N. de la
R.: El texto de esta nota reproduce el
epílogo al libro Luces y sombras del urbanismo de Barcelona,
de Jordi Borja, recientemente editado en Barcelona.
La
crisis económico-financiera materializa sus impactos principales
en los territorios fuertemente urbanizados, que presencian
con cierta perplejidad y comprensible angustia el crecimiento
acelerado del desempleo, la reducción
de las inversiones privadas y públicas y la transferencia
de fondos públicos al sector financiero sin que ello se
traduzca en créditos. A ello se añade la pérdida de
las viviendas hipotecadas por falta de pago, la extensión
de la pobreza y de la marginalidad y un creciente sentimiento
colectivo de inseguridad e incertidumbre. Y además, con
la crisis explotan múltiples casos de uso indebido de
dineros públicos, de tramas político-privadas que actúan
en la opacidad y en los márgenes de la legalidad y a veces
fuera de ella, es decir la corrupción. Los gobiernos y los partidos pierden
credibilidad, impotentes para atajar los efectos de la
crisis y acusados por la opinión pública de aprovechamientos
ilícitos de los cargos. Un círculo vicioso frente al cual los gobiernos
locales están en primera línea, lo cual coincide con
la reducción de sus ingresos disminuidos (tanto los procedentes
del Estado como de impuestos de base territorial) y con
la multiplicación de acusaciones políticas, judiciales
y mediáticas, no siempre justas pero que se apoyan en
hechos por lo menos confusos. En consecuencia, estos gobiernos
no solo no disponen de ideas y proyectos de recambio sino
que además sufren una menor capacidad de actuación y en
muchos casos parecen
bloqueados. El gobierno de Barcelona, en menor grado
que otros quizás, sufre también este proceso que si no
se invierte lleva a la decadencia.
Esta
vez no es posible argumentar que los territorios y sus
instituciones son inocentes, es decir, que reciben los
impactos de procesos globales ajenos a sus políticas.
Maragall en su época de alcalde recordaba con frecuencia
esta contradicción: “Las ciudades se enfrentan a problemas que no han creado”. Y Jaime Lerner, el famoso prefeito
(alcalde) y arquitecto de Curitiba (Brasil)
declara con frecuencia: “Las ciudades no son el problema.
Son o deben ser la solución”. Creo que ambos tienen razón.
Pero me permito añadir: si las ciudades no son el problema, el proceso de urbanización de las
últimas décadas si que lo es. Las ciudades no solo
reciben los impactos de procesos externos, son también
impulsoras de procesos urbanizadores extensivos, segregadores
y especulativos, insostenibles ambiental y socialmente
y que tienden a la ingobernabilidad del territorio y al
despilfarro del capital fijo existente (Después
del neoliberalismo: ciudades y caos sistémico. CCCB,
2009; ver especialmente el estudio introductorio de Neil
Smith, ¿Ciudades
después del neoliberalismo?, y
la síntesis del extenso estudio del Observatorio
Metropolitano sobre Madrid. Explosión y crisis del modelo urbano; el carácter radical
de estos textos y la presentación de procesos más “extremosos”
que el de Barcelona, pero de naturaleza similar, significan
una advertencia para la capital catalana).
El
proceso urbanizador perverso que ha prevalecido en las
dos últimas décadas en el mundo más urbanizado (y especialmente
en España) es una de las caras
negras de la globalización capitalista-financiera.
