N. de la
R.: El texto de esta nota reproduce
la ponencia del Arq. Norberto Iglesias, Presidente del
Instituto Territorio, Municipio y Ciudad, presentada
al Seminario de Investigación Entre el Estado y el Mercado
- Gobernanza y acceso a la vivienda en cuatro metrópolis de
América latina, realizado en la
FADU/UBA, Buenos Aires, los días 19
y 20 de abril de 2010.

La
vigencia de las políticas públicas de vivienda, tanto
desde el punto de vista de los voluminosos montos de
inversión verificados a partir de la reconstrucción
política posterior a la crisis del 2001 (“Tan
solo, la cantidad de las intervenciones desarrolladas
entre 2004-2007 iguala las intervenciones realizadas
en los últimos 27 años -1976-2003”, Informe realizado
por el Equipo Infohabitat,
UNGS, para la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Nación, SSDUV, 2007)
como desde las crecientes discusiones del ámbito académico,
en sintonía con organizaciones de base ligadas a la
problemática, no hacen más que recuperar una tradición desplazada durante
varias décadas por las políticas neoliberales: el compromiso
del estado con la satisfacción de una de las demandas
básicas para alcanzar el desarrollo humano integral:
la vivienda (a la par de educación y salud). Estos debates
no sólo promueven una profundización de estas políticas,
la ampliación al concepto integral de derecho a la ciudad,
universalizándolo sino que también repasa el rol de
los actores sobre los cuales descarga la responsabilidad
de sostenerlas.
Desde
la perspectiva municipal (que pretendo representar):
¿qué rol les cabe a los gobiernos locales en este escenario?
Miriam
Rodulfo, en un trabajo reciente,
caracteriza a las políticas publicas de la última década
como una “gestión
pública de interdependencia subordinada” en la cual
el municipio participó cada vez más activamente (sobre
todo en la fase 2003-2009) en este concierto. La principal novedad, desde esta
perspectiva, es “el
proceso de recentralización de la política a nivel nacional a partir
del financiamiento del Programa federal de Construcción
de Viviendas (PFCV) implementado a través de las provincias
y los municipios”. Esta circunstancia revalorizó
la gestión municipal en algunos aspectos del proceso
(adjudicación, provisión de suelo, promoción de proyectos,
negociación de conflictos y, a veces, ejecución) recuperando
sendas de actuación singulares que florecieron a fines
de los ´80 y decayeron en la gobernación de Duhalde (programas descentralizados
impulsados en la gestión del gobernador Antonio Cafiero:
Protierra, Procasa,
etc.)), especialmente en el AMBA.
El
desvío de algunos objetivos del programa, como la atención
prioritaria de los sectores con NBI, apuntado por Raúl
F. Wagner, no invalida el
efecto reductor del déficit ni el perfil de los adjudicatarios
que, en la mayoría de los proyectos, pertenecen a las
clases populares. Sin embargo, en relación a la atención de aquella demanda crítica,
los programas complementarios han tenido un
impacto limitado: de un total de 38.681 soluciones
habitacionales financiadas por la nación en la
Provincia de Buenos Aires, solo 7.255
(19%) fueron producidas fuera de la lógica de la contratación
pública a empresas (fuente: elaboración propia de Juan Pablo del Río en base a datos de oficiales del IVBA a noviembre del 2008, obra
citada). No se trascendió los límites del programa,
en relación a las modalidades alternativas de ejecución
ni a las características de informalidad urbana de ciertas
poblaciones. Se
privilegió la producción numérica y la vivienda llave
en mano, justificadas, tal vez, por los objetivos
primarios de su lanzamiento: la reactivación de la industria
y la producción de empleo.
