“...Terquedades será una tribuna de doctrina” (C. Ricot) 

los muchachos a los que me refiero no son refinados, pero sacuden las montañas cuando bailan
e.m.cummings.

 

Creo que la época en que estamos viviendo (medida en meses o a lo sumo en unos pocos años) quedará en la historia como aquella en que los vecinos de Buenos Aires se introdujeron definitivamente como actores en la agenda de la Ciudad (es probable que también pase algo parecido en muchas otras ciudades argentinas y del exterior).

Se que esta afirmación me pone al borde de una falacia muy común: la de considerar la propia época como un tiempo de “bisagra” histórica, simplemente por tener la suerte o la desgracia de vivir en ella y por la distorsión que comprensiblemente ocasiona la vivacidad del presente frente a la abstracción de épocas pasadas que no hemos vivido o que, habiendo vivido, idealizamos para bien o para mal. Pero existen datos ciertamente objetivos que me permiten alegar la pertinencia de mi observación.

Considérense, por ejemplo, acontecimientos como el freno a la construcción de obras admitidas en la normativa urbanística pero rechazadas por “los vecinos” (volveré luego sobre estas comillas…) del barrio en el cual se pretenden construir. Por vía judicial, legislativa o administrativa (por ejemplo, los decretos 1929/06 o 220/07 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), estas obras han sido paralizadas u obstruidas aun considerando la existencia de derechos que claramente amparan a sus desarrolladores. ¿Era esta situación imaginable algunos años atrás? Antes los vecinos protestaban por excepciones al Código de Planeamiento Urbano; hoy protestan por obras que el propio Código permite, y aun así son escuchados y complacidos por los jueces o por los gobernantes.

Considérese también el espacio dedicado en los medios de comunicación a las protestas vecinales por tal o cual obra, proyecto o normativa. O la importancia de los movimientos vecinales en la consideración de las políticas patrimoniales o en el rechazo a la localización de emprendimientos de dudoso impacto ambiental en determinadas áreas del territorio.

Movimientos vecinales, por supuesto, ha habido siempre (solo hace falta leer Fuenteovejuna para verificarlo…), pero aquí hablo de una fase novedosa. No se trata de movimientos que se queden en el reclamo, la protesta o que, en caso de disponer de la suficiente capacidad de presión o de lobby, obtengan reivindicaciones satisfactorias a sus inquietudes y con eso den por terminada su actuación. Estos movimientos argumentan con referencias disciplinarias y académicas, se instruyen sobre las argucias del derecho y las utilizan para judicializar sus reclamos, sacan de quicio a los “técnicos” (también volveré sobre estas comillas…) y se han ganado, al menos en Buenos Aires, un rol insoslayable en la definición de las políticas urbanas… o en su indefinición.

La explicación de este nuevo rol de los movimientos vecinales no puede reducirse a unos pocos factores. Por el contrario, involucra una multiplicidad de circunstancias; algunas, producto de tendencias globales que encuentran su replica local, otras, específicas de nuestro contexto. Podemos interpretar esta situación como una ampliación del campo de ejercicio de la ciudadanía, producto de la trabajosa consolidación democrática argentina o incluso de la vocación de autogobierno ciudadano que mal o bien afloró en la crisis del 2001 con el “que se vayan todos”. Podemos también considerarlo como resultado de la autonomía porteña o como respuesta emergente a los desatinos urbanos que asolaron Buenos Aires desde las operaciones de  Cacciatore a las del Concejo Deliberante, como expresión de crisis de liderazgo político (exacerbada en la Ciudad con las contradicciones y falencias del “progresismo berreta”) o, en cambio, como ejercicio de derechos constitucionales incorporados en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y en la Constitución autonómica de 1996, en particular los que garantizan los derechos a un medio ambiente saludable y los que establecen mecanismos de participación ciudadana.

