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Hay una parte
clandestina de la ciudad, que excede las andanzas de vendedores
callejeros o inmigrantes ilegales, de narcotraficantes o capitalistas
de juego. A veces, la propia ciudad tiene espacios clandestinos,
lugares arrancados a la legalidad, territorios que existen en la
realidad pero no en los registros del Estado.
Lo clandestino es un escándalo de la ciudad, que se supone
la cosa pública por excelencia. Pero no siempre lo ilegal
es ilegítimo, y no siempre el Estado quiere o puede controlar
su territorio. La ciudad clandestina no está asociada necesariamente
a una ilegalidad más amplia, económica o social. Y
tampoco es exclusiva de los pobres y marginados: los ricos también
transgreden, si los beneficia. Ocupaciones de terrenos o edificios,
construcciones no autorizadas ni declaradas, barrios privatizados
de hecho por vecinos que temen a la ciudad: lo clandestino indigna
y molesta, pero también puede traer la memoria de los primeros
pactos que hicieron posible la ciudad.
Ocupaciones
de terrenos y viviendas

Un típico fenómeno de
clandestinidad urbana es la ocupación de terrenos periféricos
a las grandes ciudades. Allí se asientan grupos marginados,
en general migrantes internos y externos, o desplazados de los barrios
centrales de la ciudad por distintos motivos. En épocas de
expansión económica, como producto de la gran oportunidad
de empleos y servicios que brindan las ciudades. En otros casos,
por los reacomodamientos territoriales originados en el deterioro
de las prácticas rurales tradicionales, o por la desindustrialización
de algunas zonas de la ciudad. Es también un fenómeno
rural, como el que hoy protagonizan los Sin Tierra en Brasil.
Según la UEMRI
("Urban Environmental Management
Research Initiative"),
los asentamientos ocupados representan
una especie de negociación o solución de compromiso
entre varios dilemas: baja calidad de vida y proximidad a empleos
y mercados, baja calidad residencial y escasa inversión en
vivienda, carencia de vivienda e inseguridad en su tenencia, carencia
de acceso a las infraestructuras y provisión intermitente
de servicios urbanos.
Correctamente, la misma fuente diferencia asentamientos ocupados
(squatter settlements) de tugurios (slums): el tugurio
es una calidad física y ambiental, la ocupación se
refiere a la legalidad de la posesión de la tierra y del
acceso a provisión de infraestructuras. No siempre una
ocupación implica un tugurio, ni un tugurio una ocupación,
aunque la coincidencia es habitual. Y por otro lado, la misma formalidad
e informalidad se entrecruzan en la práctica: por ejemplo,
comerciantes establecidos legalmente que durante la noche revenden
a ocupantes de un terreno vecino su electricidad, o proveedores
de bidones de agua que abastecen a asentamientos informales.
Hari Srinivas, miembro de dicha organización, previene contra
la solución facilista de considerar a las ocupaciones como
un "mal" a ser erradicado, y en cambio reivindica la consigna básica
de proveer adecuado alojamiento a toda la gente. Según este
autor, existen tres características que definen a un asentamiento
ocupado:
- debido a su status no legal, sus
servicios e infraestructuras están por debajo de niveles
mínimos o adecuados
- en general albergan a grupos
de bajos ingresos, con empleos precarios o informales, predominantemente
inmigrantes (aunque hay ocupantes de segunda o tercera generación,
como puede comprobarse en cualquier favela o villa miseria latinoamericana)
- los ocupantes carecen de títulos
de propiedad sobre las parcelas donde construyen sus casas, pese
a lo cual existe un mercado informal organizado de la renta
del suelo (que en algunos países asiáticos es
dirigido por el verdadero propietario de los terrenos ocupados:
estas rentas son superiores a las rentas agrarias que podría
producir el lugar, y no están afectadas por los impuestos
ni las obligaciones que soporta un desarrollador formal).
Srinivas considera que la gente ocupa
tierras o viviendas por razones propias y ajenas. Entre las primeras,
menciona la falta de ahorros y capacidad de financiación,
y la precariedad y baja renumeración de sus empleos. Las
razones ajenas son el alto costo de la tierra y la vivienda,
la apatía y la antipatía del gobierno hacia estos
sectores, la excesiva calidad edilicia requerida por algunas reglamentaciones,
y las complicaciones de la normativa y gestión urbanísticas.
Charles Abrams (Man's Struggle for Shelter in an Urbanizing World,
The MIT Press, 1964) y John Turner (Uncontrolled Settlements: Problems
and Policies, en International Social Development Review
No.1, Naciones Unidas, 1968), entre otros, han prestado una particular
atención al fenómeno de las ocupaciones, influyendo
en las recomendaciones propuestas por la Conferencia del Hábitat
de 1976 en Vancouver. Sus escritos definieron la esencia de las
ocupaciones, y se cuidaron de cuestionar su carácter ilegal
para enfocarlas en cambio como una forma de acceso a la vivienda
en países subdesarrollados: de esta forma estimularon el
paso de la actitud hostil a las ocupaciones, hacia una de apoyo
y protección. Estas se expresan en políticas estimuladas
por los organismos internacionales, como la regularización
dominial, y los programas de lote y servicios y de mejoramiento
de barrios.
Existen incluso mecanismos posibles para comprometer a los propietarios
de los terrenos ocupados en procesos de mejoramiento, como por ejemplo
subdividir las tierras manteniendo en su dominio los lotes subdivididos
ubicados sobre las rutas principales, o muy cercanos a las infraestructuras.
De esta forma el propietario resigna una parte de sus tierras a
cambio de mantener otra más valorizada por los procesos de
urbanización. Srinivas subraya en esto casos el rol de organizaciones
no gubernamentales, y de voluntarios, en ayudar a la movilización,
el entrenamiento y la capacitación de los ocupantes.
