“...Terquedades será una tribuna de doctrina”
(C. Ricot)
El
horrendo episodio de los seis hermanos muertos en el incendio
de una casa ocupada en la Boca rodeó de dramatismo al veto parcial del Poder Ejecutivo
porteño a la Ley 2973, aprobada
en diciembre del año pasado por los bloques opositores de
la Legislatura.
Dicha Ley modifica la Ley
1408,
de Emergencia Habitacional, estableciendo parámetros y criterios
que constituyen en la práctica la virtual reglamentación
de la
misma. Así, se identifica en su primer
artículo el universo de sujetos y grupos familiares afectados
por la emergencia habitacional, y se establece en su artículo
7 que el Ejecutivo presentará, dentro de un plazo de noventa
días, un Plan Progresivo de Solución de la
Emergencia Habitacional (en el texto se
precisan los destinatarios del Plan, las acciones a desarrollar,
los organismos a cargo, los plazos y los mecanismos de control).
La
aparente imposibilidad de la ciudad y distrito más rico
del país en resolver su déficit de vivienda no debe atribuirse
solamente a la ineficiencia de los sucesivos gobiernos locales
(aunque esta es por supuesto evidente). La propia riqueza
de la Ciudad la hace atractora de residentes en procura de oportunidades de empleo
y servicios, que en el caso de las capas más pobres de la
población argentina y de la región no está acompañada de
la posibilidad de acceder a una vivienda digna en el mercado
formal.
El
déficit tiende entonces a autoreproducirse, de modo que resultaría falaz la idea de
resolverlo en un contexto en que no se encare a su vez el
déficit en otros distritos y especialmente en los municipios
del Area Metropolitana de Buenos
Aires. Una profundización de las asimetrías entre la Ciudad y el resto del país
podría hacer insoportable las tensiones ocasionadas por
la excesiva demanda de localización residencial en el distrito.
Esto involucra al Gobierno Nacional e incluso al Gobierno
de la
Provincia de Buenos Aires, sin liberar
por ello de responsabilidades al Gobierno de la
Ciudad.
De
acuerdo a la fuente que se considere, la población que vive
en condiciones de precariedad habitacional en la Ciudad de Buenos Aires oscila
entre las 300.000 y las 500.000 personas. Pero la situación
de emergencia, lejos de despertar la solidaridad de los
ciudadanos porteños (salvo, como veremos, en la humana expresión
de horror por la muerte de los hermanitos, o en general
por las situaciones más evidentes de abandono y miseria),
genera en cambio prevenciones y rechazos contra todo intento
de relocalización que involucre la cercanía residencial de colectivos
villeros. Esto es en la práctica un fuerte argumento a favor
de la radicación: el traslado masivo y compulsivo de la
población villera (en general,
a barrios sin capacidad de presión política ni mediática)
solo genera más conflictos y fragmentaciones de la sociedad.
Algo
que puede parecer una anécdota (o una “buchoneada”
de nuestra parte) es, sin embargo, ilustrativo respecto
a las ambigüedades ideológicas de algunos gobernantes porteños
y ayuda a comprender el fracaso de 12 años de administraciones
autonomicas en la resolución del
problema de la vivienda. Aníbal Ibarra,
que como Jefe de Gobierno vetó
en el año 2004 dos artículos de la
Ley 1408, fue uno de los diputados
que votó la Ley 2973, que reintroducía los
mismos artículos…
Sin
embargo, las contradicciones de la centro-“izquierda” (o
el “progresismo berreta”, en la
feliz definición de Mauricio Macri)
no alcanzan para disimular las incongruencias del pensamiento
conservador argentino (¿podríamos llamarlo “conservadorismo
berreta”?). Tres notas de un mismo
número de La
Nación, el pasado 15 de enero,
abordan de distintas maneras la cuestión de la Emergencia Habitacional
y ejemplifican los sinuosos meandros de la ideología de
“centro”-derecha argentina.
