muy preliminar, no
parece consensuado con los avances en la materia en la
RMBA. El acuerdo apunta a “garantizar” el desarrollo de la
instalación de las estructuras
de antenas de comunicaciones móviles para todos los distritos
del país, estableciendo un Código de Buenas Prácticas del Despliegue
de Redes de Comunicaciones Móviles, un modelo de Ordenanza y
la recomendación de “evitar tasas abusivas” (24CON,
3-11).
“Esto
perjudica totalmente el medio ambiente. Carmen Maidana,
otra vecina, observó que ya no hay pájaros. Antes venían cardenales,
colibríes, todo tipo de ave. Era hermoso. Pero desapareció todo,
se me está secando el palo borracho, los pinos” (Fuente e imagen
y texto: Diario Perspectiva
Sur, 22-10).
La
situación de inseguridad que golpea en forma crónica la sociedad,
con una incidencia mayor en las grandes ciudades, fue nuevamente
destacada por los medios y actores políticos que visualizaban
como necesaria la baja
de la edad de imputabilidad (InfoRegión,
13-11). Se registraron en ese contexto algunas tomas de posición
que parecieron contradictorias con las políticas de inclusión
social (y fundamentalmente de los niños y jóvenes) que se están
intentando implementar (La
Nación, 8-11).
En
ese contexto, pareció muy positiva la reunión de los responsables
de las Carteras de Desarrollo Social de la Provincia y la Ciudad, Daniel Arroyo y María
Eugenia Vidal, para
definir políticas conjuntas para la niñez
(ADNciudad
y AgenciaNOVA,
8-10). También instituciones no gubernamentales se pronunciaron
en favor de políticas activas del Estado para corregir la deuda
social, sobre todos con los estratos jóvenes de la sociedad, cuya
situación de exclusión se viene agravando a pesar de las mejoras
de tipo macroeconómicas registradas en el país (Perspectiva
Sur y Clarín,
17-11).
Medio
Ambiente
Pocos
signos de formación de Institucionalidad Metropolitana (IM) en
materia de Medio Ambiente se registraron en el período analizado.
En el último trimestre se destacaron dos temas por su repercusión
en los medios: la entrada en vigencia de la Ley de la Provincia que exige a los comercios la entrega de bolsas
biodegradables (InfoBAN,
La
Nación y 168Horas,
14-10) y la aprobación en la Legislatura Provincial del Proyecto de Ley Antitabaco
(InfoBAN, 23-10). Si bien es
positivo el avance en ambos temas, en ningún caso se explicitó
una búsqueda de manejo metropolitano de cuestiones que forman
parte de la agenda común.
Constituye
una excepción positiva la solicitud de la
Fundación Ciudad (ADNciudad,
15-10) al Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para que presente un Proyecto
sobre la prohibición del difundido uso las bolsas de polietileno
entregadas por los establecimientos comerciales. Resulta oportuno,
dado que son casi los mismos actores involucrados y que
ya acordaron con Scioli en el territorio
de la Provincia, los que deberían
contribuir con la entrega de bolsas biodegradables dentro de los
límites de la
Ciudad.
Es
alentador que la Comisión de Investigaciones
Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), en colaboración
con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS),
se haya puesto a trabajar en el desarrollo de las alternativas
más viables de materiales (papel, cartón, cuero o tela, o
algún tipo de plástico bio-degradable)
que reemplace a las contaminantes bolsas de nylon (La
Nación, 16-10). En ese sentido también
es importante mencionar que Walt Mart
entregará a partir de mayo del 2009 bolsas oxi-biodegradables en sus establecimientos, anticipándose
a la plena vigencia de la
Ley de la
Provincia como
lo expone en su página Web.
Respecto
de la Ley Antitabaco provincial,
que generó polémica sobre el porcentaje de espacio libre de humo
y pedidos de veto parcial al gobierno de Scioli
(el proyecto original preveía un 100 % y la ley aprobada por la Legislatura Provincial
dispone un 30 % libre para fumadores en bares y restaurantes y
un 100 % en bingos y casinos). No se trabajó en esto conjuntamente
entre las jurisdicciones involucradas (o al menos no se dio a
conocer) para evaluar la normativa en forma conjunta, ya vigente
en la Ciudad,
con el fin de aprovechar
la experiencia adquirida (InfoBAN,
23-10).
Profesores
y alumnos de la Maestría en Gestión
Ambiental del 3iA -Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental
de la UNSAM-,
realizaron la campaña de muestreo en dieciocho estaciones de monitoreo.
