“...Terquedades será una tribuna de doctrina”
(C. Ricot)
Este
mes he tenido muy poco tiempo y (debo confesar) pocas ganas
de escribir (malas campañas futbolísticas, quizás, o tal vez
desasosiego por las candidaturas ofrecidas para el 28 de junio);
recurriré entonces al viejo
truco del comentarista: comentar, muy brevemente, comentarios
ajenos… y tratar de relacionarlos. Me ayudará a esto algo que,
como veremos, omitió comentar el primero de nuestros comentados.

¡Agarrate,
Catalinas!
Se
trata del editor responsable de este medio, quien el pasado
26 de mayo publicó en el Diario de Arquitectura de Clarín esta
nota que reproduzco, sobre un comunicado de la Sociedad Central
de Arquitectos.
“La
Sociedad Central
de Arquitectos (SCA) ha expresado públicamente su opinión acerca
de la ley aprobada en primera lectura por la Legislatura porteña por la cual se modifica la normativa urbanística para
tres terrenos de propiedad de la
Ciudad en Catalinas Norte y se autoriza
su venta con el objeto de proveer fondos a las partidas presupuestarias
destinadas a la infraestructura educacional. La declaración
sostiene que este proyecto implica “graves consecuencias” sobre
las que se considera indispensable informar a la opinión pública.
Con argumentos “políticamente correctos”, la SCA incurre sin embargo en una serie de inexactitudes
y omisiones que creo necesario aclarar. La SCA es la organización profesional
de arquitectos más antigua y reconocida del país; un planteo
incorrecto de la entidad significa un
retroceso en la capacidad institucional de la disciplina
para insertarse en las discusiones relativas al futuro de nuestras
ciudades
Sostiene
la declaración que “el conjunto urbano de Catalinas Norte es
un ejemplo de proyecto urbano de los años 60 diseñado por un
equipo de notables arquitectos y urbanistas y, como tal, planteaba
con particular detalle y a escala urbana la relación entre las
torres y el espacio libre, dedicado a servicios y espacio público”.
Esto es cierto, pero también lo es que en la práctica el proyecto
efectivamente ejecutado se limitó al loteo de unas parcelas
para la edificación de torres
de oficinas, simplemente apoyadas sobre un vacío urbano sin
atributos. Carente de servicios, amenidades y de toda calidad
urbana, el basamento de Catalinas Norte es un desierto inhóspito,
negado a la fruición ciudadana y apenas utilizado por quienes
trabajan en las torres.
Según
la SCA,
la Ley de sanción inicial propone
realizar en los tres terrenos “alturas que duplican a las torres
existentes”. Sin embargo, las alturas máximas admitidas por
la Ley son de 100 metros en dos de los
terrenos y de 150 en el restante, mientras que la mayoría de
las torres construidas en Catalinas Norte superan los 100 metros de altura (137 metros, en el caso
del edificio BankBoston).
No
es serio que una entidad de arquitectos cometa un error tan
elemental. Quizás la confusión se origine en los 73
metros que la normativa existente y la
propuesta indican como alturas mínimas para el distrito, dimensión
largamente superada por los edificios construidos: una nota
en un diario, que no es Clarín, incurrió en el mismo error al
comentar la sanción inicial (esa misma nota aludía a la posibilidad
de ceder un 40% de los predios para espacio público como “jardinería
gratis: la ciudad se hará cargo de parquizarlos”,
criterio muy desafortunado
acerca del carácter social y cultural del espacio público urbano).
Siguiendo
con la opinión de la
SCA, la
Ley hace desaparecer “este espacio urbano necesario”,
cuando en realidad se trata de terrenos de dominio privado actualmente
usados por concesionarios para su lucro particular (concesiones
de generosa laxitud y escaso rédito para la Ciudad). Sin embargo, serían
para la SCA
“servicios existentes” que se quitan a la zona: son en realidad
dos estacionamientos y una estación de servicio, usos que el
Plan Urbano Ambiental propone restringir. Se critica también
el “hiper congestionamiento de áreas
ya sobrecargadas”, caracterización poco feliz del Centro y de
la zona mejor localizada
del país y más servida por transporte público.