En España, en el periodo que va de finales de los ‘80
a principios del siglo actual, el 50% del suelo urbanizable
lo compraron entidades financieras. Éstas a su vez se beneficiaron de la política de hipotecas
muy bajas para realizar ventas de suelo a precios altamente
especulativos y al mismo tiempo ampliar considerablemente
su clientela. El boom inmobiliario fue de tal magnitud que en este periodo en España
se construyeron o se comprometieron más viviendas que
en Francia, Reino Unido y Alemania conjuntamente. Las
regiones metropolitanas, como Madrid y Barcelona, urbanizaron tanto suelo en los últimos 30
años como en toda su historia anterior. La apropiación
privada del suelo y de las plusvalías urbanas que se generaron
tuvieron efectos multiplicadores de la urbanización en
los años ‘90, no solo por la permisividad de las Administraciones
locales sino también por los nefastos resultados de la
aplicación de una ley del gobierno del PP (1998) que declaraba
todo el suelo urbanizable con la única limitación del
considerado patrimonio protegido o sometido a una legislación
especial (por ejemplo el litoral marítimo). La repercusión
del precio del suelo sobre el de la vivienda pasó del
30% al 50% y la combinación de una demanda de población
de ingresos en parte medio-bajos con la posibilidad de
disponer de mucho suelo urbanizable ha provocado formas de urbanización extensivas, dispersas
y fragmentadas que multiplican los costes sociales y ambientales.
La facilidad de obtener recalificaciones de suelo para
aumentar la densidad de la construcción sobre la base
de que existía una demanda han provocado un amplio fenómeno
de corrupción y la creación de una “burguesía cementero-mafiosa” que han contaminado a los principales
partidos, a las instituciones territoriales, a los actores
económicos y a todos aquéllos que disponían de parcelas
o de “contactos” con bancos o con agentes políticos (el
caso Pretoria, en actual investigación, y que afecta directamente
a algunos municipios del entorno metropolitano de Barcelona
-Santa Coloma, operación “Cúbics”- es solo una de las
puntas del iceberg y probablemente no de las más importantes; otro caso lamentable,
bastante más en su impacto urbanístico aunque por ahora
no han emergido indicios de ilegalidad, es el de la operación
de la Plaza de Europa en Hospitales,
aunque estos asuntos comparados con los que se han producido
en la costa mediterránea levantina y andaluza o en las
Islas Baleares parece casi pecata minuta).
El
resultado está a la vista. La crisis global
se origina en el sistema financiero cuando la sobreoferta
de suelo y de vivienda no se puede realizar y una parte
de los créditos concedidos a promotores y constructores
y de las hipotecas a los compradores de ingresos medios
o bajos no se pueden pagar. La
burbuja explota, se desploma como los juegos de la
pirámide, y las ciudades en sus periferias extensas, fragmentadas
y difusas heredan unos entornos de cemento que más que un desarrollo urbano ofrecen una imagen
entre campo de concentración y cementerio. Pero esta
herencia además es costosa de mantener; los costes en
suelo y redes de urbanización básica, en agua y en energía
son enormes. Así como los costes sociales: tiempo de transporte,
segregación social, destierro para la población no activa
o desocupada, débil integración ciudadana, psicopatologías
múltiples (miedos, anomia, individualismo, etc.). La ciudad
hereda el resultado de unos procesos de urbanización perversos que a su
vez tienden a convertirla, incluso en su centralidad compacta,
en un conjunto de enclaves, centros de negocios, zonas
turísticas, barrios especializados, áreas marginales,
etc. Resultado de estos procesos: la ciudad como tal se
pierde. Y con ella se
disuelve o por lo menos se debilita la ciudadanía,
que encuentra en la ciudad densa, compacta, heterogénea,
lugar de mezcla e intercambio, espacio público de uso
colectivo intenso y diverso el entorno favorable para
su desarrollo y que ahora tiende a desaparecer.
Ante
esta situación, la reacción fácil e inmediata es “culpabilizar”
a los gobiernos locales y lamentarse del crecimiento de
las ciudades. Pero si bien la urbanización se expresa
en el ámbito local, el marco político y económico que
la hace posible es estatal y global. La
urbanización no es intrínsicamente perversa, si que lo
es la forma que toma cuando la orienta el capitalismo
especulativo y depredador, la complicidad política
de los gobiernos, la sumisión ciega al todo mercado y
la nocividad de la apropiación privada de las plusvalías
urbanas. El motor de este proceso han sido las entidades
financieras mediante créditos y hipotecas justificadas
por la expectativa de altos beneficios especulativos.