En
este contexto, el debate sobre estos programas habitacionales
aborda el proyecto -si es en un foro de arquitectos-,
destaca su impacto económico -si se trata de una discusión
entre economistas o empresas-, apunta algunos déficits
urbanos producidos por su actual implementación -si
es en el ámbito académico- o enfatiza la necesidad de
ampliar la oferta y desarrollar variantes que atiendan
a los sujetos con relaciones sociales constituidas,
pero sin bienes personales y/o que no admiten relocalizaciones
sin desmedro de sus fuentes de ingresos -si se trata
de un foro sobre hábitat popular, ya sea académico y/o
de ONG`s-.
Estas
variantes no solo responderían a la satisfacción de
las necesidades de vivienda sino que se plantean, en
la generalidad de los casos, como ejercicios
de organización social y/o política.
En
recientes paneles en los que participé (IV Bienal de
Urbanismo, organizada por el CAPBA en Luján, Provincia de Buenos Aires, en noviembre
del 2009), los responsables de las cooperativas de vivienda
del Uruguay declararon que estos programas “generan
organización
social” y la organización de base
Movimiento Tierra y Libertad dijo que “los
ladrillos son sólo una excusa”. Lo propio caracterizó
a la experiencia de Villa Palito, en La Matanza: una exitosa experiencia de compleja articulación
entre los sectores populares y el estado y un verdadero
desafío a nuestra labor profesional.

Vivienda para la clase media
Ahora
bien, poco y nada se discute sobre el déficit de la
clase media, que representa el 40% de la población argentina
(“la
Clase Media
-C2 y C3-, que tiene una demanda de aproximadamente
74.100 viviendas anuales, es atendida por la oferta
privada en sólo 22.400 viviendas”, Sprovieri y Bulat), sector cuya demanda de viviendas no es atendida,
dado que no recibe subsidios ni es acogido por planes
de construcción de viviendas con fondos públicos, ni
tiene posibilidades de acceso al crédito por no
calificar para el mismo o por no poder afrontar el pago
de las cuotas debido a la relación de las mismas con
la escala de sus ingresos. Desde la perspectiva de la
gestión, hubo anuncios sobre líneas de crédito subsidiadas
con fondos del BHN o del ANSES que no han prosperado.
Desde la perspectiva de un interesante espacio de confluencia
de los sectores populares organizados y algunos ámbitos
académicos sobre el hábitat, se lo desconoce: el “Informe
sobre la situación del Derecho a la
Ciudad en Argentina”, (documento titulado
“La perspectiva de un conjunto de organizaciones sociales
no gubernamentales, organismos académicos, investigadores,
docentes y estudiantes de la República Argentina”,
mimeo) destinado a ser presentado
en el V Foro Urbano Mundial de Rio
de Janeiro, 22 al 26 de marzo de 2010, no tipifica ninguna
línea de acción referida a la necesidad de crédito para
los sectores medios.
Se
suele justificar esta ausencia en que su financiación
debe ser atendida por el mercado,
lo que permitiría que los fondos públicos se destinen
exclusivamente a asistir a los sectores más desprotegidos
de la población.
¿Debemos
canalizar todos los esfuerzos en la aplicación de los
programas vigentes o podemos ampliar la oferta del estado
hacia los sectores medios? ¿Se sostiene un modelo de
desarrollo integral respondiendo solamente a la satisfacción
de la demanda de los sectores excluidos?
Si
nos limitamos a valorar las experiencias aisladas, promovidas
por la propia comunidad o sus organizaciones: siempre
han existido y son una fuente en la que debemos abrevar,
pero no cuentan para disminuir los indicadores de desigualdad
en el acceso a condiciones dignas de hábitat. Si pretendemos
que impacten numéricamente en la población NBI, deberemos reclamar que siga habiendo
un Estado que asuma el problema e invierta ingentes
recursos en su financiamiento.
El
panorama político argentino (y el contexto latinoamericano)
ya nos hace dudar que sigan las mismas políticas de
inversión pública que caracterizaron estos últimos 6
años. Se ha señalado que la vigente es una política
de gobierno y no de Estado. Pero, incluso reformulando
la ley 24.464 para incorporar la experiencia de los
últimos años, la mirada política retrospectiva nos hace
dudar también sobre las garantías de su implementación.
