Este
artículo propone sondear las teorías de autores como Nozick,
Oszlak, Rawls y Sen, entre otros, a fin de deducir las
posturas de los gobernantes a la hora de posicionarse
frente a las acciones que han de tomarse en relación a
las urbanizaciones precarias. La dicotomía existente entre la erradicación, y/o la consecuente regularización/urbanización de las villas
y asentamientos informales es un debate que a lo largo
de la historia ha tenido diversas acepciones, sesgadas
por ideologías políticas, económicas, sociales y en especial
institucionales. También podría contemplarse una tercera
opción al considerar un rol ausente del Estado.
A
modo de introducción, interesa dejar sentados algunos
rasgos característicos que permiten diferenciar a las
villas de los asentamientos informales como modos de urbanización informal (Cravino,
2008). Estos, si
bien han sido producidos por los mismos sectores populares
que luego hubieron de habitarlos, tuvieron orígenes diferentes
que merecen una breve explicación.
Al
respecto, puede decirse que el surgimiento de las villas
está asociado a las sucesivas oleadas de migraciones internas
producto de la época sustitutiva de importaciones de los
años ’30 y ‘40. El resultado de esta ocupación provisoria,
en búsqueda de mayores oportunidades y oferta laboral,
es una apropiación
discontinua del territorio, leída a partir de trazados
irregulares y difusos, en constante transformación,
como consecuencia de la agregación individual de parcelas
y hogares, y la escasez de definiciones comunitarias que
provean entre otras cosas de espacios comunes. En cambio,
los asentamientos informales tienen una historia más reciente,
asociada a la toma organizada de tierras a partir del
régimen militar de 1976-1983. En ese sentido la resultante
del territorio es un
trazado más homogéneo correspondiente a un parcelamiento
y amanzanamiento regular, similar al del barrio en el
que se inserta. Pueden sumarse: conventillos, pensiones
y hoteles, en gran parte localizados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que también fueron ocupados por sectores populares imposibilitados de acceder a la vivienda de mercado.
Sin
embargo, existen analogías entre estas formas de urbanización
informal y en los rasgos que caracterizan a la población
afectada, básicamente asociadas a la autogestión
de la urbanización, a la auto-producción
del hábitat, a la tenencia
precaria de la titularidad del bien (prácticamente
inexistente) por tratarse de terrenos fiscales (ex trazados
de vialidades, terrenos afectados a trazas ferroviarias,
etc.) o predios privados con vacancia de ocupación, también
denominados “stock de suelo ocioso”. En otro orden de
cosas, los cambios en los modelos productivos, las nuevas
economías de mercado excluyente que traen aparejados el
subempleo ó desempleo estructural y, por ende, la imposibilidad
de acceder a créditos hipotecarios,
se presentan como restricciones para acceder a
las redes de servicios públicos, y a un hábitat saludable.
Si
bien es una problemática de alcance nacional, a los efectos
de este análisis se hará un recorte de la problemática
a la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). A partir
del estudio denominado Lineamientos
Estratégicos para la
RMBA, llevado a cabo por la
Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda
(SSUyV) de la Provincia de Buenos Aires,
la delimitación de la
Región incluye el área enmarcada por
el trazado de la Ruta Provincial
N° 6, incluyendo a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los
municipios de: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui,
Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar,
Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela,
General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín,
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La
Matanza, La
Plata, Lanas, Lomas de Zamora, Luján,
Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón,
Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro,
San Miguel, San Vicente, Tigre, San Fernando, San Isidro,
Vicente López y Zárate.
Localización
de villas y asentamientos en la RMBA, 2007. Fuente: Dirección
Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial,
Pese
a las dificultades que se presentan para contar con un
dato certero y fidedigno sobre la dimensión que supone
el proceso de urbanizaciones informales (por la inconsistencia de la información, la diversidad de fuentes gubernamentales,
ONGs, instituciones académicas, y la imposibilidad de
censar a la totalidad de las poblaciones afectadas), habremos
de remitirnos al dato construido por la
SSUyV a partir de las cifras proporcionadas
por el Censo Nacional de Población (2001), la
Dirección Provincial de Estadística,
la convalidación del Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires y el relevamiento
de los grandes macizos indivisos de estructuración irregular
que pudieron observarse a partir del Google Earth.
