Durante
la campaña electoral del 2003 y en pleno proceso de
reformas de los Estatutos de Autonomía de casi todas
las Comunidades Autónomas del Estado español; Zapatero
dijo textualmente en el Palau San Jordi (donde cerro
su campaña electoral): "Apoyaré el Estatuto de
Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña".
El conjunto de fuerzas políticas catalanas elaboro un
Nuevo Estatuto, que fue aprobado en el Parlamento Catalán
con el apoyo del - aproximadamente- 80 % de los diputados.
Ese proyecto fue remitido a Madrid para su aprobación,
y allí (previa cepillada - a decir textual de Alfonso
Guerra, líder de la bancada socialista en la comisión
respectiva), fue también aprobado con la sola oposición
del PP (en síntesis, la apoyó el PSOE y todos los demás
partidos "regionales").
Tal proyecto aprobado (y "cepillado") volvió
a Cataluña para ser refrendado popularmente (imaginen
el debate en Cataluña, en torno a la "cepillada").
De todos modos en un referendum donde participo el 60
% de la población (participación alta para España),
fue apoyado por más del 70 % de los ciudadanos.
Así las cosas el PP impugnó el Estatuto ante el Tribunal
Constitucional.
El Tribunal (de 10 miembros uno se excusó, otro murió
en los 4 años que se tomaron para decidir y de los 8
que quedan 4 tienen vencido su mandato), tachó de inconstitucional
ciertos aspectos del Estatuto (muchos menos que los
que impugno el PP)... incluso algunos que son textuales
a otros estatutos como el de Andalucía.
Sin embargo lo que más lástima a la sociedad catalana
es la no aceptación del término "Nación" (y
por tanto la no aceptación de España como realidad plurinacional).
El conjunto de los medios catalanes produjo una editorial
común ("Por la dignidad de Catalunya") que
se publicó hace algunas semanas y el sábado 10 de julio
un millón de "ciudadanos de Cataluña" (catalanes
de nacimiento e inmigrantes que entienden que
la arbitrariedad cometida es inaceptable) ganaron las
calles de Barcelona para manifestar con la "Senyera"
(la bandera catalana) como único emblema su disconformidad
con la decisión.
Les adjunto un video
de la marcha.
Es muy linda para mí la imagen de Pujol, Maragall y
Montilla juntos (los 3 Presidentes democráticos de la
Generalitat vivos). A diferencia de
1977, en la transición, cuando el eslogan "de base"
en Catalunya era "Libertat, Amnistia, Estatut de
Autonomia",. ahora los jóvenes mayoritariamente
no son de izquierda sino soberanistas y el Estatuto
de Autonomía ha dejado de ser un horizonte deseable
con estos manoseos y con la tergiversación de la imagen
de Cataluña que los medios "de Madrid" reflejan.
Yo personalmente me emocioné mucho al ver las imágenes
de la marcha. La emoción es un sentimiento político
complicado, cercano a la euforia y al miedo (no olvidemos
que en los 30' también se combinaron crisis internacional
y tensiones territoriales y los mejores sueños de la
noche a la mañana terminaron en pesadillas). Espero
que en Madrid hayan comprendido que una identidad no
se elimina por decreto.
Ser catalán no es necesariamente "ser nacionalista
catalán", pero un catalán no puede "dejar
de serlo"; el reconocimiento de los derechos colectivos
y la construcción de arquitecturas institucionales donde
"quepamos todos" es el desafío que no sólo
recorre a Europa, sino al mundo.
Visca la
Republica y Visca Catalunya.
Fabio
Quetglas, Buenos Aires
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Especialmente
bueno me pareció el número 93. Aun no pude verlo en
profundidad pero el artículo del centro
de México, el de proyecto
territorial y la historia
de los proyectos recientes para el Abasto
me resultaron muy interesantes.
Sergio
Zicovich Wilson, Buenos Aires
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Aqui
está el link a Diario El Sol, donde Leandro
Jarsun habla de la propuesta de descentralización,
un antes y después en la política de Quilmes.
Sergio
Llusa, Buenos Aires
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El
por qué de la Ley de protección de glaciares
Hemos
conseguido una ley de protección de glaciares, impensada
hasta ayer. La ley de la entonces diputada Marta Maffei,
que había sido vetada por la presidente de la nación,
Cristina Kirchner, reingresó al recinto de los debates
parlamentarios de la mano del diputado Miguel Bonasso,
presidente de la
Comisión de Recursos Naturales, en
tanto bloques opositores al oficialismo, formados con
el ingreso de nuevos legisladores en diciembre de 2009, le quitaron mayoría en
la cámara baja al partido gobernante.
