“...Terquedades será una tribuna de doctrina”
(C. Ricot)
los muchachos a los que me refiero
no son refinados, pero sacuden las montañas cuando bailan
e.m.cummings.
Creo
que la época en que estamos viviendo (medida en meses o a lo sumo en unos pocos años) quedará en
la historia como aquella en que los vecinos de Buenos Aires
se introdujeron definitivamente como actores
en la agenda de la
Ciudad (es probable que también pase
algo parecido en muchas otras ciudades argentinas y del
exterior).
Se
que esta afirmación me pone al borde de una falacia muy
común: la de considerar la propia época como un tiempo de
“bisagra” histórica, simplemente por tener la suerte o la
desgracia de vivir en ella y por la distorsión que comprensiblemente
ocasiona la vivacidad del presente frente a la abstracción
de épocas pasadas que no hemos vivido o que, habiendo vivido,
idealizamos para bien o para mal. Pero existen datos ciertamente objetivos que me permiten
alegar la pertinencia de mi observación.
Considérense,
por ejemplo, acontecimientos como el freno
a la construcción de obras admitidas en la normativa
urbanística pero rechazadas por “los vecinos” (volveré luego
sobre estas comillas…) del barrio en el cual se pretenden
construir. Por vía judicial, legislativa o administrativa
(por ejemplo, los decretos 1929/06 o 220/07 del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires), estas obras han sido paralizadas
u obstruidas aun considerando la existencia de derechos
que claramente amparan a sus desarrolladores. ¿Era esta
situación imaginable algunos años atrás? Antes los vecinos
protestaban por excepciones al Código de Planeamiento Urbano;
hoy protestan por obras que el propio Código permite, y
aun así son escuchados y complacidos por los jueces o por
los gobernantes.
Considérese
también el espacio dedicado en los medios de comunicación a las protestas vecinales
por tal o cual obra, proyecto o normativa. O la importancia de los movimientos vecinales en
la consideración de las políticas patrimoniales
o en el rechazo a la localización de emprendimientos de
dudoso impacto ambiental en determinadas áreas del territorio.
Movimientos
vecinales, por supuesto, ha habido siempre (solo hace falta
leer Fuenteovejuna para verificarlo…), pero aquí hablo de una fase
novedosa. No se trata de movimientos que se queden en el
reclamo, la protesta o que, en caso de disponer de la suficiente
capacidad de presión o de lobby, obtengan reivindicaciones
satisfactorias a sus inquietudes y con eso den por terminada
su actuación. Estos movimientos argumentan con referencias
disciplinarias y académicas, se instruyen sobre las argucias
del derecho y las utilizan para judicializar
sus reclamos, sacan de quicio a los “técnicos” (también
volveré sobre estas comillas…) y se han ganado, al menos
en Buenos Aires, un rol insoslayable en la definición de
las políticas urbanas… o en su indefinición.
La explicación de este nuevo rol de los movimientos vecinales
no puede reducirse a unos pocos factores. Por el contrario,
involucra una multiplicidad de circunstancias; algunas,
producto de tendencias globales que encuentran su replica
local, otras, específicas de nuestro contexto. Podemos interpretar
esta situación como una ampliación del campo de ejercicio de la ciudadanía, producto de
la trabajosa consolidación democrática argentina o incluso
de la vocación de autogobierno ciudadano que mal o bien
afloró en la crisis del 2001 con el “que se vayan todos”.
Podemos también considerarlo como resultado de la autonomía
porteña o como respuesta
emergente a los desatinos urbanos que asolaron Buenos
Aires desde las operaciones de Cacciatore a las del
Concejo Deliberante, como expresión de crisis de liderazgo
político (exacerbada en la
Ciudad con las contradicciones y falencias
del “progresismo berreta”) o,
en cambio, como ejercicio de derechos constitucionales incorporados
en la reforma de la Constitución
Nacional de 1994 y en la Constitución
autonómica de 1996, en particular los que garantizan los
derechos a un medio ambiente saludable y los que establecen
mecanismos de participación ciudadana.
Podemos
verlos también como consecuencia de la explosión informativa
y comunicacional que permiten
las nuevas tecnologías y la profusión mediática. No es solo
que con Internet cualquier vecino puede armar en pocas horas
una cadena informativa y dar la vuelta al mundo informando
del problema de su esquina, sino que los medios corporativos
necesitan, por un lado,
noticias para llenar las pantallas de los canales informativos
las 24 horas del día y, por otro, dar demostraciones de
tener alguna vinculación concreta con sus consumidores.