Actualmente,
en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (C.A.B.A) se concentran alrededor de 17
urbanizaciones informales, en su gran mayoría “villas”
que abarcan 16.019 hogares con 64.241 pobladores. A diferencia
de la C.A.B.A,
en los partidos del Gran Buenos Aires, predominan los
llamados “asentamientos”, con un total de 875 urbanizaciones
que comprenden 170.560 hogares y un estimado de 705.594
habitantes. Esto significa aproximadamente que 769.835
habitantes viven en condiciones de marginalidad extrema,
vale decir un equivalente aproximado al 6 % de la población
total residente en la RMBA (según el Censo Nacional
de Población y Vivienda 2001, la misma se acerca a 13.717.875
habitantes).
Población
y hogares en villas y asentamientos por distrito.
Fuente: Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana
de Buenos Aires, 2008.
Dado
que existen variadas fuentes que estiman datos diversos
en relación al censo y sus correlaciones al día de hoy
(debe aclararse que es un dato en constante construcción
y revisión), cabe precisar que si bien el dato cuantitativo
es importante a la hora de definir la magnitud de la problemática
para poder actuar en consecuencia, a los efectos del análisis
interesará estudiar
en profundidad la variable cualitativa sobre la que
esta problemática es subyacente a la hora de conformar
o no la agenda pública.
Como
se mencionara anteriormente, la explosión demográfica
del último decenio (8,5%, si se considera la variación
intercensal 1991-2001) y las migraciones internas del
campo a la ciudad durante los procesos de industrialización
cambiaron el escenario urbano y territorial de la
RMBA. Las causas de esos movimientos
se debieron a la búsqueda de mejores y mayores oportunidades
laborales en la prominente escena productiva regional
(la RMBA contribuye con el 50% al
PBI nacional). La tendencia
a localizarse en próximidad a los puestos de trabajo
(de manera de reducir los costos de transporte) es ascendente
y se estima que en los próximos 20 años, la población
crecerá alrededor de 2.500.000 de habitantes (20% adicional
para crecimiento vegetativo y migratorio). Estos parámetros
son alarmantes en tanto y en cuanto no se estimen las
pautas bajo las cuales se dará ese crecimiento, vale decir
que nadie asegura
que el mismo se dé bajo las condiciones de urbanidad y
formalidad deseadas.
Hoy
por hoy, la ciudad no está preparada en términos generales
(suelo urbanizado, infraestructura vial, stock construido,
servicios públicos, control de residuos, transporte, etc.)
para albergar ese crecimiento, incitando la focalización
de mayores urbanizaciones en áreas críticas, (entendidas
éstas como la propagación
de urbanizaciones informales en áreas de alta vulnerabilidad
ambiental) en los márgenes de los cursos hídricos,
especialmente donde el valor del suelo urbano es despreciable
como consecuencia de externalidades negativas: por ser
tierras poco asequibles e impenetrables (tierras bajas
y anegadizas, ex tosqueras, proximidad a los basurales,
y en especial terrenos contaminados, etc., a excepción
de la valiosa localización de la Villa 31 en la C.A.B.A).
En
ese sentido, a lo largo de la historia se ensayaron varias respuestas políticas para
remediar un mismo conflicto. Todas ellas incompletas.
La problemática debe atenderse desde una lógica integral
que garantice un espectro de soluciones posibles, en tono
con la multidimensionalidad de facetas que atañen a la
realidad descripta. En este caso, se desarrollarán dos
políticas antagónicas que difieren entre sí básicamente
por el posicionamiento del Estado y su consecuente manera
de actuar: por un lado, la erradicación de villas durante
la dictadura militar ‘76-‘83, o la falta de toma de posición
por parte del Estado en los ‘90 y, por otro lado, la regularización
de las mismas en la gestión iniciada a partir del 2003.

