Los lectores/as enviaron estos mensajes a cartas@cafedelasciudades.com.ar
(los mensajes para
la columna de Mario L. Tercco se envían desde Terquedades)
Ya tengo conmigo el ejemplar
de 100 Cafés.
Más allá de felicitarlos por la edición,
quiero agradecerles especialmente la mención que
hacen de mí en la página de agradecimientos. Sinceramente
me sorprendió mucho, el agradecimiento es mío.
Soy uno de los seguramente muchos silenciosos suscriptores
/ lectores de la revista desde hace varios años. Soy docente
hace ya cinco años de la materia Arquitectura IV en la
FADU-UBA, donde suelo recomendar la revista y en varias
ocasiones trabajamos con textos que saco de
ella, así que para mí es todo un honor y un
placer haber podido ser de ayuda, por mínima que
sea para esta edición.
Me siento muy identificado
con las líneas de pensamiento, de ahí que utilice
la revista para las clases, y da mucho placer encontrar
gente que hace las cosas como uno: de manera apasionada
y comprometida, y diría hasta tan "personalizada". Desde
ya, cuenten con mi pequeña contribución desde
mi pequeño lugar para cualquier otro proyecto
similar a futuro. Muchas felicidades y un muy buen
2013.
Ezequiel
Pinus, Buenos Aires.
N.
de la R.: Ezequiel es uno de los compradores “anticipados”
de 100
Cafés, a quienes les reiteramos nuestro agradecimiento
por hacer posible nuestro emprendimiento colectivo.
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Ayer
recibí la nota
sobre la ordenanza de tierras de Río Ceballos;
está muy buena. Es muy importante la comunicación tanto
en espacios académicos o sitios con temáticas
específicas. Pensamos también en medios locales que
lleguen a los vecinos y ciudadanos en general. Ya
hicimos una jornada con una escuela que fue muy gratificante;
estamos intentando profundizar en este sentido para garantizar
la sostenibilidad de este instrumento, más allá de los
que intervinimos (que muchas veces estamos de paso). Hubo
ya una modificación respecto a englobamiento parcelario
(Corti lo mencionaba en la nota, acertadamente): no será
obligatorio para otorgar permiso de edificación; pero
si se preverá una quita impositiva del 50% por 10 años
para quienes estén interesados en englobar. Así que la
nota en café
de las ciudades es un apoyo importante,
¡muchas gracias!
Cecilia
Becerra, Córdoba
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Acabo de leer el artículo
sobre la ordenanza de tierras de Río Ceballos
y simplemente tengo para aportar (información poco científica
y mucho menos sistematizada) que cuando era muy chico
visité varias veces el Dique de Río Ceballos y volví a
visitarlo de grande otras tantas oportunidades. Y me llama
la atención la merma visible en la cantidad de agua del
espejo del lago. El agua ha ido retrocediendo de manera
muy visible, debido a marcas naturales que ahora aparecen
y antes no existían. Nunca pude investigar bien sobre
la cuestión; solamente consulté a lugareños, quienes aseguran
que hay afluentes del lago que estarían siendo tomados
(¿o apropiados?) por grandes terratenientes que dan otro
uso (particular) al vital elemento, quedando el Dique
con muchos menos afluentes.
Ricardo
de Sárraga, Buenos Aires
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El
informe “Bosque
Nativo en Salta: Ley de Bosques, análisis de deforestación
y situación del Bosque chaqueño en la provincia” es
el primer análisis difundido por REDAF en el marco de
una iniciativa que busca realizar un monitoreo ciudadano
de los cambios en el territorio de la región chaqueña
argentina. Este monitoreo fue realizado con el apoyo técnico
del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de
la Fac. de Agronomía (UBA) y la colaboración del
INTA Salta.
El
informe da cuenta que no se han respetado las zonas de
prohibición de desmonte definidas por el OTBN provincial,
ni tampoco restricciones fijadas luego de denuncias de
organizaciones campesinas e indígenas, como la suspensión
de desmontes dictada por la Corte Suprema de Justicia
para cuatro departamentos entre 2009 y 2011. La participación
de la región chaqueña es cada vez mayor en el total de
desmontes ejecutados en la provincia de Salta, concentrando
el 94% entre 2004 y 2012.
