Por Mariano García Valdivieso

El mes anterior
se desarrolló un ciclo de conferencias organizadas por la
Sociedad
Central de Arquitectos,
"Los temas de Arquitectura y Urbanismo en la agenda de los
candidatos", un espacio abierto para que expusieran los
candidatos a Jefe de Gobierno en las elecciones del 24 de agosto,
ante un público comprometido especialmente con la producción
en temas de la ciudad: la comunidad de profesionales de arquitectura
y urbanismo.
En primer lugar
fue invitado el Dr. Aníbal Ibarra, actual Jefe de Gobierno
de la Ciudad, quien expondría sobre los proyectos de carácter
urbano a desarrollarse en su posible segundo mandato.
Abro un paréntesis
y me desvío, pues no puedo dejar de mencionar que la convocatoria
reunía al colectivo de los arquitectos y urbanistas, quienes
serán protagonistas, en parte de los futuros proyectos para
esta ciudad que viene quedando relegada y postergando su posicionamiento
entre las grandes metrópolis del mundo, y el disertante,
sin poder salir de su postura de "político en campaña",
invirtió mas de la mitad de la corta duración del
encuentro para hacer propaganda de lo hecho en su mandato, además
de las consabidas explicaciones sobre las dificultades de estos
últimos tiempos, que nadie desconoce y en especial los profesionales
que ahí, se reunían.
Cierro el paréntesis
y vuelvo al tema que me lleva a reflexionar. Sin demorarme en los
contenidos de su discurso, y llegando al momento de las preguntas
del auditorio, salen a la luz las principales preocupaciones e interrogantes
de los profesionales presentes.
Como es normal,
se formulan grupos de interés entre las preguntas y entre
estos grupos surgieron las que se referían a la flamante
ley 962 (Ley de Accesibilidad), de reciente aprobación
a principio de este año.
Este es el punto
de la polémica, por lo menos eso creo: que hace falta un
debate por parte de los profesionales para tomar conciencia de los
alcances, no solo de la Ley, sino del concepto de accesibilidad,
que va todavía más allá de una normativa. Sirva
la aclaración: se está debatiendo sobre los derechos
de las personas.
Y opino que
el debate no pasa por los mayores costos que pueda tener la edificación
a partir de aplicar estas normas, pues parecería que la discusión
se centra en los metros cuadrados que habrá que dedicarle
a las superficies mas amplias adaptadas para todo tipo de usuarios
o la inclusión de ascensores donde antes solo habría
una escalera, y volvemos a pecar de no tener una visión global
e integradora. Una vez mas, es el interés de unos pocos sobre
el interés de todos.
Estamos hablando
de profesionales (los presentes en la conferencia) que tienen (tenemos)
el compromiso profesional, la obligación de pensar
y prefigurar sistemas espaciales que permitan el desarrollo, cada
vez mas cómodo y efectivo, de todas las actividades que componen
nuestra vida diaria, las estructuras físicas continentes
de toda la vida en acción, que nos permitan ejercer el
derecho necesario e impostergable de todos los ciudadanos a usar
la ciudad, a servirse de ella, de democratizar el disfrute
de la urbanidad, a facilitar el uso de la ciudad como espacio
de comunicación, de conexión, de ocio y de trabajo.
Que la ciudad sea un ámbito generador de posibilidades
y no de obstáculos y discriminación.
La Ley de Accesibilidad
es un gran logro, sancionada tardíamente, mientras
que en el resto del mundo existe un historial y leyes en vigencia
desde hace varios años, ya desde el comienzo de la década
de los ’80 y con mucha más fuerza en los ’90.
EEUU empieza
a legislar al respecto al constatar, luego de la guerra de Vietnam,
que gran cantidad de veteranos no podían acceder al uso normal
de las ciudades, de sus casas, de las calles, etc. Ya en 1973 encontramos
legislación específica como la de la "Ley
de Rehabilitación de 1973" (Sección 504)
que prohibe que los programas o actividades que reciben fondos
federales excluyan, les nieguen beneficios, o discriminen, contra
las personas por razones de la discapacidad de éstas. La
OCR (Office of Civil Rights) tiene la responsabilidad principal
para aplicar dicha ley con respecto a las entidades recipientes
de fondos federales destinados a la educación.
A principios
de los '90 surgen las leyes ADA (Americans with Disabilities
Act) que ordenan y legislan mas a fondo. La ADA fue promulgada
en 1990 para terminar con la discriminación hacia las personas
con incapacidades. El Título II de la ADA estipula que a
ninguna persona con incapacidad se le puede discriminar por razones
de su incapacidad; que no se le puede prohibir a la persona incapacitada
la participación en, o el acceso a, beneficios de los programas
o actividades de entidades publicas, y que queda prohibido que esas
entidades sometan a esa persona a tratos discriminatorios. La OCR
(Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación)
tiene primera jurisdicción para investigar quejas bajo el
Título II. Por otra parte, el Título III de la ADA
prohibe la discriminación por razones de incapacidad en los
lugares de acceso público, como las escuelas, dirigidas por
entidades privadas. En asuntos relacionados con la educación,
el Departamento de Justicia tiene primera autoridad para la aplicación
del Titulo II.