Acierta
en cambio la SCA
en asegurar que “Catalinas Norte debe ser protegido y revalorizado,
con la mejora de los espacios urbanos existentes, retomando
la idea del basamento que figuraba en el proyecto original,
proveyendo los servicios complementarios necesarios para las
miles de personas que ya trabajan en el área, dándole mayor
vitalidad a la zona y mejorando sus espacios públicos que son
los aspectos negativos de la actual situación urbana”. Estos
objetivos son absolutamente compatibles con los de la
Ley de Sanción Inicial y bien podrían ser la
propuesta que lleve la entidad a la Audiencia Pública
que ahora debe realizarse.
Pero
recayendo en la incoherencia, la declaración continúa expresando
su extrañeza por que “el GCBA envíe esta iniciativa al mismo
tiempo que convoca a un concurso de ideas para el área de Dársena
Norte, en la cual este conjunto está incluido”. Sin embargo,
las propias bases del Concurso que organiza la SCA señalan la existencia del
proyecto de Ley que se critica, sin realizar ninguna objeción
ni considerarlo incompatible con el requisito (absolutamente
válido) de “rescatar la permeabilidad y conectividad de este sector y su articulación
con la trama urbana tradicional, Empalme Norte, los bordes
de Dársena Norte y Puerto Madero”, también expresado en las
Bases.
Llama
la atención que en ningún momento la
SCA haga referencia a uno de los aspectos más
positivos de esta Ley Inicial: que a diferencia de nefastas
experiencias anteriores, algunas de ellas tan cercanas a Catalinas
Norte como el predio de Tandanor,
el cambio de normativa es realizado con anterioridad a su venta
y, por lo tanto, el mayor
valor inmobiliario resultante es captado por el Estado local
y no por un privado. Y llama la atención que la
SCA considere problemático realizar torres
en Catalinas Norte cuando en los recientes conflictos acerca
de los edificios en altura en varios barrios de la Ciudad su postura fue la defensa
a ultranza de los intereses de propietarios y desarrolladores
por sobre la preservación de la calidad urbana.
No
está mal que la
SCA tenga una visión crítica sobre las políticas
urbanas de la Ciudad; debería expresarse
más a menudo en ese sentido (y sin que la crítica dependiera
de si la convocan o no a organizar un concurso). Pero sus comentarios
no pueden estar exentos de la necesaria precisión y seriedad
técnica”.
Coincido
con lo expresado por el Editor, pero me
hubiera gustado que su nota abundara un poco más en esa “visión
crítica de las políticas urbanas” que se le reclama a la
entidad representativa de los arquitectos. Por ejemplo, en las
que motivan las notas que veremos a continuación.

Superpoderes
a AUSA
Con
el titulo Legislatura testimonial, La
Nación del pasado 13 de mayo publica
esta nota del arquitecto y urbanista Andrés Borthagaray sobre un controvertido proyecto del Gobierno de
la Ciudad
de Buenos Aires, finalmente transformado en Ley:
“Seis
mil cuatrocientos millones de pesos pertenecientes a los vecinos
de la ciudad de Buenos Aires corren el serio riesgo de desaparecer
del presupuesto en los próximos 20 años. No se trata de
un tecnicismo: significa que los porteños perderemos poder de
decisión y de control sobre esa enorme suma. Esto ocurrirá si
se aprueba, en segunda lectura, un proyecto de ley para darle
a AUSA, sociedad anónima de capital público, una concesión de obra a veinte años para construir
autopistas, con un presupuesto superior a los 320 millones
de pesos anuales. Estos fondos acaban de nutrirse como consecuencia
de un aumento de los peajes, en algunos casos del 300 por ciento.
Para
justificar la medida se menciona, entre otros dudosos fundamentos,
el supuesto éxito de la concesión a punto de vencer. Esta afirmación
se basa en parámetros propios de los evaluados, al margen de
las observaciones de la auditoría de la ciudad. Se justifica también en el “contundente”
apoyo de la ciudadanía, expresado en las opiniones de tres vecinos
(en dos casos se trató de un pedido de información) y tres representantes
de la empresa que participaron de una audiencia pública convocada
en pleno verano y realizada el 11 de marzo pasado.
Una
decisión de tal importancia merece ser contrastada
con alternativas y antecedentes. En primer lugar, el presupuesto
-ley de leyes- es una de las responsabilidades fundamentales
de los cuerpos parlamentarios en todo el mundo. Semanas antes
de unas elecciones legislativas, se está delegando por veinte
años, en el Ejecutivo, una función extraordinaria. Como la
Constitución de la ciudad no admite la delegación
legislativa, el proyecto
es claramente inconstitucional.
