La reunión del Comité Popular por el Hábitat, convocada entre otros por la Asociación de Vivienda Económica, reunió a decenas de organizaciones con actuación en toda la ciudad y su región metropolitana. Son colectivos que nuclean a decenas de miles de personas cuyo acceso a la vivienda es imposible por los mecanismos del mercado formal, y a las que el Estado en sus diferentes niveles ignora o arroja a las periferias más desangeladas. Virginia Monayar expuso en una de las charlas iniciales la situación del hábitat popular en Córdoba, caracterizada por la ausencia de políticas públicas que trasciendan esa expulsión a las márgenes de la metrópolis. La presentación de los colectivos populares mostró la fuerza cuantitativa de esas organizaciones y abundó en referencias a dos ejes de acción: solidaridad y lucha. Si hubiera que identificar referencias similares en el METRO-LAB habría que recurrir a los conceptos rectores de diálogo y buenas prácticas o, mejor aún, a la negación sistemática del conflicto (el consenso como premisa, no como resultado). Los sectores populares que abundaban en la reunión del INVIHAB estuvieron ausentes por completo del encuentro en el Holiday.

La Legislatura porteña aprobó finalmente en segunda lectura la Ley que crea la Agencia de Bienes Sociedad del Estado y permite la venta del predio del Tiro Federal, en Av. del Libertador y Udaondo. Nuestro Pimpinela legislativo PRO-FPV (o PJ o lo que sea, y ahora también el EeeeCO) vuelve a ponerse de acuerdo para el mal común. Por un lado, la Ley crea una agencia superpuesta a otras existentes, como la Corporación Antiguo Puerto Madero o la Corporación del Sur, en este caso con fines vagos e imprecisos y un funcionamiento dudoso. Por otro, la forma prevista para parcelar y urbanizar el predio de Núñez representa una regresión de al menos 30 años en la gestión del desarrollo urbano. La nueva Agencia es más una oficina inmobiliaria que una verdadera empresa de desarrollo urbano. Estará encargada de administrar más de dos mil bienes inmuebles de dominio privado del Estado (aunque al menos la Ley sancionada reconoció la obligación constitucional, omitida en la primera lectura, de que la Legislatura apruebe con mayoría absoluta cada transacción propuesta). Podrá además desarrollar “industrias creativas”, fomentar el desarrollo económico, coordinar la actividad pública con la privada...

Si hay un lugar en Buenos Aires que podría recibir masivamente a usuarios de bicicletas, en donde podría cambiar drásticamente la distribución de modos de transporte a favor de aquellos no-motorizados, ese lugar es Ciudad Universitaria (CU). En primer lugar, por la franja etaria y las características de su población; pero también, por el potencial paisajístico de su borde frente al río y la cercanía con algunos de los mejores circuitos de ciclovías de la ciudad, como los de las avenidas Figueroa Alcorta, del Libertador, y en menor medida –o potencialmente– Costanera Norte y la prolongación del Vial Costero Raúl Alfonsín (en Vicente López) a través del Parque de los niños en Núñez, que linda con la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria. Por estas mismas razones, CU podría ser también uno de los lugares más vitales, interesantes y divertidos de la ciudad. Pero, principalmente por su monofuncionalidad, está lejos de serlo. Quienes van habitualmente a CU en bicicleta, o quienes alguna vez lo intentaron y desistieron, saben que ésta es –por lejos– la opción menos usual.