Incluso, para saldar esta deuda social de manera sustentable
dependemos especialmente, además del resto de las políticas
sociales (salud y educación) y económicas, de la vigencia
de un modelo de desarrollo económico fuertemente inclusivo
y redistributivo.
Más
allá de las responsabilidades de las estructuras políticas
y sus líderes: ¿nuestro stablishment (deseoso de tomar las riendas del Estado ante la amenaza populista,
a través de cualquier forma) sostendrá una política
en este sentido? ¿Y la sociedad en su expresión electoral
(reducida hoy a la expresión de la “opinión pública”,
que impregna de sus valores hasta los segmentos populares)?
Las dudas nos embargan pero me
niego a renunciar a la utopía de una sociedad integrada
y justa.
Por
ello, más allá de propiciar y difundir todas las experiencias y herramientas hábiles a
estos fines, considero que debemos dar la lucha, fundamentalmente
en la arena política, para propiciar el contexto social
que los sostenga ante cualquier avance.
Para
los que trabajamos en pos de un modelo inclusivo, es
hora de reconocer que los sectores mas castigados todavía
no canalizan sus demandas e intereses de manera totalmente
eficaz en términos políticos, ni los expresan electoralmente
de manera contundente. Sin embargo depende de una tarea
evolutiva de base organizativa, en ciernes, más que
de la ausencia de un corpus
teórico y programático, que existe y muy desarrollado.
¿No
es hora de incluir a los sectores medios en el proyecto,
como en otros períodos históricos?
¿No es necesario también reducir el déficit habitacional
de este sector, considerando sus impactos sociales y
políticos? ¿Nosotros mismos, no estamos incluidos en
esta clase media como universitarios, profesionales
y hasta funcionarios de las estructuras de todos los
niveles del estado?
Las
claves de esta incapacidad para actuar en este segmento
siempre han sido colocadas en el sistema financiero.
Un sencillo análisis reconoce dos importantes factores
que sumados podrían potenciarse tendiendo a resolver
el problema de la vivienda para las clases medias:
· alta demanda insatisfecha de un sector
que cuenta con cierta capacidad económica pero baja
capacidad financiera
· alta capacidad inversora disponible y predispuesta
a la inversión en determinadas circunstancias.
Justamente,
lo que hay que resolver es cómo sumar ambas necesidades,
hallando la metodología que facilite el repago de la
vivienda por parte de los compradores y, por el otro,
la ingeniería financiera que permita canalizar un importante
flujo de capital disponible a la financiación de la
construcción. “Para la instrumentación
financiera debe contarse con un Sistema Financiero Habitacional Integrado, que permita potenciar
los fondos disponibles como instrumento para multiplicarlos” (Resnik Brenner).
Este sistema no debería basarse solamente en incentivos a los inversores
sino también capitalizar otras acciones del estado que
dieron éxito en otros momentos históricos “La
sanción de la
Ley de Propiedad Horizontal flexibilizó
el acceso a la propiedad inmobiliaria y el uso del suelo
urbano”, “El instrumento básico fue el Banco Hipotecario
Nacional, quien desde la reforma bancaria de 1946 se
transformó en el organismo responsable del crédito para
la vivienda”, “Además del otorgamiento de pequeños créditos
con amplias facilidades para la construcción de viviendas
en forma individual, también promovió la construcción
directa de vivienda”, “Los efectos de ambas leyes pueden
medirse en el aumento del porcentaje de viviendas en
propiedad en la
Capital entre 1947 y 1960, del 17,6%
de viviendas ocupadas en 1947 por propietarios, se pasó
en 1960 al 45,6%” (Gutman
y Hardoy).