La provincia de Salta
constituye un territorio significativo para analizar el
proceso de aplicación de la Ley de Bosques y su incidencia
concreta en una zona de intenso avance de la deforestación
de Bosque Nativo para incorporación de tierras a la producción
agropecuaria. Por ello la REDAF eligió esta provincia
como “caso testigo” para su primer informe de Monitoreo
de Desmontes en la Región Chaqueña Argentina, una iniciativa
que busca fortalecer el rol fiscalizador de las organizaciones
en el cumplimiento tanto de la Ley de Bosques como de
otras normativas que se relacionan con el uso sustentable
de los recursos naturales del territorio y al cumplimiento
de los derechos reconocidos a sus pobladores.
La
primera sección del informe sobre la provincia de Salta
presenta una cronología de distintos hechos relacionados
con la aplicación de la Ley de Bosques a nivel nacional
y provincial,
como marco de lectura de los cambios concretos registrados
en el territorio salteño. Estos hechos dan cuenta del
carácter conflictivo de su aplicación, en el que se tensan
los intereses de las comunidades campesinas e indígenas
con lógicas económico extractivas que intentan habilitar
nuevas tierras, principalmente para la agricultura y ganadería
a gran escala.
La
segunda sección realiza un análisis histórico de los desmontes
en la provincia, desde el año 1976 a septiembre
de 2012.
En ese periodo la provincia de Salta registra la pérdida
de un total de 2.074.210 has. de bosque nativo. La tasa
de desmontes creció de la mano de ciertos hitos, en especial
con el fin de la convertibilidad (2001). El interés creciente
por habilitar nuevas tierras para cultivos de exportación
y ganadería, empujó los desmontes especialmente hacia
el Chaco Salteño. Este territorio registra un total de
1.814.422 hectáreas desmontadas en todo el periodo.
La
tercera sección da cuenta de las características de la
Ley 7543, de Ordenamiento Territorial de Bosques de la
provincia de Salta, y de la cartografía definida para
su aplicación mediante el decreto 2785. Esta información señala que el 98% de las
áreas consideradas como posibles de sufrir cambios de
uso de suelo (categoría Verde) se ubican en el Chaco Salteño.
Suma además luces de alerta respecto a la normativa provincial,
en particular la posibilidad de otorgar “recategorizaciones”
sin realizar consulta pública. De esta forma se está permitiendo
que áreas, inicialmente definidas como Rojo o Amarillo,
sean habilitadas para desmontes, saltando con esto uno
de los principios de la Ley Nacional.
La
cuarta parte muestra los desmontes registrados en la provincia
de Salta durante la vigencia de la Ley 26.331 (2008
a septiembre de 2012).
En el periodo, se han producido desmontes por un total
de 98.895 hectáreas en zonas definidas como de mediano
y alto valor de conservación, en las que por ley la deforestación
está prohibida: 79.441 hectáreas en categoría Amarillo
(principalmente en San Martín y Orán) y 19.454 hectáreas
en categoría Rojo (principalmente en Anta).
La
quinta parte relaciona los desmontes registrados en el
periodo 2008 - septiembre 2012, con conflictos por la
propiedad de la tierra y socioambientales existentes en
la provincia. Se profundiza especialmente en la incidencia
de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de
Justicia,
que respondiendo a las denuncias de organizaciones campesinas
e indígenas prohibió los desmontes en los departamentos
Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria, entre 2009
y 2011. Los datos registrados señalan que si bien
la acción de la CSJN aportó una baja en las cifras
totales de desmonte en la provincia, los desmontes nunca
cesaron en dicho territorio, registrándose la pérdida
de un total de 53.202 hectáreas de bosques nativos.
La mitad de estos desmontes irregulares afectaron
al departamento San Martín (26.280 hectáreas).
Este documento es el
primero de una serie de informes que la REDAF comenzará
a difundir a partir de los datos que aporte el monitoreo
satelital de desmontes, y que pretende abarcar a gran
parte de las 13 provincias que integran la región chaqueña
argentina. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto NATIVO,
Bosques y su Gente – Reducción de las Tasas de Deforestación
y Degradación ambiental de los Bosques Nativos en Chile
y Argentina.
REDAF, Red Agroforestal
Chaco Argentina
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En
medio del complejo contexto producido durante los últimos
días en Vilcún, Región de La Araucanía, cuya principal
consecuencia fue la muerte del matrimonio Luchsinger McKay
y el aumento de la presencia militar en la zona, además
de un severo clima de violencia, la Mesa Social por un
Nuevo Chile, conformada por organizaciones sociales y
sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores, CUT;
la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF; la
Asociación chilena de ONG, ACCIÓN; los Colegios Profesionales
de Profesores y Periodistas; los pequeños y medianos empresarios
agrupados en CONUPIA; la Coordinadora de Padres y Apoderados
por el Derecho a la Educación, CORPADE; entre otras organizaciones,
declara lo siguiente:
1.
