Plaza
Tahrir, Wall Street, Plaza Mayor, Plaza
Taksim, Praça
Montevideo (Porto Alegre), y después São Paulo, Río
de Janeiro, ¡Brasil! Las manifestaciones del mes de
junio en las principales ciudades brasileñas hacen eco
a los movimientos de masa que en los últimos
años –especialmente tras la eclosión de la crisis financiera
internacional del 2008– han retomado las plazas y calles
de las principales metrópolis y ciudades en todos los
continentes.
En
América Latina, el 2013 brasileño sigue el camino
de las protestas estudiantiles de Chile en 2012.
De un movimiento iniciado por los estudiantes universitarios
y de la secundaria en contra el elevado coste del transporte
colectivo a una ola de reivindicaciones más amplias
y de otros sectores de la sociedad. A las protestas
callejeras se agregan aún las multitudinarias reuniones
populares en torno al Papa Francisco en Río de Janeiro,
en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud Católica
en el mes de julio. Y nuevamente la calle era de los
brasileños.
Muchos
análisis de lo que pasó en Brasil se están realizando.
Especialmente porque el país es gobernado hace doce
años por un partido de centro-izquierda con origen en
los movimientos sindicales, sociales y políticos de
reivindicación del final de la dictadura militar (1964-1985).
Solo eso ya bastó para que algunos medios de comunicación
apresurados proclamasen el ocaso de los gobiernos de
izquierda en Brasil y Latinoamérica (despreciativamente
llamados "populistas"), una tesis con la que
no concordamos. Otros intelectuales de izquierdas (Chauí,
2013) infieren que la derecha utilizó las protestas
como instrumento para desestabilizar el gobierno de
centro-izquierda mirando las elecciones generales de
2014. Ya algunos académicos críticos (Alves, 2013) apuntan
a la revuelta de la juventud, escolarizada pero con
bajos salarios, contra el modelo de desarrollo consumista
que vivimos y que no suministra servicios de salud y
educación de calidad a la mayoría de la población.
Nosotros
en particular observamos en las protestas una señal
de los límites del modelo "neodesarrollista"
(o "neoliberalismo periférico", como lo
caracterizan los más críticos), de su incapacidad -manteniendo
los actuales paradigmas de desarrollo- para atender
a las demandas más preeminentes de la sociedad brasileña,
especialmente con relación a la calidad de vida en sus
ciudades. Concordamos así con el análisis de David Harvey
(2012) sobre "las raíces urbanas de la crisis"
y sus desdoblamientos políticos y sociales más amplios,
especialmente la crítica al modelo de desarrollo capitalista
vigente.
El
objetivo de este artículo es realizar un análisis
de las protestas en Brasil teniendo por base la
crisis urbana que vive en país en esta segunda
década del siglo XXI. Pérdida de calidad de vida, carencia
de infraestructuras, transporte público deficiente,
atascos diarios en las grandes ciudades y escalada de
violencia son algunos de los síntomas de la crisis que
afecta las ciudades brasileñas, aunque en los últimos
diez años la economía haya crecido y el país adquirió
la condición de "potencia emergente" y de
una de las más grandes economías mundiales.
Una
primera cuestión: algunos análisis, incluso internacionales,
apuntan estas protestas como "inéditas" en
la historia brasileña, llegando incluso a proclamar
la consigna "el gigante despertó".Una vez
más consideramos apresurados tales juicios. Brasil
tiene una larga tradición de movimientos de masas,
por lo menos desde la década de 1960. Empezamos por
las grandes movilizaciones por las "reformas de
base" (fiscal, política, agraria y educacional)
en 1963, la gran manifestación "de los 100 mil"
en junio de 1968 en Río de Janeiro en plena dictadura
militar, las luchas por la redemocratización del país
a finales de la década de 1970, los meetings
por elecciones directas para presidente (1983-1984)
y las manifestaciones por el impeachment del
presidente Collor (1992), envuelto en denuncias de corrupción.