Más
allá de ese aspecto institucional -que para quienes creemos
realmente en la República es motivo
sobrado para descartar la iniciativa-, consideramos imprescindible
poner a consideración de la gente las prioridades de esa enorme
suma o someter las propuestas legislativas a una consulta pública.
Así, los vecinos podrían enterarse de que si no se amplían los
subtes, ni se mejoran las condiciones de los existentes, ni
se compran sedes de escuelas públicas, ni se mejoran las estaciones
y centros de transferencia de Once, Retiro, Constitución, Chacarita
y Virreyes, no es por
la falta de recursos que se invoca, sino porque se han elegido
otras prioridades.
Al
fundamentar el aumento de los peajes, se mencionaron los antecedentes
de Londres y Singapur. Pero los
recursos obtenidos en estas ciudades se destinan a mejorar un
transporte público de excelente calidad. Se puede estar
de acuerdo o no con esos antecedentes, pero haberlos evocado
como justificación del aumento de peajes sólo puede explicarse,
en el mejor de los casos, por el total desconocimiento de esas
experiencias. Otro ejemplo, no citado -de Barcelona-, destina
los recursos de los peajes a mejorar la infraestructura ferroviaria.
En
tercer lugar, desconcierta la enunciación de obras del anexo.
En el proyecto sometido a audiencia pública se incluye, entre
las obras, un túnel por construir en la avenida 9 de Julio y
una bajada de la autopista Illia,
a la altura de Pueyrredón, que entra
en colisión con la doble mano que se implementó recientemente.
El proyecto plantea que resolverá en forma eficiente cinco cuestiones
fundamentales de movilidad de la ciudad, pero excluye
toda solución que no sea vial. No brinda información sobre
los costos ni alternativas para solucionar esos problemas. Pero
la justificación más original para darle miles de millones a
una empresa de autopistas es sin duda la de “fortalecer el diseño
y funcionamiento de la trama peatonal y de tránsito no motorizado”.
Es
cierto que el sistema de contrataciones del Estado presenta,
en su búsqueda de transparencia, engorros burocráticos. Es cierto
que hay una notable inejecución de los recursos existentes.
Pero para buscar la solución, y para actuar en consecuencia,
entonces, el esfuerzo
legislativo debería apuntar a mejorar la ley de contrataciones,
no a sortearla.
En
un debate más profundo, podría discutirse la forma de fortalecer
las empresas públicas sin recurrir a atajos legales. Por ejemplo,
un holding de empresas públicas de la ciudad, como existe en
varias ciudades europeas, o una empresa pública modelo, como la que
ha permitido la transformación de Medellín. Eso implica considerar
públicamente las prioridades de los recursos en un abanico más
amplio de opciones y fortalecer la capacidad de acción del Estado
a favor de la equidad y la calidad urbana.
Los
superpoderes no son malos cuando se le otorgan al presidente
de la Nación y buenos cuando
se le otorgan al jefe de gobierno. El proyecto revela una lamentable
continuidad con políticas de concentración de poder y falta
de controles republicanos, que la ciudadanía está dando muestras
elocuentes de cuestionar cada vez más. Una Legislatura vacía
de contenido, meramente testimonial, no parece ser una alternativa
a esas políticas, sino su fiel reflejo”.
Coincido
nuevamente, y si lo relaciono con el texto del Editor, tengo
que preguntarme por qué la SCA no consideró necesario comentar
estos favores a AUSA. O por qué tampoco se expide sobre las
políticas de desalojo de los pobres de la Ciudad.
Sobre esto trata la siguiente nota.

Fuente:
ocnaranja.blogspot.com
“Despacito,
en silencio”
En
Página
12 del lunes 4 de Mayo, Carlos Rodríguez escribe
la nota La guerra de los desalojos silenciosos:
“Despacito,
en silencio, se van haciendo desalojos” La trágica ironía verbal
que expuso, a principios de año, el jefe de Gabinete porteño,
Horacio Rodríguez Larreta, se va cumpliendo, con creces, en una realidad cotidiana
que multiplica los desalojos que, sumados a la crisis económica,
arrojan a la calle a miles de personas. Un relevamiento
realizado el lunes 27 de abril por personal del propio gobierno
porteño reveló que hay
1950 personas durmiendo en la calle, cifra que duplica la que
se había registrado el año pasado, para la misma fecha,
cuando todavía no se aplicaban las drásticas y “silenciosas”
medidas dispuestas por el macrismo.