Erradicación vs. regularización
de villas y asentamientos: diferentes posturas ideológicas
Durante
1977, el gobierno procedía a iniciar el desalojo
y expulsión de los habitantes de las villas existentes
dentro del perímetro de la Ciudad de Buenos Aires, encarando
de inmediato en los terrenos desalojados obras viales,
parquizaciones y construcciones variadas (Oszlak, 1991).
La mayoría de los pobladores desalojados regresaron a
sus provincias y países de origen (norte argentino, Bolivia
y Paraguay), mientras que el resto fue destituido hacia
la 3ª y 4ª corona de la
RMBA (municipios más alejados de la
Centralidad, entre 45 y 60 km de la C.A.B.A), llevando consigo su desdicha y desazón.
Las
erradicaciones se produjeron de la manera más irracional:
construcción de tapias para ocultarlas, incendios intencionales
de los predios y expulsiones violentas, descontextualizando
a los habitantes de sus espacios comunes, de sus culturas
propias, de sus hábitos de subsistencia, dejándolos a
la deriva en su recomenzar, a la vera de lugares distantes,
territorios abandonados en las proximidades rurales, sin huellas ni destinos.
Las
causas varían ampliamente sea cual fuere quien lo enuncie.
Mientras que el gobierno de facto mencionó que cada persona
movilizada había sido beneficiaria de una vivienda provista
por la Comisión Municipal
de la
Vivienda, las raíces de tales decisiones
distan de esa verdad. Oszlak (1991), hace alusión a los
planteos que el gobierno tenía, manifestando en sus postulados
a las villas como objetos de aberración
urbanística, convirtiéndose en una amenaza para el
progreso de la ciudad: “el problema de las villas no se reducía a una
cuestión habitacional, sino que involucraba además aspectos
estéticos (ornato de la ciudad) y morales (necesidades
espirituales de la vida humana) que trascendía los intereses
y carencias de los sectores directamente implicados, y
afectaban al conjunto de la vida urbana”. Continúa
su relato haciendo referencia a las publicidades que por
aquellos años cubrían el espacio público, donde se
aludía a esa población como una clase especial no merecedora
de la asistencia o tolerancia de la sociedad y el Estado.
Al efecto, resaltaba que: “obtienen beneficios y privilegios de los que no gozan otros habitantes
de la ciudad: no pagan impuestos ni servicios, explotan
comercios clandestinos o forman parte de mafias organizadas”.
El
período comprendido entre 1976-1983 fue víctima del abandono
de la versión local del Estado de Bienestar y, en especial
de la democracia, fuente fundamental de respaldo a los
derechos humanos. Esto implicó la vuelta al Estado con
un nuevo rol protagónico, caracterizado por un aparato
gubernamental más acotado y más “eficiente” en términos
de sus protagonistas. Un Estado que hizo a un lado los
gastos sociales, rechazando la participación y la organización
popular.
Este
tipo de acciones se apoyan en la teoría de Nozick (1981),
que fundamenta las acciones retributivas, privilegiando
lo correcto por sobre lo bueno, basándose a su vez en
la violación de los principios básicos de su teoría sobre
la justicia en la adquisición y conformidad en la pertenencia,
desde una justicia en la transferencia. Nozick
vería estos modos de erradicación como una manera de rectificar las injusticias en la pertenencia. La usurpación
de predios privados estaría incumpliendo con el derecho
de propiedad privada, fundamentando que no hay ninguna
transacción voluntaria que garantice la toma de posesión,
sino todo lo contrario (según la teoría de Locke, “Alguien puede empeorar por la apropiación de
otro, de dos maneras: primera, perdiendo la oportunidad
de mejorar su situación con una apropiación particular
o una apropiación cualquiera; y segundo, por no ser ya
capaz de usar libremente, sin apropiación, lo que antes
podía”). Por lo anteriormente enunciado, ningún
individuo puede organizar su plan de vida sobre las bases
de un terreno que no le pertenece.