Que
en los últimos años los movimientos sociales y populares
no estén tan visiblemente actuantes tiene una explicación:
desde el 2003 el país es gobernado por el Partido
dos Trabalhadores (PT), el cual es "hijo"
de las movilizaciones de la sociedad brasileña desde
finales de la década de 1970. Muchos de los dirigentes
de movimientos sociales o sindicales ocupan hoy día
cargos en el gobierno federal, sin contar los gobiernos
estatales y las innumerables "prefeituras"
(gobiernos municipales) gobernadas por partidos de izquierda
o centro-izquierda. Es decir, buena parte de los
liderazgos de los movimientos sociales brasileños están
ocupados en el desarrollo de políticas públicas
y en la gestión del Estado.
Para
nosotros son innegables los avances sociales de la última
década; sin embargo, queda mucho que hacer, especialmente
en relación en la gestión urbana. Coincidimos así con
Herminia Maricato (2013), que apunta la desigualdad,
la segregación, el boom inmobiliario y la prioridad
para el automóvil como las principales causas para que
las ciudades brasileñas se hubiesen convertido en "bombas
socio-ecológicas". Volvamos a nuestro análisis,
por lo tanto.
Si
a escala mundial las principales motivaciones de los
movimientos sociales fueron la ausencia de democracia
(países árabes) o las políticas de austeridad impuestas
por la Troika (en el caso del sur de Europa),
en Brasil la reivindicación inaugural de los movimientos
populares fue la reducción (o eliminación) del coste
de los transportes colectivos, el cual afecta fuertemente
a estudiantes, trabajadores y trabajadoras que dependen
de un servicio público mal organizado y precario, especialmente
en las grandes metrópolis. Diariamente, millones de
personas están atrapadas en nuestra (in)movilidad urbana,
que alarga la jornada laboral y sustrae horas de cultura,
formación profesional, calificación y ocio (por supuesto,
también tenemos "el derecho a la pereza").
Y aunque algunas políticas sociales hayan logrado elevar
la renta media de la población, Brasil se mantiene como
un país de grandes desigualdades entre sus ciudadanos
y con un gran número de pobres, de personas que dependen
del transporte público para sus desplazamientos cotidianos.
Otras
cuestiones han sido agregadas a las protestas brasileñas:
la movilización contra los gastos públicos en la organización
del Mundial de Fútbol de 2014, frente a las inmensas
carencias en los servicios de salud, educación y seguridad,
los problemas de corrupción en el Estado y la crisis
de representatividad de los partidos políticos actuales,
en general más interesados en atender a los intereses
de grandes corporaciones o grupos de interés y mantener
sus burocracias que en oír los clamores de la población.
La
visibilidad del país en ocasión de la Copa de
las Confederaciones fue hábilmente aprovechada por
los movimientos contestatarios, que utilizaron los
momentos previos a los partidos para reunir millares
de personas con sus diferentes banderas. Como estaban
en Brasil un número considerable de periodistas de muchos
países, con la intención de informar sobre los juegos,
las protestas rápidamente fueron incluidas en las agendas
periodísticas internacionales. Agréguese también la
cercana venida del Papa a Brasil (el primer viaje internacional
del primer pontífice latinoamericano), con lo que el
país estaba en las cubiertas de los principales informativos
mundiales.
No
trataremos aquí de los desarrollos políticos internos
posteriores a los movimientos callejeros brasileños.
Se trata de una cuestión de mucho interés para el público
brasileño. En los límites de este artículo preferimos
tratar de una crítica al modelo urbano que se está construyendo
en Brasil en la última década. Se trata de un modelo
(¿o sería un proyecto?) que todavía no ha logrado conciliar
el crecimiento económico y la ligera distribución de
la renta con el bienestar y la calidad de vida en las
ciudades.
Entendemos
así que los puntos críticos del nuevo modelo urbano
brasileño son: (I) las políticas de movilidad basadas
en el transporte individual, (II) la política
de vivienda financiada por el Estado y regulada exclusivamente
por el capital inmobiliario privado y (III) la
atracción de los megaeventos (especialmente los
deportivos) como "palanca" para los proyectos
urbanos desarrollistas. Estos tres puntos entrelazados
están produciendo ciudades más privadas, más fragmentadas,
menos solidarias y de peor calidad de vida en Brasil.