Un ejemplo significativo de ocupaciones
de terrenos es el que comenzó en Buenos Aires a partir de
1978. Ese año se sancionó la Ley provincial de Uso
del Suelo, que terminó con los loteos abusivos de los '60
y '70. Pero al ignorar la necesidad de generar condiciones alternativas
adecuadas para el desarrollo de la vivienda popular, se dio
origen a la ocupación de tierras en la periferia metropolitana:
es el fenómeno de los "asentamientos", del cuales el de Solano
es uno de los más antiguos y conocidos. A diferencia de las
"villas miseria", surgidas con el proceso de industrialización
de mitad de siglo XX, estos asentamientos se desarrollan en áreas
periurbanas y no en sectores centrales de la ciudad, y el diseño
inicial lleva en si el germen de la posterior legalización:
tamaños y formas de los lotes, previsión de calles,
etc. Resulta sorprendente la forma en que los grupos ocupantes producen
ciudad en pocas horas a partir de terrenos rurales o abandonados.
Las ocupaciones tienen generalmente apoyo político de estructuras
estatales, paraestatales o partidarias, e incluso algunos mencionan
el apoyo de los propios dueños de los terrenos, que obtendrían
plusvalías por la posterior expropiación de sus terrenos
rurales o periurbanos a precios urbanos.
El fenómeno de la ocupación se acompaña generalmente
con la organización de los ocupantes en organizaciones
de base, e inclusive en federaciones de segundo o tercer grado.
Estos colectivos comparten con los movimientos de inquilinos, y
otras organizaciones sociales, su rechazo a la explotación
de las clases más pobres de la sociedad en las instancias
de consumo de bienes básicos como la vivienda.
Entre otras organizaciones que actúan en el Gran Buenos Aires
está el caso de la Federación
de Tierra y Vivienda, liderada por el dirigente piquetero
Luis D´Elía, que integra la CTA (Central de Trabajadores
Argentinos). Otras organizaciones son impulsadas por movimientos
religiosos u organizaciones internacionales. En la mayoría
de los casos (y a diferencia de las vertientes libertarias que analizaremos
más adelante), los ocupantes de terrenos y edificios tienen
intenciones de legalizar en el corto o mediano plazo su situación.
Incluso hay economistas liberales, como Hernando
De Soto, que ven con buenos
ojos la posibilidad de acceso a la propiedad de estos grupos (ver
número
1 y presentación
del número 7 de café
de las ciudades).
En un texto reciente,
próximo a publicarse ("Mercantilización de los
servicios habitacionales y privatización de la ciudad - Un
cambio histórico en los patrones de expansión residencial
de Buenos Aires a partir de los 90") los especialistas
en vivienda Raúl Fernández Wagner y Omar Varela sostienen
que la regularización dominial constituye "una de las
problemáticas más importantes en torno a la gestión
residencial". En algunas entrevistas que los autores han realizado
se hacen referencias a las dificultades de implementación
de la ley de regularización dominial vigente en la
provincia de Buenos Aires, ya que a muchos hogares les cuesta pagar
el 1% del valor del lote. También "se pueden entrever
otras razones, como la eventual negativa a sumarse al beneficio
de la regularización que les implica a los hogares someterse
a nuevos gastos fijos como impuestos y servicios".
Los autores citan además algunos casos de estafas en la subdivisión
y venta de terrenos periféricos, como el Barrio Máximo,
en el municipio de San Miguel. Allí hay 150 familias, de
las cuales 50 son ocupantes. Pero los que compraron la tierra y
poseen boletos con validez legal, no fueron advertidos al comprar
su lote (15 años atrás) que estaban adquiriendo tierra
en condominio. Esta estafa encubierta consiste en simular la venta
de un lote de 800 metros cuadrados, al que se le han hecho pasillos
y dividido en cuatro lotes menores. "El procedimiento - explican
Fernández Wagner y Varela - era mostrar el lote a la persona,
arreglar el precio y firmar el boleto. La gente no advertía
que firmaba por un 25 %. Los mismos propietarios han hecho otro
tanto en el barrio Don Alfonso, que tiene 22 familias en esta situación,
incluso con algunos lotes sin acceso por pasillos. La repetición
del caso daría el indicio de una acción premeditaba
por parte de los dueños de los terrenos al momento de comercializarlos".
Los titulares de dominio están identificados y el municipio
está tratando de llegar un acuerdo con ellos, tendiendo a
consolidar y subdividir el terreno con 4 familias con el 25 % del
lote para cada una.
Las áreas degradadas del centro
de la ciudad son el escenario de otras formas de ocupación,
en este caso de edificios abandonados, vacíos, deteriorados
o inconclusos.
Estos edificios, desocupados en forma expresa por sus propietarios
(no hablamos de edificios que no se consiguen arrendar o vender,
sino de aquellos que voluntariamente son puestos fuera del mercado,
y corresponden a la definición más clara de especulación
inmobiliaria: la espera de mejores condiciones para la venta
de inmuebles sin mejoras), tienen una doble función en la
mecánica de la renta urbana. Por una parte desvalorizan al
resto del parque construido en su entorno cercano, pero por otro
lado reducen la oferta y así aumentan artificialmente los
precios de la propiedad en general. La ocupación constituiría
así, en la mirada de algunos teóricos, una respuesta
económica que altera esas especulaciones.
En "Okupación y desobediencia
como herramienta de lucha ante los problemas de la vivienda",
un artículo publicado en el periódico radical La
Haine,
Rubén Ibán realiza
un análisis de las condiciones de producción y consumo
de la vivienda en las grandes metrópolis del mundo desarrollado.
Ibán sostiene que aunque en estas existen condiciones para
"construir por encima incluso de la demanda de viviendas, sin
embargo dentro de la lógica capitalista esto no quiere
decir que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna.
En la urbe del capitalismo industrial y post-industrial se dan una
serie de procesos que obran en prejuicio de las clases mas desfavorecidas
para el acceso a la vivienda: desequilibrios entre el poder adquisitivo
medio y el precio de la vivienda, procesos de gentrificación
y procesos de concentración de la población en las
zonas mas favorecidas por el capital y el empleo".