Pero han sido los gobiernos, en nuestro caso el español,
los que han proporcionado
el marco legal que lo ha hecho posible: hipotecas
y créditos fáciles, legislación favorable a la renta urbana
privada (tope máximo de recuperación de las plusvalías
urbanas del 15%), política de obras públicas valorizadoras
de grandes extensiones de suelo urbanizable distante de
la ciudad compacta, débil fiscalidad sobre el suelo expectante,
legislación urbanística permisiva que ha facilitado las
recalificaciones.
En
nombre de la ideología de la “competitividad” y de la
concepción de la ciudad como “negocio” se ha considerado un éxito cualquier tipo
de inversión y, lo que es peor, el beneficio de los
sucesivos propietarios del suelo que se apropian de rentas
especulativas en cada transacción. La propiedad privada
del suelo urbanizable y urbano se ha “naturalizado” a
pesar de no responder a una inversión previa y riesgosa,
cuando sería más lógico que no se le atribuyera más valor
que el rústico. El ganar fortunas a costa de la disolución de las ciudades ha sido un símbolo
de poder y de desarrollo afortunado. La dimisión y
la complicidad de los gobiernos con los actores económicos,
financieros, propietarios de suelo y promotores y constructores
solo se explica por la colusión de intereses entre ambos.
Los unos satisfacen sus ansías de generar obras ostentosas
y sus necesidades de financiar a sus aparatos políticos
que les permiten alcanzar posiciones de poder y los otros
obtienen beneficios a la vez seguros y muy superiores
al beneficio medio en los otros sectores productivos y
de servicios.
No
pretendemos exculpar a los gobiernos locales, puesto que
en ellos se concreta una parte importante de la corrupción,
aunque ésta no sea ni general ni la más importante de
la que se da en nuestro país, pero si la más visible y
desparramada, lo cual tiene efectos políticos y culturales
que instalan el cinismo generalizado, el cambalache o
el todo vale y la desmoralización ciudadana. Pero además,
las políticas urbanas “hipercompetitivas” y las formas
de gestión local destinadas a obtener recursos han abierto
brechas por las cuales se ha desarrollado la corrupción
y la urbanización insostenible y desintegradora. Tres
aspectos muy presentes en la vida local catalana y española
facilitan este tipo de urbanización: Uno, el afán de realizar grandes proyectos que
proporcionen visibilidad a la ciudad o región, que
generen atractividad, que la urbe aparezca como sede de
actividades supuestamente “competitivas”, “globalizadas,
dotarlas del label
que proporcionan arquitectos estrellas, marcar el territorio
de forma ostentosa, hacer una demostración de poder. Este
tipo de proyectos facilita recalificaciones, créditos,
gestión a partir de organismos autónomos, “justifica”
comisiones, a veces bastante superiores al famoso 3%,
tan presente en la obra pública catalana. En segundo lugar,
la recalificación del suelo es una
forma no solo de atraer inversiones de fuera también sirve para
dar respuestas
positivas a demandas locales de algunos sectores como
propietarios de suelo o promotores y constructores de
la zona y permite a los ayuntamientos estructuralmente
deficitarios obtener ingresos que pueden destinarse a
inversiones lícitas, a gasto corriente (lo cual puede
ser de dudosa legalidad) o perderse en parte por el camino.
Por último; estos procesos significan flujos monetarios
importantes y ponen en marcha procesos que procuran beneficios
importantes y en parte especulativos a los diversos actores
que intervienen y favorecen la corrupción.
¿Estas
reflexiones generales son aplicables a Barcelona?
En
parte probablemente no, puesto que si hubiera habido a
lo largo de 30 años de gobierno democrático -casi siempre
en el ojo del huracán- recalificaciones escandalosas,
pagos de comisiones ilícitos o excepciones a las normas
poco justificadas, se sabría. Ha habido ciertamente casos desafortunados o confusos. Algunos
fueron debidos a la presión
de grupos privados poderosos (recalificación del antiguo
campo del Espanyol, proyecto inicial, luego revisado,
de “Barça 2000”) sin indicios evidentes
de corrupción pública. En otros casos la Administración
pública principal no era el Ayuntamiento (túnel del Carmelo).