La Unión
Europea, en el Tratado Constitutivo
del año 1997, en su artículo 13 se compromete a "tomar
acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por
motivos de (…) discapacidad…". Igualmente, en el Tratado
de Amsterdam, en su Acta Final "se compromete a atender
las necesidades de las personas discapacitadas…"
Esto dio lugar
a legislaciones muy minuciosas, que se fueron perfeccionando, las
cuales están siendo aplicadas y están modificando
el paisaje de las ciudades.
Nuestra ley
962, seguramente es discutible en aspectos técnicos, o a
la luz de la comparación con las leyes europeas, quizás
tenga que evolucionar sobre la experiencia recogida por los países
que las implementan hace años, pero creo que la discusión
no puede pasar por el costo de la obra.
Además,
esta demostrado que los costos de "adaptar" un edificio
ya terminado, son mayores que los del edificio que consideró
en su proyecto las normativas de accesibilidad. El simple hecho
de que no haya que destruir parte de lo hecho para rehacerlo según
los nuevos parámetros, es una pista que nos lleva a esta
idea.
Últimamente
se escucha que el debate pasa por los costos y por los metros cuadrados
"que se pierden" al aplicar la ley, al aumentar las dimensiones
de un pasillo, un baño con sus accesorios específicos
o el agregado de rampas. Hasta las publicaciones especializadas
en arquitectura se preocupan en su sección costos por lo
que cuesta construir por metro cuadrado con la nueva ley, lo cual
me lleva a pensar que se están analizando muy parcialmente
los aspectos relacionados con esta norma, y omitiendo el "espíritu
de la ley".
Y en este punto
habría que destacar 2 cuestiones básicas
Primero, no
solamente por el hecho de que sea muy alto el porcentaje de la población
con discapacidad o circunstancias discapacitantes (como dice la
ley) permanente o provisoria, hay que tomar el tema con seriedad
y urgencia, sino porque estamos hablando del derecho de toda
esta comunidad al uso no discriminante de la ciudad en todas
sus proporciones. Seria un despropósito tener que medir la
fuerza del derecho por la cantidad de beneficiarios del mismo, pues
los grupos minoritarios quedarían desprotegidos.
Segundo, no
podemos dejar de pensar que una ciudad accesible es cómoda
para TODOS (sin excepciones), por eso se habla de "diseño
para todos". El hecho de no padecer ninguna circunstancia discapacitante,
no nos asegura el "fácil acceso" a la ciudad, sus
espacios públicos y privados.
Quienes han
tenido la oportunidad de vivir en otros sitios del mundo, ya habrán
podido disfrutar de caminar una ciudad adaptada, con rampas bien
ejecutadas en sus esquinas, sus veredas amplias y sin resaltes,
su señalética perfectamente entendible, sin obstáculos,
y que permiten caminar sin obligarnos a concentrarnos en ello.
El acercarnos
a la dimensión real de lo que significa accesibilidad, es
pensar que no solo se benefician quienes van en sillas de ruedas
o quienes se guían con bastón blanco; también
se facilita a las embarazadas, quienes van de compras con un carro,
quienes por su edad no pueden o les cuesta subir escalones, quienes
van en patines, quienes van con un coche de bebé, quienes
no pueden acceder al transporte publico (bus, metro, taxi) por no
poder alcanzar el anden o no poder trepar al estribo del bus, quienes
provisoriamente sufran la secuela de un accidente y lleven yeso
o muleta, quienes tengan que acceder a un hospital de urgencia,
quienes paseen con un anciano por un parque, quienes disfruten de
recorrer la ciudad en bicicleta, y la lista continúa…
Todos somos beneficiarios del correcto diseño de la ciudad.
Por ultimo:
deberíamos ser coherentes con nuestra realidad "homo
egoísta" argentina y no olvidarnos que nosotros mismos,
podemos necesitar una silla de ruedas, o depender de una muleta,
y que ninguno de nosotros podrá escapar a la vejez y al paso
de los años. No esperemos a ese momento para ponernos a reflexionar
sobre este tema.
MGV
El autor es
arquitecto y vive en Buenos Aires. Desarrolló estudios de
postgrado en Barcelona, donde también trabajó en Fonolla
Arquitectura, un despacho que produce soluciones para accesibilidad
a escala urbana y domestica.

Ver
el sitio del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos
y el Americans
with Disabilities Act.
Para
más información sobre accesibilidad, consultar con
la Fundación
Rumbos.
El
autor de la nota recomienda también estos sitios:
www.disabilityworld.org
(donde es posible suscribirse a un newsletter interesante sobre
el tema)
www.disabilityworld.com
www.sidar.org
www.once.es
www.vialibre.es
www.drc-gb.org
presentación
comienzo de la nota
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