Los egresados
del Programa, dispondrán de un andamiaje teórico-práctico
que les posibilitará comprender, planificar y ejecutar
acciones especialmente en el campo operativo, y en el
desarrollo de problemáticas integrales relacionadas con
el Hábitat de la Pobreza Urbana. El conjunto de capacidades
es el demandado por Instituciones en los rangos Nacional,
Provincial y Municipal, Organismos Internacionales, ONG´s
y Organizaciones Sociales, en relación a la elaboración
de diagnósticos, diseño operativo, seguimiento, evaluación
y formulación de políticas y programas, y ejecución de
acciones vinculadas con la Pobreza Urbana. Se enfatizará
en la capacitación, en el desarrollo de habilidades para
el trabajo en equipos multidisciplinarios, a fin de que
los alumnos se familiaricen al comienzo y posteriormente
adopten metodologías participativas que incorporen el
conocimiento práctico constituyéndose en agentes del desarrollo.
Dirige el
Postgrado el Arq. Carlos A. Pisoni y es Coordinadora Académica
la Arq. Mabel Modanesi. Integran el Cuerpo Docente, entre
otros, Marta Aguilar, Nora Clichevsky, María C. Cravino,
Alberto Farías, Javier Fernandez Castro, Raúl Fernandez
Wagner, Jorge Jáuregui, Mabel Modanesi, Luciano
Pugliese y Gustavo Riofrío. El Programa representa un
total de 135 horas de cursada presencial, complementado
con actividades a distancia tutoradas sumando un total
de 180 horas específicas. Más información: posgrado@fadu.uba.ar, info@habitatypobreza.com.ar y
en el Programa
adjunto.
Maestría
en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad y
Beca Francisco Bullrich, en la Di Tella:
En la Universidad Torcuato Di Tella se dicta la Maestría
en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad
(MHCAC), que tiene el propósito de brindar una formación
de postgrado apta para el análisis y comprensión de las
expresiones físicas y visuales del mundo urbano, a partir
del manejo de la metodología histórica y de los estudios
culturales. La ciudad constituye un testimonio único de
la sociedad presente y pasada, testimonio que es colectivo
en su unidad y a la vez expresión de las innumerables
individualidades que lo constituyen a lo largo de los
tiempos. En la forma de sus espacios abiertos y de sus
edificios, en ciudad quedan impresos los logros técnicos,
las formas de habitar, las relaciones entre sus habitantes,
las estructuras y proyectos de los poderes, las creencias,
las utopías.
La propuesta de esta Maestría se inserta en una larga
tradición en estudios históricos y urbanos de la Universidad
Torcuato Di Tella, de la que forma parte en los inicios
el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) integrante
del Instituto Torcuato Di Tella; y en la actualidad, la
Maestría y el Doctorado en Historia, y la Maestría en
Economía Urbana que guardan una estrecha vinculación con
la MHCAC.
Por otra parte, la Escuela de Arquitectura y Estudios
Urbanos de la Universidad desarrolla desde 1997 un conjunto
de acciones no curriculares en el ámbito de los estudios
de historia y cultura de la arquitectura y la ciudad,
una manifestación especialmente destacable de ello es
la publicación de “Block. Revista de cultura de la Arquitectura,
la Ciudad y el Territorio”. Esto constituye el fundamento
de una estructura formal como la propuesta en la MHCAC.
Es Directora de la Maestría la Dra. Arqta. Claudia Shmidt.
Diplomatura
en Responsabilidad Social, curso virtual: Se
abre la primera carrera de Diplomatura en Responsabilidad
Social gracias a un convenio firmado entre la Universidad
de San Pablo - T, CEIDeS, la Asociación de Becarios de
la Fundación Carolina y la Fundación Carolina de Argentina.
El programa tendrá una duración de cuatro meses y se ofrecerá
a través de la modalidad distancia (campus virtual con
tutorías).
Los
contenidos son:
• Desarrollo
histórico del concepto de Responsabilidad Social.
• Tipos
de Responsabilidad Social (Empresarial, Gubernamental,
Universitaria, etc.).
• Responsabilidad Social Empresaria: líneas estratégicas
actuales y puesta en práctica.
• Herramientas de reporte de RSE: GRI, ETHOS, Global Compact.
• Normas AA1000, ISO 26000, Principios de John Ruggie
sobre Empresas y DDHH, Principios de Ecuador para bancos
privados.
• Cómo construir un área y desarrollar una estrategia
de RSE.
• Planificación, ejecución y comunicación de acciones
de Responsabilidad Social.
Más información: info@ceides.org.ar o
en CEIDeS.
Maestría
en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial: La
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires dará inicio en 2012 a la Maestría
en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial,
destinada
a historiadores del arte, arquitectos, restauradore, educadores
y funcionarios del área cultural que pretendan contar
con herramientas para la investigación y la acción referidas
al estudio, la difusión, la gestión y preservación del
rico acervo artístico colonial sudamericano.
Desarrollo
local
y
estrategias
de intervención en las ciudades, en
la FADU: La FADU UBA anuncia
un nuevo
programa de actualización sobre Desarrollo local y estrategias de intervención en las ciudades
en Latinoamérica, con la Dirección Académica de Olga Wainstein-Krasuk.