En otros se trataba de decisiones políticas de carácter
general (plan de hoteles). La operación Forum fue desafortunada en su concepción y ha facilitado
algunos desarrollos especulativos como ocurre también
con 22@. Pero en este caso la concepción ha sido más ciudadana
y no ha despertado las mismas sospechas que el
Forum. Se pueden discutir estas decisiones pero
nadie ha considerado que el gobierno local hubiera vulnerado
la legalidad.
Sin
embargo otras formas de gestión, indirecta, casi siempre
pueden resultar más dudosas por su relativa opacidad.
Los proyectos complejos y que suponen fuertes inversiones
públicas y privadas, que recalifican suelos revalorizados
y que se gestionan por medio de diversas Administraciones
y organismos autónomos tienen un importante grado de opacidad y dan lugar a múltiples transacciones,
modificaciones y actuaciones que benefician a particulares
y que generan oportunidades de obtención de importantes
beneficios especulativos: ocurrió en la
operación Forum,
ocurre en el desarrollo del 22@ y ahora
probablemente ocurrirá en
la gran operación de Sant Andreu-Sagrera. Es urgente
proporcionar transparencia a los grandes proyectos urbanos.
La ciudad, sin embargo, tiene desafíos mucho más complicados,
sin desmerecer la gran importancia que tiene reconquistar la credibilidad que los recientes casos que han emergido
en la periferia ha puesto en cuestión.
La
cuestión importante es: ¿qué puede aportar Barcelona,
de positivo o negativo, al
urbanismo del siglo XXI?. O si no va a aportar
nada, lo cual no nos parece imposible. Barcelona ha sido
una ciudad referente del urbanismo en el siglo XIX: Plan
Cerdà. En el XX la transformación de la ciudad en el último
cuarto de siglo, a partir especialmente de una exitosa
política de espacio público, ha sido tomada, seguramente
con exceso, como “modelo”.
Por ahora no se
puede decir que hayamos empezado el nuevo siglo de la
mejor manera posible. Inexistencia de un proyecto
efectivo de ciudad metropolitana a pesar de la retórica
que se nos inflige en los discursos políticos (el Plan
Estratégico Metropolitano es un ámbito intelectual excelente
pero con un respaldo político ficticio. Elabora estrategias,
propone objetivos y incluso concreta posibles proyectos
para un gobierno metropolitano que no existe; la anunciada
ley metropolitana, por su ámbito territorial limitado,
su organización política intermunicipal y sus competencias
modestas no aportará ningún cambio fundamental excepto,
quizás, que puede facilitar la inclusión del tema en la
agenda política). Proliferación provinciana de una arquitectura
ostentosa y a veces gratuita (Parque Central de Poble
Nou, Ciudad Judicial) que poco tiene que ver con
los proyectos vinculados a una estrategia ciudadana de
un pasado reciente. Tendencia a contentar las actitudes más reaccionarias de sectores de la población
en relación a los usos del espacio público: normas de
“civismo” que criminalizan a los colectivos sociales más
vulnerables. Debilidad de las políticas de vivienda hasta una época muy reciente
(en estos momentos existe un Plan de vivienda que por
lo menos expresa una toma de conciencia de este incomprensible
déficit). Dificultad al liderar proyectos logísticos propios
de la ciudad del siglo XXI y que no dependen exclusivamente
del gobierno local (transporte público urbano, red de
ferrocarriles de cercanías, gestión del aeropuerto, conexión
ferroviaria del puerto con Francia y Valencia). Y en general
una preocupante
crisis de ideas en las cúpulas políticas y en la “intelectualidad
orgánica” (institucional) agravada por el rechazo
a la crítica, el miedo al debate y la incapacidad para
distinguir lo bueno de lo que se ha hecho de los errores
y omisiones en muchos casos evidentes para la ciudadanía. Todo
ello lo han substituido por el discurso
autosatisfecho.