Condenamos el atentado incendiario perpetrado contra el
Fundo de la familia Luchsinger Mackay y llamamos a realizar
todas las diligencias judiciales necesarias para esclarecer
la autoría de los hechos.
2.
Rechazamos categóricamente que durante la investigación
judicial se aplique la Ley Antiterrorista —norma
creada en el año 1984, en plena dictadura militar— por
no garantizar el debido proceso de los imputados, tal
como establece el Tratado 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, ratificado por Chile, y el Instituto de Derechos
Humanos (INDH). La Ley Antiterrorista, establece como
recursos judiciales los testigos anónimos, además de amplias
penas por la realización de determinados delitos, lo que
no ha hecho más que institucionalizar legalmente en el
orden democrático, la persecución de movimientos sociales
y comunidades indígenas.
3.
Convocamos al Estado a terminar con la exacerbada militarización
de la zona, que no hace más que profundizar el clima de
violencia y otorgar mayores argumentos para que aquellas
comunidades que demandan los legítimos derechos del pueblo
mapuche, se sientan violentadas y provocadas. En ese marco,
reivindicamos la memoria de tantos comuneros mapuches
fallecidos a manos de la fuerza policial, asesinados —incluso— por
disparos en la espalda.
4.
Demandamos a las autoridades priorizar por el diálogo
con las más de 2.000 comunidades mapuches de la zona,
a modo de realizar un verdadero intento por resolver el
daño histórico infringido a los pueblos indígenas, el
que cuenta con raíces sociales, culturales y políticas
y que —evidentemente— no
se resuelve con represión ni persecución judicial. Cualquier
posibilidad de resolución de este conflicto, implicará
que tanto el Estado como la sociedad en general, atienda
de una vez por todas las demandas y los derechos del pueblo
mapuche, aseverando el cumplimiento pleno de los tratados
internacionales que resguardan la materia y alcanzando
acuerdo políticos colegiados que permitan instaurar la
paz definitiva en la región.
5.
Exigimos que, además de la investigación judicial, se
realice una indagación independiente del poder Ejecutivo
y Judicial, con presencia de observadores de derechos
humanos en los territorios en conflicto. Los hechos aquí
descritos, no hacen más que demostrar la validez de una
de las demandas centrales de la plataforma política de
la Mesa Social que implica la realización de una Asamblea
Constituyente que de pie a una Nueva Constitución para
Chile. La nueva carta magna deberá reconocer el carácter
multicultural del país y otorgar autonomía social, educativa,
cultural, además de la devolución de los territorios ancestrales
a los pueblos indígenas. En ese entendido, como Mesa Social
por un Nuevo Chile nos mostramos en Estado de Alerta frente
a la reacción de las actuales autoridades en la zona de
conflicto mapuche. Especialmente ahora, estaremos atentos
a exigir férreamente las garantías mínimas del debido
proceso y de los derechos humanos de las comunidades mapuches.
Justamente por ello, durante este mes realizaremos una
segunda cumbre social, esta vez en la ciudad de Concepción.
En este espacio de debate del movimiento social, reivindicaremos
y enriqueceremos, la visión política que tenemos no sólo
respecto del mundo indígena, sino también la urgencia
de construir un Nuevo Chile, más justo y garante del acceso
equitativo a los derechos básicos de todas las personas.
Mesa
Social por un Nuevo Chile, Santiago
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Nuevo
Alberdi no es Sinaloa y Rosario no es Barcelona
La
violencia volvió a marcar a sangre y fuego el debate político.
Y como siempre, los muertos y heridos aparecen del mismo
lado. Como suele suceder la sociedad civil y la sociedad
política se escandalizan ante estos hechos, juegan su
juego y luego vuelven a lo suyo, a la espera del próximo
muerto.
Mientras,
los que vivimos, trabajamos y militamos (que es para nosotros
lo mismo) seguimos y seguiremos allí, en el territorio
conviviendo todos los días con los mismos actores.
Cierta
crónica periodística muestra a Nuevo Alberdi en particular
y a los barrios periféricos en general como poco menos
que enclaves del medioevo. Y no aporta.