Los aspirantes deberán ser graduados universitarios de
carreras con una duración mínima de cuatro años, provenientes
de universidades nacionales o extranjeras con títulos
relacionados a las siguientes disciplinas: Arquitectura,
Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Geografía
, Economía, Urbanismo, Planificación , Medio Ambiente
u otras cuya formación consideren relacionadas a la temática
a desarrollar. Se encuentra dirigido a quienes se desempeñan
en la función pública o aspiren a hacerlo en el ámbito
urbano (local, provincial o nacional); miembros de las
organizaciones de la sociedad civil, consultores del sector
privado, que requieran adquirir conocimientos específicos
sobre la gestión de las ciudades, profesionales, docentes
, investigadores , que se desempeñen o que requieran desarrollar
sus conocimientos en temas de Planificación , Desarrollo
Local y Gestión Urbana Integrada de la Ciudad. El
23 de marzo se realizarà una charla informativa, el inicio
del Programa está previsto para el
30
de marzo de 2012,
con clases presenciales los
viernes
de 18.00. a 22.00 hs. y los
sábados de 9.00 a 13.00 hs.Duración del Programa:
5 meses. Carga horaria máxima: 148 horas.Total máximo
de créditos: 9,25 créditos. Hacia la finalización del
Programa, se llevará a cabo un Seminario Abierto con invitados
especiales para reflexionar sobre las ciudades inclusivas
en el contexto latinoamericano. Inscripción:
Secretaría de Posgrado, Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo – UBA. Consultas:comunicacionposgrado@fadu.uba.ar
Exposiciones
y muestras
Exposición
CON o SIN TECHO, en Madrid: Del
26 de enero al 8 de abril de 2012, la exposición CON o SIN
TECHO muestra los principales métodos e instrumentos que
se están aplicando para la mejora de la ciudad informal
y del hábitat rural en América Latina.Organiza la FIU,
federación Iberoamericana de Urbanistas, en la sala José
Luis Sert, Arquería Nuevos Ministerios, Paseo de la Castellana,
67. Madrid. Más información, en el Programa.
El
espejo invertido, en el Guggenheim Bilbao:
Del
31 de enero al 2 de septiembre de 2012, el Museo
Guggenheim Bilbao acogerá
El espejo invertido: arte de las colecciones
de la Fundación "la Caixa" y del MACBA, una
magnífica selección de obras, provenientes de dos destacadas
colecciones de arte contemporáneo, pertenecientes a los
movimientos y corrientes artísticas más significativos
desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad
como Dau al Set, el grupo El Paso, la Escuela de Vancouver
o la Escuela de Düsseldorf. Comisariada por Álvaro Rodríguez
Fominaya, Conservador del Solomon R. Guggenheim Museum
de Nueva York, la muestra incluye 93 fotografías, pinturas,
publicaciones, esculturas, instalaciones y vídeos de 52
reconocidos artistas como Antoni Tàpies, Sigmar Polke,
Julian Schnabel, Jeff Wall, Martha Rosler, Michelangelo
Pistolletto, Thomas Ruff, Gillian Wearing, Bruce Nauman,
Andreas Gursky, Martín Chirino y Antonio Saura, entre
otros.
La
muestra se vertebra en torno a los puntos de encuentro
y divergencia existentes entre los fondos de la Fundación
"la Caixa" y el MACBA, y pone de manifiesto
aquellos movimientos artísticos que cuentan con una presencia
destacada en ambas colecciones como el inicio del informalismo
en España o el asentamiento de la objetividad como corriente
en la fotografía contemporánea. El título de la exposición
deriva de la obra de Michelangelo Pistoletto La arquitectura
del espejo, que se incluye en la muestra. La imagen del
espejo es una metáfora de los procesos de acumulación,
transferencia e interferencia que son parte fundamental
del nacimiento y desarrollo de toda colección de arte.
En relación con su título, la muestra pone en valor dos
colecciones de arte contemporáneo, ubicadas en Barcelona,
muy relevantes en Europa, y que se presentan por primera
vez, de manera conjunta, fuera de sus respectivas sedes,
tras un acuerdo de colaboración firmado en el año 2010.
Mapa radical de los bicentenarios: André Mesquita y Paulina Varas, con la colaboración gráfica de José
Llano, crearon en noviembre de 2010 en el espacio Traficantes
de Sueños, Madrid, el Mapa
radical de los bicentenarios. Artistas, investigadores, docentes y activistas participaron
de la construcción del mapa. El taller fue parte de las
actividades del encuentro Memorias Disruptivas. Tácticas para entrar y salir de los Bicentenarios
de América Latina y el Caribe, desarrollado por la Red Conceptualismos del Sur
y apoyo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
en diciembre de 2010. Según sus autores, “La actividad de cartografía colectiva nos ayudò a volver visibles
insurgencias que continúan siendo silenciadas en las historiografías
legitimadoras de las soberanías nacionales en el marco
de las celebraciones bicentenarias, para representar algunas
de sus ideas en un diagrama conceptual. Nuestro interés
en trabajar con mapas y diagramas proviene de la voluntad
de construir espacios de representación y de acción crítica,
trabajando con la memoria y con el registro histórico,
desarrollando una propuesta donde los mapeamientos también
pueden ser un acto político. En nuestro caso, las preguntas
que nos hemos hecho son ¿qué queremos mapear?, ¿cómo cartografiar
esta experiencia de mapeamiento?, ¿el reinventar la ciudadanía
tiene que ver con realizar una crítica a las celebraciones
institucionales? A través de una conversación y su registro
con dibujos y diagramas conceptuales en un mapa, trazamos
relaciones de fuerzas y movimientos, revelamos episodios
olvidados, establecimos puntos de contacto, visualizamos
conflictos, problemáticas y campos de fuerzas con similitudes,
oposiciones o diferencias, revelamos dimensiones del tiempo
y del espacio en un único plano visual.