La
actual crisis económico-financiera global crea una oportunidad
a nivel local, precisamente por lo dicho al inicio de
este artículo: el modelo de urbanización predominante
es a la vez causa y efecto de esta crisis, la ciudad es
a la vez problema
y solución. Barcelona, por su cultura urbanística
acumulada, por la influencia que siempre han tenido los
movimientos intelectuales y sociales en su relación con
la ciudad y por el prestigio que ha conseguido en las últimas décadas puede ser
un referente para el urbanismo del siglo XXI.
Siete
propuestas generales para la acción y la reflexión
Para
terminar nos permitimos apuntar 7 líneas de reflexión
y actuación destinadas a desarrollar estrategias urbanas
para la ciudad del siglo XXI que sirvan a Barcelona y
puedan también ser tenidas en cuenta en las políticas
de otras ciudades. Una propuesta que se dirige no únicamente
ni principalmente a los gobiernos responsables de los
territorios metropolitanos, sino sobre todo a los sectores
intelectuales y sociales citados que inciden en la construcción
de hegemonías culturales o de ideas.
Uno.
Radicalizar la crítica a las realidades urbanas más visibles
y que representan la anticiudad democrática, los muros
físicos y simbólicos, las arquitecturas-objeto ostentosas
e indiferentes al entorno, los espacios públicos privatizados
o excluyentes, las operaciones urbanas costosas que constituyen
enclaves, los desarrollos desconectados de la ciudad compacta,
las vías que fragmentan los tejidos urbanos. En estos
casos y otros similares la crítica-denuncia y la desobediencia
civil están más que justificadas. Un gobierno democrático
de la ciudad debería deshacer, por ejemplo, el Parque
Central del Poble Nou.
Dos.
Denunciar las ideologías que son el discurso que acompaña
estas actuaciones: el
miedo a los otros, la exaltación de la distinción elitista,
la legitimación por la regla del todo mercado y del negocio
urbano, la coartada de la “competitividad” en un mundo
global para justificar
las operaciones costosas que crean objetos o enclaves,
considerar inevitable la corrupción como mal menor y la
especulación como natural en la vida económica. Un gobierno
democrático de la ciudad debería declarar nula la siniestra Ordenanza
del civismo.
Tres.
Valorizar, defender y exigir el espacio público como la dimensión esencial
de la ciudad, impedir que se especialice, sea excluyente
o separador, reivindicar su calidad formal y material,
promover el carácter público y la polivalencia
de espacios abiertos o cerrados susceptibles de usos colectivos
diversos (equipamientos públicos y privados, campus o
parques adscritos a usos específicos), conquistar espacios
vacantes para usos efímeros o como espacios de transición
entre lo público y lo privado. Un gobierno democrático
de la ciudad, en el marco del Año Cerdá, debería proclamar
la prioridad de la calle como espacio público y aplicar
una norma que estableciera que la superficie de las aceras debe ser siempre
superior a la de la de la destinada a la circulación rodada.
En el caso de las vías “semirápidas” (segregadas) el 50%
de la superficie debería destinarse al transporte público.
Cuarto.
Poner en cuestión la concepción totalitaria de la propiedad privada del
suelo y de otros bienes básicos (agua, energía). El
valor del suelo rústico cuando adquiere cualidad de
urbanizable no puede generar un beneficio al propietario
expectante. El planeamiento (fijando usos e intensidades)
y la fiscalidad (aplicada a suelo expectante que presione
a la propiedad a ofrecerlo al sector público a precio
de rústico, como instrumento para recuperar las plusvalías
urbanas o gravando fuertemente las operaciones desvinculadas
del tejido urbano) pueden conseguir resultados próximos a la socialización del
suelo. En el caso de Barcelona y de Cataluña podemos
recordar positivamente los decretos de 1937 de municipalización
del suelo urbano y de colectivización de las empresas
de la
construcción. Pero planes y proyectos
deben hoy dar una respuesta innovadora a los nuevos desafíos
sociales y ambientales, el “desarrollismo” crecimentista
hoy no es ni viable materialmente ni aceptable moralmente.