Bajo
estas consideraciones, si el Estado no actuase de conformidad
a los derechos constitucionales, sería el actor privado
quien contaría con la facultad de velar por sus derechos
(por ser titular del dominio de la tierra). Éste sería
quien podría cuestionar al Estado la forma bajo la cual
intenta disuadir y modificar su derecho de propiedad.
Bajo esta premisa, el
Estado podría optar por regularizar un asentamiento, si
y sólo si, encuentra la forma jurídica para efectuar el
traspaso de la titularidad del bien. La manera podría
ser a partir de la compra, cesión o donación del predio
por parte del privado.
De
tratarse de tierras fiscales, el Estado corre con una
ventaja superior, pues evade un alto costo en la transacción;
tal es el caso de bajo-autopistas, predios fiscales, playas
de maniobras ferroviarias, bordes de arroyos y ríos, etc.
En este caso, la regularización podría llevarse a cabo
si en primer lugar se ejecutaran una serie de informes
de impacto ambiental para evaluar
las condiciones físico-técnicas de los terrenos circunscriptos
bajo condiciones de informalidad y por otro lado se efectúa
un censo de la población afectada de manera tal de relevar
las características y necesidades básicas por núcleo familiar
u hogares comprendidos. Los
parámetros por los cuales analizar las condiciones deficitarias
de dicha población serían, según UN – HABITAT(2003):
- Accesibilidad a las redes de
abastecimiento familiar de agua potable
- Accesibilidad a las redes de
servicio de descarga sanitario
- Condición de tenencia y posesión
de la tierra y vivienda en la que reside
- Durabilidad de la vivienda,
condiciones cualitativas de la construcción
- Condiciones de hacinamiento
por cuarto
- Condiciones de empleo del Jefe
de hogar
Algunos
de estos indicadores
conforman el índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)
que, entre otros, contribuye a medir el grado de pobreza
de la población, por ser un índice complejo (aunque incompleto)
que abarca varias dimensiones de una misma realidad social
(Según la metodología utilizada en “La pobreza en la Argentina”, Serie Estudios
INDEC N° 1, Buenos Aires, 1984, los hogares con Necesidades
Básicas Insatisfechas –NBI- son los hogares que presentan
al menos uno de los siguientes indicadores de privación:
Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas
por cuarto; Vivienda: hogares en una vivienda de tipo
inconveniente -pieza de inquilinato, vivienda precaria
u otro tipo, lo que excluye
casa, departamento y rancho-; Condiciones sanitarias:
hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete). Como
en la mayoría de los casos estos indicadores son deficientes,
la gestión pública deberá contemplar además de la construcción
de viviendas, la dotación de infraestructuras sanitarias,
y demás requerimientos.
Paradójicamente
ante la “presencia” de un “Estado ausente”, en la década
del ´90, o mejor dicho, en palabras de Nozick y Oszlak
(2000), entre otros autores, ante un Estado Mínimo bien
caracterizado por la falta de inversión en desarrollo
social y una postura a favor del mercado como proveedor
de bienes y servicios, es menester señalar que el Estado
sólo invirtió en seguridad, y veló por el cumplimiento
de los contratos establecidos con las empresas privadas,
quienes tenían a su cargo la provisión de servicios. Esta
visión neoliberal acrecentó
aun más los índices de pobreza, al excluir a todos aquellos
que no alcanzaban a pagar las tarifas y se quedaban
sin acceder a ese beneficio, que en la mayoría de los
casos se trataba de un bien público (Bonchek, 2005) como
el agua potable. Esta situación colapsó en el 2001, manifestándose
una de las crisis más profundas de los últimos tiempos
a nivel socio-económico e institucional, desplegando más
violencia en el espacio público, que como espacio
característico de la democracia ha pasado a convertirse
en foco de protesta y reclamo por los derechos sociales.