La
Nación, por ejemplo, ha incorporado
a su versión digital un servicio de “corresponsales” espontáneos,
que informan básicamente sobre estos conflictos barriales.
En ocasión de los conflictos por “las torres”, Eduardo Reese
señalaba la existencia de un cierto “efecto TN”, en alusión
al canal Todo Noticias, cuya cobertura del conflicto llevaba
a todos los rincones de la Argentina el debate urbanístico
de Caballito o Villa Urquiza (por
cierto, esta amplitud
periodística se reduce notablemente cuando se trata de discutir
cuestiones urbanas en las que el interés corporativo no
coincide con el de la ciudad, como puede verse por ejemplo
cuando los grandes medios pasan por alto la invasión del
espacio público por el tendido aéreo de los cables de las
compañías de televisión paga, la salvaje agresión publicitaria
al paisaje urbano o las deficiencias del servicio ferroviario
metropolitano, a cuyos concesionarios están asociados para
la difusión masiva de sus medios gratuitos).
Hay
que considerar también la emergencia de líderes y dirigentes
cuyo discurso barrial se entronca con la idea de posicionarse
políticamente a partir de las elecciones que en algún momento
deberán realizarse para las Comunas porteñas (una estrategia electoral tan legítima como cualquier otra). Y no puede
ignorarse tampoco el efecto del boom constructivo e inmobiliario comenzado en 2003 y 2004,
que puso en evidencia las
fallas del Código de Planeamiento Urbano y
la carencia de una adecuada planificación urbana en
la Ciudad. Sobre todo, cuando en
la génesis de los conflictos alrededor de determinados distritos
de zonificación de dicho Código pueden encontrarse las modificaciones
realizadas en las épocas de recesión, que pretendieron justamente
estimular la actividad de los sectores inmobiliario y de
la construcción con aumentos genéricos de capacidad constructiva.
La comprobación del poder creciente de estos movimientos
vecinales puede derivar en alguna lectura ingenua, que simplemente
lo tome como resultado de un saludable proceso de participación
ciudadana, con efectos positivos para la calidad institucional.
Sin embargo, este nuevo rol vecinal y el cambio que implica
en la correlación de fuerzas políticas de la
Ciudad presentan algunos
puntos más oscuros.
Por
un lado, la comprobación de que los movimientos vecinales
no constituyen un bloque homogéneo sino que más bien se
caracterizan por su diversidad, a veces estimulante, a veces
contradictoria. Participan de estos movimientos colectivos
tan heterogéneos como los “sobrevivientes” del asambleismo
libertario del 2001, sectores de clase media acomodada o
directamente ABC1, vecinos fomentistas, punteros o dirigentes políticos de tercera línea,
ambientalistas, patrimonialistas o simplemente individuos
que defienden exclusivamente el valor de uso o de cambio
del inmueble en el que viven.
Esta
heterogeneidad no es en si cuestionable y hasta puede ser
considerada una riqueza del movimiento vecinal… salvo por
la abundancia de casos en los que se advierte la actitud egoísta y hasta reaccionaria de algunos de los colectivos
o individuos involucrados. Esta actitud va desde la mera
militancia NIMBY de algunos barrios (cuando por ejemplo
se cuestiona la presencia de cartoneros en las calles, la
realización de centros de reciclado de residuos o la construcción
de cruces viales bajo trazados ferroviarios) hasta tendencias
directamente elitistas (la negativa a la construcción, real
o supuesta, de viviendas de interés social) o racistas (alegatos
contra la localización de comerciantes chinos y sus familias
en el Bajo Belgrano, o contra la comunidad boliviana en
Liniers). En las Audiencias Públicas
que se realizan en la
Legislatura porteña en ocasión de la sanción
de determinadas leyes, suelen abundar contra-ejemplos de
lo que podría entenderse por una “sana participación ciudadana”:
uso emocional y manipulador
del lenguaje, acusaciones sin fundamento, descalificaciones
al que piensa distinto, etc. Hasta puede identificarse una
entonación y una fraseología propias del “vecino indignado”,
un metalenguaje que identifica a los colectivos urbanos
disidentes.
Por supuesto que “el vecino”, como tal, no tiene obligación de elaborar un pensamiento
integral de la ciudad ni de intentar una mediación entre
intereses particulares, intereses comunitarios restringidos
y esa cosa tan escurridiza que algunos seguimos llamando
“bien común”, aunque sepamos lo resbaloso del terreno que
pisamos… La mediación y la visión general son tareas de
la administración, de los estamentos profesionales (públicos
o privados) y, mal que les pese, de los medios de comunicación.