(Epígrafe de Clarín,
1-11, Foto: Clarín cita como fuente a Iván Mantero-UNSAM)
Respecto
del Riachuelo se mostraron públicamente escasos resultados. No
obstante, el tema se mantiene vigente públicamente, sobre todo,
en virtud de la intervención periódica de la
Justicia que sigue “auditando” el cumplimiento
de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia,
mientras los medios registran denuncias de nuevas ocupaciones ilegales de sus márgenes (Clarín,
28-11). Si bien el rol de la Justicia es muy importante,
debería haber sido solo el disparador
de un proceso de planificación interjurisdiccional
de la Cuenca
y un plan de acciones conjunto (168Horas,
8-10 y Noticias
Urbanas 11-11 y 9-12) que tomara la iniciativa con
actuaciones concretas de significación. Es de esperar que el nuevo
responsable de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, a partir del
4/12/08, le imprima una nueva dinámica a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR).
Se
registró otra intervención positiva de la Justicia al intimar a los
Municipios la Cuenca Las Piedras-San
Francisco a regularizar el sistema de recolección de residuos
y desperdicios en la zona aledaña para mejorar el medio ambiente
(24CON,
28-11). Por otra parte la Universidad Nacional de San Martín revela en este
período, a partir de mediciones realizadas, que los residuos tóxicos arrojados al Arroyo Medrano
por empresas textiles y metalúrgicas de la zona norte del conurbano
bonaerense están afectando seriamente al río (Clarín, 1-11).
Residuos
Mientras
continua el proceso de discusión, después de una muy agitada Audiencia
Pública (Noticias
Urbanas, 1-10-08), alrededor de los puntos más controvertidos
(separación en origen, reciclaje, instalación de contenedores,
pago por tonelada o zona limpia, etc.), el Gobierno de la Ciudad toma decisiones oscilantes (Clarín,
15-12, y Editorial de Clarín, 18-12). Se retoma la política de
instalación de contenedores, que hace un año había interrumpido, y se lanza la Campaña Juego
Limpio (La
Nación, 13-11), fuertemente criticada
por la oposición (Noticias Urbanas y ADNciudad,
10 y 13-11). Ambas iniciativas son lanzadas sin ser acompañadas
por la separación en origen, ya que el Gobierno de la
Ciudad ha manifestado descreer de la adhesión
de los vecinos. Sin embargo dos encuestas realizadas (difundidas
por Greenpeace y la Universidad de Palermo)
demostrarían que los vecinos
opinan lo contrario y se recoge la demanda de los mismos sobre
la necesidad de campañas educativas (Noticias Urbanas, 4-10 y
Clarín,
9-12). También tuvo difusión la experiencia “Zero
Wasted”, desarrollada en California, que logró una importante
participación de los vecinos en la separación en origen merced
a una decidida y prolongada instalación comunicacional
(Clarín, 30-11).
Greenpeace frente a la
Legislatura. La organización ambientalista internacional
Greenpeace continúa con sus protestas por el proyecto del
Poder Ejecutivo porteño de licitación para la recolección de la
basura porteña (ADNciudad, 14-10).
En
ese contexto, el Gobierno de la Ciudad difundió el costo que implicaba para los vecinos de
la ciudad la incorporación de los recicladores
al proceso de tratamiento de los RSU, no
registrándose reacciones negativas de la sociedad (Clarín
y La
Nación, 27-11). Se registró simultáneamente
la presentación de proyectos alternativos al Proyecto oficial
de Ley de Recolección de RSU del Gobierno de la Ciudad por parte de legisladores
opositores (E. Epstein y P. Failde),
que intentan “perfeccionar el contrato vigente” y crear un “sistema
de recolección diferenciada”, reiterando que el proyecto del Ejecutivo,
en tratamiento, vulnera la
Ley 1854 (Basura Cero).
En
la Provincia se plantea una política supuestamente
más integral con el programa “Generación 3R”, ya mencionado en
el trimestre anterior, o acuerdos con el sector privado para la
reducción de los envases (InfoBAN,
27-11) pero en la práctica, mientras esta política es asumida
por algunos Municipios como San Fernando, con amplia participación
de los vecinos (168Horas,
13-11), en otros se están
renovando apresuradamente contratos de recolección (InfoRegión,
27 y 31-12), en algunos casos en medio de polémicas locales, sin
incorporar los nuevos lineamientos (24CON,
11-12, InfoRegión, 15-12). Desde otro abordaje, la defensa de los
recursos naturales, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente reclamó,
en la
Audiencia Pública realizada en la Ciudad de Buenos, terminar
con el sistema CEAMSE para el tratamiento de los Residuos Sólidos
Urbanos (Perspectiva
Sur, 7-10).