Todo lo contrario de lo que podríamos esperar de un
efectivo proyecto de reforma social que debería estar
siendo llevado a cabo por un frente de centro-izquierda
en el gobierno del país.
Protesta en Porto Alegre. Fuente: bloque de lucha
por el transporte público
Las políticas de movilidad basadas en el transporte
individual
La
crisis de movilidad es resultante de la debilidad
de las políticas de planificación e inversión en
el transporte público y de una opción de crecimiento
económico basada en el consumo de masas, en la construcción
de viviendas y en la industria del automóvil. Un
cuarto pilar de la economía brasileña es hoy la exportación
de commodities (soja, etanol, hierro y otros
minerales, celulosa) pero su análisis trasciende los
propósitos de este artículo.
La
política de financiación e exención de impuestos para
la adquisición de automóviles, sin las debidas inversiones
en infraestructura urbana, llevó a la congestión de
las vías de circulación de las grandes y medianas ciudades
brasileñas. Es el problema de las políticas corporativas.
Se incentiva solamente un sector industrial deseando
que el mismo sea la locomotora de la economía. Las consecuencias
son sentidas en mediano plazo: a la primera señal de
extenuación del sector, la economía general entra en
crisis. Se van los beneficios, quedan los perjuicios
(atascos, contaminación, accidentes).
En
cuanto al transporte público las medidas gubernamentales
propuestas tras las protestas son eficaces solamente
en el corto plazo. Se combaten los resultados, pero
no la raíz de los problemas. Hasta ahora la única
propuesta del gobierno es la exención de impuestos para
las empresas de transporte colectivo. Los precios de
los billetes se abarataron un diez por ciento, pero
ello no será la solución del problema en el largo plazo.
Los mismos empresarios rentistas que ganan con la desorganización
del sistema y de las líneas y con la extensión de las
mallas urbanas hacia periferias cada vez más lejanas,
continuarán gestionando el transporte público en las
ciudades. Es notable la fuerte relación entre las
empresas privadas de transporte público y un gran número
de ediles municipales en todas las ciudades. Por
ejemplo, los datos de financiación de las campañas electorales
municipales ponen a las empresas de transporte entre
las mayores contribuyentes.
Más
que la simple disminución de precios, es necesario promover
una amplia discusión sobre la política nacional de movilidad
urbana, con fuerte inversión en el transporte público,
promoviendo la diversidad de modos de desplazamiento
en las ciudades, desde los individuales y sostenibles
(la bicicleta, por ejemplo) hasta los más modernos y
que exigen grandes inversiones (VLTs -Veículos Leves
sobre Trilhos, trenes livianos- y metropolitanos).A
modo de ejemplo, en São Paulo los atascos sobrepasan
diariamente los 100 kilómetros en sus principales avenidas.
Mientras tanto, su red de transporte subterráneo
(así como la de Río de Janeiro) es una de las más modestas
del mundo entre las ciudades de su porte. A título
de comparación, el Metro de São Paulo posee 74 kilómetros
de extensión y el de Rio de Janeiro 40,5 kilómetros,
mientras que el de Santiago de Chile cuenta con 103
kilómetros de líneas y el de la Ciudad de México posee
266 kilómetros de extensión.
Sin
embargo, la cuestión es mucho más amplia: se hace necesario
entender la movilidad en la sociedad urbana contemporánea.
Nuestras ciudades, de planeamiento heredado del periodo
de la urbanización fordista, necesitan de otra comprensión
de la planificación y la movilidad. Y esta debe empezar
por un conjunto de preguntas: ¿qué es la movilidad hoy?
¿Quién se mueve en nuestras ciudades? ¿Por qué nos movemos?
Las
desregulaciones del capitalismo flexible y de
la "modernidad líquida" colocan las personas
en un estadio de constante "movilización general".
