“...Terquedades
será una tribuna de doctrina” (C. Ricot)
Finalmente
se aprobó la modificación normativa para tres terrenos
de propiedad estatal en el complejo de oficinas de Catalinas
Norte y la habilitación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
su venta, cuyo producido será destinado a la renovación
de la infraestructura educacional.
En
esta columna se ha reproducido oportunamente (Terquedad
de las políticas urbanas, “¡Agarrate, Catalinas”)
el texto del Editor responsable de este medio en el Diario
de Arquitectura de Clarín del pasado 26 de
mayo, al cual remitimos para la comprensión del proyecto.
En esta ocasión quisiéramos avanzar en algunos aspectos
abiertos por el debate: por un lado, una somera reflexión
sobre el tratamiento de las cuestiones urbanas por los
medios y por algunos dirigentes políticos; por otro lado
(y más importante), vincular el caso de estos predios
de Catalinas con algunas reflexiones, también del Editor,
que forman parte de la nota Sobre
“Las sombras de la luz”, de Pedro Pírez, publicada
en el número anterior.
“Veremos
cómo las torres las hace alguna constructora amiga del
Jefe de Gobierno. Se disfraza como un proyecto a favor
de la educación lo que en realidad tiene que ver con los
negocios”, dijo según Clarín el legislador de Diálogo
por Buenos Aires Eduardo Epszteyn. No es mi intención
defender ni al Jefe de Gobierno ni a sus amigos constructores
de la afirmación de Epsztein, pero en todo caso hay que
destacar que, por una vez, el auténtico negocio inmobiliario,
la auténtica especulación, que es la renta del suelo,
la usufructúa el Estado al rezonificar los predios y aumentar
su capacidad constructiva antes de venderlos.
Por
su parte, y siempre según Clarín, el presidente del bloque
de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, sostuvo que “Las obras en Educación que se proponen deben
financiarse con el presupuesto corriente. No se debe descapitalizar
a la Ciudad”. Es una postura
atendible, siempre y cuando se considere un capital la
posesión de tres terrenos sin posibilidades de utilización
por parte de la Ciudad (salvo para proveer
de surtidores de nafta, estacionamientos y canchas de
tenis al complejo de Catalinas Norte, uso que en la realidad
se ha dado a estos predios). Si en cambio lo que se procura
es el mantenimiento fetichista de unos dominios de terrenos,
podemos hablar de patrimonialismo, pero no de capitalización:
¿qué extraña clase de capital es esa que no puede realizarse?
Abrevaya
señaló también, según Noticias Urbanas, que “el
estudio de impacto ambiental es insuficiente y no se ha
tenido en cuenta el tránsito ni el transporte público,
por ejemplo, y además siguen sumando altura a los inmuebles
que van a construirse, cuando el proyecto original de
la zona no contemplaba una torre más”. En realidad,
la legislación porteña establece la obligatoriedad del
estudio de impacto ambiental en relación al proyecto concreto
y no a la zonificación. Por otro lado, el proyecto original
para Catalinas ya fue largamente bastardeado al origen
de la operación, cuando se eliminó el basamento urbano
y las conexiones con el centro de la ciudad: sería una
buena medida reflotar esas ideas abandonadas por la auténtica
especulación.
Quizás
se refiera a eso la nota publicada en Página 12 cuando
sostienen que “hace
algunos años, la manzana en disputa fue objeto de un cuidadoso
planeamiento urbano y los tres lotes públicos fueron destinados
a usos abiertos de baja altura: la guarda de
automóviles y las instalaciones complementarias de ese
uso principal, tales como una estación de servicio”.
En realidad, el planeamiento urbano fue muy cuidadoso,
pero la gestión concreta sobre el predio no lo fue y el
proyecto realmente ejecutado (que difiere largamente del
plan original) es el fracaso urbanístico más notorio del
centro de Buenos Aires en el siglo XX. Por deficiencias
en la información o por simple “chicana” política, la
nota incurre en este equívoco.
Que
no es el único: en otros párrafos se sostiene por ejemplo
que el proyecto aprobado permite “vender tres valiosos terrenos a un precio tres
veces menor que el del mercado”. Se confunde de esta
manera el `precio base de una subasta con el precio efectivo
de venta (que obviamente debiera actualizarse al momento
de efectuar en la práctica la operación); más adelante
se realiza una comparación entre el precio de venta de
los terrenos y el precio de venta supuesto para los edificios
construidos, nuevamente omitiendo la naturaleza diversa
de los componentes de especulación sobre el suelo (puramente
rentística y pre-capitalista) y de desarrollo constructivo
- inmobiliario integral, con sus obvios componentes de
riesgo.