Transporte
Un
proceso interesante, en el espacio de la comunicación social,
se visualizó en la cuestión del Transporte. Después de la situación
de colapso registrada en el período anterior, cuyo “clímax” fue
la quema de vagones del Ferrocarril Sarmiento, se suscitó un lapso
de reflexión colectiva sobre causas y posibles
soluciones a los problemas del sector. Se sucedieron tomas de
posición, repaso de alternativas y lanzamiento de propuestas de
acciones inmediatas y de mediano y largo plazo, contextualizadas
en una nota, ya comentada en esta sección, en la que expertos
en el tema sitúan la problemática desde una visión integral de
la cuestión metropolitana y el escenario de colapso generalizado
en 30 años de no tomarse las medidas adecuadas (La
Nación, 15-11).
Un
mes después de que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri,
reconociera públicamente que la ampliación prometida de la red
de subterráneos no será posible en su gestión, esta semana llamó
a licitación para avanzar con la construcción de un tranvía urbano
que, estiman, costaría seis veces menos que el subte (Texto e
imagen: Perfil,
19-10) .
Fue
interesante el recorrido que propuso el diario La Nación, en una
serie de notas, por diferentes ciudades y respuestas a la cuestión
del transporte en grandes ciudades (Curitiba, Londres, Hong Kong, Portland,
Singapur y Toronto y Estocolmo) así como la apertura de un espacio
para la opinión de los lectores de dicho medio (La Nación, 11-10).
Finalmente Javier Navia, uno de los columnistas especializados en temas de la
ciudad de La Nación, resume la serie de notas diciendo en primer
lugar que “no hay solución que excluya como factor decisivo un
transporte público eficiente, integrado y capaz de trasladar a
millones de personas en forma veloz y en condiciones decentes”,
y, “la segunda conclusión es que cualquier medida debe ser tomada como una duradera política de Estado.
Ciudades como Singapur o Curitiba llevan décadas desarrollando
sus respectivas soluciones para el tránsito”, La
Nación, 31-10).
En
ese contexto el Gobierno de la Ciudad intenta, mediante el
aumento de peajes y de los parquímetros, una especie de “impuesto
a la congestión”, estilo Londres, o estacionamientos “disuasivos”
(Noticias
Urbanas, 27-11), pero sin la oferta de alternativas de transporte
público que pueden permitir el alcance de logros significativos
(Clarín,
4-10, La Nación, 18-10 y ADNciudad,
6-11). También, y ante la falta de coordinación interjurisdiccional
para obtener recursos que permitan mantener las metas de extensión
del subte y recuperar la red de ferrocarriles urbanos (Clarín
y Perfil,
2-10 y 19-10), se lanzan propuestas en la
Ciudad y la
Provincia de modos alternativos (carriles exclusivos,
red urbana de tranvías, buses articulados, bus “bala”, etc.) que
aumenten la oferta de transporte público masivo (24CON, 29-10,
Noticias Urbanas, 12-11) y desde Nación se anuncia, otra vez,
el soterramiento del Sarmiento (24CON y Clarín, 23-12 y ADNciudad,
24-12).
El
intendente Pereyra y el gobernador Scioli acordaron, en su pasado viaje a Colombia, retomar el
proyecto Transur, un moderno sistema
de transporte con un extenso recorrido desde Avellaneda hasta
La Plata (Texto e imagen: 24CON,
29-10).
A
esa etapa de reflexión metropolitana contribuyó la convocatoria
del Encuentro de Planificación Estratégica en Gobiernos Locales
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se realizara
con el objetivo de compartir y difundir experiencias. Al finalizar
la primera jornada, las autoridades presentes (lamentablemente
sin alcanzar una significativa representatividad) firmaron el
Acta Acuerdo Fundacional de la Red de Planificación Estratégica
de Gobiernos Locales del AMBA “RedAMBA”,
compromiso para trabajar en conjunto y considerar como de interés
prioritario la elaboración
de estrategias comunes en cuanto a Gestión Urbano-ambiental;
Desarrollo Económico; Infraestructura y Transporte y Políticas
Sociales (InfoRegión,
6-12).