Al tratarse de una actividad de mapeamiento en un encuentro
crítico sobre los bicentenarios, nuestro objetivo fue
realizar una conversación con los participantes sobre
las diferentes experiencias articuladas por los movimientos
sociales en América latina y también en España. Cuando
abordamos lo que denominamos como “ciudadanías colectivas”,
levantamos relatos orales y gráficos sobre la actuación
de diversos grupos en los espacios de las ciudades (movimientos
ciudadanos, okupas, movimientos migrantes, colectivos
de artistas, espacios culturales autónomos, etc.). Ciudadanías
colectivas consideran la construcción de otros modos de
participación cultural y política y nuevas formas alternativas
de poder y de acción”. Más información, en CRAC
Valparaíso.
Noticias
y publicaciones
“Las
políticas de Israel violan el derecho a la vivienda y
necesitan una revisión urgente”: Raquel
Rolnik, Relatora
Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda adecuada, ha afirmado que “después de la reciente privatización, desregulación
y comercialización de los bienes públicos en Israel, las
políticas urbanas y de vivienda han provocado que cada
vez sea más difícil para las familias de bajos ingresos
obtener un alojamiento asequible, violando con ello su
derecho a una vivienda adecuada”.
Hablando
al término de un viaje de dos semanas a Israel y los territorios
palestinos ocupados, Rolnik afirmó que “las políticas
de Israel relacionadas con la vivienda requieren una revisión
urgente, tal como mostraron las masivas protestas del
verano pasado”. Según Rolnik, “las autoridades israelíes
han logrado un record impresionante a la hora de facilitar
una vivienda adecuada para las olas de inmigrantes judíos
y refugiados, pero a día de hoy estas políticas no han
logrado responder a las necesidades de las minorías y
personas desfavorecidas socialmente”.
Las
minorías palestinas que viven dentro de Israel (también
conocidas como “árabes israelíes”) y los palestinos que
viven bajo la ocupación militar, se ven afectados por
amenazas contra su derecho a la vivienda, según señaló
Rolnik. “En contextos jurídicos y geográficos diferentes,
desde Galilea y el Negev hasta Jerusalén Este y Cisjordania,
las autoridades israelíes promueven un modelo de desarrollo
territorial que excluye, discrimina y desplaza a las minorías,
afectando particularmente a las comunidades palestinas”.
De
acuerdo con la Sra. Rolnik, los planes para reubicar a
los beduinos en el Negev –dentro de Israel– así como las
décadas de promoción de los asentamientos judíos en Cisjordania
y en los barrios palestinos de Jerusalén Oriental
“constituyen las nuevas fronteras de la desposesión
de los habitantes tradicionales y la aplicación de una
estrategia de judaización y control del territorio”.
“A
lo largo de mi visita he recibido reiteradas denuncias
sobre la falta de vivienda, amenazas de demoliciones y
desalojos, hacinamiento y un número desproporcionado de
demoliciones que afectan a las comunidades palestinas,
paralelamente al acelerado desarrollo de los asentamientos,
en su mayoría judíos”, explicó la Relatora.
El
derecho a la vivienda se niega todavía más en el territorio
palestino ocupado. En Jerusalén Este y en las zonas de
Cisjordania bajo el control militar israelí, las políticas
adoptadas por Israel restringen la construcción legal
de los palestinos a través de diversos medios.
“El
número de permisos otorgados es extremadamente desproporcional
respecto a las necesidades de vivienda, lo que lleva a
muchos palestinos a construir sin la obtención del permiso.
Como resultado, numerosos hogares palestinos o extensiones
de los mismos son considerados ilegales y sus habitantes
ven sometidas sus casas a las órdenes de demolición y
desalojo”. Al mismo tiempo, la Sra. Rolnik señaló que
los asentamientos, construidos bajo la violación del derecho
internacional, han dado lugar a una disminución de la
cantidad de tierra y recursos disponibles para los palestinos.
La
situación es incluso peor en Gaza. Rolnik subrayó que
el bloqueo a la Franja de Gaza constituye la expresión
más extrema de separación y restricción para la supervivencia
y expansión de las comunidades palestinas. “Conocí gente
que estaba viviendo en condiciones precarias y familias
cuyas casas habían sido demolidas por operaciones militares
israelíes. Insto a Israel a poner fin al bloqueo, a fin
de garantizar que se cumplan las necesidades mínimas de
la población que vive en Gaza”.
“La
estrategia territorial israelí ha estado fuertemente determinada
por las preocupaciones en cuanto a seguridad, dado el
carácter beligerante y conflictivo de las relaciones Israel-Palestina,
con numerosas ondas de violencia y terror. Pero, ciertamente,
los elementos no democráticos y discriminatorios israelíes
en materia de planificación del territorio y de desarrollo
urbano, parecen contribuir con la agudización del conflicto,
en lugar de promover la paz”, concluyó la Relatora.
La
Sra. Rolnik es una experta independiente del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU encargada de supervisar e informar
sobre la vivienda adecuada como un componente integral
del derecho a un nivel de vida apropiado, y sobre el derecho
a la no discriminación en este contexto. Durante su visita
se reunió con funcionarios y representantes del Gobierno
de Israel y la Autoridad Nacional Palestina, organizaciones
internacionales, así como organizaciones no gubernamentales
tanto en Israel como en el Territorio Ocupado Palestino.