El Municipio de Malvinas Argentinas
Parece
inviable, considerando la estructural incapacidad financiera
de los municipios argentinos debida a su postergada
autonomía, pretender ampliar su rol por fuera de los
márgenes impuestos por las líneas de financiamiento
vigentes, sostenidas por el presupuesto nacional (PFCV).
Sin
embargo, los mismos desafíos que tenemos para sostener
políticas municipales de hábitat para los indigentes
son los que hay que superar para abordar la problemática
de los sectores medios: puede mejorar notablemente la eficacia con
voluntad política y herramientas adecuadas. Por
ejemplo: creando fondos municipales integrados a través
de tributos específicos; activando el rol inmobiliario
de los municipios, implementando adecuadas prácticas
de recobro de la inversión o recuperando plusvalías
urbanas.
Considerando
que en el PFCV “…no siempre existe un destinatario de las viviendas claramente establecido”
(“excepto en el caso del Subprograma de villas
y asentamientos precarios, la asignación social de las
viviendas del PFCV queda en manos de los municipios,
quienes confeccionan las listas de “beneficiarios”,
adjudicación que en muchos casos se resuelve mediante
intermediarios y/o punteros políticos” R. F. Wagner,
art. Citado), es tan improcedente destinar sus cupos a sectores
de altos ingresos, restándoselos a los más postergados,
como desestimar esta demanda insatisfecha, dejándolo
a la resolución por parte del mercado.
Aunque
las experiencias alternativas sean aisladas y no se
generalicen, los
municipios argentinos no tiene trabas jurídicas ni competenciales
para desplegar políticas de desarrollo urbano autónomas
e innovadoras. La clave para esta inconsistencia
está en la incomprensión de las responsabilidades del
gobierno local en la materia y la desatención de estos
desafíos por parte de las autoridades locales y los
profesionales que formulan y llevan a la práctica estas
acciones.
El
Municipio de Malvinas Argentinas, nacido como gobierno
local autónomo en 1995, es un típico exponente de la
realidad urbana de la periferia del AMBA, caracterizado
en sus orígenes por sus patrones de suburbanización:
más de 200.000 personas habitando una trama urbana “planificada”
por los agrimensores mediante la sucesión de loteos
(el primero en 1913 y la mayoría, posteriores a los
´60); con bajísimos niveles de dotación de infraestructura
(1% de cloacas, 15% de agua por redes, 20% de pavimentos);
sin equipamientos en salud; sin articulación y jerarquización
de sus centralidades (todas ligadas a las estaciones
del Ferrocarril Belgrano Norte); con predominio de edificación
residencial autoconstruida,
de baja altura; cierta informalidad urbana; con indicios
de fragmentación espacial debido a la ocupación de las
áreas de alta calidad urbano-ambiental por urbanizaciones
cerradas; etc.
El
hecho que el mismo Intendente (Jesús C. Cariglino, con mandato vigente hasta 2011) elegido en 1995
permanezca en el cargo hasta hoy, permitió continuar
y profundizar un proceso muy proactivo
de transformación de este territorio a partir del crecimiento
meteórico de los recursos y su aplicación a este proceso
(su presupuesto pasó de 26 millones de pesos argentinos
a más de 200 millones en 14 años): se ha triplicado
la extensión de las redes de agua corriente; estructurado
y consolidado la red vial primaria; establecido un sistema
de salud pública modelo y promovido grandes inversiones
privadas y públicas, estas últimas financiadas por el
presupuesto nacional o provincial para resolver problemas
hidráulicos ancestrales.
En
materia urbana aplicó políticas innovadoras que se condensaron
con la vigencia de su Plan Urbano, el primero en una
ciudad de más de 50.000 habitantes en la Provincia de Buenos Aires
desde la vigencia del Decreto-Ley
8912 de 1977 (el Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Urbano se propone “Transformar,
de la manera más concreta y eficaz posible, el suburbio
que habita la mayoría de los residentes de Malvinas
Argentinas en una ciudad compleja en sus funciones,
diversa en sus usos, heterogénea en sus escenarios,
inclusiva en lo social y calificada en su espacio público”).