Ibán sostiene que la existencia de casas vacías en
los centros de las ciudades responde a una lógica de la
especulación capitalista, lo cual explica la paradoja
de que la dificultad de acceso a la vivienda coexista con la existencia
generalizada de viviendas desocupadas. "En el caso de España,
por poner solo un ejemplo, desde finales de los años sesenta
los precios del suelo y la vivienda no han parado de multiplicarse
en tres booms sucesivos. Sin embargo en las grandes urbes del Estado
español encontramos enormes parques de viviendas vacías,
viviendas nuevas que tardan años y años en ocuparse,
viviendas antiguas que se abandonan hasta la ruina, solares que
nunca se edifican". Según Ibán, mantener viviendas
vacías permite construir, vender y alquilar más, además
de generar expectativas sobre una suba de los precios del suelo,
a la espera de poder obtener mayores beneficios en un futuro.
oKupación
política
Ibán asocia estos procesos especulativos
a la consiguiente gentrificación de las áreas centrales:
"esto se consigue mediante la declaración de ruina de
viviendas antiguas o de impago de los alquileres, además
de la concentración de la construcción de viviendas
de protección social en determinados puntos de la periferia
de las ciudades. Se consigue así liberar el espacio, demoler
las viviendas antiguas y poder construir otras de mayores dimensiones
y comodidades, que unidas a su posición estratégica
en el centro o áreas cercanas al centro de las ciudades,
se repoblarán con ciudadanos con un mayor poder adquisitivo".
Por otra parte se eliminan viviendas y rentas de las que se podían
extraer escasos beneficios, a la vez que se fomenta la construcción
de nuevas viviendas que, a pesar de ser supuestamente de precios
protegidos por la administración, tendrán unos precios
y unos alquileres muy superiores a las rentas viejas de las casas
de vecinos.

"La ocupación ha sido utilizada
como herramienta para luchar contra estos procesos en numerosas
ocasiones. En primer lugar, ocupando las casas que dejaban vacías
la especulación o desalojos previos, y en segundo lugar rehabilitando
las casas antiguas para evitar su "ruina", principal objetivo
de los propietarios. Esto ha sido evidente en la mayoría
de las experiencias con la ocupación militante en el Estado
español, y con anterioridad ya habían abanderado esta
lucha los okupas de Berlín, con las llamadas "ocupaciones
de mantenimiento". Sin embargo, Ibán considera que
hasta el momento dicha estrategia ha fracasado, con pequeñas
excepciones. "La principal causa es que han sido siempre elementos
externos y no los habitantes tradicionales del barrio los que han
llevado a cabo estas acciones. Además, los okupas no han
conseguido siempre conectar con la gente del barrio y conseguir
su participación en las luchas".
El mismo autor, en otro artículo
(España:
el problema de la vivienda y el papel de la ocupación),
sostiene que este modo político
de "okupación" es específico del occidente desarrollado,
y lo explica por la coincidencia de una industria de la construcción
activa y muy sofisticada, alta rentabilidad de la especulación
inmobiliaria, elevados precios del suelo, y al mismo tiempo problemas
de hacinamiento y tugurización en las grandes ciudades.
La "okupación" política estaría ligada a la
denuncia de estos problemas urbanos. Sostiene que el primer
periodo de ocupación masiva y politizada dentro de un país
capitalista se remonta al Londres de postguerra, en el contexto
de una crisis de vivienda muy grande originada por la destrucción
por los bombardeos. El fenómeno reaparecería entre
los '60 y los '70, protagonizado "por familias de clase obrera,
sobre las que la crisis económica y la posterior reconversión
no tuvo piedad". Este movimiento no tiene objetivos ideológicos
ni testimoniales, sino que busca presionar al gobierno para conseguir
mejoras en los servicios sociales de vivienda, con cierto éxito.
En el mismo período se registran numerosas okupaciones en
Berlín Oeste y en el norte industrial de Italia, donde los
grupos "Potere Operaio" y "Lotta Continua" pregonan
la extensión de la desobediencia obrera desde la fábrica
(la producción) hacia el consumo, en este caso el de la vivienda.
Otro instrumento utilizado fue el de las "auto-reducciones"
en supermercados y medios de transporte: consistía en la
negativa a pagar incrementos de precios y tarifas, practicada de
manera activa.
En la actualidad, según
Ibán, la vivienda "es una trampa muy bien montada, como
cualquier otra mercancía orientada al consumo obrero de masas".
Cita el caso de España, donde en los seis primeros meses
del 2001 el precio de la vivienda creció un 16,6%, un 13%
más que los sueldos de los trabajadores asalariados, mientras
que desde julio del 2001 hasta julio del 2002 subieron un 15%. Esto
implica que las familias de trabajadores tienen que dedicar un
promedio del 47,5% de la renta familiar al pago de su vivienda.
Es la denuncia y la lucha contra esta situación la que Ibán
considera se encuentra en el corazón de las okupaciones,
y esa convicción se expresa en la consigna con que cierra
su nota: "hacer que cada espacio ocupado y autogestionado sea
un cáncer para el mercado".
Algo parecido a lo que sostiene el grupo de okupación Almorranas
Kabreadas. Al comentar la batalla sostenida en pleno centro de Barcelona
durante el desalojo del antiguo cine Princesa, en octubre de 1996,
los AK sostienen que "a la ciudad del diseño y de la
paz social le ha salido una almorrana. Toda la ingenieria del
consenso puesta en marcha ya antes del ´92 para vendernos la
idea de que vivimos en la mejor ciudad del mundo se ha visto confrontada
con un hecho inesperado: en el centro de Carcelona ha existido un
espacio libre". Con un lenguaje de clara inspiración
situacionista, los AK reivindican, "en la Barcelona feliz de
los voluntarios, de los ciudadanos definitivamente felices porque
están muertos, del espectáculo subvencionado permanentemente",
el haber logrado imponer un uso distinto del espacio. Despojado
de sus fines especulativos, el espacio se ocupó para abrirlo
a otras maneras de vivir: "durante horas, Barcelona dejó
de ser el gran supermercado de fachadas rehabilitadas".