El dato, al que pudo acceder Página/12 por fuera de la estructura
de prensa del gobierno de la ciudad, fue acompañado por otras
apreciaciones que indican que hay cerca de 22 mil personas que
viven en la ciudad y que han perdido o están en peligro de perder
las viviendas que habitan.
“El
conteo de personas en situación de calle fue contundente en
sus resultados: este año se duplicó el número de los sin techo,
de las 1000 personas contabilizadas el año pasado, se pasó este
año a 1950”, le dijo a este diario
una fuente del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo con
lo conversado con personas vinculadas al trabajo social en la
ciudad de Buenos Aires, las causas del problema son múltiples
y están todos a la vista: “Sólo basta decir que el macrismo
no tiene una política orientada a reducir el déficit habitacional”,
señalaron. Como ejemplo, hay que recordar que el presupuesto
del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) –según ya lo
reveló este diario– cayó este año
de más de 500 millones a menos de 120 millones de pesos. De
esos 120 millones, casi cien se destinan al pago de sueldos
y al funcionamiento del IVC, lo que prácticamente deja sin financiamiento
las obras en marcha y los planes previstos para este año.
A
eso se sumó el incremento
de los desalojos, favorecidos por una serie de medidas tomadas
por el gobierno de Mauricio Macri. A mediados de enero, el jefe de Gobierno vetó la Ley de Emergencia Habitacional
que había sido aprobada por todo el arco político opositor,
que había logrado torcerle el brazo al bloque oficialista del
PRO. “El Estado debe garantizar el derecho a la vivienda y no
puede ser el principal desalojador”,
declaró en su momento el diputado de la Coalición Cívica
Facundo Di Filippo.
(…)
A
falta de política social, el gobierno porteño ha creado la llamada Unidad de
Control del Espacio Público (UCEP), un verdadero “grupo de tareas”,
que con métodos similares a los de la dictadura militar se encarga
de realizar desalojos compulsivos de indigentes que viven en
plazas, parques, calles y edificios de la
ciudad. La UCEP,
en los hechos, ha desplazado al BAP (Buenos Aires Presente),
que se encargaba de ofrecerles alguna posibilidad de alojamiento,
aunque fuera momentáneo, a los que viven en la
calle. Para completar el cuadro de despropósitos,
al frente del BAP está hoy un militar retirado cuya única conexión
con el problema social había sido, desde la función pública,
el de buscarle un destino final a la basura que llena las calles
de la ciudad.
El
legislador porteño Martín Hourest,
sostuvo que la raíz del problema es que “la única lógica que
se maneja desde el gobierno porteño es la de hotelizar o expulsar, con algún recurso económico,
a todos los que viven en situaciones precarias”. Hourest
dijo que todo se desenvuelve en el marco de un círculo vicioso: “Les dan un dinero que puede ser de siete mil pesos
o 25 mil, en caso de algún ‘subsidio vip’,
pero eso no alcanza para comprar ni para alquilar. De manera
que al problema de la gente en la calle se lo encierra por seis
meses en un hotel, hasta que las personas se quedan sin plata
y entonces tienen que irse a vivir a un asentamiento, a una
villa o, de lo contrario, tienen que buscarse algún lugar en
una plaza, en la calle”.
“El
problema –según Hourest– tiene que
ver con los desalojos compulsivos que alienta el gobierno porteño,
pero también con el agravamiento de la crisis.
Esto
no se soluciona con la política de invisibilizar
a los que son desalojados. Nadie se interesa por ellos, ni se
les hace un seguimiento para ver cómo ir buscando soluciones
de fondo.” Sobre el número de personas sin techo, Hourest
coincidió en que “hay mucha más gente que vive en esa condición,
respecto del año pasado, pero no hay cifras ciertas sobre cuántas
son”. Estimó que pueden ser “cerca de 12 mil o muchos más, porque
hay que tener en cuenta que con la actual modalidad de ‘hotelizarlos’,
de esconderlos, es posible que sean muchas más o que puedan
serlo una vez que se les acabe el dinero del subsidio”.

¿Y
donde van los desalojados?
La
respuesta podría encontrarse en otra nota de Página
12, en este caso publicada el 23 de mayo. Con el
nombre de Historias de
Tierra y Libertad,
el texto cuenta “cómo nació, se organizo y sobrevive” un asentamiento
que lleva ese hermoso nombre en Ciudad Evita, partido de La Matanza.