En
este marco hubo dos proyectos de ley: el encomendado
por la presidente Fernández de Kichner al senador Daniel
Filmus y el “clonado” por el diputado Miguel Bonasso,
sostenidos ambos por el texto de la diputada mandato
cumplido Marta Maffei. Los dos eran semejantes y coincidían
en esgrimir presupuestos mínimos para la protección
de glaciares y del ambiente periglacial, aunque uno
de ellos deslizaba conceptos sutiles que los enfrentaba.
En el del senador, el ambiente periglacial era únicamente
el glaciar de escombros y reducía considerablemente
el área crítica a proteger que defendía el texto de
los diputados.
De
pronto, de manera sorpresiva, un par de días antes de
la discusión en el recinto del Congreso, las partes
se reúnen y el proyecto del poder ejecutivo es incorporado
al que había sido vetado por la presidente de la nación,
aún mejorado en cuanto a objeto, definiciones, actividades
prohibidas, evaluación de impacto ambiental, autoridades
competentes, funciones y disposición transitoria.
Resultaba
insólito para muchos de nosotros que, reunidos con los
diputados, analizábamos la novedosa maniobra del gobierno.
¿Nueva estrategia para evitar la discusión minera?
En
principio, vemos los resultados como un triunfo del
pueblo y de las comunidades organizadas en asambleas
a lo largo y ancho del país. No hubo legislador que,
defendiendo el proyecto de ley en el fragor del debate
en el recinto parlamentario, no hiciera referencia a
las asambleas y a la unión de estas, a los foros, concentraciones
y movilizaciones que permitieron instalar la discusión
sobre las invasiones mineras, los métodos extractivos
contaminantes y el despojo lacerante de cuanto
recurso natural hay en nuestros territorios, en realidad bienes comunes. Vemos entonces la
ulterior vigencia de esta ley como un triunfo resonante
del campo popular. La cuestión de la mega minería hidroquímica
a cielo abierto se instaló en todo el país.
Podemos
dar por sancionada la ley en tanto el congresista Daniel
Filmus confirmó que será apoyada por el senado nacional,
y allí el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria.
Al mismo tiempo el jefe de la bancada kirchnerista,
Agustín Rossi, anunciaba la decisión de la presidente
de la nación de no vetar la nueva ley sea cual fuere
la remitida por el Congreso.
Ahora
bien, ¿cómo debemos interpretar esto, qué conclusión
sacamos de esta cronología política a poco del almuerzo
que la presidente de la nación sostuvo con el mentor
de la corporación minera Barrick Gold en Toronto?
¡Los
acuerdos de Toronto! ¿Cómo explicar la abroquelada sociedad
que este conjunto de partes interesadas mantiene
con el gobernador sanjuanino José Luis Gioja? ¿Cómo
se interpreta el discurso de la presidente en China,
ofreciendo generosamente la minería, territorios y yacimientos?
Nuestra
respuesta es la de siempre. Quien esto escribe
ha dicho en reiteradas ocasiones que es preferible
no contar con ley alguna, a disponer de aquella que
legitimará operar
en la Cordillera de los Andes
-ecosistema frágil y fábrica de nuestras aguas- a industrias
como la extractiva a cielo abierto con compuestos tóxicos.
Algunos
pensamos que la mejor ley de protección de glaciares,
cualquiera sea, no resuelve el impacto nocivo de la
minería, la destrucción del ecosistema donde opera a
través de sus distintas etapas de prospección, exploración
o explotación. Alcanza con no pecar de ignorancia y
repasar cada una de las etapas de esta minería, el método
extractivo, los volúmenes de agua que requiere, el funcionamientos
de equipos pesados, orugas gigantescas sobre cuerpos
congelados, sondajes y muestreo de suelos, sondajes
de aguas subterráneas, de prospección minera, pozos
para desagüe minero, para geoenergía, exploración de
recursos sobre las áreas que se pretende proteger. Son
todas circunstancias
previas a la propia explotación minera donde el impacto
será aún mayor.
Para
esta minería no hay controles.
No
hay posibilidad de vigilancias eficaces.
Este
tipo de minería, en el ecosistema que se intenta proteger,
no es sostenible en el tiempo y legislar sobre el particular,
tal el caso presente, puede permitir legalizar la intervención
de glaciares, del ambiente periglacial y cuerpos de
hielo.