En
este contexto (los datos del censo 2001 revelan: Población:
73.000 hogares / 290.000
habitantes; Déficit de viviendas nuevas: 13.000
hogares, 17%; Parque de viviendas
precarias: 24.500 hogares, 33%; Villas
y asentamientos: 2.000 hogares, 2%; Crecimiento
inter censal: 21.5 %, 15.700 hogares; Regularización dominial pendiente: 10.000
familias, 13%),
se aplicaron mucha decisión y esfuerzos en estructurar
la resolución de las problemáticas del hábitat a través
de la construcción de viviendas, utilizando hasta el
2003 sólo recursos locales frente a la inexistencia
de financiamiento provincial o nacional. A pesar de
ello se construyeron más de 200 viviendas sobre lotes
fiscales, en tipologías de conjuntos chicos de entre
5 y 47 unidades; se creó en 1996 un fondo específico
afectado al hábitat; se adquirió suelo para este y otros
fines (más de 100 has.) y se constituyó en el 2005 un
organismo autárquico (el Instituto Municipal de Desarrollo
Urbano y Vivienda - IMDUVI). Esta última iniciativa,
más la aparición del PFCV en el 2004, permitieron ajustar
y consolidar varias líneas de actuación, conformando
una verdadera experiencia alternativa en producción
de viviendas.
Este
modelo se basa en algunos pilares:
1) Fuerte convicción política de asumir el
rol municipal en el mejoramiento del hábitat
2) Aplicación
de recursos presupuestarios propios
3) Subsidios
de otros niveles de gobierno (en este caso el PFCV)
4) Disponibilidad de suelo bien localizado
(comprado a través de su Banco de Suelos)
5) Autarquía
para el proceso (localización, proyecto, construcción,
adjudicación y recobro)
6) Rigurosidad
de un sistema financiero para sustentar el plan
7) Innovación en las actuaciones
Las
operatorias encuadradas en esta alternativa son el Programa
Municipal de Viviendas 2006 y la producción de suelo
para el mercado de viviendas.
Programa
Municipal de Viviendas 2006
Conjugados
los recursos del PFV y la nueva estructura de gestión
que ofrece el Municipio, se produjeron un total de 635
viviendas (250 viviendas con recursos del PFV I, 366
del PFV II y 19 con recursos propios), destinándose
58% a sectores
con NBI mediante subsidios explícitos y el 42%
de las unidades a personas que pudieran pagar una cuota
equivalente a un alquiler en el mercado formal y afrontar
un anticipo previo a la entrega de aproximadamente el
20% del precio de la unidad.

Esta
última operatoria se posibilitó y caracterizó por:
·
Línea de financiamiento directa nación/ municipio
·
Complemento
financiero del municipio para elevar las calidades de
las viviendas (en este caso superior al del PFV)
·
Convenio singular de descentralización operativa con el Instituto
Provincial de la
Vivienda en el que se autoriza (y compromete)
al municipio a conservar el dominio de la tierra, a
extender las escrituras en el momento de la entrega
de la unidad, a cobrar integralmente el plan de cuotas,
a recuperar primero las inversiones municipales antes
de remitir el recupero correspondiente al IVPBA, al
que se le deducirá el 30% en orden a la colaboración
municipal
·
Venta de las unidades a través de IMDUVI en colaboración con inmobiliarias
locales, mediante un sistema de selección que transparenta
la adjudicación utilizando los criterios de prioridad
establecidos en el PFV (que no excluye a los asalariados
de ingresos medios) ampliado con la evaluación de su
capacidad de pago.
·
Construcción en terrenos bien localizados
Los
proyectos ejecutados (información suministrada y actualizada
por la Dirección de Vivienda municipal, en noviembre de
2009.) fueron:
Condominio
Gutiérrez (20 viv.) y Conjunto Los Álamos (19 viv.)