“Fue
durísimo” A Paco, los recuerdos se le escapan por los ojos y
quedan esparcidos en cada espacio del barrio donde vive junto
a su compañera y sus hijos, mientras lo recorre con la
vista. Las calles de barro, el tendido precario
de luz y las casillas, levantadas con retazos de materiales
que para muchos son desechos, le arrancan sonrisas de orgullo.
Nada de todo aquello existía allí hace poco más de un año, más
que en la esperanza de cerca de 70 familias desperdigadas en casas de familiares, en pequeñas habitaciones
alquiladas o en la
calle. Se organizaron, le dieron un empujón más a esas esperanzas
y el 29 de marzo de 2008 parieron el barrio Tierra y Libertad,
en un terreno vacío de unas quince hectáreas en Ciudad Evita,
a 500 metros de la Rotonda Querandí,
en el partido de La
Matanza.
Una
carbonería y el campo de deportes de la comunidad boliviana
separan al predio –que ahora alberga a más del doble de familias–
de la Ruta 21. Tendidos de alambre
de púa lo mantienen separado de la reserva forestal de La Matanza y de otro barrio,
que se llama “Un techo para todos”, también fruto de la lucha
de sus habitantes. “Sólo
las personas de clase media pueden acceder a las políticas de
vivienda estatales. El resto, los pobres y sin trabajo,
quedamos incluidos en la pobreza y excluidos de todo derecho”,
dice Paco que, junto a su compañera Gabriela, intenta sacar
adelante a su familia.
La
estrategia comenzó a dibujarse unos meses antes de que los vecinos
desembarcaran en el predio. A la investigación sobre la propiedad
de las tierras le siguieron los consejos de vecinos de los conglomerados
aledaños. Luego, la toma de coraje y el movimiento final: durante
la tarde del 29 de marzo de 2008 cruzaron el alambrado hacia
el espacio inhabitado. “Teníamos
lo básico: un nylon grande y un par de maderas para hacer una
carpa grande, algunas frazadas, la olla grandota y mate
cocido para los pibes”, enumera Adelina Aquino. Antes de apostar
a todo o nada en el barrio, vivía con su familia en una habitación
cuyo alquiler se comía gran parte del presupuesto familiar,
equivalente al sueldo de su marido. Esa tarde fueron 70 familias,
cantidad que creció con el correr de las semanas. Poco más de
un año después, el barrio está integrado por 150 grupos familiares
que viven de la construcción, de changas o cuyos integrantes
adultos están desocupados.
Para
muchos de ellos, no era la primera vez en la experiencia de
tomas. “Lo que no te mata, te hace más fuerte”, sostiene Paco.
Entonces, arrancaron de nuevo en otro espacio. Y no los mataron,
pero casi. A las horas de haberse instalado en el campo vacío,
una patota llegó “con aprietes y amenazas”. Los tiros se escucharon
no bien se hizo de noche”, explicó Jennifer Cabrera, que habita
una casilla en Tierra y Libertad junto a su esposo y los hijos
de ambos. Todos sabían de ese riesgo, “ampliamente debatido
en las asambleas previas a la toma, aunque el
consenso en torno a ‘tomar igual’ nunca se rompió”, añadió
Gabriela. Fueron cinco las noches de balacera, esparcidas a
lo largo del primer mes. Uno de los vecinos recibió un perdigonazo en el hombro, una mujer fue amenazada de muerte,
con una 9
milímetros apoyada en la sien. Y, sin embargo, resistieron.
¿Denuncias a la policía? Varias. Pero los mismos efectivos que
las recibían “se juntaban a comer asados en la parrilla del
que comandaba” al grupo agresor. “¿Cómo iban a hacer algo?”,
se preguntó.
Tras
esos cinco intentos de desalojo clandestino, las cosas parecieron
acomodarse definitivamente. Los vecinos tenían en claro que
no podían sacarlos y comenzaron a levantar el barrio. El changüí
les duró seis meses, hasta que recibieron una notificación de
desalojo por parte de la Justicia. “La denuncia
la había radicado la
Municipalidad de La Matanza, pero ellos no tienen ninguna injerencia
sobre el terreno”, explicó Paco. Tras una serie de movilizaciones
y reclamos frente al municipio para que retire la denuncia,
funcionarios de la Comisión Nacional
de Tierras intervinieron en el conflicto y lograron dejar sin
efecto la medida.
La
división de los lotes, de 10 por 20 y 10 por 30 metros, y la diagramación
de las calles fueron los primeros trabajos que le dieron al
campo forma de barrio, “el objetivo principal”,
coincidieron varios mientras caminaban el lugar con Página/12.