César Londoño, en el sitio español Calle
22, ubica el principio del
fenómeno okupa en los tiempos del punk (mediados de los '70),
cuando jóvenes anarquistas y obreros desempleados tomaban
viejas fábricas abandonadas en los suburbios de Londres,
Rotterdam o Frankfurt, "en busca de un espacio en el cual vivir
a su estilo y sin dinero". Londoño recuerda que en aquel
momento España salía del aislamiento franquista y
comenzaba una acelerada modernización. Una de las consecuencias
fue el auge de la especulación inmobiliaria: "las empresas
del sector empezaron a comprar cuanta casa, solar o edificio podían,
no para ser vendido o reformado sino para dejarlo inutilizado tantos
meses o años como fuera necesario, años al cabo de
los cuales los derrumbaban y construían de nuevo, multiplicado
su valor de forma considerable y encareciendo el precio del suelo
hasta limites desmedidos". Se llega así en la actualidad
a más de 250.000 predios abandonados en Madrid y más
de 80.000 en Barcelona. Este sería entonces el origen del
movimiento oKupa español, "desprovisto de estrategia,
de organizaciones estables y de líderes, que funciona de
forma asamblearia y en el que las decisiones son tomadas por el
colectivo, que a su vez se encarga de autogestionar las casas ocupadas".
No se identifican como un grupo homogéneo, sino un colectivo
en el que conviven personas de todas las clases (antimilitaristas,
sindicalistas, grupos de rock, artistas, grupos gay, antifascistas,
etc.)
En Barcelona existían (al momento de escribir Londoño
este artículo, en el año 2000) 68 casas okupadas "por
más de 500 jóvenes que intentan crear conciencia en
la comunidad sobre los peligros del libre comercio o las nuevas
formas de economía y que han sido abanderados en la lucha
por la insumisión al servicio militar".
Livia Gershon, estudiante de artes
en Connecticut, refiere en la revista Adbusters
su visita a los ex okupas del
Fifth Street Squat, en el Lower East Side, Bajo Manhattan. Se trata
de un edificio demolido por el Ayuntamiento pretextando daños
estructurales irreparables con posterioridad a un principio de incendio
(un argumento similar al que se usó en Buenos Aires para
el desalojo del Padelai). Los okupas se trasladaron unas pocas cuadras
al norte, en la calle Novena, al asentamiento conocido como Dos
Blocos, ocupado desde hace más de 10 años. Livia refiere
que aunque la gente más visible del sitio es joven y blanca,
la mayoría de los okupas son familias locales, trabajadores
indocumentados, y gente demasiado pobre como para pagar un alquiler
en Nueva York, muchos de ellos hispanohablantes. Se estima que hay
12 edificios ocupados en el barrio, con un promedio de 30 habitantes
cada uno (muchos de ellos, pasan totalmente inadvertidos en el contexto
urbano, por no presentar el típico activismo y simbología
okupa).
Fifth Steet Squat pertenece al Ayuntamiento, mientras que Dos Blocos
es formalmente propiedad de un banco. Los abogados que asisten a
los okupas sostienen que los propietarios formales han permanecido
demasiado tiempo descuidados de sus posesiones, por lo cual
reclaman la llamada posesión adversa (que corresponde a quien
ha ocupado durante un determinado tiempo un solar sin reclamo por
parte del propietario). Pero el argumento choca con el creciente
interés de los desarrolladores inmobiliarios por el Lower
East Side.
Una de las mayores objeciones de los oponentes al movimiento okupa
de Manhattan es que se trata de chicos blancos de clase media
que juegan a ser pobres y revolucionarios, y ocupan lugares
que el Ayuntamiento podría dedicar a construir edificios
de protección social para familias realmente necesitadas.
Pero los okupas sostienen que esas viviendas, transcurrido un tiempo,
podrían ser vendidas a valores de mercado y así acelerarían
el proceso de gentrificación que ya alteró el anterior
perfil de barrios como West Village y el SoHo: los okupas se ven
a si mismos como un reaseguro contra la especulación inmobiliaria,
al bajar los valores de mercado en el área.
Como forma de congraciarse con sus vecinos, suelen disponer algunos
servicios sociales, en especial jardines sobre lotes abandonados,
puestos a disposición de la comunidad barrial (es algo similar
a lo que en Buenos Aires se realizó con posterioridad a la
crisis de diciembre de 2001: algunas asambleas barriales han realizado
ocupaciones de edificios abandonados, en general bancos o fábricas,
para instalar servicios sociales como guarderías y comedores).
En el caso de Fifth Street, los okupas habían creado uno
de estos jardines, abierto a los niños del barrio, y también
una asociación vecinal, un espacio artístico, un café
libre y una pequeña biblioteca en el salón comunitario
de "su" edificio. Un centro comunitario de características
similares es ABCNoRio, sede de una galería de arte y un comedor
vegetariano donde se difunde ideología pacifista entre los
marginados que vienen a alimentarse. Con la misma intención
de ganar la simpatía del barrio, y evitar los estereotipos
y prejuicios culturales, los okupas neoyorquinos suelen ser muy
rigurosos en rechazar la integración de drogadictos a
sus comunidades.
Estos grupos de ocupación política
en ciudades del mundo desarrollado, como los squatters de
Londres, Rotterdam y Nueva York, o los okupas de Barcelona
y Madrid, suelen integrarse con sectores automarginados, anarquistas
o radicales que cuestionan la esencia misma de la propiedad. Habría
que resistir la tentación romántica de ponerse de
su lado: sería convalidar la idea infantil de que los
cambios sociales se realizan por agregación de aventuras
individuales. En muchos casos, de parte de jóvenes cuyos
padres están en condiciones de sacarlos de sus casas ocupadas
en barrios chics. Santiago Castellà, profesor de la Universidad
Rovira i Virgili de Barcelona, considera que el fenómeno
de la okupación es un acto ilegal, pero que puede ser tolerado,
en un estado de derecho, como una estrategia para la transformación
del marco legal establecido. Para eso supone 3 condiciones:
- Que la propiedad esté efectivamente
abandonada, no utilizada desde mucho tiempo antes por su propietario.