El informe que detalla todos los resultados de su misión
será presentado ante el Consejo de los Derechos Humanos
en 2013.
Enredados
en papel, revista cordobesa: La revista Enredados
en Papel es una iniciativa de la Cátedra de Arquitectura:
“la 2D”, turno noche, de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba;
y es la expresión en papel y tinta de la revista digital
Enredados que se mantiene
vigente en el cyber espacio desde el 2010. Barrios es
el primer número de Enredados en Papel; seguirán con una
frecuencia semestral: Refugios, Casas, Ciudad…
“En este número reflexionamos en los cruces, y
exploramos en los difusos límites entre el Espacio Social
y el Espacio Urbano. Interpelamos a la disciplina y nos
interesa el proyecto en su capacidad de imaginar nuevas
hipótesis para la realidad urbana. Territorio, identidad,
construcciones tangibles y no tangibles sobrevuelan este
primer número”.
(2).jpg)
Buenos
Aires - El Poder de la Anticipación, por Margarita Gutman:
Basado en la tesis de
doctorado de la autora dirigida por Manuel Castells, Ediciones
Infinito presenta el libro Buenos
Aires El Poder de la Anticipación. Imágenes
Itinerantes de futuros metropolitanos en torno al
Centenario, de Margarita Gutman, que reseñaremos en el
número de agosto de café
de las ciudades. La presentación
del libro fue realizada en la New School de
Nueva York el pasado 26 de abril por Saskia Sassen, Bill
Morrish y David Scobey. Informes: cartas@cafedelasciudades.com.ar
Para-formal: Para-formal
- Ecologías Urbanas, de GPA - Gris Público
Americano - Mauricio Corbalan (m7red), Paola Salaberri
(maquila), Pio Torroja (m7red), Adriana Vazquez (Set Urbano), Daniel Wepfer
(maquila), Norberto Nenninger (DCN), publicado por el
Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA / AECID).
Co-editado por Bisman Ediciones y por imagenHB.
Informes: info@bismanediciones.com.ar y cartas@cafedelasciudades.com.ar
El
autor y el intérprete. Le Corbusier y Amancio Williams
en la casa Curutchet: El libro El autor y el intérprete. Le Corbusier y Amancio
Williams en la casa Curutchet, de Daniel Merro
Johnston, fue publicado por la editorial 1:100 de Buenos
Aires, con el apoyo de la Fundación Le Corbusier de Paris.
Ver
la nota sobre el libro publicada en este número
de café
de las ciudades.
¿Qué
pasa, Riachuelo?: Las
organizaciones que componen el espacio Matanza Riachuelo
(EMR) presentaron ¿Qué
pasa, Riachuelo?, una plataforma de información que permite visualizar lo que sucede en
el territorio de la cuenca, mediante el mapeo y la georreferenciación
de información ambiental de las industrias, de basurales
a cielo abierto y de la población en situación de riesgo
que habita en el territorio. Asimismo, los vecinos de
la cuenca podrán reportar y localizar problemas ambientales
de su entorno próximo, mediante la generación de alertas
territoriales. El sitio cuenta además con un semáforo
de industrias que permite medir el riesgo ambiental de
la actividad industrial en la cuenca como así también
su comportamiento frente a los controles del Estado. Es
por lo tanto una herramienta para monitorear los avances
de la gestión pública respecto al saneamiento del Riachuelo
y el seguimiento de la Causa Mendoza.
Sobre
la minería a cielo abierto: Cuatro
notas publicadas en distintos diarios argentinos abordan
el problema de la minería a cielo abierto con una actitud
alternativa a la ya cansadora confrontación del “relato”
vs. “la prensa independiente”. Estos textos aportan datos,
ideas, precisiones y propuestas y por eso se reproducen
a continuación (ver también la carta de Antonio Elio
Brailovsky en mensajes al
café
de este número):
Los
números detrás de la furia contra la minería en Andalgalá (Por Marcelo Veneranda,
en La Nación del 19 de febrero).
Tensión
en Catamarca El impacto económico de la explotación a cielo
abierto.
Con
ganancias multimillonarias, Alumbrera generó pocos empleos
y negocios locales.
Andalgalá.-
Un derrame que no alcanzó para apagar el fuego. Más allá
de los planteos ambientalistas, los números de Minera
Alumbrera ayudan explicar parte del descontento
social que atraviesa a esta localidad del oeste catamarqueño.
Con exportaciones de cobre, oro, plata y molibdeno por
43.848 millones de pesos hasta 2010, la mina apenas emplea
directamente a unos 100 vecinos de Andalgalá, que provee
una ínfima parte de los productos que la mina consume.
Según
un informe interno de mediados de 2011, que Minera Alumbrera
entregó a LA NACION, el yacimiento Bajo de
La Alumbrera,
ubicado a 80 kilómetros de Andalgalá, extrae cada año
un promedio de 140.000 toneladas de cobre en concentrado,
352.000 onzas de oro en concentrado, 45.000 onzas de oro
doré y 960 toneladas de concentrado de molibdeno. El concentrado
es la masa de roca y agua que la empresa envía por un
ducto a Tucumán para deshidratarla y, que luego, con trenes
propios, saca del país a través del puerto de Santa Fe.
En
2010, esa tarea le permitió exportar mineral por 1590
millones de dólares o 6390 millones de pesos: en un sólo
año facturó más de lo que invirtió para iniciar la producción
de la mina (1300 millones de dólares). Entre 1999 y 2010,
la facturación declarada por la empresa acumuló 10.962
millones de dólares, casi diez veces la inversión inicial.