“En menos de 60 días tuvimos luz y agua. Todo gracias a la organización
autogestionada de las familias”, remarcó el compañero de Gabriela.
Los servicios los consiguieron “de prestado” de los barrios
linderos. Edenor legalizó “a medias” la conexión e instaló un medidor
comunitario. Pocas semanas pasaron para que aparecieran las primeras construcciones y los primeros comercios. Hoy, los vecinos
cuentan con almacenes, talleres mecánicos y verdulerías.
Las
asambleas continuaron durante la primera mitad de año de crecimiento.
Fueron el marco de las comisiones que los vecinos conformaron
para organizar el trabajo. Surgieron cuatro, cuyo funcionamiento
dio buenos resultados. La comisión autogestiva, a cargo de pautar y llevar a cabo diferentes
proyectos para generar recursos para los elementos que necesitaba
el barrio –concursos, peñas, etc–;
de autodefensa, de relaciones, y de servicios y obras. Ningún
medio de transporte ingresa al terreno, que se comunica con
la Ruta
21 por una calle que nació con el barrio. Tampoco los camiones
de basura. No obstante, no
hay basura acumulada en ningún rincón. Es que Martín y José,
dos adolescentes que viven del cartoneo,
recorren las calles de Tierra y Libertad y levantan la basura
de los vecinos antes de dejar el barrio para recorrer con su
carro las calles de Laferrere.
Sin
embargo, la paz que ofrece la discusión sana entre todos los
integrantes de un mismo proyecto no duró demasiado. “La fuerza
se fue perdiendo a medida que nos íbamos afirmando en el lugar,
¿suena ilógico no?”, pregunta Celia. Al tiempo comenzó a asomar
entre los habitantes un grupo de punteros políticos que “acabaron
por romper con la organización barrial. No logramos recuperar
el espacio de las asambleas, después de tantas peleas, tantos
dimes y diretes en los que nos envolvieron”, gruñó. Los punteros son
los que por estos días integran la comisión directiva que reemplaza
las asambleas. Apoyada por muchos de los vecinos del barrio,
devela la grieta que dividió al barrio.
Así
las cosas, quienes añoran los primeros meses de proyecto no
ven cerca la concreción de lo que aún falta “para que el barrio
sea como cualquier otro”. “Se necesita que alguien nos mire
desde afuera, que alguien nos aporte una cuota de igualdad”, justifica Paco.
El asfalto es el primer detalle que salta a la vista. El centro de salud
y un espacio cultural también surgen de las ganas de los vecinos.
Hasta
el Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires llevó la investigación
de los vecinos de Tierra y Libertad. Los terrenos donde posaron
sus proyectos son propiedad del organismo porteño desde la década
de los ‘90. A su vez, el IVC, sin renunciar a sus derechos,
puso en manos de la Comisión Nacional
de Tierras el poder de gestión de ese predio. Nada existe, de
orden legal, que demuestre que algún particular es el propietario
del predio. Sin embargo, hay quien se comporta como tal. “Nos
cansamos de sentir bronca cada vez que nos enterábamos de que
este tipo vendía la tierra
de forma ilegal”, comentó Gabriela. Según los vecinos, el
puntero recibió las tierras como un favor político un jefe del
peronismo de La Matanza.
A
pesar de que no tiene injerencia alguna sobre esas tierras,
el gobierno municipal denunció la toma ante la justicia, lo
que generó una orden de desalojo que, tras la acción de funcionarios
de la Comisión Nacional
de Tierras, quedó sin efecto. Además, se comprometieron con
los vecinos a regularizar su situación. “Dijeron que aguantemos
todo este año, que vayamos construyendo más y que recién después
íbamos a armar, entre todos, un plan de vivienda para regularizar
la situación”, confió Celia”.
Y
ya ven adonde nos ha llevado esta asociación libre que planeó mi vagancia:
¡de Catalinas Norte, en el centro de la metrópolis, a Tierra
y Libertad, en la periferia de Buenos Aires! Los dejo con estas
relaciones, y les prometo que en la próxima retomaré el esfuerzo
y escribiré algo por mis propios medios…
MLT
Ver
las notas originales relacionadas en esta Terquedad: Lotes
polémicos, en Clarín, Legislatura
testimonial, en La
Nación, La
guerra de los desalojos silenciosos e Historias
de Tierra y Libertad, ambas en Página 12.
.
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