Para
contrarrestar con la injusticia social, y siguiendo los
principios de Rawls (1971), que considera a los individuos
como seres libres, iguales, racionales (seres capaces
de perseguir sus propios intereses) y razonables (seres
capaces de perseguir aquellos fines morales que dan lugar
a la cooperación social), como constituyentes de la estructura básica de la sociedad a la
que él hace referencia en términos de derechos y deberes,
así como también la distribución de ventajas económicas
y sociales; es dable reconocer en primer lugar que toda
persona tiene derecho al sistema de libertades y en segundo
lugar que debe garantizársele el acceso a una equitativa
igualdad de oportunidades, como resultado del principio
de la diferencia, (mediante el cual tratarían de equipararse
las diferencias de los más desventajados). Estos fundamentos
están circunscriptos a la teoría deontológica del derecho
que él promulga. Así, asumiendo que todos nacemos bajo
el velo de la ignorancia, propio de la posición original,
por ser seres ignorantes de nuestro posicionamiento en
la sociedad, nos deberíamos manifestar en la lógica de
esta teoría como maximizadores de las expectativas de
los más postergados. Desconociendo cual podría ser nuestro
posicionamiento a futuro, deberíamos contribuir a mejorar la situación
de todos por igual.

Programa
de urbanización en San Isidro
Es
en el marco de estos supuestos que la implementación de
programas como ARRAIGO, FONAVI, y PROMEBA fueron atendiendo
las diversas complejidades y urgencias de contados casos
de urbanizaciones informales. A partir del 2003, el Estado
Nacional ha promovido una serie de políticas públicas de escala masiva que benefician
a un número considerable de ciudadanos. Con la puesta
en marcha del Sub-programa
Federal de Villas que consiste en la reestructuración
urbana y la construcción de viviendas sobre la base de
módulos básicos (núcleo húmedo: baño y cocina, estar-comedor)
y cantidad de m2 variables de acuerdo a la estructura
social de cada uno de los hogares preexistentes (cantidad
de dormitorios) se intenta dar solución habitacional a
los municipios de la primera corona, es decir del cordón
más próximo a la
C.A.B.A. La operatoria alcanza la construcción
de aproximadamente 8200 viviendas, que benefician a unos
40.000 habitantes.
El
rédito político de una gestión de gobierno no debería
ser medido en términos de maximización de utilidades (vale
decir de cantidad de viviendas construidas) sino en la
posibilidad de ampliar los programas a fin de alcanzar
políticas integrales, que vinculen a un espectro más amplio
de funcionarios de diversos sectores institucionales,
en un proyecto común, con el objeto de atacar
las múltiples dimensiones del problema (salud, educación,
medio ambiente, etc.). Por otro lado, será importante
garantizar el recobro
de las cuotas de los créditos asignados por cada vivienda,
dado que es la única manera de generar apropiación por
parte de los habitantes, permitiendo a su vez al Estado
volver a invertir en la regeneración del ciclo de la política
pública implementada, que se vislumbra promisoria e incremental.

Programa
de urbanización en Morón
“Debe llegar
la hora en que nos digan por qué ciertas violaciones de
derechos –típicamente, la violación de los derechos sociales
y la violación de derechos a través de las omisiones
estatales- no son vistas como constitucionalmente
agraviantes, mientras que otras violaciones -típicamente,
y como citaba el juez, las violaciones del derecho de
propiedad- son consideradas escandalosas e irritantes
desde el punto de vista constitucional” (Svampa, 2004).