En ese marco institucional se avanzó consistentemente con la ejecución de la sentencia: se formuló el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA) y se dio cumplimiento a buena parte de las metas con pleno funcionamiento de los mecanismos de control técnico, ejecutivo y social prefijado. El PISA, que debió ser reformulado a partir de las críticas formuladas en Audiencia Pública y de una evaluación interdisciplinaria realizada por varias Facultades de la UBA , considera esquemáticamente los siguientes componentes: 1) La descontaminación del curso con los subcomponentes a) reconversión de industria contaminantes, b) obras de conducción de la contaminación cloacal y c) limpieza física del curso, 2) Relocalización de la población en riesgo, 3) Cobertura de agua y saneamiento de la población del área. Pero la Defensoría del Pueblo de la Nación afirma en una comunicación pública reciente que en los últimos tiempos se observa un “amesetamiento del accionar de la ACUMAR ”, y plantea la necesidad de que la CSJN revea la cuestión y la reactive, haciendo un análisis del estado de situación.

Si se trata de trabajar en el alcance de disciplina urbana, los trabajos tienen el mérito de aportar claves para construir agendas públicas responsables. El conocimiento científico es un bien colectivo y un ingrediente sin el cual es imposible animar procesos de desarrollo territorial. El hecho de que existan instituciones académicas e investigadores comprometidos constituye un atributo favorable para sustentar el reclamo de un estado que reivindique la función social de la planificación urbana y genere respuestas innovadoras para resolver los conflictos urbanos del siglo XXI. Al parecer, un reto del mundo de hoy, en particular de América Latina, es dar consistencia al Estado. ¿En qué términos? A riesgo de caer en el anacronismo o la utopía, casi nos atrevemos a decir que en el sentido que propuso  Jean Jacques Rousseau hace más de 250 años, aproximar los extremos. No obstante, el mundo de hoy requiere de una lectura que sitúe al territorio como un componente central, dada su función estructuradora en la organización social. Las urbes latinoamericanas exhiben realidades donde son esperables cambios que permitan construir modelos territoriales “que sean resultado de un equilibrio dinámico y sostenible entre naturaleza, sociedad, cultura y economía”.

En rigor, “borrar reglas” sin sustituirlas por otras no es ni más ni menos que la desregulación, aplicada a la materia urbano-ambiental. Estamos en una época urbanística complicada en la ciudad de Buenos Aires, que sabe que las reglas del CPU serán modificadas por un nuevo Código Morfológico, que aún no está en proyecto de ley. Y a tal complejidad, de aprobarse éste proyecto de ley se agrega otra complejidad más, cual es llegar a entender que hay un órgano que se erige como excepcionador de una ley (N°449) aun no derogada. Ciertamente, lejos de brindar una solución a una realidad compleja, el proyecto en análisis trae una nueva complejidad, que en su redacción actual es fuente de confusión. Esto crearía también nuevas desigualdades, pues quien pase por el COPUA obtendrá una edificabilidad diferente a quien se limite a realizar su trámite en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) o la misma Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR). Cabe desde ya llamar a la reformulación del proyecto para que no se aumente la confusión urbanística. O, mejor aún, a que debatamos el texto del nuevo Código Morfológico.

Y hacia esta idea conducen los doce principios que a juicio del autor aportan a la propuesta de la ciudad posible, en términos de legibilidad, adaptación al entorno, integración a su territorio y al mundo, de diversidad, de estímulo, de su carácter educativo, de apertura, accesibilidad, seguridad, belleza, eficiencia y justicia. Es un texto sensible y casi siempre crítico de las modas. Esto es bastante sugestivo, en un clima de época en la que el urbanismo es complaciente de las tendencias en boga (instrumentos, metodologías, recursos discursivos, etc.). De esto da cuenta la crítica a los apelativos de circunstancia a la ciudad: inteligente, creativa, etc. Presenta una mirada con énfasis en el papel de lo público en el proceso de planificación pero que no abomina ni niega la participación privada en estos procesos. Y el autor sienta en varios sentidos posición acerca de su enfoque sobre la CP : los apartados que se van desgranado en la introducción en relación al contexto político, los debates sobre el derecho a la ciudad, el desmontaje de los principales mitos urbanos.