Podemos verlos también como consecuencia de la explosión informativa y comunicacional que permiten las nuevas tecnologías y la profusión mediática. No es solo que con Internet cualquier vecino puede armar en pocas horas una cadena informativa y dar la vuelta al mundo informando del problema de su esquina, sino que los medios corporativos necesitan, por un lado, noticias para llenar las pantallas de los canales informativos las 24 horas del día y, por otro, dar demostraciones de tener alguna vinculación concreta con sus consumidores. La Nación, por ejemplo, ha incorporado a su versión digital un servicio de “corresponsales” espontáneos, que informan básicamente sobre estos conflictos barriales. En ocasión de los conflictos por “las torres”, Eduardo Reese señalaba la existencia de un cierto “efecto TN”, en alusión al canal Todo Noticias, cuya cobertura del conflicto llevaba a todos los rincones de la Argentina el debate urbanístico de Caballito o Villa Urquiza (por cierto, esta amplitud periodística se reduce notablemente cuando se trata de discutir cuestiones urbanas en las que el interés corporativo no coincide con el de la ciudad, como puede verse por ejemplo cuando los grandes medios pasan por alto la invasión del espacio público por el tendido aéreo de los cables de las compañías de televisión paga, la salvaje agresión publicitaria al paisaje urbano o las deficiencias del servicio ferroviario metropolitano, a cuyos concesionarios están asociados para la difusión masiva de sus medios gratuitos).

Hay que considerar también la emergencia de líderes y dirigentes cuyo discurso barrial se entronca con la idea de posicionarse políticamente a partir de las elecciones que en algún momento deberán realizarse para las Comunas porteñas (una estrategia electoral tan legítima como cualquier otra). Y no puede ignorarse tampoco el efecto del boom constructivo e inmobiliario comenzado en 2003 y 2004, que puso en evidencia las fallas del Código de Planeamiento Urbano y la carencia de una adecuada planificación urbana en la Ciudad. Sobre todo, cuando en la génesis de los conflictos alrededor de determinados distritos de zonificación de dicho Código pueden encontrarse las modificaciones realizadas en las épocas de recesión, que pretendieron justamente estimular la actividad de los sectores inmobiliario y de la construcción con aumentos genéricos de capacidad constructiva.

La comprobación del poder creciente de estos movimientos vecinales puede derivar en alguna lectura ingenua, que simplemente lo tome como resultado de un saludable proceso de participación ciudadana, con efectos positivos para la calidad institucional. Sin embargo, este nuevo rol vecinal y el cambio que implica en la correlación de fuerzas políticas de la Ciudad presentan algunos puntos más oscuros.

Por un lado, la comprobación de que los movimientos vecinales no constituyen un bloque homogéneo sino que más bien se caracterizan por su diversidad, a veces estimulante, a veces contradictoria. Participan de estos movimientos colectivos tan heterogéneos como los “sobrevivientes” del asambleismo libertario del 2001, sectores de clase media acomodada o directamente ABC1, vecinos fomentistas, punteros o dirigentes políticos de tercera línea, ambientalistas, patrimonialistas o simplemente individuos que defienden exclusivamente el valor de uso o de cambio del inmueble en el que viven.

Esta heterogeneidad no es en si cuestionable y hasta puede ser considerada una riqueza del movimiento vecinal… salvo por la abundancia de casos en los que se advierte la actitud egoísta y hasta reaccionaria de algunos de los colectivos o individuos involucrados. Esta actitud va desde la mera militancia NIMBY de algunos barrios (cuando por ejemplo se cuestiona la presencia de cartoneros en las calles, la realización de centros de reciclado de residuos o la construcción de cruces viales bajo trazados ferroviarios) hasta tendencias directamente elitistas (la negativa a la construcción, real o supuesta, de viviendas de interés social) o racistas (alegatos contra la localización de comerciantes chinos y sus familias en el Bajo Belgrano, o contra la comunidad boliviana en Liniers). En las Audiencias Públicas que se realizan en la Legislatura porteña en ocasión de la sanción de determinadas leyes, suelen abundar contra-ejemplos de lo que podría entenderse por una “sana participación ciudadana”: uso emocional y manipulador del lenguaje, acusaciones sin fundamento, descalificaciones al que piensa distinto, etc. Hasta puede identificarse una entonación y una fraseología propias del “vecino indignado”, un metalenguaje que identifica a los colectivos urbanos disidentes.

Por supuesto que “el vecino”, como tal, no tiene obligación de elaborar un pensamiento integral de la ciudad ni de intentar una mediación entre intereses particulares, intereses comunitarios restringidos y esa cosa tan escurridiza que algunos seguimos llamando “bien común”, aunque sepamos lo resbaloso del terreno que pisamos… La mediación y la visión general son tareas de la administración, de los estamentos profesionales (públicos o privados) y, mal que les pese, de los medios de comunicación. Pero cuando faltan esta mediación y esta visión general, el mero abandono del discurso urbano a “lo que piden los vecinos” puede tener efectos devastadores.