Pero cuando faltan esta mediación y esta visión general,
el mero abandono
del discurso urbano a “lo que piden los vecinos” puede tener
efectos devastadores.
Se
ha señalado que la categoría de “vecino’ es en realidad
pre-política y encubre un reduccionismo de las cuestiones urbanas, y que como tal
favorece la fragmentación y el egoísmo. El aislamiento
y la insolidaridad de las reivindicaciones vecinales pueden
generar un archipiélago de conflictos sin referencia general,
y reforzar las tendencias fragmentarias de la urbanización
contemporánea. Por ejemplo, a través de la consolidación
de ghettos monofuncionales y sociales,
la profundización de privilegios a partir de las mayores
capacidades de lobby de los sectores sociales más altos
y con mejor acceso al poder político y a los medios, y el
consiguiente traslado de las externalidades urbanas a áreas
de menor visibilidad territorial, política y mediática,
acentuando en el espacio las inequidades de la sociedad.
Cuando
el “vecino” puede trascender la lógica individual para aceptar
su pertenencia a estructuras territoriales, sociales y culturales
más amplias, es además de vecino, ciudadano. Pero aunque
esta transformación es deseable, no se trata solamente de
trasladar a los movimientos vecinales la responsabilidad
de una visión integral y solidaria, sino de que esta sea
asumida por la política, la intelligentzia e incluso por los
medios de comunicación. Esta es la mejor garantía para que
las tendencias más cuestionables de los movimientos vecinales
puedan ser contrarrestadas. Esto implica estructuras
políticas (en el gobierno o en la oposición, electivas o
designadas) con proyecto para el territorio y con cuadros
para ejecutarlo, dispuestas a escuchar al vecino y ciudadano
(sea cual sea su nivel económico o su encuadre político)
para respetarlo y considerarlo, no para adularlo, para hacerle
creer que se interesan en su problema, o para acceder automáticamente
a sus requerimientos si se trata de vecinos con poder o
capacidad de lobby. También implica cuadros técnicos y profesionales
con humildad y con visión global, conscientes de que la
solución de un problema no pasa solamente por la adecuación
a un esquema teórico sino por la satisfacción de necesidades
y deseos de las personas que usarán o habitarán un área
de intervención. Profesionales, por tanto, en los que el
rol de “técnicos” no defina una pretendida asepsia con respecto
a lo político, sino por el contrario un
modo de abordar lo político implícito en las cuestiones
urbanas desde el rigor y la precisión disciplinarios.
En
nuestra opinión, esta incorporación de los vecinos a la
agenda de la política urbana llegó para quedarse. Y aun con las observaciones que hemos formulado,
las consecuencias de este proceso deben ser consideradas
como positivas. La participación ciudadana es una
garantía de control y de pluralidad de opiniones frente
a las arbitrariedades y negligencias de gobernantes y funcionarios,
los intereses empresariales y rentísticos, y el autismo
de los técnicos y profesionales.
MLT
Sobre
el Código de Planeamiento Urbano y el proyecto de Plan Urbano
Ambiental de Buenos Aires, ver también en café
de las ciudades:
Número
66 I Planes y Política de las Ciudades (I)
Aprobar
y mejorar el PUA I Presentación en
la Audiencia Pública
del Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires I Marcelo Corti
Número 62 I Planes y Política de las ciudades
Normativa
urbanística: la articulación entre planeamiento, participación
y gestión I Sobre los conflictos alrededor
del Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires I Marcelo
Corti
Número
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Preservar
la ciudad, preservar el producto I
Sobre la Reforma del Código Urbano
de Rosario I Roberto Monteverde
Número
47 I Planes de las ciudades
Cómo
cambiar de una vez por todas el ya agotado (y además confuso)
Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires I
Apuntes para una normativa urbana (III). I Mario L.
Tercco
Sobre
movimientos vecinales, ver también en café
de las ciudades:
Número
63 I Política de las ciudades
Gente
de Nou Barris
I La transformación de la periferia en la Barcelona post-franquista I Marcelo Corti
Y
sobre el rol de los movimientos vecinales en la preservación
patrimonial:
Número
66 I Cultura y Política de las ciudades
Las
movilizaciones ciudadanas en Salta y Tucumán
I El Norte argentino en defensa de su patrimonio urbano
arquitectónico I Marcelo Corti