La obra pictórica de Spada se enmarca, por lo tanto, en la tradición del abstractismo geométrico de principios del siglo XX, surgido como respuesta al excesivo subjetivismo de los artistas plásticos de épocas anteriores y que quiere distanciarse de la mayoría de los movimientos que tratan de representar una realidad tridimensional puramente emocional. Partiendo del discurso crítico de artistas abstractos precursores como Picasso, Malévich o Mondrian, y del purismo de Le Corbusier o Ozenfant, Spada da un paso más allá y crea lo que puede definirse  como “neopurismo”. Su deseo de desaparecer como autor le lleva a utilizar colores planos que aplica de manera que pueden parecer realizados con procesos mecánicos: las líneas rectas y netas, que se dirían trazadas por ordenador, el formato cuadrado de los lienzos –ni apaisados ni verticales–, la meticulosidad sin virtuosismo, no dejan lugar a la subjetividad del artista que, por no “aparecer”, ni siquiera firma sus telas de manera convencional, limitándose a estampar en el reverso un cuño casi notarial con unos cuantos datos informativos. 

Estos ensayos sobre Buenos Aires y São Paulo no se circunscriben exclusivamente a explicar la dinámica actual de ambas ciudades latinoamericanas. Son mucho más que esto, porque ayudan a entender asimismo dos países, dos territorios nacionales, Argentina y Brasil, en toda la densidad y complejidad que ganan en tiempos de creciente globalización. Lo hacen desde una mirada particular: las modalidades de realización económica que coexisten en la vida urbana contemporánea. Hay un hilo conductor que organiza la trama de este libro, la teoría de los circuitos de la economía urbana, propuesta por Milton Santos en la década de 1970. Los autores asumieron el desafío de su actualización y ahora nos ofrecen el resultado de sus indagaciones e investigaciones. Tenemos en manos una obra que reúne estudios importantes y bien fundamentados desde un abordaje que es, al mismo tiempo, teórico y empírico. Aquí radica la fuerza de su contribución. Milton Santos parte del presupuesto que existe una especificidad histórica subyacente en la organización de la economía, de la sociedad y del espacio.

Las fotografías que acompañan a esta nota nos permiten entender la situación social, ya que son la representación de identidades sociales. Es a partir de ellas y de lo vivenciado allí que decidí “hacer foco” en dos variables fundamentales: el cuerpo y el movimiento. Poder recorrer, una y otra vez, una pequeña parte de esta urbanización a pie, en bicicleta o mediante transporte público, me permitió observar y captar (con mi cámara, con mi cuerpo) el movimiento que es la esencia de la vida. Esa interacción de flujos y de energías se da en una ciudad que está viva, gracias a que posee lugares de encuentro y gracias a la diversidad que hace posible el intercambio. En este escenario, el cuerpo es el objeto, entendido como el medio de ligación con la realidad. Es el que toca un instrumento, el que se une a una roda de capoeira, el que se transporta de un lugar a otro. El que siente la música y el que danza, es la parte viva, que un retrato solo refleja parcialmente, dejando fuera un componente tan importante como el sonido.

En Colombia y Brasil es materia de políticas públicas de las ciudades la formulación de espacios que incluyan lugares patinables. Los procesos de reurbanización de las chabolas o favelas contienen en sus programas la deconstrucción de la ciudad abigarrada que constituyen estas tipologías urbanas, reemplazándola por sectores de vivienda social y equipamiento cultural y cívico, de jerarquía barrial, pero siempre con espacios públicos convocantes y socialmente integradores. Se considera al espacio público como escenario para la manifestación del fenómeno más notorio e identitario de los últimos años; el skateboarding es una práctica deportiva urbana en constante crecimiento. El objetivo del trabajo fue estudiar el sentido de nuevos espacios públicos destinados al skateboarding, contribuir a las políticas públicas y efectuar recomendaciones a nivel local y regional. Se orientó a demostrar la experiencia marplatense de la construcción de escenarios, y la gestión y promoción de la actividad a través de políticas públicas y privadas.