- Reconocer el escándalo que
significa una situación económica y social donde
los jóvenes tienen problemas para acceder a una vivienda,
con lo cual deben vivir con sus padres hasta los 35 años,
hacer el amor en espacios públicos o aparcamientos, y encontrarse
con sus amigos en bares.
- La indignación que supone
ver centenares de propiedades abandonadas, a la espera de su revalorización
o de la recalificación del área.
En este contexto, sostiene Castellà,
los jóvenes que ocupan viviendas que ninguno disfrutaba,
evitan que estas se deterioren, gestionan el espacio y le dan
una utilidad individual y comunitaria. Aunque transgreden las
leyes y se arriesgan a ser desalojados, son parte de lo que algunos
juristas llaman la "sociedad abierta de interpretes constitucionales",
donde los ciudadanos están interpretando constantemente la
Constitución, como norma abierta y dinámica, adaptada
a las exigencias de los distintos tiempos históricos. Se
trataría de una forma de desobediencia civil, un mecanismo
para provocar cambios en las leyes o en su interpretación.
Castellà advierte que en una sociedad democrática
esta desobediencia civil debe ser pacífica y aceptar las
consecuencias que implica el incumplimiento de las leyes. De esta
forma, los okupas serían la punta de lanza de una nueva interpretación
de la Constitución, que pusiera más énfasis
en la función social de la propiedad que en su función
especulativa, y que equipare el derecho a la vivienda con el derecho
a la propiedad. Y entre los avances que esta interpretación
permitiría, se encuentran la penalización impositiva
a los inmuebles desocupados, el aumento de la inversión pública
en vivienda, y la autogestión de los espacios públicos
por los ciudadanos.
Construcciones
no declaradas: la "ecomafia"
Otra forma de clandestinidad es la
de los propietarios que realizan mejoras o construcciones en sus
terrenos, y no la declaran a los Municipios. De esta manera inciden
sobre el cobro de derechos de construcción y tributos territoriales,
pero fundamentalmente sobre las normativas urbanísticas:
la clandestinidad de las construcciones es una forma de eludir
códigos y zonificaciones. Las posteriores moratorias
y condonaciones terminan, en general, premiando a los infractores.
Es un fenómeno típico de países o regiones
donde el Estado es débil o compite con otras formas de
organización social: Latinoamérica o el sur de
Italia, por ejemplo. Esta forma de ilegalidad puede tener distintas
motivaciones: en el peor de los casos, como en el "abusivismo" en
Italia (la denominada ecomafia) se trata de generar rentas extraordinarias
a partir de la realización de obras no permitidas a quienes
actúan legalmente.

Cerca de 30.000 edificios "abusivos"
fueron realizados en Italia durante el 2002, un 9% más respecto
al año anterior. Según el informe Ecomafia
2003, preparado por el grupo
ambientalista "Legambiente", más de la mitad de estás
construcciones ilegales se concentran en Sicilia, Campania, Puglia
y Calabria, regiones en las cuales los abusos representan el 26%
de las obras realizadas durante el año. Estas cifras representan
más de 4 millones de metros cuadrados construidos, con un
valor inmobiliario de alrededor de 2 mil millones de euros.
El procurador general de Sicilia, Francesco Marzachi, se queja de
la escasa cantidad de demoliciones, que se limita a los casos más
grotescos y deja una sensación de anarquía e impunidad
que estimula la clandestinidad. La tolerancia oficial a las
obras clandestinas suele justificarse en cualquier país por
la supuesta condición humilde de los infractores, y por la
preservación del patrimonio social que representan los activos
construidos. Sin embargo, en muchos casos las obras clandestinas
no se realizan para su uso sino para su venta o alquiler, en algunos
casos en situaciones ambientales privilegiadas, como por
ejemplo en la costa siciliana, o en los alrededores de las ruinas
de Pompeya. Una ley de 2001, que regula el reordenamiento de las
playas sicilianas, permite la construcción de nuevas aglomeraciones
turísticas en la franja de 30 metros de la costa, y la incorporación
legal de construcciones abusivas. En febrero de 2002, Massimiliano
Fuksas protestaba en las páginas de l'Espresso por el artículo
71 de la ley financiera, que permite reclamar la compra de una porción
de tierra pública sobre las costas a quien haya construido,
incluso abusivamente, un camino o parque para acceder desde la propiedad
privada a la playa.
Recientemente el Parlamento Italiano
rechazó la pretensión del gobierno de Silvio Berlusconi
de una condonación edilicia con fines recaudatorios
(ver
café de las ciudades numero3),
ante la presión de grupos ambientalistas y la oposición
de los partidos de izquierda. La condonación completaba una
moratoria fiscal recientemente realizada, y representaba el tercer
caso en
pocos años.
El arquitecto y urbanista Pier
Luigi Cervellati ha criticado recientemente la propuesta "creativa"
de Berlusconi para la despenalización de los abusos edilicios,
a cambio de donar un jardín o un lugar para juegos a la comunidad.
"Estas palabras - sostiene Cervellati - son como una invitación
a construir en forma clandestina, a levantar un piso más
que lo permitido si a cambio se ponen unos maceteros con geranios
en las ventanas". Vittorio Sgarbi se refiere a la proliferación
de edificios clandestinos en el Valle de los templos, en Agrigento,
ironizando sobre la vegetación que los cubre para disimularlos,
y sobre la invasión más evidente, un bloque de cuatro
pisos perteneciente, ¡nada menos!, que a la Superintendencia
de Bienes Culturales.
