Hacia ciudades sostenibles, ¿cuestión de fe?

Un debate en términos de derechos.

Desde que el Informe Brundtland acuñara la noción actual de “desarrollo sostenible” en 1987, las agendas globales auspiciadas por las Naciones Unidas han hecho uso de este concepto hasta convertirse en uno de los lugares comunes más recurrentes de la política internacional. ¿Hasta qué punto se ha convertido en un dogma?

Poco después, la llamada Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro, 1992) adoptaría un plan de acción, la Agenda 21, dirigido a avanzar hacia dicho “desarrollo sostenible”, dando inicio a un proceso de casi tres décadas de inflación semántica que ha culminado con la adopción en 2015 del nuevo mantra del siglo XXI: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Tal es la interpretación expansiva que se ha hecho del desarrollo sostenible que, en la actualidad, parece ser aplicable a prácticamente cualquier desafío del mundo globalizado de hoy. Incluyendo, por supuesto, los relacionados con las ciudades.

Así se puso de manifiesto en 1996, cuando el segundo gran encuentro mundial organizado por las Naciones Unidas sobre cuestiones urbanas  pasó de girar en torno a los principales retos de los “asentamientos humanos” en sentido amplio (Habitat I) a tratar más específicamente sobre “vivienda y desarrollo urbano sostenible” (Habitat II). La diferencia no es meramente terminológica, sino que responde más bien a una estrategia política de situar lo urbano dentro del marco del crecimiento.

¿Por qué? La noción de desarrollo sostenible fue acuñada a finales de los años ochenta en un momento de conservadurismo político (los gobiernos de Thatcher y Reagan dominaban la política internacional). Este contexto impregnó el Informe Brundtland con ideales basados en el crecimiento económico (por más aditivos eco-friendly y equitativos que se le quieran añadir), que siguen primando a día de hoy. El ODS 8 es especialmente elocuente en este sentido cuando establece, como meta para alcanzar el deseado desarrollo sostenible, la necesidad de “promover  el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo digno y productivo y el trabajo decente para todos”.

Así, pues, detrás del concepto del “desarrollo sostenible” se esconde la difícil ecuación entre crecimiento económico, mejora de la calidad de vida y protección del medio ambiente. Sin embargo, ya desde los años noventa este horizonte ha sido ampliamente cuestionado por científicos y ecologistas: no es posible desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente porque, a mayor producción y consumo, mayor gasto energético y emisiones en la atmósfera.

El desarrollo sostenible es, por consiguiente, un objetivo difícilmente realista en el actual contexto de agotamiento del planeta. ¿Se ha convertido, acaso, en una cuestión de fe? ¿Cómo se explica, sino, la preeminencia acrítica que ha adquirido este principio en las últimas décadas? Ecologistas y expertos en la materia lo tienen claro: su amplia aceptación tiene que ver con su grado de complicidad con el sistema económico actual, un modelo basado en el crecimiento como elemento indispensable. Y es aquí es donde la entrada de las ciudades resulta tan estratégica.

El crecimiento urbano constituye actualmente una de las condiciones de expansión más importantes de la maquinaria capitalista. Crecimiento que puede traducirse de formas diversas: construcción de infraestructuras urbanas y viviendas (urbanización nueva), reurbanización de determinadas áreas degradadas, promoción del turismo urbano de masas, de un estilo de vida basado en el consumo o mercantilización de los bienes materiales de las ciudades, entre otros.

En el momento histórico en que tiene lugar Habitat II (después del despliegue de los acuerdos derivados del Consenso de Washington), este rol funcional de las ciudades respecto al sistema económico adquiere una renovada importancia como consecuencia del repliegue del Estado del Bienestar después de décadas de políticas sociales. El vacío del Estado pasa, entonces, a ser ocupado por el mercado como proveedor de vivienda y de servicios urbanos. Y ello tiene como consecuencia un mayor interés económico por las ciudades. O, mejor dicho, por el desarrollo urbano como importante fuente de lucro.

Más allá de las críticas medioambientales y de corte económico que pueden aducirse, es importante destacar otra cuestión clave: situar los términos del debate urbano dentro del marco del “desarrollo urbano sostenible” significa entender la urbanización del planeta como un fenómeno inexorable frente al cual la única respuesta realista consiste en tratar que sea sostenible.

¿Queremos más ciudades (aunque sean sostenibles) o garantizar que, en las que ya existen, se goza de buena calidad de vida? ¿Queremos las ciudades aun más extensas (megapolización) o que las ciudades intermedias, pequeñas o la vida en el campo aseguren los medios y oportunidades necesarios para el desarrollo de una vida digna?

La sostenibilidad urbana no pasa por el crecimiento o el incremento de la urbanización, sino más bien por avanzar hacia una transición ecológica, garantizar que el agua y la energía sean gestionadas como bienes comunes, promover un estilo de vida que no esté basado en el consumo y la acumulación, y tejer vínculos solidarios e inclusivos con el campo, entre otros.

Todas estas cuestiones son fundamentales. Pero es necesario ir más allá: el debate sobre lo urbano no puede empezar y terminar en la sostenibilidad. Debe formularse también en términos de equidad y justicia social, de calidad democrática, de reconocimiento y valorización de las diferencias, de acceso a una vivienda digna, así como a la sanidad, a la educación y a la cultura. Y este es un debate que no se formula en términos de sostenibilidad, sino en términos de derechos.

Múltiples actores de la sociedad civil, de la academia, de sectores profesionales e, incluso, de instituciones gubernamentales lo llevan reivindicando desde hace 50 años bajo la bandera del derecho a la ciudad. Esta alianza devino especialmente visible durante el proceso de elaboración de la Nueva Agenda Urbana (NAU) adoptada en Habitat III en 2016. A través de una intensa labor de incidencia política, esto grupo de actores consiguió que la NAU incluyera una referencia al derecho a la ciudad. Pero el texto (como había sucedido poco antes con los ODS) está fuertemente influenciado por la idea de crecimiento.

Se necesitan, por consiguiente, más esfuerzos en este campo. Porque, a no ser que consigamos transgredir el paradigma del crecimiento, el camino hacia unas ciudades sostenibles difícilmente dejará de ser una mera cuestión de fe.

EGC

La autora es Investigadora Sénior y coordinadora científica del programa Ciudades Globales del CIDOB. Es Doctora en Poscolonialismos y Ciudadanía Global por la Universidad de Coímbra (Portugal). Tiene un Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política por la Universidad de Barcelona (2010) y un Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización por el European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (2005), que realizó en Italia y Dinamarca. Es Licenciada en Derecho por la UB (2004). 

Sobre el tema, ver también la nota Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. Demandas de operatividad sobre un concepto ambiguo, por José Manuel Naredo en nuestro número 51.

 

 

 

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