Conclusiones
La Estrategia del Caracol, que se inscribe en una visión nómada, preurbana
(y que Archigram, en la utopía tecnológica
de la vivienda enchufable, inserta a
lo urbano), no es apropiada cuando se trata de la incorporación
de importantes flujos de
inmigrantes en el espacio segregado de la gran ciudad latinoamericana.
Como sostiene Fernando Carrión,”La penuria de la vivienda tiene
estas dos caras de la misma moneda: la producción de viviendas
sin ciudad genera ciudadanos sin ciudad, lo cual deviene en que
el derecho a la vivienda es también derecho a la ciudad y que
la nueva vivienda genera un nuevo urbanismo” (CARRIÓN; F., 2009).
Esta
perspectiva fue desarrollada por Oscar Yujnovsky
(YUJNOVSKY, O., 1984) que pone de relieve la importancia de la accesibilidad a los
servicios, al trabajo, a los establecimientos educativos, de salud,
de abastecimiento, a otras unidades habitacionales y su relación
con las distancias geográficas y los servicios de transporte y
la calidad de los servicios habitacionales, lo cual se relaciona
con las condiciones del medio ambiente urbano. El autor citado
habla servicios habitacionales,
“no se trata de la simple agregación de servicios que producen
atomísticamente las unidades físicas,
sino que el conjunto de servicios incorpora las interrelaciones
sistémicas de la configuración espacial urbana” (YUJNOVSKY, O.,
1984). En el caso del área de los Arroyos San Francisco y las
Piedras esto es puesto en evidencia al diagnosticar que “estas
urbanizaciones están descalzadas de la estructura de movilidad
metropolitana” (MACERA, R., 2008).
El
Proyecto Inclusión Urbana, que dirige Rodolfo Macera, aplica un
modelo que recupera esa
visión integrada del hábitat y construye desde el territorio
y los actores sociales e institucionales locales incorporando,
de manera apropiada, la dimensión interjurisdiccional
metropolitana. Por oposición, cuando, como en la
Villa 31 y 31 bis, se privilegia la operación
política que sobreactúa las diferencias interjurisdiccionales,
el resultado es maximizar las contradicciones internas que deterioran
la ya débil semitrama socio-territorial (ALEXANDER, C., 1977), e imposibilitan
construir un proyecto superador.
De
la consideración de la cuestión habitacional surge una confirmación:
la viabilidad de la construcción
de institucionalidad metropolitana desde las unidades socioterritoriales
locales, como se había verificado en la temática de las Antenas
de Telefonía Celular, que a partir de las movilizaciones de los
Autoconvocados de barrios afectados,
lograron que en el Municipio de Quilmes
se aprobara una nueva normativa que contempla el “principio precautorio”,
sostenido por ellos, y que se considere su adopción por parte
de los Municipios del Comcosur. Sin
embargo la firma del Convenio entre la Federación Argentina de Municipios (FAM) y las empresas
de Telefonía Celular, que apunta
a “garantizar” el avance de la instalación de las estructuras
de antenas de comunicaciones móviles para todos los distritos
del país y “evitar tasas abusivas”, no parece apuntar en la misma
dirección.
En
materia de Salud y Desarrollo Social ya se ha consignado la voluntad
expresada por los responsables de Ciudad y Provincia de trabajar,
con formato de bajo perfil,
en forma conjunta pero
no se han registrado avances concretos en el período. El contexto
mediático no fue propicio por el alto
perfil que adquirió la discusión alrededor de cuestiones como
la mortalidad infantil y la imputabilidad de menores para morigerar
la inseguridad, que pasó rápidamente del terreno técnico al político,
quitándoles capacidad de negociación a los actores institucionales
involucrados.
Un
saldo positivo dejó el debate público registrado en el Sector
Transporte: la situación de colapso, evidenciada por la quema
de los vagones del Sarmiento y que ocupó el foco del anterior
comentario de esta columna, fue seguida por un período de reflexión
apoyado en una madura contribución de los medios gráficos.
El marco planteado, desde un abordaje metropolitano, permitió
una apropiada evaluación de las múltiples actuaciones inmediatas
lanzadas en el período, sobre todo por el Gobierno de la
Ciudad, y de las propuestas de mediano y largo
plazo desplegadas por Nación, Ciudad, Provincia y Municipios.
Las
cuestiones ambientales estuvieron presentes en los medios, destacándose
la vigencia de la Ley Provincial de
Bolsas Biodegradables y el La
Ley Antitabaco sancionada por la Legislatura Provincial.