Algunas consideraciones finales
Se
discute la fragmentación de las políticas públicas entendidas
en términos de las deficiencias que afectan a los pobladores,
a los cuales no sólo debe garantizársele la accesibilidad
al suelo urbano, con dominio y título de propiedad, una
vivienda digna, (entiéndase por tal calidad de materiales
perdurables, servicios básicos de infraestructura, cantidad
de locales de manera tal de evitar el hacinamiento, etc.),
un barrio, sino también, el acceso a los servicios de salud, y educación,
al mercado laboral formal, todos componentes que contribuirían
a mejorar los parámetros de nutrición y salubridad en
relación y equidad con el resto de los ciudadanos. Es
hora de hacer a un lado la marginación no sólo impuesta
por la sociedad sino también profesada por ellos mismos.
En
ese sentido, Amartya Sen habla de capacidades básicas
y no de bienes, pues son éstas las que permiten alcanzar
grados de libertad como medio para decidir
entre iguales en una situación presente pero sobre todo
a futuro. El bien es algo material, que además es finito,
en cambio cuando hablamos de capacidades damos lugar a
ciertas habilidades
que permiten que el ser humano se inserte en un mundo
de oportunidades. Es desde este lugar que debe revertirse
la sensación de vulnerabilidad aquejada desde su ímpetu
personal. Es éste el generador de desarrollo incremental que se presta a reducir
los obstáculos que se le presentan permanentemente y ponen
en tela de juicio las libertades individuales. Es por
último, la manera en que se deberá ajustarse la división
social del trabajo, donde cada una de las partes contribuya
a una lógica productiva comunitaria y de consumición equilibrada.
“El
desarrollo no consiste solamente en aumentar la oferta
de bienes y servicios, sino en acrecentar
las capacidades de las personas” (Bekerman). Bajo
estas condiciones, puede añadirse que prevalece la idea
de que las decisiones deban abordarse de manera participativa,
con una visión comunitaria y específica donde, como dice
Walzer (1982), la justicia es relativa, no sólo dependiendo
del tipo de bien que esté en juego sino de la cultura
de la que se trate, al referirse a bienes sociales (los
bienes sociales tienen significados sociales, y nosotros
encontramos acceso a la justicia distributiva a través
de la interpretación de esos significados). Siguiendo
esta idea, resalta que a la hora de la asignación de bienes
debe prevalecer una mirada focalizada, en la que el contexto
local resalte por sobre las generalidades planteadas.
Adicionalmente puede decirse que las poblaciones afectadas
son portadoras de una historia común, una identidad colectiva,
reglas de juego particulares, una cultura propia, un modo
de relacionarse y un lenguaje específico que las asocia
y dignifica en un entorno más amplio, en comunidades donde
no siempre prevalecen las lógica de mercado sino las redes
internas, que dan lugar a mecanismos de intercambio
y producción dentro de las unidades domésticas, como el
trueque (Coraggio, 1998) y el cooperativismo.
Estos
hombres y mujeres, diríamos, modelan su propio destino
sean cuales fueren las restricciones (Walzer, 1982).
Es
dable señalar que un sentido de pertenencia y cooperación
facilitaría la resolución de la problemática; por ejemplo:
es preferible que se piense en mecanismos de instrucción
y generación de capacidades al interior de los asentamientos,
de manera tal de no entregar viviendas llave en mano sino
enseñar ciertas habilidades para conformar cuadrillas de trabajo especializadas en los
diferentes rubros de la construcción (albañilería,
electricidad, plomería, etc.), con el propósito de que
una vez finalizada la edificación de las viviendas los
nuevos trabajadores puedan reinsertarse en algún ámbito
laboral y que a su vez ésta interacción genere lazos de
unión entre vecinos.
Deberíamos
recuperar esa noción del Estado de Bienestar, que revelaba
un consenso sobre
las garantías básicas, para que el ser humano pueda
predisponerse a una entrega más humanitaria y de ayuda
de los demás, con el fin último de desalentar las ideas clientelísticas a
las que estamos acostumbrados, donde es común movilizar
a las masas sobre los supuestos de promesas muchas veces
incumplidas. Ha venido sucediendo que los diferentes gobiernos
ven en los pobladores de las villas y asentamientos potenciales
votos y apoyo político y así realizan sus apuestas como
si se tratara de sujetos inertes e insignificantes, cuando
por detrás de esos simples rostros hay complejas historias
que sólo piden
igualdad de oportunidades, y reinserción social, para
dejar a un lado la marginalidad y la discriminación.