Sabemos
que mientras escribimos estas líneas se están derritiendo
glaciares para lixiviar minerales del lado chileno,
según confesión de senadores y autoridades de ese país,
donde el cobre -de baja ley mineral, agotándose- recibe
más atenciones que el agua, escasa y ausente en muchísimos
sitios de la puna mineral. Sin agua, no hay minerales
e, inexorablemente, al promediar este siglo estas regiones
no tendrán ni una cosa ni la otra. Pretender el traslado
del líquido potable, de pozos salteños de Argentina
hacia La
Escondida de Antofagasta, en Chile,
con dos acueductos de 3.000 litros de agua por segundo,
cada uno, ratifica lo
que advertimos aquí: “Nosotros –dijo el congresista
trasandino- no podemos sancionar la ley que ustedes
pretenden...Tenemos que derretir masa glaciar para obtener
el cobre...”
Razonar
sobre esto es inevitable. ¿Acaso los gobiernos extractivistas
de Argentina, cámaras
mineras, empresas transnacionales, renuncian a operar
del lado argentino, aceptando el rigor de esta inminente
ley?
Creemos
que los posibles litigios rondarán interpretaciones
legales según les convenga. Y seguramente abundarán
en las secretarías de minería provinciales, que son
la autoridad de aplicación de la actividad minera, evaluaciones
permisivas de los informes de impacto ambiental, admitiendo la intervención
en las áreas prohibidas, pero autorizando a tal o cual
empresa con la sentencia de que su actividad
“no afecta la condición natural del glaciar”,
ni el deambular por él “implica su destrucción”, tampoco
moverlo del lugar, porque para utilizar el agua
que lo contiene no se requiere “trasladarlo ni interferir
en su avance”: rezarán los informes de las mineras.
Imaginamos
entonces un diálogo posible entre un funcionario decente
(con esta ley en la mano) y un gerente minero:
-Señor,
Ud. está destruyendo “ese cuerpo protegido”
-De
ninguna manera. Tomamos nieve suficiente sin afectar
“su condición natural”. No se me prohíbe intervenirlo;
en realidad “no destruyo la condición natural del cuerpo
protegido”.
-Pero
hizo sondajes.
-Sí,
claro, en lugares donde no altero su condición natural...Tampoco
lo trasladamos de lugar...No interferimos en su avance”.
En
fin, cosas que habrá que probar, porque estas discusiones
legales se repetirán en provincias acostumbradas a conformar
evaluaciones de impacto ambiental abusivas e injustas.
En
otras palabras, mientras la autoridad de aplicación
se halle en manos de los gobiernos provinciales, los
Gioja, Beder Herrera o Castillo rubricarán los informes
de impacto ambiental presentados por las empresas, aprobando
sus labores mineras. ¿Acaso no multó la provincia de
San Juan a Barrick Gold por derrame de combustibles
en áreas a proteger, en plena reserva de biosfera de
San Guillermo, condenando a la canadiense con 250.000
pesos, que nunca pagó? Recordemos que es como el día
y la noche, el informe de impacto ambiental aprobado
para iniciar la actividad y la finalización de la explotación
minera.
De
modo que nos esperan otros objetivos urgentes. Reemplazar
las leyes mineras vigentes, el código de minería y atacar
decididamente el tratado binacional minero de implementación
conjunta chileno-argentino. Es la única manera de respaldar
la ley de protección de glaciares y área periglacial.
Vamos
por más.
Eran
las tres de la madrugada y en plena sesión del congreso
nacional, algunos diputados provinciales gritaron desaforadamente: “Los glaciares son míos, están en mi territorio”.
Otros recurrieron
a dicotomías centralistas, intentando rememorar a federales
y unitarios. No faltó la perturbación de un diputado
sanjuanino que fundamentaba la escasez del agua explicando
que había que
hacer minería, ignorando que se requiere no menos de
mil litros de este elemento impregnado de ácido sulfúrico
o de cianuro para lixiviar las rocas metalíferas y deslizando
con habilidad dolosa
que se usa más agua para la agricultura que para
la mega minería a cielo abierto.
Abundaron
barbarismos de todo tipo y los proferidos por el diputado
Gioja, hermano del gobernador feudal, eran más relevantes:
“El agua se limpia y se recicla en nuestra minería”,
dijo el proveedor de las mineras,
y lo proclamó sin inmutarse.
Hubiéramos deseado en ese momento que de algún
sector de la contienda se le dijera que la propia transnacional
informó (IIA) que consumirá 360 litros por segundo,
noche y día, los 365 días del año durante 15 ó 20 años
de explotación de los yacimientos.“Esa cantidad ¿la
reciclan, la limpian? ¿Dónde se deposita?”