La administración Berlusconi ha manifestado en varias ocasiones
su voluntad de despenalizar la construcción clandestina y
especialmente frenar las demoliciones, lo cual ha hecho retrotraer
los avances que se habían registrado en los años anteriores
(un 15% menos de abusos entre 1998 y 2001, según Legambiente).
Además de las demoliciones, otra estrategia utilizada es
la de la transferencia de los edificios clandestinos al patrimonio
inmobiliario de las comunas, como se ha hecho en el caso de los
parques nacionales.
La espera por la moratoria que pondrá
en igualdad de condiciones a estas obras con las realizadas de manera
legal, termina siendo un premio a los infractores. En algunos
casos, incluso estos tienen más facilidades para realizar
sus trámites que quienes actúan correctamente: en
Buenos Aires, hay municipios que dan facilidades para el pago de
derechos de construcción de obras no declaradas, mientras
que imponen formas de pago muy estrictas a los constructores legales.
Barrios
privatizados a la fuerza en Buenos Aires
Otro fenómeno de ocupación,
muy curioso, se registra en la periferia metropolitana de Buenos
Aires, donde ciertas urbanizaciones comunes, abiertas y tradicionales,
nuevas o existentes, son cerradas en los hechos por los propietarios.
Estos alambran o cercan los límites, y ponen barreras en
las entradas, de manera de privatizar un sector de ciudad.
Las excusas, en la mayoría de los casos, se vinculan a la
seguridad. Algunos municipios toleran estas situaciones, mientras
otros la enfrentan e incluso llegan a peleas políticas y
judiciales.

La gran diferencia con las ocupaciones
de las que hablamos, es que estos vecinos no producen ciudad sino
que la cierran, la apartan del orden de lo público. Ni siquiera
se trata de la expansión metropolitana mediante la urbanización
privada, sino de una privatización clandestina de la ciudad
existente.
Desde hace varios años, la municipalidad
de Malvinas Argentinas tiene un conflicto con los vecinos del tradicional
barrio CUBA (Club Universitario de Buenos Aires). Norberto
Iglesias, Director de Planeamiento de dicho municipio, presenta
el caso como el intento de apropiación de una red de calles
públicas nacidas en la década del ´50, como parte
de una subdivisión de suelo con fines residenciales de un
sector de 40 hectáreas alrededor de un campo deportivo. "Estas
calles - sostiene Iglesias - siempre fueron utilizadas como
públicas y atravesadas por los vecinos de los barrios circundantes,
por lo que nunca lograron obtener el permiso de uso exclusivo de
las mismas a sus residentes. Permiso que sí obtuvieron otros
casos similares como el Olivos Golf Club y el San Carlos Country
(ambos en Malvinas Argentinas) en la década del ´80,
de parte de las autoridades municipales de facto. Solo una ordenanza
extemporánea, ilegal y teñida de corruptela, concedió
el cierre de este sector urbano con muros y el derecho de admisión
en favor de una asociación civil. Esta ordenanza fue denunciada
y luego anulada por el nuevo gobierno de Malvinas Argentinas, el
que después de las debidas actuaciones administrativas derriba
los muros y libera al uso público irrestricto las calles".
Para Iglesias, el caso CUBA devino paradigmático por diversos
motivos: entre ellos, que el sector comprometido se inserta en un
espacio urbano consolidado, y que fue el primer (y casi único)
caso en que el Municipio se opuso de manera contundente a
la privatización de las calles. Según el funcionario,
el conflicto estuvo impulsado por un grupo fuertemente vinculado
al poder económico y mediático de la Argentina, y
en el se dirimen expresamente cuestiones como el significado y dominio
del espacio público, y las competencias del Estado respecto
de la gobernabilidad del territorio. En la actualidad, el conflicto
está en trámite en la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires, aunque recientemente se ha firmado
un acuerdo entre las partes a fin de poner fin al litigio. La base
del acuerdo es el reconocimiento por el municipio de alguna diferenciación
urbanística de este sector, que justificaría ciertas
restricciones a la atravesabilidad, y la aceptación por los
vecinos de la propiedad pública de las calles y de las potestades
del gobierno local, y la renuncia a ejercer el derecho de admisión.
Iglesias considera que los municipios del Gran Buenos Aires no deberían
estimular la localización de urbanizaciones cerradas en sus
territorios: "no solo por razones legales, sino por la futura
sustentabilidad social: la fragmentación y la exclusión
solo agravan el problema de la inseguridad". Para el funcionario,
la sociedad argentina carece de un verdadero pensamiento crítico
sobre el tema. "La seguridad parece justificar todo: son puntuales
los casos en que los vecinos de afuera se ven agraviados por los
cierres. Muchas veces, si son de clase media, sienten resentimiento
porque se quedan afuera. Si son pobres, lo toman como una dificultad
adicional. Por eso lo dirigentes no se ven impelidos a defender
lo público". Iglesias tiene en general una visión
muy crítica sobre las urbanizaciones cerradas, a las que
considera "el símbolo de la claudicación de toda
una clase dirigente: una vez que este establishment (económico,
social y político) tenga su ciudad segura, bella y armoniosa,
¿qué motivo tendrá para ocuparse de la otra
ciudad, las de los excluidos? La solución debe buscarse
por otro lado: producir más y mejor espacio público,
y ofrecer modelos alternativos de urbanizaciones seguras que no
hipotequen el futuro".
En el texto ya mencionado ("Mercantilización
de los servicios habitacionales ...) Fernández Wagner
y Varela consideran que "el poder simbólico de este nuevo
estilo de las elites ejerce un "efecto arrastre" en muchos
barrios de clase media de la región, los cuales comienzan
a gestionar autorizaciones para "cerrarse"". Citan
el ejemplo del Barrio CUBA, pero consideran aun más significativa
una tendencia que comprende barrios recientemente urbanizados, por
lo general con conformaciones sociales más heterogéneas.