Unidades
de 80
m2, muy bien localizadas y equipadas,
con espacios comunitarios y entregadas con escritura e hipoteca a favor del municipio.
Aporte
financiero municipal equivalente al 62% del costo de
la construcción (superior al del PFV). Los costos de
Suelo e infraestructura fueron a cargo del municipio,
así como la provisión de todos los servicios, incluida
la red cloacal.
Su
costo promedio de $ 120.000 por unidad incluye los costos
de construcción, la infraestructura, el suelo y los
gastos indirectos de administración. Se abona en cuotas
fijas de $600 a partir de la adjudicación, constituida
en un Boleto de compra-venta, debiendo integrar antes
de la entrega el 20% del precio, a través de anticipos
adecuados a las posibilidades de los compradores.
La
inversión total fue de $ 4.470.000. ($ 2.800.000 de
origen municipal, con plazo para su recupero establecido
en 4 años).

Proyecto
Seguí (230 viv.)
Unidades,
tipo dúplex de 70
a 90
m2, localizadas a 5 cuadras de
la estación Pablo Nogués y
equipadas, entregadas con escritura e hipoteca a favor
del municipio.
Aporte
financiero municipal equivalente al 51 % del costo de
la construcción (superior al del PFV). Los costos de
suelo e infraestructura fueron a cargo del municipio
así como la provisión de todos los servicios, incluida
la red cloacal.
Su
costo promedio de $ 130.000 por unidad incluye los costos
de construcción, la infraestructura, el suelo y los
gastos indirectos de administración. Se abona en cuotas
fijas de $ 800 a partir de la adjudicación, constituida
en un Boleto de Compra-venta, debiendo integrar antes
de la entrega el 20% del precio, a través de anticipos
adecuados a las posibilidades de los compradores.
La
inversión total fue de $ 24.380.000. ($ 12.328.000 de
origen municipal, con plazo para su recupero establecido
en 2 años)
Financieramente,
ambos proyectos fueron sostenidos por los aportes municipales,
especialmente en épocas de demora de los desembolsos
nacionales. Estos recursos provinieron del Fondo Municipal
de Tierra, Vivienda e Infraestructura social (FOMUVI,
Ordenanza 23/96 y modificatorias) fondeado, entre otros
aportes, por el recupero de las viviendas producidas
entre 1996-2003 (que ascendió a $ 1.975.200 hasta el
presente) y la propia recaudación de anticipos y cuotas
del programa en marcha.
De
la inversión municipal propia del Programa se han recuperado
e integrado al FOMUVI, a la fecha, la suma de $ 10.807.200.

Operatorias
de producción de suelo orientada al mercado privado
de viviendas
Estas
operatorias se montaron, en un principio, en un Gran
Proyecto Urbano de naturaleza política, denominado
Nueva Centralidad
Malvinas, formulado para el fortalecimiento
de la identidad local y la constitución de una centralidad
antes inexistente. Este proyecto de 62 hectáreas aportará
espacios verdes para en una escala regional, servicios
y equipamientos que retendrán a un importante segmento
de nuestros residentes que actualmente consumen fuera
del municipio por falta de oferta local de servicios
y productos propios de cualquier centro urbano, incluyendo
la vivienda para sectores medios.
NCM se propone transformar una fracción, utilizada
hasta el ‘96 como polvorín militar, en la nueva centralidad
orientada a consolidarse como el corazón del partido.
Se ejecutará por proyectos, a través de una gestión
concertada entre el Estado y el sector privado, especialmente
el local, y se financiará a través de la captación
de las plusvalías generadas por el proyecto (en
1998 se adquirió la tierra en $ 7.000.000 y en el 2007
alcanzaba un valor residual potencial de $ 50.000.000,
gracias a la valorización producida por el cambio normativo
y la provisión de infraestructura).