La crisis mundial de 2008 disparó los precios de los metales,
por lo que las ganancias del año pasado -se difundirán
en abril- elevarán el promedio.
En
Andalgalá, percibir
esos números es tan difícil como llegar. La única vía
de acceso asfaltada a la ciudad es la ruta hacia la capital provincial. Para
llegar a Belén o Santa María, las localidades que rodean
la mina, a La Rioja o Tucumán, se necesita atravesar caminos
de ripio que colapsan con las lluvias.
Ambientalistas
o no, los andalgalenses no recuerdan que las deterioradas
calles del pueblo hayan estado peor antes de la llegada
de Alumbrera. Ni las escuelas. Ni los centros de salud.
De hecho, LA NACION intentó consultar los servicios médicos
del único hospital público local: no había oculista ni
traumatólogo. A la tercera pregunta, cortaron la llamada.
Si alguna enfermedad necesita traslado a la capital provincial,
el afectado debe conseguir unos 500 pesos para el combustible
de la ambulancia.
Los
andalgalanses, incluso los "promineros", se
quejan que el Estado continúa siendo el principal empleador
y que el desempleo, aún con la mina, sigue afectando a
un tercio de la población.
Según
los datos oficiales de Minera Alumbrera, la empresa tiene
1400 empleados directos y otros 630 indirectos. Los catamarqueños
(560), no son mayoría: Tucumán, donde la megaminería
no está permitida, aporta más trabajadores a la mina:
630 (el 45%). Anti y pro mineros coinciden en la explicación:
la falta de capacitación de los catamarqueños, otra promesa
que suma 15 años.
Impacto
directo:
En
el área de impacto directo del proyecto (API), esto es,
los departamentos catamarqueños de Santa María, Belén
y Andalgalá, se generaron sólo 481 empleos. Belén es el
municipio que más aporta (222 trabajadores), seguido por
Santa María (159). Andalgalá, apenas un centenar.
En
2010, los 1400 empleados directos cobraron salarios por
casi 160 millones de pesos. La fórmula kirchnerista del
"fifty-fifty" no opera en Catamarca: los sueldos
representan el 2,5% de los $ 6390 millones que exportó
la compañía. Desde el inicio de las operaciones se pagaron
salarios por 746 millones: el 1,7% de los $ 43.848 millones
facturados.
Al
comprar productos y servicios, la mina genera nuevas fuentes
de trabajo indirectas. Según la empresa, por cada empleado
directo se generan otros 10 empleos. Pero no en la API,
donde Alumbrera reconoce un rendimiento menor: apenas
3,5 nuevos trabajadores por cada obrero de la mina. Eso
significa que en Andalgalá, donde hay 100 empleados directos,
se generaron sólo 350 empleos más: un total de 450 empleos
para una población de 18.000 almas.
En
2010, la minera compró bienes y servicios por 1220 millones
de pesos. Pero sólo el 4,5% de esas compras se realizaron
en Catamarca: unos 54,6 millones de pesos. La comparación
que proponen quienes no quieren a la mina puede resultar
odiosa, pero no deja de ser cierta: en 2010, Alumbrera
vendió diariamente $ 17,5 millones de pesos en minerales
extraídos de la montaña, un recurso no renovable. Pero
consumió productos catamarqueños por $ 150.000 cada día.
En
este rubro, Andalgalá sí fue beneficiada: proveyó el 69
por ciento de los productos y servicios que la mina compró
dentro de la API: unos 65.000 pesos diarios. Para los
ambientalistas, esto explica el empeño de los "promineros"
andalgalenses, los principales proveedores regionales
de la mina. Con todo, se trata de una fracción ínfima
frente a los 3 millones de pesos que gasta al día en el
país.
El
Informe de Sustentabilidad de 2010 habla de generar oportunidades
para "capturar el derrame" que genera la minería.
No
sólo es una palabra odiosa para el relato oficialista:
la furia desatada en esta ciudad apunta a que tampoco
fue una oportunidad concretada. Alumbrera pretende ahora
explotar Agua Rica, un yacimiento mayor, ubicado a sólo
17 kilómetros de Andalgalá. Deberá lidiar con quienes
luchan por el agua y la ecología. Los números no alcanzan
para eso.
Lo
que factura:
· 43.848
millones de pesos exportó
hasta 2010.
Es
casi diez veces la inversión inicial, de 1300 millones
de dólares.
· 6390
millones de pesos exportó
sólo en 2010.
Es
el resultado del último informe anual presentado.
· 140.000
toneladas de cobre extrae
por año.
Más
352.000 onzas de oro en concentrado y 45.000 onzas de
oro doré.
Lo
que aporta:
· 1397
empleos directos, trabajo
generado.
Según
la minera, por cada puesto se generan 10 indirectos.
· 3916
millones de pesos aportó
a la economía.
En
impuestos, regalías utilidades, etc., según la empresa.
· 1220
millones de pesos consume en el país.
Por
compras realizadas en 2010. En Adalgalá: $ 34 millones.
MV
Las
razones de la minería (Por
José Natanson, Director de Le Monde diplomatique, Edición
Cono Sur, en Página
12 del 19 de febrero)
Una
actividad en expansión mundial por cambios tecnológicos
y económicos. Africa, partes
de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo,
que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De
la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos
y medioambientales.