Y
se plantea un debate
parcial, que tampoco aporta: Narcos vs. Estado. Y se debate
la, cada vez más evidente, complicidad policial y la presencia
o no del estado en el territorio. Se lavan culpas repitiendo
que el narcotráfico es un delito federal, y la policía
es provincial, obviando el gran problema: en territorio
no hay jurisdicción. Los verdaderos problemas, los estructurales,
no saben de límites políticos o administrativos. Están
y de forma compleja.
Capítulo
aparte merece (y quedará para otro momento) el rol municipal,
que intenta aparecer como un espectador ajeno entre una
pelea nacional y provincial. El triste rol de la intendenta
devela un grave déficit político y sus últimas declaraciones
planteando que “no hay dos ciudades sino dos países” es
la muestra palmaria de la incapacidad y la nula voluntad
de hacer de un Estado una herramienta política de transformación.
Y suena a risa cínica en los territorios.
Se
obtura así la posibilidad de abrir el verdadero debate:
la cuestión narco es constitutiva al modelo de ciudad.
Es la resolución geográfica de un problema social. Determinados
territorios, determinados pedazos de ciudad son beneficiarios
casi exclusivos de la ciudad y el resto, los periféricos,
el depositario de todo lo que la sociedad desecha por
un lado, y donde se tercerizan los mismos servicios que
la sociedad incluida disfruta, por otro. Y la conflictividad
crece y la violencia se concentra en determinados lugares.
Son las corporaciones en general, y no sólo los narcos,
quienes ganan territorio. Y el estado se los permite porque
es parte de su modelo.
La
corporación narco terceriza la distribución en los territorios
pobres. Y esos territorios se autoorganizan. Así el hijo
de un compañero puede ser a la vez que soldadito, laburante,
y a la vez que laburante, puntero; y a la vez que puntero,
trabajar para la misma empresa que pretende desalojarlo
a él, a sus padres y
a todos sus vecinos. Y se entablan y se mezclan miles
de relaciones sociales y familiares, con la misma gente,
con años de historias y en el mismo territorio. Y ese
es el cóctel explosivo. Que puede estallar a cada momento
y en cada lugar.
Las
corporaciones ocupan los territorios, los destruyen y
los vuelven a construir, pero con otra lógica.
La
situación que viven hoy los territorios de la periferia
de la ciudad es la explosión de un modelo de exclusión
que tuvo una resolución geográfica traducida en territorios
viables, donde se realiza la inversión pública y privada
y se constituye así la ciudad que vemos, y una serie de
territorios inviables, que quedan a su propia suerte y
que se utilizan como masa de tercerización para los bienes
y servicios que la otra parte de la sociedad disfruta
y a su vez es financiada por ella.
Y
eso no es un dato menor. Para dirigir bien el debate.
Porque si no solo se profundiza el enfrentamiento entre
lo que en definitiva son vecinos, con vecinos.
Para
ser más claros, las drogas que la periferia distribuye
son las que utilizan los sectores medios y altos para
consumir. Y a su vez esa sociedad cierra cualquier posibilidad
a debatir despenalizaciones por la simple razón de que
ya resolvió geográficamente el problema. Los que mueren
y los que matan por las drogas no son los que “las disfrutan”,
son otros y están lejos. Son de los barrios y no son mi
problema.
La
policía mafiosa que permite el desarrollo narco tiene
la misma responsabilidad que los empresarios que financian
el negocio de las drogas y la misma responsabilidad que
los funcionarios que planifican la ciudad en territorios
viables y territorios inviables. Y todos forman del modelo
de esta ciudad fragmentada.
Durante
los últimos 10 años el gobierno de la ciudad decidió apostar
por los territorios viables y hoy lo vemos. Puerto Norte,
los barrios privados de la periferia, los Casinos y los
Shopping son la contracara de la realidad de los territorios.
La crisis de violencia en los barrios es ni más ni menos
que los “daños colaterales” del modelo “socialista” en
la ciudad. Y de eso hay que hacerse responsable. Tiene
nombre y apellido.
Lo
dijimos cientos de veces, el modelo de convenio público-privado
es esto. La ciudad se consolida y crece en aquellos lugares
donde haya interés privado y sólo allí.
Nuevo
Alberdi es el paradigma: el plan del gobierno y las corporaciones
era (y consta en el Plan Urbano) entregarle la mayor cantidad
de tierra a los especuladores y con las migajas de ese
negocio “mejorar” la otra parte de Nuevo Alberdi, esa
que hoy se llenó de sangre.