Su Plan Maestro, consolidado como Plan Particularizado,
homologado por el gobernador de acuerdo a los procedimientos
de convalidación establecidos por la normativa provincial,
destina 12 hectáreas para el desarrollo residencial,
previéndose construir, en un plazo de no menos de 10
años, 160.000
m2 de nueva residencia.
El
Plan particularizado establece que las viviendas que
se produzcan en estas 12 hectáreas sean financiadas
en un 100% por el mercado, a través de una regulación
municipal cuyos puntos fuertes son: la venta
de parcelas con cargo de edificación prefijado en la
oferta a través de concursos de proyecto y precio mediante
Licitación Pública; el establecimiento previo de
la morfología, edificabilidad y calidades mínimas;
el compromiso municipal de proveer las infraestructuras
y la venta en el mercado por sus desarrolladores.
La vocación de promover y garantizar la participación
de los inversores locales (que hoy fugan sus recursos
hacia otros centros urbanos próximos, como San Miguel)
ha recomendado formular una variante adecuada a estos
fines, que reserva algunas licitaciones a la oferta
pública de participación por módulos de u$s
20.000/50.000 a pequeños y medianos inversores locales,
a través de la constitución de fideicomiso para cada
proyecto, donde el municipio operará como desarrollador/promotor
público de cada operación. En esta variante, el municipio
no sólo captará las plusvalías por la producción
de suelo, como en el
modelo anterior, sino que cobrará
su prestación de servicios (proyecto, administración
fideicomiso, comercialización).
Los
dos primeros proyectos a lanzar próximamente corresponden
a las primeras parcelas a promover (de 9.031
m2 en total) cuyos anteproyectos
licitatorios prevén un total de 284 viviendas de 1,
2, 3 y 4 ambientes, con cocheras cubiertas en PB y amenities.
La inversión privada prevista será de 17 millones de
pesos. El precio base licitatorio para el suelo en venta
será de 100 u$s/m2 (el municipio
compró la tierra a 11 pesos/m2).

Conclusiones
Estas
operatorias se están desplegando sin mermar esfuerzos
en promover y fortalecer las acciones de regularización
dominial, de mejoramiento de asentamientos y villas
(PFCV + Mejoramiento de Barrios), de mejora del parque
habitacional existente (Ejecución de Programas Mi casa
+ Mejor Vivir) y de continuidad del PFCV para los sectores
con NBI.
La
novedad más importante, además de la orientación hacia
esta demanda de clases medias, está en el aprovechamiento de recursos derivados de la
propia dinámica económica, con su gran impacto en
el desarrollo urbano y social del distrito, en la captación
de inversores locales, en el crecimiento económico y
en la oferta de empleo. Ningún objetivo despreciable
para escenarios de periferia como el que enmarca la experiencia. Todo
ello sin dejar de destacar que inciden
directamente en el mercado de suelo, captando plusvalías
y actuando en la regulación de su precio, utilizando
las propias leyes del mercado.
Sabemos
que no alcanzará con los fondos municipales y lo que
pueda “caer” de los programas nacionales o provinciales
para alcanzar metas ideales en materia de hábitat.
Sabemos
también que la sustentabilidad de la experiencia no solo
dependerá de la buena administración financiera del
FOMUVI sino de las políticas nacionales en la materia.
Sin
embargo, la Municipalidad de Malvinas
Argentinas habrá estado a la altura de los desafíos
y estará familiarizada con la captación de plusvalías
urbanas de manera directa, simple y eficaz, e inmejorablemente
preparada para captar el crédito bancario del sector
público y/o privado, cuando reaparezca.
Habrá
aplicado nuevas herramientas públicas para la satisfacción integral del hábitat,
sin prejuicios.
NI
El
autor es Arquitecto con Maestría en Administración Pública
Local (Universidad Carlos III, Madrid), Consultor, Docente
de Planeamiento urbano en la cátedra Garay (FADU-UNBA) y Asesor de la Federación Argentina
de Municipios. Fue Administrador General del IMDUVI
entre 2005 y 2007 para el Municipio de Malvinas Argentinas.