La
minería atraviesa un período de auge mundial que se explica
por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas,
que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas
relativamente amplias, superando así el agotamiento de
la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada
de precios resultante de la voracidad de algunos países
emergentes en procesos de intensa industrialización, en
particular China, que hoy consume el 46 por ciento del
acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del
carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido
en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje,
definen como un monopsonio (un actor económico que logra
controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo
así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle
de los mercados financieros convencionales disparada por
la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores
a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó
a aumentar sus precios.
Junto
con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es
una de las regiones más ricas en minerales del planeta.
En los últimos años, casi todos los países han visto una
expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo,
la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas
en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro
creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú,
que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones
totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones
de dólares, lo que representó un incremento de 28 por
ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58
por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes
del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares
en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).
El
investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con
el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales
en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes
realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”,
revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para
Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo
clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan
un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales,
mientras que otros países han intentado esquemas más o
menos articulados, más o menos efectivos, que tienden
a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar
los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya
sea mediante la creación de joint ventures (contratos
de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras,
como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con
la Corporación Minera, sea a través de la creación de
empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o
vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones
argentinas o ecuatorianas.
Gudynas
aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada
en la economía mundial de los países sudamericanos, que
siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado
incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas
al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP.
Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles
como las de la soja y condenan a los países de la región
a su rol de exportadores de productos con escaso valor
agregado, un problema no por conocido menos real y que
ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por
el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental
cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación
económica.
En
este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos
argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto
como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes
mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las
comunidades locales al desarrollo de algunos de estos
proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana
Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares
en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia,
o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia,
el intento de construir una carretera para unir las regiones
de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio
Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades
que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por
la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar
medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La
significación económica que ha adquirido la minería ayuda
a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente
puedan ser calificados como conservadores, insisten con
ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos
mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con
otras actividades económicas, pues en general funcionan
como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto
en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la
balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas,
y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través
de la apropiación de un porcentaje variable de la renta
minera.
Si
se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina,
donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales
de provincias con entramados productivos muy frágiles,
como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza
comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares
de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía
más importante, con tendencia creciente (aunque, claro,
debido a cargas tributarias comparativamente más bajas
que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo
caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento
en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible
“restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a
la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En
Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso
ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante
de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce
es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).
Como
tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que
se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia
más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina
la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación
y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto
de vista más político.
Puede
ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión
estridente, en la que algunos medios insospechados de
sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos,
quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que
apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados
popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos
de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso,
hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los
sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o
que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente
no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es
una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos
de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco
en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los
sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar
su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas
porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión,
y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente
obviados en el debate actual, como la relación entre minas
y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una
pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario
Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación
de las poblaciones involucradas a través de mecanismos
como plebiscitos o referéndums, como condición para la
realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas
ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas
y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir
situaciones trabadas de manera democrática. El problema,
me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en
cuestiones de implementación, la primera de las cuales
es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes
de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos
los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94
se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo?
No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado
variaría sustancialmente.
En
Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares:
el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo,
el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de
Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros
(89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus
Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido
una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque
en general relacionada con reformas constitucionales y
revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia
y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y
de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para
zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó
la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa
por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de
Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido
como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”,
la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución
vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador
Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia
institucional, por más directa que sea: quienes se someten
a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual
fuere.
JN
Debate
(Por Alfredo Zaiat en
Página
12 del 19 de febrero)
El
debate sobre la minería ha adquirido mayor complejidad
porque durante años las multinacionales dispusieron una
política de ocultamiento de su actividad en el área de
explotación. También por la subordinación de los poderes
político y judicial provinciales a los intereses de esas
megacompañías. Y por el silencio que cubrió las protestas
y represiones a pobladores de esas zonas durante años,
con muy pocas excepciones, entre ellas la de este diario.
El kirchnerismo se ha sentido cómodo en ese marco de negocios
de las mineras, incluso ha impulsado con énfasis esas
inversiones. Ante las fuertes restricciones legales para
implementar cambios profundos en el generoso esquema de
promoción diseñado en los noventa, sólo pudo avanzar con
fijar retenciones a las exportaciones del 5 al 10 por
ciento, medida que algunas mineras resisten en la Justicia,
y, desde noviembre pasado, con obligarlas a liquidar los
dólares de sus ventas al exterior en el mercado local.
Y en el marco de redefinición de la política de subsidios,
le retiraron los que gozaban para la electricidad. Ahora
también ha alentado la unión de las provincias mineras
para unificar estrategias ante el poder de las mineras.
El aspecto ambiental de la minería es relevante, como
lo es también el de la producción sojera, petrolera, química,
de curtiembres, petroquímica, y de toda industria. Concentrar
el tema minero exclusivamente en la contaminación, cuando
toda intervención humana en la naturaleza altera el ecosistema
y cuando la actual fase del capitalismo transita el estadio
del consumismo extremo, debilita y restringe el debate.
La cuestión de la minería adquiere mayor densidad cuando
se aborda además la articulación del poder económico,
la apropiación de rentas de recursos estratégicos no renovables,
la distribución del excedente y el perfil de especialización
productivo.
A diferencia de Chile,
país con el que se comparte la cordillera rica en recursos
mineros, Argentina no tenía una historia importante en
la actividad, excepto la de Yacimientos Carboníferos Fiscales.