Es
decir, no es apostar por el desarrollo de los barrios
populares, es apostar por el desarrollo de los sectores
elitistas y maquillar el resto. Y eso es un modelo. Se
llama neoliberalismo y es el efecto derrame. Y ese modelo
contiene la cuestión narco por doble vía. Porque los grandes
emprendimientos inmobiliarios blanquean fondos del narcotráfico
(y hubo quienes lo denunciaron y nadie quiso discutirlo)
y porque se le da en los barrios pobres el caldo de cultivo
para que siga funcionado el esquema de distribución de
drogas.
Sin
un análisis certero, ideológico y a fondo de la realidad
que hoy vive la ciudad los debates estériles se agotan,
se utilizan como eje de campaña y mañana será tarde.
Por
la vía que se viene, analizando la cuestión narco aislada,
solo se continúa criminalizando a los sectores populares,
estigmatizando a los barrios (aportando y consolidando
la visión de territorios inviables) y en el mejor de los
casos se instala que el estado debe iniciar una “guerra
contra los narcos”. La peor de la opciones posibles, que
en su faceta de caricatura triste, pone a la provincia
y a la municipalidad a demoler los kioscos de drogas como
show mediático aportando y fogoneando a la justicia por
mano propia y aumentando la violencia en los territorios.
México
es un espejo de lo que no hay que hacer. Cuando se plantea
la “guerra contra el narco” lo único que se genera es
un nuevo negocio. Ya no sólo el narcotráfico es un negocio
millonario sino que sobre él se monta otro igual o más
redituable: la guerra. Y así, uno necesita de otro y ninguno
llegará a su fin.
Por
todo, ante este dramático escenario lo que se requiere
es una nueva política. Que provenga justamente de esos
territorios que a todos les parecen inviables. Un proyecto político que conozca
de verdad, sin maniqueísmos, la realidad de los territorios
y tenga la voluntad, la convicción y la capacidad de plantear
un modelo distinto. Pero un modelo total. Donde el territorio
sea el eje y no un eje más. No hablamos de “la realidad
de los barrios”, hablamos de cómo se construye una ciudad
y las consecuencias que eso trae.
Porque
Nuevo Alberdi es hoy el escándalo narco, pero es también
una escuela autónoma donde decenas de pibes buscan y encuentran
una proyección distinta a la que la ciudad le impone,
porque es un tambo que resiste a perder la tierra como
una forma de pensar y practicar un territorio distinto,
productivo. Porque son cientos de vecinos que se autoorganizan
para resistir no sólo los desalojos, sino también la tentación
del camino fácil del delito organizado.
Porque
Moreno es la sangre derramada del Jere, el Pato y el Mono,
pero también el barrio donde esos y muchos otros jóvenes
se organizan en el Movimiento 26 de junio para transformar
la realidad, para formarse, para buscar alternativas económicas
en cooperativas, etc.
Hay
que ampliar el debate de la crónica policial y judicial
y llevarlo a su verdadero campo, lo político.
No
estamos en presencia de un problema social en los barrios,
es un problema político y es de la ciudad principalmente.
Y
por eso estamos construyendo un nuevo proyecto político
para esta ciudad. Porque si los territorios no se organizan
y proponen una alternativa nadie lo hará por ellos. Porque
ya se territorializó la injusticia y porque en el fondo,
a nadie parece importarle, porque le pasa a otros.
Desde
los territorios inviables de la ciudad
Movimiento
Giros, Rosario
N.
de la R.: Por algún motivo, la prensa argentina en todas
sus tendencias ha reducido la conflictividad territorial
alrededor del narcotráfico al caso rosarino. Reproducimos
esta visión del problema por provenir de un colectivo
directamente vinculado al sitio a través de un proyecto
de militancia y de vida, lo cual nos da la tranquilidad
de no estar dando difusión a alguna de las tantas operaciones
político-mediáticas que se han montado sobre este tema.
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Agradecemos
los mensajes y el aliento de Julio Arroyo, Mariel Cárdenas,
Nora Clichevsky, Fernando Diez, Carlos Gallino Yanzi, Myriam Gomez Astudillo, Margarita
Gutman, Mario Marraffini, José Carlos Mota, Patricia Pintos, Silvia Portiansky,
Patricia Rodríguez Alomá, Maria
Laura Rodriguez Mayol, Joaquín
Sabaté, Brian Thomson, Sergio A. Zicovich Wilson y a todos los suscriptos
en los meses de diciembre y enero
Con
especial agradecimiento a BRICONS
