La siguiente gran transformación en el planeamiento anglosajón, luego del pasaje del “arquitecto-planificador” al “planificador-científico”, tuvo lugar en las últimas dos décadas del siglo XX, y es en cierta medida el modelo predominante hasta la actualidad. Se trata del “planificador-comunicador”. En este nuevo giro de la disciplina, el rol del planificador urbano se presenta, modestamente, ya no como el experto que tiene las soluciones para construir, transformar y resolver los problemas de las ciudades, sino como quien puede mediar entre las comunidades –o la sociedad– y los mecanismos de toma e implementación de decisiones estatales. El argumento que sostiene esta aproximación –que comienza a constituirse en los años sesenta anticipando el debate posmoderno– cuestiona la objetividad y autoridad de las decisiones de planeamiento y sus implicancias sobre una comunidad determinada, que puede o no compartir sus mismos valores y criterios para determinar qué es un buen ambiente urbano.

Más allá de los méritos del plan y de las dificultades que puedan surgir en su implementación, el acierto del Consejo Superior cordobés está en la voluntad de intervenir con sentido proactivo para mejorar su campus tanto “hacia adentro” como “hacia afuera” (tanto en la resolución urbana de sus espacios y edificios como en la integración de la Ciudad Universitaria con la Ciudad a secas…). Por cierto, la Ciudad Universitaria cordobesa tiene algunas “fortalezas y oportunidades” frente a otros casos argentinos. La más notoria, su ubicación privilegiada dentro de la ciudad, a menos de dos kilómetros del centro histórico, adyacente al Parque Sarmiento (el más importante de la capital cordobesa) y al barrio de Nueva Córdoba, que alberga buena parte de la población estudiantil de la UNC. La reciente demolición de la Casa de las Tejas, con toda su carga de irracionalidad técnica y su irregularidad administrativa, permitió sin embargo la concreción de un parque muy rápidamente apropiado por muchos sectores de la comunidad cordobesa, y no solamente la universitaria.

Desplazamientos forzados de la población más pobre, demoliciones para construcción de equipamiento turístico y vivienda de lujo, implementación de sistemas de transporte para abastecer el flujo de visitantes en detrimento de las necesidades locales, violaciones de derechos humanos y exclusión de los ciudadanos en los procesos de participación garantizados por la legislación; la llegada de los megaeventos ha potenciado la desigualdad estructural de la ciudad, dejando vía libre a la acción del capital inmobiliario en la definición de transformaciones urbanísticas estratégicas. Mientras tanto, los grandes medios ensalzan el progreso y las oportunidades que estos fenómenos conllevarían para el desarrollo económico y las mejoras en la calidad urbana. En el ámbito de las movilizaciones populares se habla de estado de excepción: las esferas de decisión no involucran a la sociedad civil, los ciudadanos afectados por remociones no reciben información sobre los proyectos a realizarse y se registran sistemáticamente abusos de poder de funcionarios y fuerzas policiales para realizar los desalojos.

Las grandes movilizaciones iniciadas en el mes de junio, por un lado en Estambul y por otro en San Pablo, Río de Janeiro y decenas de ciudades brasileñas, tienen una gran cantidad de interpretaciones posibles desde una mirada política o sociológica. En el caso turco es posible identificar componentes clásicos de reivindicación laicista o liberal (que sin embargo no agotan la pluralidad de los sectores movilizados ni la diversidad de sus motivos para movilizarse). Las protestas brasileñas, en cambio, desorientan tanto a los gobernantes progresistas del Partido de los Trabajadores como a los políticos y medios de comunicación de la derecha, que primero aplicaron sus reflejos contrarios a la exteriorización callejera de los pueblos y solo después vieron la oportunidad de llevar agua para su molino. Sin embargo, no es nuestro objeto centrarnos en esos abordajes, sino analizar lo que ambas situaciones tienen en común: su origen en la defensa colectiva de atributos que forman parte del derecho a la ciudad.

La metodología participativa adoptada surge como estrategia útil e irrenunciable para abordar un concurso que, a partir de su anuncio público, profundizó la conflictividad preexistente sobre las condiciones de habitabilidad, densidad y espacios verdes de una amplia zona circundante a la Playa Ferroviaria. Las aspiraciones e históricas reclamaciones vecinales sobre el uso exclusivo parque de la playa ferroviaria nos plantearon el desafío de proponernos componer una propuesta que, interviniendo en el concurso, recogiese aquellas expectativas y a la vez cumpliese con lo solicitado por la Ley y las Bases. Esta relación entre técnicos y comunidad local (organizaciones vecinales, socioculturales, clubes) determinó un trabajo en el marco de la planificación participativa y gestión asociada (PPGA) que resultó intenso. El aporte de la experiencia acumulada de la vida barrial ha sido valioso a la hora de tomar las decisiones de proyecto.

Una mirada arrabalera a Buenos Aires I Columna a cargo de Mario L. Tercco.

En este número: Terquedad de Rayuela

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