Sin antecedentes, en la formación de suficientes cuadros
técnicos ni en inversiones de magnitud en la exploración,
como lo hubo en el área de hidrocarburos con YPF desde
las primeras décadas del siglo pasado, en la primera mitad
de los ’90 se diseñó un cuadro normativo para el desembarco
de las grandes compañías mineras, que traían los dólares
y el conocimiento para comenzar la explotación, ya no
con la tecnología antigua del socavón, que arrasa por
dentro a la montaña, sino con la de cielo abierto, que
directamente la dinamita.
El
actual modelo minero fue estructurado con el acuerdo federal
minero, con el Código Minero y con la reforma constitucional
del ’94, que en su artículo 124 dispone que les corresponde
a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio. Esto último ha
provocado una grieta difícil de reparar para instrumentar
una administración nacional e integral de las riquezas
hidrocarburíferas y mineras.
Ese
marco legal facilitó el desarrollo de lo que se denomina
“economía de enclave”: ingresan capitales del exterior
para explotar ricos yacimientos mineros, realizan millonarias
inversiones, pagan una muy baja proporción de impuestos
en relación a su giro (por ejemplo, están exentos del
impuesto al cheque, a los combustibles), tienen estabilidad
fiscal por treinta años y gozan de un régimen de importación
sin aranceles. Las regalías abonadas a las provincias
son bajas (de 2,5 a 4,0 por ciento en boca de mina), pero
a la vez esos recursos son muy importantes para las finanzas
de esos gobiernos. Esta dependencia fiscal explica la
defensa férrea que legisladores y gobernadores de provincias
mineras realizan de esa actividad.
Para
eludir las restricciones de ese marco legal, que además
se refuerza con los Tratados Bilaterales de Inversión
que implicaron la pérdida de la jurisdicción nacional
a manos del tribunal internacional Caidi-Banco Mundial,
se ha empezado a evaluar, aunque en forma incipiente,
la participación del Estado, nacional y provincial, a
través de empresas públicas en emprendimientos mineros.
De esa forma, parte de la renta extraordinaria minera
podría ser apropiada por toda la sociedad.
En
esa misma línea, el Gobierno podría alentar en el Congreso
la modificación del esquema regulatorio de la minería,
aunque todavía no ha manifestado esa voluntad política.
Esos cambios legislativos no alterarían los proyectos
en curso por la existencia de derechos adquiridos, pero
establecerían, para futuros emprendimientos, normas equilibradas
entre el interés privado y el desarrollo nacional. Como
la renta minera es generosa, en un contexto internacional
de alza estructural de los precios de esas materias primas,
las corporaciones mineras primero rechazarían esos cambios
alertando por una caída de las inversiones, pero se sabe
por otros antecedentes, pasados y recientes, que finalmente
las realizarán –incluso asociadas con el Estado– por las
abundantes riquezas escondidas en cerros y montañas.
Desde
que se inició la minería en gran escala hace poco más
de quince años, la actividad tuvo un crecimiento exponencial.
Hay actualmente doce grandes proyectos en operación, tres
en construcción y 340 “prospectos” en diversas etapas
de desarrollo para extraer diversos minerales. Entre 1998
y 2009, la participación de la minería en el PBI saltó
del 1,5 al 4,5 por ciento. Podría alcanzar el 6,0 por
ciento cuando dentro de poco entre en funcionamiento el
gigante Pascua-Lama, un emprendimiento binacional argentino-chileno
en San Juan que tiene reservas de 18 millones de onzas
de oro, de acuerdo a la información difundida a la prensa.
La
secretaria de Minería de la Nación estima que existen
2,3 millones de kilómetros cuadrados con potencial geológico
apto para el desarrollo minero. El tipo de explotación
de recursos naturales, su destino y la forma de apropiación
de sus rentas extraordinarias son cuestiones clave del
desarrollo. Del mismo modo que la tierra forma parte del
bien común de toda la sociedad, los minerales ocultos
que contiene la cordillera también son riquezas que forman
parte del patrimonio colectivo. Esto implica que la intervención
de las multinacionales en ambas actividades (minería y
agro) no tiene diferencias porque el patrón extractivo
es similar. En clave medioambiental, el cianuro y el glifosato
aplicados sin controles y en forma desaprensiva provocan
daños irreparables. Y en términos económicos, la necesidad
de avanzar sobre la renta minera es tan relevante como
la captura social a través del Estado de la renta sojera
mediante retenciones. Por eso en este debate resulta orientador
encontrar respuestas a lo siguiente: ¿cuál es la tasa
de ganancia “normal” en esas explotaciones?; ¿shocks extraordinarios
que disparan al alza el precio del mineral extraído no
cambian las condiciones de la explotación fijadas por
el Estado?; ¿cuál es el beneficio para la sociedad de
poseer una inmensa riqueza natural, de cuyos frutos disfruta
muy poco y sólo los recibe vía impuestos y empleos?; ¿cuál
es la prudente estrategia financiera y de acumulación
de reservas de un país con ricas áreas mineras donde se
esconden abundantes reservas de oro?
Avanzar
sobre esos interrogantes profundizaría el actual debate
de la minería, para empezar a cuestionar el modelo de
“economía de enclave”, que cuando agota el recurso natural
es abandonada con consecuencias sociales y laborales.
Ese patrón extractivo se supera cuando se diseñan políticas
que incorporan a ese esquema productivo la elaboración
local de las materias primas. En el caso de la minería,
sería la etapa de procesamiento de los metales en refinerías.