La
nota editorial La tragedia de La
Boca
sostiene que “la
muerte de seis niños en un incendio da cuenta de la crítica
situación de un barrio en el que abundan las casas tomadas”.
En una sustanciosa frase, el Director de La
Nación sostiene que la tragedia “fue el desenlace inexorable que, más tarde o más temprano,
iba a ocurrir” (nótese
el fuerte sentido determinista del discurso) “si
llegaban a entrecruzarse, como esta vez, factores adversos
cuya existencia desde mucho tiempo antes viene generando
solidarias voces de alerta” (veremos más adelante lo
que sostienen estas voces “solidarias”). La tesis editorial
puede resumirse en estas claves:
-
Tras la debacle del Riachuelo como puerto y sede de la industria
náutica, el barrio fue progresivamente ocupado por intrusiones
“alentadas por solapados "punterismos"
políticos” o “espontáneas” (forma de designar a las
intrusiones no alentadas por punteros) en edificios, casas,
fábricas y locales abandonados, e incluso por villas de
emergencia. No se menciona en la nota a los conventillos
ni a los “hoteles”, quizás porque el hecho de que estos
sean usufructuados por un propietario que cobra alquileres
a sus inquilinos o huéspedes establece una diferencia, que
La
Nación considera esencial, con respecto
a las otras formas en que se manifiesta la precariedad habitacional:
el cuasi-sacro estatuto de la Propiedad. Soy
socialdemócrata, no cuestiono el derecho a la propiedad,
pero no creo que tenga preeminencia sobre otros derechos
como el de la vivienda, la dignidad y mucho menos la vida;
por otro lado, la indignación mediática, social y política
por las “usurpaciones” que cometen los villeros no se replica
en el caso de las concesiones “truchas” de inmuebles de
propiedad del Estado local, como demuestra un reciente
informe del semanario Noticias Urbanas.
-
“El orgullo movilizado
por las realidades del novísimo edificio de la Fundación Proa, del Museo de Arte Construido y del
Museo de La
Boca entra en colisión con la mezcla de
auténticos necesitados y de marginales encubiertos que convive
a duras penas dentro de los inmuebles ocupados”. Aquí,
el Director abarca en una misma frase las cuestiones del
orgullo barrial, la estética urbana (positiva en el caso
de los centros culturales, negativa en la impresión que
producen necesitados y marginales) y la ética que distingue
a los pobres auténticos de los que encubren su marginalidad,
palabra que suponemos alude a los márgenes de la
Ley, o sea a los delincuentes. Cabe aclarar
que cuando La Nación informa sobre
otras realidades urbanas (por caso, el Barrio Parque o los
countries sobre los que publica
un suplemento especial los días sábados) no se siente obligado
a distinguir entre “auténticos” empresarios, profesionales
y personalidades del arte, el deporte y la cultura que han
tenido éxito y disfrutan de un buen nivel de vida, respecto
a “encubiertos” evasores de impuestos, narcos,
representantes de fútbolistas y traficantes de personas y de armas que conviven
en la tercera corona metropolitana de Buenos Aires.
-
“Nadie puede alegar
desconocimiento de esa degradación urbana”, y mucho
menos, según el Director, los sucesivos Jefes de Gobierno
porteños, incluyendo al actual, “quien hasta hace poco más de un año tuvo a pocas cuadras de ese lugar
su despacho de presidente del club Boca Juniors”.
Ahora bien, el Director señala como una muestra de ese conocimiento
de Macri sobre la situación habitacional en La Boca el hecho de que “acaba de vetar una norma que suspendía por
seis meses el desalojo de inmuebles ocupados pertenecientes
a la urbe autónoma”, es decir, la
Ley 2973. Para La Nación, según se desprende de esta línea de razonamiento,
los desalojos serían una parte fundamental de la estrategia
para resolver la situación habitacional en el barrio.