Se ha señalado que la categoría de “vecino’ es en realidad pre-política y encubre un reduccionismo de las cuestiones urbanas, y que como tal  favorece la fragmentación y el egoísmo. El aislamiento y la insolidaridad de las reivindicaciones vecinales pueden generar un archipiélago de conflictos sin referencia general, y reforzar las tendencias fragmentarias de la urbanización contemporánea. Por ejemplo, a través de la consolidación de ghettos monofuncionales y sociales, la profundización de privilegios a partir de las mayores capacidades de lobby de los sectores sociales más altos y con mejor acceso al poder político y a los medios, y el consiguiente traslado de las externalidades urbanas a áreas de menor visibilidad territorial, política y mediática, acentuando en el espacio las inequidades de la sociedad.

Cuando el “vecino” puede trascender la lógica individual para aceptar su pertenencia a estructuras territoriales, sociales y culturales más amplias, es además de vecino, ciudadano. Pero aunque esta transformación es deseable, no se trata solamente de trasladar a los movimientos vecinales la responsabilidad de una visión integral y solidaria, sino de que esta sea asumida por la política, la intelligentzia e incluso por los medios de comunicación. Esta es la mejor garantía para que las tendencias más cuestionables de los movimientos vecinales puedan ser contrarrestadas. Esto implica estructuras políticas (en el gobierno o en la oposición, electivas o designadas) con proyecto para el territorio y con cuadros para ejecutarlo, dispuestas a escuchar al vecino y ciudadano (sea cual sea su nivel económico o su encuadre político) para respetarlo y considerarlo, no para adularlo, para hacerle creer que se interesan en su problema, o para acceder automáticamente a sus requerimientos si se trata de vecinos con poder o capacidad de lobby. También implica cuadros técnicos y profesionales con humildad y con visión global, conscientes de que la solución de un problema no pasa solamente por la adecuación a un esquema teórico sino por la satisfacción de necesidades y deseos de las personas que usarán o habitarán un área de intervención. Profesionales, por tanto, en los que el rol de “técnicos” no defina una pretendida asepsia con respecto a lo político, sino por el contrario un modo de abordar lo político implícito en las cuestiones urbanas desde el rigor y la precisión disciplinarios.

En nuestra opinión, esta incorporación de los vecinos a la agenda de la política urbana llegó para quedarse. Y aun con las observaciones que hemos formulado, las consecuencias de este proceso deben ser consideradas como positivas. La participación ciudadana es una garantía de control y de pluralidad de opiniones frente a las arbitrariedades y negligencias de gobernantes y funcionarios, los intereses empresariales y rentísticos, y el autismo de los técnicos y profesionales.

MLT

 

Sobre el Código de Planeamiento Urbano y el proyecto de Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires, ver también en café de las ciudades:

Número 66 I Planes y Política de las Ciudades (I)
Aprobar y mejorar el PUA I Presentación en la Audiencia Pública del Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires I Marcelo Corti

 Número 62 I Planes y Política de las ciudades
Normativa urbanística: la articulación entre planeamiento, participación y gestión I Sobre los conflictos alrededor del Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires I Marcelo Corti

Número 59 I Planes de las ciudades
Preservar la ciudad, preservar el producto I Sobre la Reforma del Código Urbano de Rosario I Roberto Monteverde

Número 47 I Planes de las ciudades
Cómo cambiar de una vez por todas el ya agotado (y además confuso) Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires I Apuntes para una normativa urbana (III). I Mario L. Tercco

 

Sobre movimientos vecinales, ver también en café de las ciudades:

Número 63 I Política de las ciudades
Gente de Nou Barris I La transformación de la periferia en la Barcelona post-franquista I Marcelo Corti

 

Y sobre el rol de los movimientos vecinales en la preservación patrimonial:

Número 66 I Cultura y Política de las ciudades
Las movilizaciones ciudadanas en Salta y Tucumán I El Norte argentino en defensa de su patrimonio urbano arquitectónico I Marcelo Corti