Hoy en día todos se mueven en diferentes horarios, sentidos
y direcciones. Junto a ello, la producción de la metrópolis
y de la ciudad postmoderna, más extensa, más fragmentada
y policéntrica, ha provocado una ruptura de los patrones
tradicionales de movilidad. Empero, continuamos aferrados
a viejos paradigmas de ciudad. Por ello es necesario
repensar la movilidad en sus dimensiones económicas,
políticas y culturales. Las nuevas tecnologías de
la comunicación y de la información deben ser utilizadas
para promover la planificación inteligente de la circulación
urbana. Las redes sociales-técnicas deben ser utilizadas
para la planificación y la gestión participativa de
la movilidad, lo que puede ser realizado en tiempo real
en los momentos de crisis general del sistema. Este
es el camino: participación y democratización de las
políticas de transporte público y de movilidad urbana.
São
Paulo. Fuente: Marcelo Mano/G-1
La política de vivienda regulada por el capital privado
La
expansión de la industria de la construcción
se da por la disponibilidad de crédito y de un amplio
programa de producción de viviendas (el Programa
Minha Casa Minha Vida - MCMV). Sin embargo, este
programa habitacional ha dejado de ser una política
de Estado para convertirse en una fuente de acumulación
de plusvalías privadas. El Estado distribuye recursos
a los promotores y constructoras privadas, que construyen
cómo y dónde quieren. Los proyectos son aprobados
a la carta para los inversores privados, facilitados
por municipalidades muy interesadas en los resultados
de las inversiones que atraerán habitantes y generarán
empleos e impuestos para sus arcas.
El
modelo de producto inmobiliario hegemónico combina verticalización
en los sectores de densidad más grande con la expansión
de las periferias a partir de dos patrones: el de
bajo status de los grandes conjuntos de viviendas populares
y el de alto status de las comunidades cerradas. Pero
son los ricos los que se apropian de las infraestructuras
de circulación, ya que las comunidades cerradas normalmente
se ubican en áreas de mejor accesibilidad en términos
de vías de circulación. Y cuando esta accesibilidad
no esté disponible, el Estado trata de producirla. Mientras
tanto, los pobres se localizan en las periferias
más distantes y aisladas, sin seguridad, sin infraestructuras
y dependientes de servicios públicos precarios para
su desplazamiento hacia los lugares de trabajo o para
la atención a su salud y su educación.
Las
ciudades brasileñas se están extendiendo como en el
antiguo modelo del período desarrollista (1950-1980).
Resultado: densificación nociva de las áreas más centrales,
periferias extensas, homogéneas y segregadas (ricos
en las "nuevas periferias", pobres en la "hiperperiferia"),
ciudades con menos cohesión espacial y más fragmentadas
socialmente. La densificación de los centros y la extensión
de los perímetros urbanos encarecen las infraestructuras
urbanas e incide justamente en la cuestión de la movilidad.
Ciudades más extensas exigen más estructuras y más tiempo
de desplazamientos. Como no hay inversión en el sistema
público, quien tiene condiciones busca la solución privada
y la crisis estalla.
Rio
de Janeiro. Fuente: Agencia Brasil
Los
megaeventos deportivos llegan a Brasil
Frente
a todos los problemas urbanos generados por el modelo
de desarrollo, tenemos los megaeventos deportivos, el
Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de
2016. Con ellos, la utilización de fondos públicos,
sea en la forma de inversión directa, sea en las exenciones
fiscales a los grandes grupos económicos y corporaciones
involucrados (constructoras, patrocinadores, corporaciones
deportivas - FIFA y COI). Estadios de fútbol e instalaciones
deportivas suntuosas se construyen con diferentes formas
de financiación pública (entre ellas préstamos a bajas
tasas de interés). Obras de infraestructura urbana cercanas
a los recintos de los juegos (re)valorizan sectores
de las ciudades, permitiendo la apropiación de las
rentas diferenciales urbanas por el capital inmobiliario.
Los precios de los inmuebles han estallado en Brasil,
especialmente en las ciudades sedes del Mundial y de
los Juegos Olímpicos (Río de Janeiro). Hay temores de
una burbuja inmobiliaria tras la realización de los
juegos.