-
“Es menester”,
concluye el Director, “hacer cuanto esté al alcance de todos nosotros
para evitar la reiteración de esta tragedia. Sin dejar de
lado otras obras menos imprescindibles, los niveles de gobierno
nacional, provinciales y municipales deberían ocuparse,
con rango de política de Estado, de asignar las partidas
disponibles y llevar a cabo las acciones que fuese menester
para ponerle remedio a esta endémica cuestión, que no puede
quedar librada al albur de la valiosa solidaridad privada”.
¿Cuáles
son las acciones que resultan “menester” para “ponerle remedio
a esta endémica cuestión” de la precariedad habitacional?
Desde mi punto de vista, no me caben dudas: estricta regulación
del mercado del suelo orientada a la inclusión habitacional,
apoyo del Estado en sus distintos niveles a las iniciativas
de las familias e individuos y de las organizaciones ciudadanas,
empresas sociales y otros colectivos urbanos en pro de la
urbanización inclusiva, construcción de viviendas para alquiler,
venta o comodato por parte del Estado, exigencia de construcción
de viviendas sociales para el otorgamiento de permisos a
emprendimientos inmobiliarios “premium”,
consideración de la vivienda y los servicios urbanos como
parte del salario de los trabajadores, extensión del concepto
de vivienda social a la destinada a los sectores medios
sin capacidad de ahorro, los estudiantes, los jubilados/as
y otros colectivos apartados de las sucesivas “fiestas”
del privilegio en la Argentina, consideración
de la producción social de la vivienda y la ciudad como
una actividad económica generadora de empleo y ciudadanía
que amerita en mayor medida que los concesionarios de automóviles
y las casas de electrodomésticos los favores y subsidios
del Estado ante las crisis económicas y las recesiones.
No se si esa es la idea que sostiene el Director de La Nación acerca de las acciones que deben implementarse,
pero con seguridad no es la de los otros columnistas del
más que centenario matutino en su sabrosa edición del 15
de enero.
Javier
Navia, por ejemplo, imagina en
las reacciones posteriores al incendio del banco tomado
“Un ataque “por derecha” que Macri
no esperaba”.
El columnista considera “de derecha” los cuestionamientos
del kirchnerismo porteño y de
partidos de izquierda al Jefe de Gobierno por no haber “intervenido anteriormente en ese lugar ocupado,
donde las condiciones de vida de sus moradores podían anticipar
lo que ocurrió. Olvidando incluso que la ley le impide al
gobierno intervenir en un edificio privado, parecían clamar
por lo que no se atrevían a pronunciar en voz alta: desalojos
masivos. Lo curioso es que esa crítica provenía de sectores
que suelen considerar propias de dictaduras las políticas
que persiguen poner fin a situaciones irregulares y de extrema
peligrosidad, como las construcciones que se levantan en
la villa 31”. También para Navia la solución a la emergencia habitacional pasa por los
desalojos de quienes sufren la emergencia, sin precisar
cual sería el paso siguiente al desalojo. La línea conceptual
es idéntica a la del Director, aunque
expresada con menos elegancia y ambigüedad. El propio Macri
es criticado en la nota por adoptar supuestas “posturas ambiguas en temas en los que en otros tiempos -tiempos electorales-
no solía mostrar medias tintas. Por ejemplo, la necesidad
de erradicar las villas de emergencia de la ciudad. Una idea que el jefe de gobierno hoy ya
no expone, al menos en esos términos”.
Finalmente,
Hugo Gambini, aborda la cuestión
del “Urbanismo en la villa 31”. A tal efecto, aconseja “acudir a las instituciones, que para algo están”. La institución recomendada
por Gambini es la Academia Nacional
de Bellas Artes, que en 1994 sostuvo la necesidad de erradicar
la villa de Retiro. “Se
habló, claro, de reubicar a sus moradores en viviendas que
se construirían en terrenos fiscales”, aclara Gambini
sin precisar cuales serían esos terrenos fiscales; de esta
manera, el Estado utilizaría tierras en algún lugar del
mundo a efectos de evitar “que
por razones políticas se legitimara la usurpación de terrenos”.
