Alguna vez Andrés Borthagaray cuestionaba la validez de este tipo de índices y rankings, cuyos resultados suelen ser más reveladores sobre los sistemas de valores e intereses de quienes los elaboran que de la real calidad de vida de las ciudades consideradas. Borthagaray señalaba por ejemplo la falacia de considerar en una misma balanza casos tan disímiles en cuanto a la vigencia de las libertades individuales como Londres y Singapur. Si bien algunos de los criterios considerados en el Indice de FP pueden ser indicadores indirectos respecto a las vigencias de esos derechos, las libertades y garantías ciudadanas continúan siendo secundarios en la confección de este Indice en particular. Mucho menos hay evidencias sobre performances ambientales, aunque los modelos de huella ecológica constituyen un indicador sumamente confiable en tal sentido, ni aparecen en consideración las expectativas de los trabajadores, de las mujeres o de las diversas minorías que componen una sociedad urbana.

Lo habitual es que la densificación se genere por ausencia de tierras vacantes o “agotamiento de la frontera de expansión”, como denomina Abramo a estos procesos.En conocimiento de que la densificación en las villas de la ciudad ha venido acompañada de un crecimiento de su oferta de unidades en alquiler, nos hemos focalizado en este segmento del mercado informal de vivienda como objeto de investigación. Nuestra hipótesis es que una importante proporción de esa expansión poblacional y densificación, no responde solamente a las conductas históricas: crecimiento vegetativo, ingreso de familiares, nuevas ocupaciones tradicionales de tierra, sino a la existencia de un mercado de alquileres, cuyo dinamismo puede ser explicado por las altas tasas de rentabilidad obtenidas ante la demanda de localización y ello ha impulsado fuertemente las construcciones.

Un análisis crítico de la legislación argentina (X) I Por Melinda Lis Maldonado

Consideramos que resulta más conveniente utilizar la denominación derechos y deberes de los habitantes, ya que están más vinculados al concepto de derecho a la ciudad. Si sólo se utiliza la denominación “titulares de dominio, poseedores y tenedores” se restringen los derechos y deberes a una relación de éstos con su derecho de propiedad individual, quedando por fuera las relaciones con la ciudad (a transportarse, a disfrutar de los equipamientos públicos, etc.). Estimamos que la mención al “derecho a la ciudad” debe ser expresa como un derecho de los habitantes. También creemos que debe hacerse expresa mención al deber y derecho del Estado de recuperar plusvalías urbanas. Esto tiene dos consecuencias: 1) se tornaría indiscutible que el Estado está facultado para recuperar las plusvalías que genere su acción. 2) como deber constreñiría al Estado a recuperar las plusvalías so pena de incurrir en responsabilidad fiscal.

Debido a esta dificultad, un número cada vez mayor de personas ha tenido que incumplir la ley para tener un lugar en las ciudades, viviendo sin seguridad jurídica de la tenencia, en condiciones precarias, insalubres y peligrosas, generalmente en zonas periféricas o en áreas centrales desprovistas de infraestructura adecuada. Así, el incremento de la informalidad y la exclusión urbana, aún en los años de crecimiento  económico sostenido, se evidencian en los numerosos conflictos por la tierra que se suceden en diferentes ciudades de nuestro país. Esta situación refleja lo imprescindible de un marco jurídico que, respetando las potestades provinciales y las autonomías de los municipios, proteja los derechos de los habitantes en relación al suelo y provea de instrumentos que faciliten la promoción de políticas urbanas y de vivienda con un sentido redistributivo.

La base conceptual que propone Martínez Guarino es impecable y reitera su apuesta por la “Alta Simplicidad” en los procesos de ordenamiento y gestión territorial. Plantea un reconocimiento (y no una división, “con toda la carga defensiva de los límites”) de las diversas escalas del territorio, que supera la triada de compartimentos estancos municipio-provincia-nación: su serie virtuosa es barrio, ciudad, microregión, provincia, región, nación, región supranacional. La microregión es la escala apropiada de planificación para el desarrollo local e involucra el rol distintivo de la comarca, pequeña unidad urbano-rural, cuya recuperación es la alternativa a la migración obligada a las grandes periferias metropolitanas. Sólido en su planteo técnico, el texto no ignora sin embargo la dimensión política del territorio y postula la coordinación entre la lógica de planificación y gestión vertical-sectorial (vivienda, salud, educación, infraestructuras, transporte) y la lógica horizontal-territorial.

El modelo de agricultura insustentable, basado en el monocultivo de la soja y otras commodities, genera expulsión de las poblaciones rurales y destrucción de los bosques. Es soja y glifosato para hoy y hambre para mañana… Otra consecuencia funesta es la fumigación de centenares de pequeñas localidades, muy expuestas por su vinculación directa con el área rural. Esto es ocultado por la prensa y tolerado por los distintos niveles del Estado. Según los médicos reunidos en el Primer Encuentro Nacional de los Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en la Universidad Nacional de Córdoba el 27 y 28 de agosto pasado, los cánceres y otras enfermedades son detectadas ahora con más frecuencia en las localidades rurales, donde se registran índices muy elevados en trastornos de fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones congénitas, trastornos respiratorios, hematológicos, neurológicos y psíquicos.

Territorios URBANORURARIFICADOS, imágenes del Bicentenario chileno (ciudadano y popular), el Parque en Caballito y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

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