Asimismo,
tenemos los impactos perversos de la desagregación
de las comunidades por los desalojos y remociones de
viviendas, algunos llamados eufemísticamente por
los gobiernos de "desplazamientos involuntarios",
los cuales afectan a las poblaciones pobres de los sectores
urbanos más valorizados por las obras del Mundial.
Dichas
remociones se hacen en nombre del "interés general"
de la ciudad por las obras relacionada al megaevento.
Sin embargo, es indudable que los gobiernos locales
se están aprovechando de los megaeventos como aceleradores
de proyectos de infraestructura, así como para realizar
alteraciones y relajamiento de los marcos reguladores
de la producción del espacio urbano (planos directores
urbanos, leyes de zonificación urbana, instrumentos
urbanísticos). Se añade aún las políticas de "higienización"
de las ciudades, de ordenamiento controlado de los
espacios públicos, convertidos en espacios de vigilancia
y control permanente, y la militarización de la cuestión
urbana realizada por los gobiernos estatales (en Brasil,
las policías son vinculadas a los gobiernos estatales),
con apoyo de los gobiernos federal y locales.
La
"pacificación" de las ciudades brasileñas,
especialmente de Río de Janeiro, es apuntada como una
forma de garantizar el avance del capital inmobiliario
para sectores de la ciudad dominados por la ilegalidad.
Ya ha sido constatada la valorización inmobiliaria de
las favelas tras la "pacificación". Nuevos
negocios inmobiliarios, turismo internacional "políticamente
correcto", sucursales bancarias, entre otros,
llegan a las favelas junto con la presencia permanente
de la policía. Sin embargo, se critica que la pacificación
abarca solamente las favelas situadas en sectores más
valorizados de la ciudad o sectores cercanos a los juegos
del mundial y olímpicos. A modo de ejemplo, el Censo
Demográfico del 2010 identificó 1.071 favelas en el
municipio de Río de Janeiro, mientras que el número
de Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) es de treinta
y tres. Además, estas están ubicadas en favelas emblemáticas
(por ejemplo Vidigal, Rocinha, Morro do Alemão, Mangueira,
Salgueiro, Cidade de Deus), sea por su proximidad a
los barrios de la élite, por su función en la economía
turística o incluso mismo por el impacto mediático para
el gobierno.
Todo
ello permite el proceso de privatización del territorio
impuesto por las corporaciones deportivas (FIFA
y COI). Lo llamamos privatización del territorio porque
las intervenciones ordenadas por dichas corporaciones
van más allá del espacio de las arenas deportivas (estadios,
gimnasios, pabellones). Abarcan el entorno de los estadios,
los espacios públicos colindantes, las vías de circulación
de equipos y turistas. En estas áreas, la publicidad
permitida será solamente la de los de los patrocinadores
de los eventos, excluyendo anuncios de productos de
la competencia que ya estén en el paisaje urbano. Es
decir, durante los eventos prácticamente toda la
ciudad estará bajo el control de las organizaciones
privadas.
Sin
embargo, dichas políticas están de acuerdo con las "cartas
de encargos" firmados entre los gobiernos y las
corporaciones organizadoras de los juegos. En estas
están apuntadas las obligaciones que los diferentes
niveles de gobierno tienen para la realización de los
juegos. Además, la "Ley General de la Copa",
aprobada por el Congreso Brasileño en 2012, garantiza
amplios poderes en términos de seguridad y control
del espacio, además de exenciones fiscales e inmunidad
diplomática a los staffs de las corporaciones
deportivas, en una clara señal de renuncia de la
soberanía del país para tener el "derecho"
a ser sede del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos.
Se
trata, por lo tanto, de una legislación de excepción
aprobada bajo la amenaza al país de "perder los
eventos" y su "ventana de oportunidades"
de negocios e inversiones. Sin embargo, las tendencias
de la gestión de las ciudades, con base en los principios
de la "ciudad-empresa", se presentan como
dominantes en diferentes matices políticos: incluso
el gobierno de la ciudad de São Paulo, nuevamente gobernada
por el Partido de los Trabajadores, se somete a la lógica
de los megaeventos y se lanza en la disputa por la sede
de la Expo 2020. Dicha exposición, en caso que sea confirmada
São Paulo como sede, abrirá un nuevo frente de expansión
inmobiliaria en la región noroeste de la ciudad, con
la construcción del centro de convenciones (recinto
de la exposición) y la "recuperación urbanística"
del área, lo que significa más proyectos inmobiliarios
y más especulación urbana.