Por
último, las Instituciones deben acompañar los ajustes
económicos y sociales de raíz estructural con el objeto
de implementar políticas públicas sobre la base del desarrollo
y el crecimiento, y en especial sobre la plataforma de
una distribución más equitativa de los ingresos. Ésta
se presenta como la vía más óptima para concebir un Estado-Nación.
No hablamos de escala mínima, si no de mejor Estado. Un aparato gubernamental
que pueda formular políticas públicas integrales, políticas
de articulación sectorial, que desechen las políticas
distorsivas y restrictivas. Hablamos de políticas de Estado
que trasciendan los períodos gubernamentales y se repliquen
a largo plazo, sobre las correcciones que la misma política
solicite según las demandas de la propia implementación.
La
historia se repite una y otra vez, habremos de trabajar
a favor de políticas públicas más justas y equitativas
en oportunidades, para que las promesas no aparezcan opacadas
tras las elecciones, y que de una vez por todas se incrementen
las posibilidades y resurjan las propuestas de cambio
para todos. Que las promesas se traduzcan en planes concretos y programas específicos para
poblaciones y realidades contextualizadas. Que se
renueven las esperanzas.
MCL
La
autora es Arquitecta (FADU-UBA),
Docente Universitaria de Planificación Urbana en la Cátedra Arq.
Garay, Maestranda en Administración
y Políticas Públicas de la
Universidad de San Andrés. Cursó el Posgrado
“Land Management and Informal Settlement Regularisation”
(Lincoln Institute of Land Policy & Institute for
Housing and Urban Development Studies | Erasmus University
Rotterdam - Holanda). Trabaja desde el 2004
en la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda, Ministerio
de Infraestructura, GPBA.
Las
imágenes fueron proporcionadas por la Coordinadora del Programa de Villas y Asentamientos
del Instituto de la
Vivienda de la
Provincia de Buenos Aires, Lic. Clarisa
Bettatis.
Sobre
políticas de vivienda en la
Argentina, ver también entre otras notas
en café
de las ciudades:
Número
76 I Terquedades I Una mirada arrabalera a Buenos Aires
Terquedad
de la Emergencia I Columna a cargo de Mario L. Tercco
Número
70 I Política de las ciudades (I)
La
urbanización del Barrio Carlos Mugica, de Retiro
I Un debate recurrente y la opinión de Jorge Jáuregui
I Marcelo Corti
Número
61 I Economía y Política de las ciudades
“Acordate
que la tierra no es de nosotros...” I
El mercado inmobiliario en las villas de Buenos Aires,
según María Cristina Cravino I Marcelo Corti
Número
56 I Tendencias (I)
Transformaciones
estructurales de las villas de emergencia I Despejando mitos sobre los asentamientos informales
de Buenos Aires. I María Cristina Cravino
Número
52 I Política de las ciudades (I)
Vivienda
social y suelo urbano en la Argentina de hoy
I Conflictos y posibilidades I José Luis
Basualdo
Número
49 I Política de las ciudades (II)
Teoría
y política sobre asentamientos informales I
Cuestionario a Raúl Fernández Wagner y María Cristina
Cravino, en vísperas del Seminario en la UNGS. I Raúl Fernández Wagner
y María Cristina Cravino
Número
22 I Economía
Peculiaridades
e interrogantes de la política económica, social y habitacional
en la Argentina I Un debate sobre
la política de vivienda de los años ´90. I Carlos Fidel
Y
sobre los Lineamientos estratégicos para la Región Metropolitana
de Buenos Aires:
Número
60 I Planes de las ciudades (II)
Lineamientos
Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires
I Escenarios alternativos, políticas urbanas, instrumentos
de gestión I Entrevista a Alfredo Garay
Bibliografía
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