La austeridad y la recuperación de los recursos básicos
contra el despilfarro, las energías blandas para substituir
las que están en vías de agotamiento y la
apuesta por la calidad de vida de todos y la reducción
de las desigualdades sociales son hoy imperativos urbanos.
Un gobierno democrático de la ciudad debería utilizar
las posibilidades de la fiscalidad y del planeamiento
para recuperar las plusvalías urbanas en un 90%. Y generalizar
las experiencias de “renovación urbana” concertada con
la ciudadanía, como la que se ha dado en Trinitat Nova.
Quinto.
Recuperar y desarrollar la memoria del planeamiento de la Barcelona preolímpica.
Partir de legislaciones claras que ofrezcan una panoplia
de instrumentos legales, vincular planes y proyectos en
un solo concepto-acción a partir de un programa político
que permita desarrollos integrales localizados. Hacer
de la política de vivienda, en la línea pretendida por
la “ley del derecho a la vivienda” (especialmente en su
versión inicial) un elemento fundamental de planes y proyectos
que garanticen una oferta de vivienda asequible a todos
los niveles de ingresos en todas las zonas de la ciudad. El derecho de la vivienda requiere otros
derechos complementarios como la movilidad
universal, la centralidad próxima y la calidad del espacio
público. Un gobierno democrático de la ciudad debe
utilizar las posibilidades (incomprensiblemente mermadas
respecto al proyecto inicial) de la ley del “derecho a
la ciudad” para imponer gradualmente que en todas las áreas de la ciudad haya más del 50% de vivienda protegida
y social y que todos los ciudadanos tengan a menos de
300 metros acceso al transporte
público.
Sexto.
Promover un movimiento de reforma institucional que reorganice las administraciones
territoriales por áreas y programas integrales rompiendo
la compartimentación actual por sectores especializados
vinculados a corporaciones profesionales burocratizadas.
Sobre esta base puede desarrollarse una relación con la
ciudadanía más participativa, en la línea de la democracia deliberativa. Las ciudades
compactas plurimunicipales, como la aglomeración barcelonesa
mal llamada “área metropolitana”, requieren un gobierno
representativo sin perjuicio de la descentralización por
distritos y/o municipios. La región metropolitana en cambio
debe “inventar”
una gobernabilidad interinstitucional entre Generalitat
y gobiernos locales basada en el planeamiento estratégico,
los programas concertados, los servicios compartidos y
las relaciones contractuales. El gobierno democrático
de la ciudad debiera promover
un proyecto de gobierno metropolitano de aglomeración
basado en la proporcionalidad respecto a la población,
lo cual garantizaría que la corona periférica tuviera una cuota de poder igual o superior a la ciudad central.
Séptimo.
El derecho a la ciudad es hoy el concepto integrador de los derechos
ciudadanos renovados y la base de exigencia en un marco
democrático. Las instituciones solamente recibirán el
título y el respeto que se les debe en democracia si además
de proceder de elecciones libres (su dimensión formal)
actúan mediante políticas
que desarrollen y hagan posible los derechos de los ciudadanos.
Esta dimensión material de la democracia es por lo menos
tan importante como la formal. Hoy los derechos
ciudadanos que corresponden a nuestro momento histórico
van mucho más allá en concreción y extensión de los que
se incluyen en el marco político-jurídico, aunque pueden
considerarse que se derivan de los derechos más abstractos
de la
Constitución y el Estatuto: derecho a la movilidad, al lugar, al espacio público, a la centralidad,
a la igualdad de derechos de todos los habitantes, a la
formación continuada, al salario ciudadano, etc. Las
políticas públicas solo son legítimas si hacen efectivos
estos derechos o progresan en esta dirección: por ejemplo,
si reducen la desigualdad social. Cuando no es así en
una democracia los gobiernes dejan de ser legítimos. El
gobierno democrático de la ciudad debiera estimular el
desarrollo político del concepto de derecho de la ciudad
y hacer de él su principio fundamental (el autor desarrolla
esta temática en un libro que se publicará a finales del
año 2010 con el título Revolución Urbana y derechos ciudadanos, Alianza Editorial).