Ese es el caso de Yei Porá, un barrio abierto del
norte del municipio de José C. Paz, cuya Sociedad de Fomento
ha presentado hace un año ante las autoridades el proyecto
de cerrar el barrio de 240 manzanas con dos entradas. Los principales
argumentos para esta medida son que "hoy el 70% de los que
circulan por nuestras calles no viven en nuestro barrio, pero con
el cerramiento los arreglos que hagamos no serán para terceros,
ni para camiones (
) mejoraremos sustancialmente la seguridad,
pero lo más importante es que vamos a generar fuentes de
trabajo...".
Algunos vecinos han expresado dudas acerca de la situación
de quienes tienen casas con tenencia precaria, o sobre cómo
harán para acceder a las rutas y avenidas principales los
vecinos del contiguo Barrio Parque Alvear. También dicen
que el 85% de los vecinos firmó el proyecto, "pero ¿qué
sucede con el derecho a una vida comunitaria del 15% restante?".
Fernández Wagner y Varela sostienen que cuestiones como el
derecho a la libre circulación, la vida comunitaria y la
accesibilidad, son componentes esenciales del derecho a la ciudad,
que en Buenos Aires nunca estuvo en cuestión, dado el carácter
abierto del sistema circulatorio y el confinamiento de la propiedad
privada dentro de la manzana. "Lo nuevo - consideran -también
lo constituye el sentido individualista que pasa a primar frente
al sistema de aportes solidarios del sistema abierto. En ello sin
duda es donde opera con mayor fuerza el carácter simbólico
de este tipo de situaciones socio-espaciales. Con estos hechos se
refuerza el proceso de segregación residencial, que contribuye,
con sus barreras espaciales y con el estigma a "los otros",
a la penuria de los más pobres".
Sostienen que los municipios siempre tuvieron problemas en el manejo
de estos procesos de urbanización. Con la aparición
y auge de los "desarrolladores" que operan con altas inversiones
de capital, el peso político y económico alteró
el ciclo lógico que debía seguirse respecto a
las nuevas expansiones residenciales en el suelo urbano. En estas,
los tres pasos característicos de desarrollo son la zonificación,
la dotación de servicios, y la integración del suelo,
tras lo cual se habilita el desarrollo de la parcela. Cuando los
propietarios del suelo y los desarrolladores influyen políticamente
sobre la planificación (o se "anticipan" a ella),
el orden se altera, apareciendo primero la integración del
suelo, luego la dotación de servicios, y por último
la zonificación. Los autores consideran que en el Municipio
de Pilar, "según se desprende de nuestras entrevistas,
el Código de Planeamiento Urbano esta siendo permanentemente
ajustado conforme el desarrollo de nuevas urbanizaciones".
Hay otros conflictos similares, incluso
en otras ciudades de la Argentina. En Marcos Paz, el autodenominado
"Club de Campo El Moro" mantiene un litigio en la justicia, promovido
por uno de sus residentes; en Pilar hay conflictos con el cierre
promovido por el Barrio Robles del Monarca, y hubo un intento resonante
en Pinamar, en el año 2000, para cerrar una urbanización
con un cerco olímpico de 21 kilómetros de extensión.
En la periferia
de Mendoza, una de las ciudades
más ricas del pais, se han presentado también algunos
episodios similares.
Página
12 del 4 de mayo refiere el caso del matrimonio Cingolani, quienes
hace 5 años compraron un terreno en una urbanización
abierta de Pilar, el municipio del noroeste de Buenos Aires que
concentra la mayor cantidad de countries y barrios cerrados. Pero
luego de edificar su casa y comenzar su residencia en el lugar,
el lugar fue alambrado y se transformó en el barrio privado
"Segundas Colinas", creado sobre terreno público
usurpado. El terreno original era una finca rural hasta que su anterior
propietario decidió lotearlo y ponerlo en venta. Y ahora
el mismo propietario es el encargado de cobrar los gastos por
expensas del supuesto barrio privado.
Según la nota, "en el barrio hay unos cien terrenos, de
los cuales algo más de la mitad está vendido: el resto
permanece en manos del dueño original, quien parece ser el
principal beneficiado por el cierre ilegal del barrio, ya que la
cotización de las tierras sube notablemente cuando se trata
de una urbanización cerrada". La privatización
del barrio fue decidida por los vecinos en una serie de reuniones
a las que los Cingolani no asistieron (ellos nunca quisieron vivir
en un barrio cerrado).
Como parte de esta privatización, se instaló una casilla
de vigilancia que controla todas las entradas al barrio. El matrimonio
" rebelde" sufre el acoso de los vigiladores, que exige a sus visitas
toda clase de requisitos, y llegó a impedir la salida de
un familiar porque no tenía un papel firmado por los dueños...
Las normativas edilicias las fija una asociación conformada
por los propietarios
Vicente Basile, director de Planeamiento
de la Municipalidad de Pilar, informa en la misma nota que hay en
ese municipio unas 50 urbanizaciones cerradas con irregularidades,
sobre 148 en total. Según Basile, "un analfabeto pueda
pecar de buena fe, pero es llamativo que una persona que invirtió
180 mil dólares en una casa se dé cuenta cinco años
después de que los papeles no son legales. Lo que sucede
es que compraron cuando el mercado estaba en alza y encontrar un
buen terreno en Pilar era muy difícil, se compraba casi por
teléfono". Según la nota, en esa época
de rápida valorización inmobiliaria no era un buen
negocio detener un proyecto de urbanización hasta contar
con todos los permisos, y por eso se hicieron comunes las gestiones
irregulares, o las privatizaciones de hecho como la de "Segundas
Colinas".
La socióloga Cecilia Arizaga, autora de un estudio sobre
la vida en las urbanizaciones privadas de Buenos Aires en los años
'90, menciona en la misma nota la existencia de mercados clandestinos,
donde se venden vestimentas y calzados piratas. Son los llamados
"bolishoppings", por estar a cargo de migrantes
bolivianos. "Antes los usaban sectores populares de la zona -
sostiene Arizaga -, pero después de la crisis de diciembre
de 2001 esto se populariza y legitima en los sectores medios".