Si bien en ambos casos lo logrado constituye
un avance a nivel de la
Provincia, desde el análisis de las buenas prácticas
metropolitanas se evidenció la baja voluntad de cooperación interparlamentaria
interjurisdiccional.
Queda
para un tratamiento específico, por su historia pionera dentro
de la consideración de la interjurisdiccionalidad,
la cuestión de los Residuos Sólidos Urbanos, que sigue mostrando
la dificultad para materializar lo acordado en su momento por
los gobiernos de Ciudad y Provincia. En la
Ciudad se observan las vacilaciones para implementar
una política de estado, Basura 0 (que tiene calidad legislativa) y
en la Provincia
no se avanzó con la necesidad del CEAMSE de determinar nuevas
áreas de disposición de residuos y plantas de transferencia, y
la discusión se planteó a nivel de los Municipios por la renovación
de los contratos de recolección o la implementación de políticas
de separación y reciclaje de los residuos, al igual que en la
Ciudad.
Comienza
un año electoral, que ya viene condicionando
la gestión desde fines del 2008,
pero que debería ser visto como
una oportunidad en materia de formación de institucionalidad
metropolitana. A partir de la toma de posición y propuestas sobre
temas de la Agenda Metropolitana,
se podría profundizar el debate y la búsqueda de coincidencias
que permitan fijar metas y compromisos de corto, mediano y largo
plazo de los Partidos y Candidatos, en los que la sociedad metropolitana
se sienta representada y pueda ejercer un control
de su cumplimiento.
APA
El
autor es Arquitecto y Planificador Urbano, a cargo actualmente
de la Codirección del
“Proyecto Estructura Socio-Territorial del Area
Metropolitana de Buenos Aires”, Centro de Investigación Hábitat
y Municipio (CIHaM),
FADU/UBA
Ver
los informes trimestrales anteriores, de la serie de Artemio Abba que café
de las ciudades
publica en relación a los avances y/o retrocesos de la
institucionalidad y gestión de la Región Metropolitana
de Buenos Aires:
Número
73 I Política de las ciudades
Entre
Matrix y Bailando por un Sueño I 300
días en la institucionalidad metropolitana I Artemio Pedro Abba
Número
70 I Política de las ciudades (II)
200
días de gestión en la Gran Buenos Aires
I Solo fragmentos perdidos de Metrópolis I Por Artemio Pedro Abba
Número
67 I Política de las Ciudades
100
días de (no) institucionalidad metropolitana en Buenos Aires
I “Sin lugar para los débiles” I Artemio Pedro Abba
De
Artemio Abba, ver también entre otras
notas en café de las ciudades:
Número
65 I Política de las ciudades (II)
De
incumplimientos (“promesas del este”) I
Los códigos del diálogo metropolitano o los discursos pour le gallery I Artemio Pedro Abba
Número
64 I Política de las ciudades (II)
Buscando
“la brújula dorada” en el AMBA I Apuntes
apresurados sobre el paisaje metropolitano post-electoral en Buenos
Aires I Artemio Pedro Abba
Sobre
la emergencia habitacional en Buenos Aires y su región metropolitana,
ver también Terquedad
de la Emergencia, en este número de
café
de las ciudades.
Bibliografía
ALEXANDER,
Christopher, (1977), “Ensayo sobre la síntesis de la forma”, Publicado
por Ediciones Infinito.
CARRIÓN,
Fernando M., (2009), “La vivienda”, Diario Hoy de Ecuador, hoy,com.ec,
10 de Enero de 2009.
CORTI,
Marcelo, (2009), El
estigma de vivir en la villa, Los mil barrios (in)formales de
Buenos Aires, en dos libros recientes y un seminario,
café
de las ciudades, año 8 - Número 75 - Enero 2009.
MACERA,
Rodolfo, entrevista, (2008), “El desafío está en volver a la
Ciudad del período 40-70 o en profundizar los
procesos de los últimos años”, idM informe
digital Metropolitano, Fundación Metropolitana, Nº 50, junio 2008.
NAVIA,
Javier, (2008), “Mejorar el tránsito, una meta que es alcanzable”,
de la Redacción de LA NACION, 31-10-08.
YUJNOVSKY,
Oscar, (1984), “Claves Políticas del Problema Habitacional Argentino
– 1955/1981”, Cap. I: Aspectos teóricos
de la vivienda, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.
Anexos
