Los gobiernos, en términos generales, reaccionan esporádicamente a los brotes de miedo a la delincuencia, en lugar de responder razonada y razonablemente a la evolución de la delincuencia. La paradoja está servida: por una parte, se promueven reformas institucionales y políticas públicas destinadas a superar los límites evidenciados de la justicia penal y a corresponsabilizar a la comunidad en el control preventivo del delito (estrategia comunitaria) y, por la otra, los funcionarios electos -ante las dificultades para adaptar las políticas públicas a la incómoda realidad-, frecuentemente reaccionan politizadamente, ya sea para negar la evidencia y reafirmar el mito estatal del control exclusivo del delito o bien para reincidir en las vetustas recetas de “ley y orden”, de resultados electorales tentadores pero de efectos sociales funestos (populismo punitivo).

El nuevo libro de María Cristina Cravino (y por qué debería leerlo más de un político y política) I Por Marcelo Corti

Cravino describe con amplitud y precisión las idas y vueltas de la villa de Retiro, desde el primer asentamiento al calor de la crisis del ´30 (ya en aquellos años un comisario describía a sus pobladores como “sujetos de toda ideología, extremistas, comunistas, anarquistas, actividades disolventes, etc.”) a las irresolutas gestiones de De la Rúa, Ibarra y Telerman. Entre tanto se suceden las epopeyas del Padre Mugica y los curas villeros contra el desalojo,  la salvaje erradicación compulsiva de la dictadura ´76-´83 (en una secuencia planificada de congelamiento, desaliento y expulsión) y las idas y vueltas del peronismo, justamente entre el (plan) arraigo y el desalojo encubierto impulsado por el Proyecto Retiro. No falta aquí una mirada crítica sobre el rol de las entidades profesionales, como la Sociedad Central de Arquitectos.

A partir de la interacción permanente con los distintos actores de la comunidad local, se avanzó en la formulación de lineamientos para una estrategia de desarrollo, identificando cuatro grandes áreas de actuación: provisión de infraestructuras y servicios; gestión de recursos humanos; fortalecimiento empresarial; y fortalecimiento institucional. En el caso de la provisión de infraestructuras y servicios, se considera básico extender las redes de infraestructura y servicios (energía eléctrica, pavimento, agua potable, cloacas, etc.), y la construcción y mejora de equipamientos colectivos. Para la gestión de recursos humanos, se proponen acciones vinculadas con el fortalecimiento de los centros de educación y capacitación -más vinculados con el aparato productivo local.

Otros textos legales de aplicación pueden eventualmente contradecir el texto de “la 8912” o al menos ofrecer un subterfugio jurídico para su omisión o trasgresión; en este corpus paralelo al de la normativa  se encuentran incluso varias normas que supuestamente reglamentan el texto madre de la planificación bonaerense. En la década del ´90 se incorporaron a la legislación dos leyes de corte medio-ambiental: la Ley 11.459, que regula la instalación de industrias en territorio provincial y les exige en su artículo 3° “el pertinente Certificado de Aptitud Ambiental como requisito obligatorio indispensable para que las autoridades municipales puedan conceder las correspondientes habilitaciones”, y la Ley 11.723, de Protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general. 

En las grandes ciudades con problemáticas de interjurisdiccionalidad se hace más complejo el ejercicio de los derechos ciudadanos. En ellas se han ido creando herramientas de participación que abren posibilidades de incidencia en las políticas, sobre todo urbanas, en la escala local del barrio o distrito o en formas descentralizadas de gestión, acercando la toma de las decisiones al los ciudadanos. Se constituyen, por otra parte, organizaciones no gubernamentales (ONGs) que representan intereses de la población y que, en general, se focalizan en problemáticas sectoriales y locales. Son excepcionales las ONGs que trascienden esa visión focalizada para abarcar el sistema urbano en su conjunto (por ejemplo, Fundación Metropolitana y Fundación Ciudad, en el caso de Buenos Aires).

La intensa propaganda sobre la construcción de Brasilia y las ventajas tributarias ofrecidas lograron que el flujo de personas fuese aumentando con el pasar de los años. Los campamentos no tenían comodidades suficientes para abrigar a los trabajadores que llegaban, en muchos casos, con sus familias. Comenzaron a surgir, entonces, los asentamientos informales y las llamadas invasiones (tomas de tierra) alrededor de los campamentos de las constructoras. Antes de la inauguración de Brasilia, Cidade Livre ya contaba con una población de 12 mil personas, asentadas irregularmente en los propios comercios, hoteles y también en las tomas de tierra. Para solucionar el problema de estas y otras invasiones fueron creadas las ciudades satélites de Gama y Taguatinga.

Una explosión de sentido común anti-“villero”, Leonardo Fernández advierte sobre los acuíferos bonaerenses y Zicovich Wilson agrega voces al glosario.

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