Creo
que el enfoque correcto de la cuestión, para una concepción
política que acepte una economía mixta con participación
de los sectores público y privado, en la que corresponda
al primero la conducción de los procesos de desarrollo
territorial, es la de entender el manejo del suelo por
parte del Estado como un proceso integral. En este marco,
la venta de terrenos urbanos no es un requisito para “achicar
el Estado” (como puede pensar la derecha liberal) ni necesariamente
una “entrega del patrimonio colectivo” (como podría pensarse
por izquierda desde una mirada dogmática o ingenua) sino
un mecanismo posible para que el desarrollo urbano equilibre
las inequidades del mercado.
Según
la citada nota
del Editor, “en el caso de las políticas urbanas, la idea de redistribuir riquezas y superar
inequidades de base territorial está asociada a la aplicación
de los denostados (por la ortodoxia neoliberal) subsidios
cruzados: la urbanización de los ricos debe pagar la urbanización
de los pobres. O con más precisión, la especulación sobre el suelo (la más
injusta de las rentas que se derivan del desarrollo urbano
en una sociedad capitalista, sea avanzada, periférica
o emergente) debe pagar la inclusión territorial de los que de otras maneras no
podrían acceder a esos beneficios de urbanidad”.
Obviamente
es más fácil oponerse a este o a cualquier proyecto porque
lo propone un gobierno de centro-derecha (o de derecha,
si se lo prefiere definir así) que estudiar con algún
rigor los mercados urbanos y las estrategias de intervención
que el Estado puede ensayar para una transformación progresista
de la realidad. La “mala” noticia es que para cambiar
de rumbo necesitamos entender en la profundidad de su
estructura la realidad urbana de Buenos Aires y que para
transformarla hay que actuar con decisión y con inteligencia.
La
chicana, mis queridos amigos, no construye políticas urbanas.
MLT
Ver
las notas periodísticas sobre la ley de modificación normativa
y transferencia de tres predios en Catalinas Norte publicadas
el pasado 16 de octubre en Clarín,
Noticias
Urbanas, La
Nación y Página
12.
Mensajes
Terccos>
El
ilustrativo texto de Marcelo Corti en la Revista de la Auditoría General
del Ciudad de Buenos Aires (reproducido en la Terquedad de los vecinos y los medios,
en el número 84) merece alguna consideración de mi parte,
que me es grato compartir con el público de café
de las ciudades:
Abro
el análisis hecho por Corti en tres esferas que ha buscado
relacionar:
a)
el rol de la “norma planificadora” y su validación
o no“ex post”, en virtud de su consideración por parte
de los movimientos (emergentes sociales) urbanos,
b)
la constitución de diversos sujetos políticos frente al
potencial conflicto urbano (vecino-ciudadano, etc.), y
c)
la intención de “desnudar” las dificultades del sistema
de comunicación de construir una mirada con relativa independencia
de sus soportes económicos.
La
interacción de las tres esferas es buena, pero en mi visión
carece de una cuarta consideración central, que es
un análisis de la dinámica (recurrente) de confrontación
intereses difusos vs. intereses concentrados (y la calidad
del Estado para defender los primeros).
Uno
de los límites sutiles (o no tanto), que un Estado democrático
de cierta calidad debe anteponer a la dinámica del acuerdo
público-privado (a la que generalmente se la considera
acríticamente positiva), es evitar que intereses organizados
y concentrados con mayor capacidad de actuación desdibujen
el rol estatal de defensor del interés democrático. En
los conflictos urbanos se trata de un caso típico: puede
suceder que una movilización relativamente grande de un
sector social demande y obtenga, bajo el paraguas de “lo
participativo” beneficios que no son razonables, justos
o sencillamente constituyen un privilegio. La débil respuesta
estatal en esos casos ni siquiera obedece a la corrupción,
sino que naturalmente una porción de “afectados-concentrados”
puede incidir con mayor fuerza sobre las instituciones
(sobre todo cuando estas están des-jerarquizadas) que
una mayoría difusa (suele ser el caso de consumidores
vs. industrias protegidas, etc.). En el caso urbano, un
“estatus” diferencial de un barrio puede perjudicar en
“algo” al resto de la Ciudad, pero es improbable
la movilización de la mayoría “levemente afectada”, en
cambio es segura la de la minoría “muy afectada”.
En
consecuencia, la debilidad institucional como imposibilidad
de sostener posiciones frente a presiones organizadas
(sean estás buenas o malas), es un factor a añadir al
análisis realizado.
Gracias
Sr. Editor por su generosidad para con las opiniones y
su contribución indudable al debate urbano.
Fabio
Quetglas, Buenos Aires
N.
de la
R.: La nota de Marcelo Corti sobre el
rol de los medios de comunicación social y de los organismos
de control público en el planeamiento y gestión de la Ciudad, reproducida en Terquedades
de octubre de 2009, fue publicada originalmente
en el número 5 de CONTEXBA,
revista de control externo gubernamental editada por la Auditoría General
de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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