De
su autoría, ver también en café
de las ciudades:
Número
11 | Tendencias
“La
mundialización como nosotros la queremos”
| Recomendaciones para las ciudades globales del Mercosur.
| Norberto Iglesias
Número
26 | Proyectos de las ciudades (II)
El
impacto metropolitano de los grandes proyectos urbanos
| Los casos de Puerto Madero y la Nueva Centralidad de Malvinas Argentinas. | Norberto
Iglesias
Número
44 | Arquitectura de las ciudades
Burguesía
porteña: ¿culta? | Los límites
de una clase: el propietario y los compradores de la
torre Grand Bourg y de Nordelta. | Norberto
Iglesias
Número
89 I Lugares
Cidade
Livre, hogar de los trabajadores que construyeron Brasilia
I Un campamento provisorio que se transformó en ciudad
I Por Norberto Iglesias
Número 90 I Política y Planes de las ciudades
¿La muerte del urbanismo “petista”?
I El debate disciplinario en Brasil I Por Norberto Iglesias
y Alexandre Benoit
Sobre
el Decreto Ley 8912 de la
Provincia de Buenos Aires, ver en café
de las ciudades las notas respectivas
de la serie Un análisis crítico de la legislación argentina:
Número 85 I Planes de las ciudades
El
Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso
del Suelo en la Provincia de Buenos Aires I Un análisis crítico de la legislación argentina
(IV) I Marcelo
Corti
Número
89 I Planes de las
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Reglamentaciones
y contradicciones de “la 8912”
I Un análisis crítico de la legislación argentina (VIII)
I Por Marcelo Corti
Sobre
recuperación de plusvalías urbanas, ver también en café
de las ciudades:
Números 35, 36 y 37
| Economía de
las ciudades ()
Instrumentos
para la recuperación de plusvalías en Bogotá (I),
(II)
y (III)
| Marco teórico
y experiencias internacionales. | Gloria
Henao González
Número 80 | Economía de las ciudades
Sobre
la captación de plusvalías urbanísticas
| Una herramienta para la construcción de ciudades
más justas y sustentables | Grisela García Ortiz
Sobre
planes y programas de vivienda en Argentina y otros
países de América Latina, ver también entre otras notas
en café
de las ciudades:
Número 52 | Política de las ciudades (I)
Vivienda
social y suelo urbano en la Argentina de hoy
| Conflictos y posibilidades | José Luis Basualdo
|
Número
55 | Política de las ciudades
La
vivienda en el desarrollo humano de Bogotá
| El subsidio a la demanda, la calidad urbana
y las ataduras del pensamiento | Ismael
A. Molina Giraldo |
Y
sobre la cuestión de la clase media:
Número 66 I Terquedades
Una mirada arrabalera a Buenos Aires
Terquedad
de las clases medias (y sus críticos)
I Columna a cargo de Mario L. Tercco
Bibliografía:
-
Fernández Wagner,
Raúl:
"Interrogantes sobre la sustentabilidad
de la política habitacional Argentina” , Conferencia
en el Seminario Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el hábitat popular (2006).
-
Resnik Brenner, Ing. Moisés: “La vivienda en la Argentina”, en un Capitulo
del Plan Fénix.
-
Rodulfo, Arq. DP Miriam Beatriz:
"El Estado y la respuesta habitacional para los
sectores de menores recursos en la
Pcia. de
Buenos Aires en la última década", Cátedra Políticas
de Vivienda, PROPUR/FADU/UBA.
-
Sprovieri, Arq. Eduardo Juan,
y Bulat, Lic. Tomás “La Financiación
de la
Vivienda para la
Clase Media, Situación actual y pronóstico,
(CAVERA, 2008).
IMPRIMIR
NOTA