Concluir
que es preferible no contar con ley alguna significa
entender que por sí sola esta norma legal se halla desamparada
y bien puede ser utilizada con el argumento de que se
hace minería conforme a la legislación vigente,
refrendada por la provincia generalmente asociada
a los intereses mineros.
Vale
la pena recordar nuestra respuesta a los parlamentarios
de Ottawa que habían tejido un proyecto de ley (C-300)
convencidos de que controlarían a sus mineras en el
extranjero:
-Usted
las va a legitimar. Esta minería no se puede controlar
–se le dijo.
-¿Qué
propone, entonces? me pregunta John Mac Kay.
-Que se retiren. Queremos que se vayan.
Esta
es francamente la posición de todas las comunidades
afectadas por la invasión transnacional y corporativa
del despojo.
La
respuesta que le dimos al legislador canadiense es la
misma que proponemos
aquí frente a la inminencia de la ley de protección
de glaciares y área periglacial.
¿De
qué sirve entonces la ley que nos ocupa?
Creemos
que es una herramienta vital a utilizar por los movimientos
sociales y en debates públicos. La ley nos permitirá
ejercer un observatorio permanente que atienda a su
cumplimiento y nos obliga a exigir el acatamiento del
artículo séptimo de evaluación de impacto ambiental
que expresa: “deberá respetarse una instancia de participación
ciudadana de acuerdo con lo establecido en los artículos
19, 20 y 21 de la ley 25.675 de la
Ley general del Ambiente.” Impulsar
esta norma es fundamental.
Esta
ley nacional, esta regla que esperamos entre en vigencia
cuanto antes, nos permitirá exigir en todas las provincias
y municipios el rechazo de cualquier legislación que
sobre el particular (glaciares y periglaciares) sancionen
las provincias con intención de evadir el texto y espíritu
de la presente, continuando de ese modo con la habitual
promiscuidad extractiva.
En
definitiva, le ley de protección de glaciares y ambiente
periglacial no prohíbe las actividades mineras en la
cordillera, precordillera y estribaciones, pero es uno
de los triunfos más resonantes logrados por nuestros
colectivos sociales, el poder de la asambleas, la unión
y el esfuerzo conjunto de comunidades que están siendo
judicializadas y reprimidas. Vamos por más. Es imprescindible
lograr la abolición de la actual legislación minera
y se está en ese camino; por eso merecen un reconocimiento
especial los
legisladores que en el Congreso Nacional están promoviendo
leyes que revoquen las instauradas en la década de los
90.
Ratifiquemos una vez más el aplauso que brindamos en
el recinto a aquellos congresistas (sin dar nombres
para evitar injustas omisiones) que en la madrugada
del 15 de julio sostenían públicamente que este debate
a nivel nacional se debe a la unión de múltiples asambleas
que en todo el territorio del país oponen una resistencia
desigual sin renunciamientos.
Reconozcamos
con ponderación a los compañeros de las distintas asambleas
del interior y de la capital del país que se concentraron
desde horas tempranas aguantando el frío reinante, a
quienes incompresiblemente se les negó la entrada al
recinto de sesiones. Muchos se trasladaron de lugares
lejanos, del litoral y del noroeste, del sur rionegrino
y del Andalgalá catamarqueño. Más de doscientos compañeros
ejercieron una presión que no fue desconocida. Iban
rotando en la puerta del congreso nacional y a las cinco
de la madrugada aún discutíamos en las calles el levantamiento
de la sesión cuando un par de diputados del PRO y del
Frente para la Victoria impedían el quórum
en plena discusión del artículo sexto del proyecto de
ley de protección de glaciares y área periglacial.
La Unión de Asambleas Ciudadanas,
UAC, sesionará del 13 al 16 de agosto en Santiago del
Estero. El día 12 habrá un foro en el paraninfo de la Universidad santiagueña;
será el lugar adecuado para continuar el debate y búsqueda de nuevas estrategias porque
cada vez son más los pueblos que resisten y se rebelan
enfrentando a lacayos serviles de corporaciones que
diezman territorios, devastan contaminando y saquean.
Los ámbitos institucionales también merecen un gran
esfuerzo de todos nosotros. Discutamos cómo hacerlo.
No dejemos un solo espacio, no les demos respiro.
Javier
Rodríguez Pardo, Buenos Aires
MACH
- RENACE
- UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS.
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Agradecemos
los mensajes y el aliento de Enrique Avogadro, Catalina
Molinatti, Jorge Rivera, Cira Szklowin y a todos los
suscriptos en el mes de julio.
Con
especial agradecimiento a Andrés Machuca y los docentes
de Rafael Castillo