Este enroque recuerda la “curiosa variación de un filántropo”,
como definió Borges aquella propuesta de Fray
Bartolomé de Las Casas para importar negros esclavos y remplazar
a los indios en la extenuante tarea de extraer las riquezas
de las minas americanas al principio de la conquista española.
La señora Nelly Perazzo, desde la prestigiosa Academia,
propuso como alternativa al barrio la realización de un
parque.
Además
de considerar a la
Academia de Bellas Artes como una institución
urbanística, Gambini comete otros
dos errores: sostiene que “salvo
quienes viven en la villa 31, nadie defiende el asentamiento
en esos terrenos, que no son de nadie, pero son de todos
los habitantes de Buenos Aires”. En realidad, hay mucha
gente que defiende el derecho de los habitantes de la 31 a vivir en Buenos Aires y
urbanizar su barrio; por otro lado, los terrenos no son
ni de nadie ni de los habitantes de Buenos Aires. Son del
Estado Nacional, que si estuviera interesado en la urbanización
de la villa solo tendría que ceder el predio a la Ciudad o a los villeros organizados
con cargo a la realización de dicha urbanización (de la
misma manera que a la
Ciudad le bastaría con establecer una normativa
urbanística adecuada para condicionar al Estado Nacional
y frenar cualquier afiebrada elucubración sobre emprendimientos
inmobiliarios de lujo y rascacielos a 6.000 dólares el metro
cuadrado).
El
lugar común de estos razonamientos mediáticos es la idea
de una solidaridad del desalojo, algo parecido al “porque
te quiero te aporreo” de nuestras abuelas. La solución a
la emergencia habitacional de Buenos Aires consistiría en
sacar a los villeros u ocupantes por la razón o por la fuerza
de sus precarios alojamientos, demoler estos y parquizar
el predio (para-que-no-digan-que-queremos-hacer-un-negocio-inmobiliario).
¿Qué pasa con los desalojados? Se los lleva a otros lugares.
¿Qué lugares? Y… lejos, a cualquier lado, pero lejos. Lejos
en la Ciudad, a Villa Lugano
o Villa Soldatti, y si en esos
barrios los vecinos no son solidarios
y no aceptan a los desalojados, al Conurbano, a Florencio
Varela, a José C. Paz, a Berazategui, y de continuar el problema o en caso de que los
desalojados no aprecien la solidaridad de la que fueran
objeto, a la Patagonia,
a sus “provincias de origen” (versión del siglo XX), a sus
países de origen (versión contemporánea), a la concha
de su hermana
o a donde sea. Pero lejos.
MLT
Atribuir a la derecha argentina la idea de enviar
villeros a la concha de su hermana no es un exabrupto de
mi parte, sino un corolario de la parábola
del hornero y de la almeja
que propone Carmelo Ricot en el número 6 de esta revista. (MLT)
Ver
en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la Ley 2973, el
Decreto 9/09, que la veta, la Ley 1408 y el Decreto 1611/04,
que la veta.
Ver
las notas
La
tragedia de La Boca (editorial),
Un
ataque “por derecha” que Macri no esperaba,
de Javier Navia, y Urbanismo
en la villa 31, de Hugo Gambini, en La
Nación del pasado 15 de enero.
El informe
de Alejandra Vignollés en el semanario
Noticias Urbanas indica la existencia de 573 concesiones a particulares
de inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad, otorgados en distintas
administraciones, sobre los cuales 364 se encuentran en condiciones de ocupación
irregular y en 116 casos no se informa sobre la existencia
de ningún instrumento jurídico que haya otorgado la concesión
en algún momento. Ver también la
nota Buenos
Aires, la reina de las concesiones truchas, de
Claudio Mardones, en Crítica de
la Argentina del 27 de enero.
Ver las notas La
favelización anunciada, de Jorge Lanata,
en el diario Crítica de la
Argentina del 25 de enero, y La
inexplicable pobreza porteña, de Javier Fernández Castro, en el Diario de
Arquitectura de Clarín del 27 de enero
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