Según Arizaga, "hay una idea constante de transgredir
lo público, pero esto debe leerse como algo que está
dentro de la conciencia. ¿Por qué tengo que pagar alumbrado,
barrido y limpieza cuando en realidad lo estamos pagando internamente,
por qué pagar impuestos por seguridad si la pagamos internamente?".
El fenómeno de clandestinidad
es frecuente en estos barrios y country clubs. Al respecto es sintomática
la elevada cantidad de construcciones no declaradas en country
clubs y barrios cerrados. Los problemas y vacíos legales
aparecen incluso en barrios con tramites realizados y aprobados
por el Municipio y la Provincia. Marcelo Robutti, arquitecto y urbanista,
ha estudiado la compleja situación legal de los "barrios
cerrados" de la periferia de Buenos Aires, que por estar en zonas
urbanizables no pueden definirse como "clubes de campo", y que en
muchos casos no pueden cumplir con las condiciones mínimas
de subdivisión (superficies, frentes, etc.) que establece
la Ley de Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires. Frente
a esta carencia se han ensayado distintas soluciones, siendo la
más habitual la inscripción de estos barrios dentro
del régimen de Propiedad Horizontal, lo que establece el
contrasentido de catalogar a las calles y plazas de esas urbanizaciones
como si fueran pasillos, circulaciones y patios de un edificio de
departamentos.
Ante esta ambigüedad normativa, Robutti sostiene que "en
las "urbanizaciones cerradas" no estamos frente al caso de una ciudad
clandestina, en el sentido de que no cumpla con la ley, sino frente
a un caso en el que no hay ley para cumplir. La legislación
en materia urbana en el Area Metropolitana de Buenos Aires, la que
deviene del Código Civil, la Ley de Propiedad Horizontal,
la Ley de Uso del Suelo, los Códigos de planeamiento y ordenamiento
urbano, etc., es bastante sólida cuando se trata de la "ciudad
tradicional", aún las áreas periurbanas. En el caso
de las urbanizaciones cerradas nos encontramos con un objeto urbano
que no encaja bien en ninguna de las normativas vigentes, tanto
en el derecho privado (situaciones de dominio) como en el público
(normativa urbanística)".
En los barrios cerrados y clubes de campo no está definido
quién es el garante del orden público y el bien común
en los nuevos espacios, "semiprivados - semipúblicos".
Según Robutti, de momento es un acuerdo de voluntades
entre los habitantes de la urbanización el que cubre los
vacíos legales y deficiencias de la ley. Sobre los reglamentos
escritos se monta un pacto de convivencia no escrito aceptado por
todos para evitar el fracaso de la nueva unidad urbana y social.
Pero en el momento en que haya que remitirse a la letra de la ley,
es probable que se pongan en evidencia las falencias del sistema,
y que los administradores de justicia queden en situaciones comprometidas
o poco claras. Señala como ejemplo los casos de vandalismo
adolescente que están apareciendo en algunas urbanizaciones.
Otro problema, en este caso de responsabilidad
profesional, aparece con la pretensión de algunas urbanizaciones
de realizar todas las presentaciones municipales de proyectos con
un único arquitecto, que no es el autor de las obras sino
un gestor que salva la apariencia de "propiedad horizontal ". En
este recurso se pierden la autoría y las responsabilidades
profesionales de los verdaderos autores de los proyectos y obras.
Clandestinidad:
distorsiones e inadecuación
Más allá de su común
clandestinidad, son bien distintas las consecuencias de cada
una de estas actitudes.
- Las ocupaciones de terrenos producen
y expanden (quizás dispersan) la ciudad.
- Las ocupaciones de edificios alteran
los mercados de vivienda y dilatan o postergan procesos de gentrificación
urbana.
- Las construcciones clandestinas
distorsionan y alteran las normativas urbanas, la igualdad
ante la ley y las contribuciones territoriales.
- Y las privatizaciones forzadas niegan
directamente la diversidad urbana y el espacio público.
En general, cuando las operaciones
clandestinas adquieren entidad, por su diversidad o cantidad, están
expresando algún tipo de inadecuación en la
ciudad: de expectativas, de rentas, de normas. Alguna vez le escuche
decir a un funcionario, y me pareció atinado, que si algunas
construcciones no cumplen con una normativa, están mal las
construcciones, pero si la mayoría de las construcciones
no cumplen... debe estar mal la normativa.
Una sabia práctica en la gestión urbana será
la de discernir, en cada caso, cual es la distorsión
que la clandestinidad está revelando o encubriendo. Y especialmente,
quienes son los beneficiarios y perjudicados por las situaciones
clandestinas.
Discernir por ejemplo si las operaciones clandestinas generan
rentas extraordinarias a los propietarios del suelo, o si constituyen
una forma de resolver inequidades o carencias del mercado
inmobiliario. Si constituyen una agresión al ambiente o si
es posible mitigar o modificar su eventual impacto negativo. Si
expresan necesidades reales de adecuación del territorio
a la sociedad, o picardías individuales de mayor o
menor gravedad ambiental.
En definitiva, la situación
de clandestinidad no es solo un problema legal, sino que implica
una concepción política y técnica sobre
el espacio público, sobre el derecho a la ciudad,
sobre los límites del derecho de propiedad, sobre la inclusión
y la marginalidad en las ciudades.
MC
Una inquietante guía
para okupas en Gran Bretaña,
en la página del ASS (iniciales de Advisory Service for Squatters...).
Sobre las oKupaciones
en Madrid y Barcelona, ver el número 5 de la revista Espai
de llibertat, de la Fundació
Francesc Ferrer i Guàrdia y el sitio del Consejo
de la Juventud de Barcelona.
presentación
comienzo
de la nota
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