Y
todos estos procesos se realizan con poca o ninguna
transparencia, con total ausencia de democracia
local, aunque los marcos legales brasileños, especialmente
el Estatuto
da Cidade, prevén la función social de
la propiedad urbana, la participación popular en la
toma de decisiones y la gestión democrática de la ciudad.
Porto
Alegre. Fuente: tarifazero.org
La
ciudad de Porto Alegre
Un
caso particular es el de la ciudad de Porto Alegre,
ciudad con una larga y aguerrida tradición de luchas
sociales y democracia participativa. Porto Alegre desarrolló
a lo largo de la década de 1990 el "presupuesto
participativo", que se convirtió en icono de cambio
de las prioridades urbanas a favor de la mayoría de
la población, de las capas más pobres. La ciudad fue
reconocida en todo el mundo como "capital de
la democracia participativa". Fue Porto Alegre
la ciudad que albergó el Foro Social Mundial en sus
primeras ediciones y ahí se generó un "modelo Porto
Alegre" de participación popular. Sin embargo,
desde 2005, el cambio en las fuerzas políticas en el
gobierno de la ciudad han llevado la ciudad de Porto
Alegre por el camino de un nuevo modelo de desarrollo
urbano, totalmente anclado en la expansión de los negocios
inmobiliarios, algunos de los cuales consisten en megaproyectos.
Hoy
en día, diversos grandes proyectos de desarrollo
inmobiliario se producen en Porto Alegre alterando
su paisaje urbano. Son proyectos que abren nuevos frentes
de valorización de la ciudad, "gentrifican"
barrios tradicionales y expanden la periferia de la
ciudad. El gobierno municipal está actuando como
facilitador de estas promociones, aprobando sus
proyectos sin restricciones. En la región sur de la
ciudad, dos tipos de inversiones caracterizan la nueva
periferia urbana: los grandes proyectos de comunidades
cerradas y los conjuntos habitacionales populares. Estos
dos tipos de implantación urbana no se conectan, formando
una periferia todavía más segregada. Por otra parte,
las obras para el mundial de fútbol viabilizan nuevos
frentes para el capital inmobiliario. Tanto el Estadio
Beira-rio (del Sport Club Internacional, el estadio
del mundial), como la nueva Arena del Gremio Portoalegrense
atrajeron proyectos inmobiliarios para su entorno.
Los
nuevos polos de inversión inmobiliaria y las obras del
mundial aceleraron los desalojos y la remoción de
comunidades tradicionales, lo que está se produciendo
sin la debida participación de la comunidad. Tampoco
las nuevas viviendas suministradas por la Prefeitura
atienden a las necesidades de la población afectada.
Pero
los cambios no se limitan a la producción de viviendas.
Igualmente se observan grandes intervenciones en
los espacios públicos de la ciudad, las cuales se
realizan a partir de la cesión de espacios públicos
a empresas privadas que pasan a gestionar los espacios
a cambio de publicidad. También se viene actuando en
el sentido de "disciplinar" la vida urbana,
especialmente en los barrios de vida nocturna, afectando
fuertemente la juventud de la ciudad que se siente cercenada
de sus canales de expresión.
Como
resultado, la oposición al "nuevo modelo urbano"
de "ciudad-empresa" está creciendo en los
últimos años, tras un largo período de inactividad de
las movilizaciones sociales en la ciudad. Todavía son
iniciativas independientes, fragmentadas, divergentes
muchas veces, pero que en este momento han logrado
conciliar sus intereses en la oposición contra este
nuevo proyecto de ciudad que se impone. Se trata
de movimientos por la movilidad urbana, por la ocupación
pública de los espacios públicos, en contra la sociedad
de control, movimientos ecológicos y por la calidad
de vida en los barrios, así como movimientos populares
por la vivienda que se (re)encontraron en la Plaza Montevideo
en una nueva y amplia coalición de fuerzas políticas
e sociales.