Barcelona
fue una ciudad famosa desde el siglo XIX por sus luchas
sociales, su vanguardismo cultural, su capacidad de innovación
política y sus contribuciones teóricas y prácticas al
progreso del urbanismo democrático; está
en condiciones de volver a ser un referente. Pero
no lo será si pretende únicamente reproducir y ampliar lo que hizo en
el pasado reciente y tampoco si se encierra en sí misma
con la vana ilusión de “globalizarse” desde su pequeño
lugar en el mundo. Proponemos estos siete puntos para
el debate ciudadano.
JB
El
autor es geógrafo y urbanista. Actualmente dirige el Master
en Gestión de la
Ciudad en la UOC. Entre 1983 y 1995 formó parte del Gobierno de la ciudad de Barcelona como
Teniente de Alcalde, responsable de descentralización
y participación, director ejecutivo del área metropolitana,
delegado de Relaciones Internacionales y presidente de
la ponencia redactora del proyecto de ley especial para
la
ciudad. Es autor, además de los libros
Espacio público,
ciudad y ciudadanía y La
ciudad conquistada.
De
su autoría y/o sobre su obra, ver también en café
de las ciudades:
Número 2 | Tendencias
Jordi
Borja: La Ciudad Conquistada | “La ciudad es el desafío a los dioses, la torre
de Babel, la mezcla de lenguas y culturas, de oficios
y de ideas. Sin memoria y sin futuro la ciudad es decadencia”.
| Jordi Borja
Número 15 | Política
“Tendencia
no es destino” |
Ciudadanía global
e innovación en La Ciudad Conquistada,
de Jordi Borja. | Marcelo
Corti
Número 21 | Política
Barcelona
y su urbanismo | Exitos pasados, desafíos presentes, oportunidades futuras. | Jordi
Borja
Número 31 | Tendencias
La
Revolución Urbana (I) | Las ciudades ante la globalización: entre la sumisión y la resistencia.
| Por Jordi Borja
Número 32 | Tendencias
La
Revolución Urbana (II) | De
un urbanismo de oferta a un urbanismo de demanda: oportunidades,
peligros y abusos. | Jordi
Borja
Número 42 | Política de las ciudades (I)
Espacio
público, condición de la ciudad democrática | La creación de un lugar de intercambio.
| Jordi Borja
Número 64 | Política de las ciudades (I)
La
izquierda errante en busca de la ciudad futura
| Un lugar de encuentros múltiples entre gentes
diferentes | Jordi
Borja |
Número 81 | Cultura de las ciudades (I)
François
Ascher | Pensamiento
crítico y acción en la sociedad hipermoderna |
Jordi Borja
Sobre
Barcelona, ver también en café
de las ciudades:
Número
6 | Economía
La
marquetización de las ciudades | Mariona Tomàs analiza el "modelo
Barcelona".. | Mariona
Tomàs
Número 24 | Lugares
1,2,3,
¿muchas Barcelonas...? | Impresiones de un bárbaro en el Mediterráneo, o ¿por qué el urbanismo
del Fórum 2004 no le gustó a nadie y en cambio caminar
por Gracia es tan ‘guai’?
| Marcelo Corti
Número 63 | Política de las ciudades
Gente
de Nou Barris |
La transformación de la periferia en la Barcelona post-franquista
| Marcelo Corti
Número 65 | Arquitectura y Planes de las ciudades
Método
y modelo de Barcelona | Entrevista a Oriol Bohigas:
la arquitectura debe asegurar la continuidad legible de
la ciudad | Marcelo Corti
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