Promuevo, defiendo, apoyo a la Universidad Pública por razones a la vez personales y políticas. En lo personal, la sociedad argentina subsidió mi acceso a una profesión con casi 20 años de educación pública y gratuita, tanto la primaria y secundaria como la terciaria en la Universidad de Buenos Aires (en su peor momento, hay que decirlo: en la última dictadura militar). No me corresponde a mi evaluar el resultado particular de esa formación (es decir, mi capacidad profesional de base) pero puedo afirmar que siempre me sentí seguro de lo que aprendía y confiado en que estaba conectado al conocimiento más avanzado y completo disponible en el mundo. También, que esa y otras universidades públicas argentinas formaron profesionales reconocidos en todo el mundo. Grandes investigadores, excelentes médicos, arquitectos, ingenieros, científicos, Premios Nobel... Tuve entonces la suerte de recibir esa ayuda y es mi obligación ética impulsar los mismos derechos para otros argentinos y otras generaciones.

En la provincia de Buenos Aires, la ocupación de terrenos urbanos presenta diversas dinámicas en función de determinados factores: la localización y extensión del terreno, los actores e intereses involucrados (desde familias solas y organizaciones de la sociedad, civil hasta redes de ilegalidad) y, fundamentalmente, la modalidad de respuesta estatal. Una intervención temprana y oportuna de parte del Estado permitiría garantizar una gestión democrática del conflicto. Pero la modalidad estatal que encontramos con más frecuencia está marcada por la negativa a instalar canales de diálogo, la ausencia de asistencia a los ocupantes que habitan en condiciones de vulnerabilidad extrema y la presión al poder judicial para concretar los desalojos. Esto se verificó en el barrio Nueva Esperanza. Allí, el predio fue desmalezado por sus propios habitantes, quienes también  formaron un cuerpo de delegados, trazaron los accesos, lotes y calles con la finalidad de adecuarse a una futura urbanización

Solapados como suelen estar entre muy buenas intenciones de creación de empleos genuinos, reordenamiento de las ciudades y mayor competitividad, los dueños de los predios suman paso tras paso administrativo valor a sus lotes sin trabajar. ¿Quienes pagan su fiesta? Quienes compran o alquilan los lotes: los industriales, los dueños de las pymes, los verdaderos generadores de valor agregado y desarrollo, quienes crean los puestos de trabajo, innovan, pagan impuestos y arriesgan su capital en los emprendimientos.
Enfrente tenemos a los especuladores de siempre, asociados con un Estado generalmente indiferente. Esperemos que en algún momento primen decisiones políticas que hagan al Estado partícipe de la renta extraordinaria que sus decisiones administrativas generan en quienes poseen la tierra. Herramientas no faltan, partiendo a nivel municipal de la Provincia de Buenos Aires de las pautas incorporadas en el inciso 31 del Artículo 226 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto-Ley 6.769/58 por la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.

En este número:Terquedad amarilla

Encuentros, Jornadas, Seminarios, Congresos: 9ª Conferencia del Foro Internacional de Urbanismo (IFOU). Del conocimiento al desarrollo, en Buenos Aires Convocatorias y Concursos: Pensar la vivienda, vivir la ciudad Cursos y programas académicos:Maestría en Urbanismo, en Córdoba - Master Gestión de la Ciudad - Maestría en Planificación Urbana-Regional, en la FADU-UBA Exposiciones y muestras::Sector Primario, en León - Con o Sin Techo, exposición itinerante Noticias y Publicaciones: Con subsidio, sin derecho - El Clima sombrío de París, por José Luis Lezama - Hubo acuerdo. París es una fiesta

 
Master Gestión de la Ciudad

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Maestría en Urbanismo, en Córdoba: La Escuela de Graduados FAUD informa que en 2016 continuará el dictado y se iniciará una nueva cohorte de la Maestría en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba (reconocimiento oficial provisorio CONEAU Nº 11.602/14).