El
futuro nos dirá si esta nueva corriente será capaz de
revertir las tendencias de privatización de la ciudad
y de sumisión de la gestión urbana a los intereses de
corporaciones y grupos privados. En definitiva, el risorgimento
de los movimientos de masa en Brasil es, especialmente,
un levantamiento por el derecho a la ciudad,
por el derecho de participar y decidir en la elaboración,
discusión e implantación de las políticas urbanas. Por
el derecho a vivir en ciudades construidas por el interés
público y no por los intereses privados.
Finalizamos
con David Harvey y su conclusión del artículo "El
derecho a la ciudad" (2008): “Dar un paso adelante
para unificar estas luchas supone adoptar el derecho
a la ciudad como eslogan práctico e ideal político,
porque el mismo plantea la cuestión de quién domina
la conexión necesaria entre urbanización y producción
y utilización del excedente. La democratización
de ese derecho y la construcción de un amplio movimiento
social para hacerlo realidad son imprescindibles si
los desposeídos han de recuperar el control sobre la
ciudad del que durante tanto tiempo han estado privados,
y desean instituir nuevos modos de urbanización. Lefebvre
tenía razón en insistir en que la revolución tiene
que ser urbana, en el más amplio sentido de este término,
o no será”.
PRRS
El
autor es Profesor del Departamento de Geografía de la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Investigador
del Observatório das Metrópoles - Núcleo Porto Alegre.
Sobre
los movimientos sociales del pasado mes de junio en
las ciudades brasileñas y en otros países, ver también
la presentación
del número 129 de café
de las ciudades y las notas:
Número
129 | Política de las ciudades (II)
En
la ciudad y por la ciudad |
De Estambul a Río, se reclama por los derechos urbanos
| Marcelo Corti
Número
129 | Política y Economía de las ciudades
La
fiesta de la FIFA |
Los ganadores se quedan con todo, los pobres contribuyen…
| José Luis Lezama
Número
129 | Política de las ciudades (I)
Ciudad
Maravillosa, Ciudad Olímpica, Ciudad Negocio |
Megaeventos,
transformación urbana y capital inmobiliario | Guadalupe
Granero Realini
Y
sobre el Estatuto da Cidade:
Número
1 | Entrevista
"La
misión del urbanismo es redistribuir riqueza y enfrentar
la exclusión" | El
Estatuto de las Ciudades, el Plan Director de San Pablo,
y los nuevos instrumentos del urbanismo brasileño. |
Raquel Rolnik
Ver
también Grandes
Proyectos Urbanos. Miradas críticas sobre
la experiencia argentina y brasileña, de Beatriz Cuenya,
Pedro Novais y Carlos Vainer (compiladores), 2012, editado
por café
de las ciudades.
Bibliografía:
Alves,
G. A
revolta do precariado no Brasil.
Blog da Boitempo. 24 de junho de 2013.
Chauí, M.
O inferno urbano e a política do favor, tutela e cooptação.
Revista Teoria e Debate. Nº 113. São Paulo:
junho/2013.
Harvey,
D. El derecho a la ciudad. New
Left Review, nº 53. Diciembre 2008, p. 23-39.
Harvey, D.
Las raíces urbanas de las crisis financieras: reclamar
la ciudad para la lucha anticapitalista. In Belil, M.,
Borja, J. y Corti, M (Eds.) Ciudades:
una ecuación imposible. Buenos Aires: Café
de las Ciudades, 2012.
Maricato,
E. Nossas cidades são bombas ecológicas. Revista Teoria
e Debate. Nº 115. São Paulo: agosto/2013.
Soares, P.
R. R. Del
presupuesto participativo a los megaproyectos: la producción
del espacio urbano en Porto Alegre en el siglo XXI.
Scripta Nova (Barcelona), Vol. XIV.
Žižek, Slavoj. Problemas no Paraíso.
In Cidades rebeldes: passe livre e as manifestações
que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial,
2013.