Esto exige fuertes desembolsos de dólares y mayores escalas,
con demanda de trabajo de calidad al necesitar ingenieros,
técnicos, investigadores. La tarea es construir los eslabonamientos
necesarios entre recursos naturales, manufacturas y servicios.
Incentivar así la innovación científico-técnica en cada
uno articulándolos en torno de conglomerados productivos,
incorporando a las pequeñas y medianas empresas, de modo
que el impulso exportador refuerce la capacidad de arrastre
sobre el resto de la economía y que los resultados de
ese crecimiento se distribuyan con mayor igualdad. Este
es el gran desafío de la actividad minera, como el de
otras industrias extractivas, para ser parte del desarrollo
nacional y no sólo un gran negocio para multinacionales.
AZ
Famatina
y cada uno de nosotros
(Por Enrique
M. Martínez, ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial -INTI- en La
Voz del Interior del 31 de enero)
La pequeña minería
y la cadena de valor que industrialice el metal son el
camino para hacer compatible el crecimiento con la calidad
ambiental.
No es la primera
vez que se produce una controversia fuerte ante el anuncio
de la próxima explotación de una mina productora de oro.
Ya pasó en Trelew, hace algunos años, y allí los pobladores
bloquearon la instalación del emprendimiento. Pasa en
San Juan, en Chubut, en Santa Cruz, en Catamarca.
No es paranoia
contagiosa, no es moda: es una reacción popular que, ante
una promesa de bonanza económica con deterioro de su ambiente,
opta por su humilde presente, pero con cielo limpio y
agua bebible.
El oro es un metal
casi inerte en condiciones ambientales normales y por
ello ha sido usado desde siempre para objetos que trascienden
la vida humana y para refugio de valor.
Por miles de años,
las arenas auríferas se separaron por gravedad, ya que
son más pesadas que los áridos comunes.
Primero se purificaron
por fusión y posterior solidificación. Luego, cuando se
conoció el mercurio, se utilizaron amalgamas con este
metal, que luego se deshacían con calor, recuperando los
vapores de mercurio en una instalación especial fuera
de la mina.
La minería en
gran escala, finalmente, apela al cianuro de sodio, el
cual forma un complejo con el oro que luego se revierte,
reciclando el cianuro.
Este método necesita
muy importantes volúmenes de agua, que son inutilizados
para consumo humano, animal o riego.
Tanto por la eventual
contaminación con cianuro como por el uso dominante de
un recurso tan escaso como el agua, aparece un conflicto
con la vida comunitaria, que queda entrampada entre el
crecimiento económico o la calidad ambiental.
Así están las
cosas.
Trabajo
y ambiente:
Los
gobernantes provinciales han optado en su mayoría por
el crecimiento. Carlos Soria, el recién fallecido ex gobernador
de Río Negro, justificó la habilitación del uso del cianuro
en minería diciendo que las cenizas volcánicas habían
deprimido la economía provincial y debía recuperarla de
cualquier modo.
Efectivamente,
la gran minería –más allá de los efectos ambientales–
genera algunos miles de empleos por cada megaemprendimiento
y el tres por ciento de regalías para el Estado, según
la ley vigente. Sin embargo, tal vez haya una alternativa
compatible con el mayor cuidado del ambiente y con la
vocación de generar trabajo y riqueza local.
Es posible definir
la mejor tecnología de extracción y concentración de arenas
auríferas en establecimientos pequeños, sin uso de químicos,
con métodos de separación por densidad.
Luego, del mismo
modo, es posible establecer la mejor y más segura, de
purificación con mercurio, en plantas fuera de la mina
y sin vínculo con cauces de agua de uso comunitario.
El programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) ha definido
técnicas para hacer esto y las ha puesto a disposición
de la pequeña minería.
Más allá, es posible
contar con centros de diseño de joyas y de capacitación
en orfebrería. O promover plantas locales para producir
componentes industriales electrónicos que requieren el
uso de oro.
Es decir: se puede
concebir e instalar verdaderos centros de producción,
refinación e industrialización de oro, con mayor ocupación
y mayor generación de riqueza y de ingresos fiscales –mucho
mayores– que los que resultaría con cualquiera de los
megaproyectos en ejecución o en planeamiento.
No al gigantismo:
Hay una cuestión
evidente: se trataría de un intento mucho más complejo
que autorizar una inversión multinacional y dejar hacer
en consecuencia.
El Estado –sobre
todo, los estados provinciales– deberían involucrarse
de manera más detallada y solvente; buscar asistencia
técnica nacional e internacional; estudiar cada uno de
los eslabones de la cadena de valor, para facilitar su
concreción. Pero el premio por ese trabajo es evidente.
Se trata de una
riqueza muy particular, pues el 95 por ciento del oro
ya refinado está aplicado a joyas u otros bienes suntuarios
o a refugio de valor público o privado. O sea que se trata
de producir un bien de inutilidad equivalente al plan
que sostenía Keynes de hacer pozos para luego taparlos,
como forma de generar empleo.
En este caso,
el oro sirve para que los sectores pudientes utilicen
sus excedentes, aunque sin uso práctico alguno.
Justamente por
eso, nada obliga a instalar unidades de alta eficiencia
ni a retirar el último gramo de oro que haya en una mina.
La pequeña minería
y toda la cadena de valor que industrialice el metal son
el camino para hacer compatible el crecimiento con la
calidad ambiental.
No deberíamos
alejarnos del tema sin advertir que puede haber un subproducto
adicional muy positivo: instalar en la cultura productiva
que el gigantismo no necesariamente es la mejor solución.
EMM
